Hace varias décadas México asumió el reto de avanzar hacia la madurez política y consolidar su democracia. El anhelo por gozar de mayores libertades de participación y de expresión, de contribuir desde la tolerancia y la pluralidad, de construir un sistema de instituciones que respaldara la toma de decisiones, ha ido encontrando reflejo en el marco legal y político en nuestro país.
Poco a poco la democracia encontró sustento en nuestro andamiaje institucional y cobijo en la voluntad ciudadana. Hoy los mexicanos vivimos en democracia: nuestro sistema electoral incorpora la pluralidad y permite la alternancia política; existen mecanismos de rendición de cuentas imparciales y la opinión ciudadana puede ser manifestada sin temor a represión o censura.
A raíz de estos cambios, el ánimo social ha transformado su percepción de la vida pública; ha concedido una nueva relación entre sociedad y gobierno, una relación de mayor respeto a la multiplicidad y menor sujeción a la autoridad. Las nuevas generaciones, en gran medida, han perdido el miedo de participar y responden al apremio por hacerlo.
Sin embargo, a pesar de estos avances, la mayoría de los ciudadanos aún no cuenta con mecanismos potentes para incidir en la agenda pública y muchos perciben un déficit de representatividad política. Esta situación limita el ejercicio de libertades democráticas, frena la generación de oportunidades y de transformación de la propia realidad, además de mermar el interés y la participación en la esfera pública, fundamental para la construcción de ciudadanía. La democracia no ha sabido transformar el sistema de libertades en un espacio de capacidades ciudadanas. Asimismo, el gobierno se ha enfrentado a nuevos retos en su ejercicio. Durante muchos años, el sistema político mexicano estuvo centrado alrededor de la figura presidencial. El poder no se consensuaba, ni se compartía; se impartía. Poco a poco, la democratización nacional implicó el debilitamiento de la figura y el poder presidenciales; las decisiones en torno a la agenda política y pública comenzaron a negociarse, a consensuarse y no hubo, a la par, un desarrollo de incentivos claros para que la elección de la democracia no significara la renuncia a la eficacia. Así, en entornos donde los presidentes recurrentemente carecen de apoyo mayoritario en el Congreso; ante la debilidad de los mecanismos para la construcción de acuerdos y la delimitación clara de responsabilidades de la inactividad, no hemos podido concretar las reformas que el país requiere y exige.
En este contexto, el presidente Calderón propuso en diciembre pasado una iniciativa de reforma política sustentada en dos ejes: una mayor participación e incidencia de los ciudadanos en el ejercicio del poder y la reestructuración del sistema político para incentivar la toma de decisiones.
Muchas de las ideas individuales ya habían sido planteadas con anterioridad por actores políticos diversos. La contribución de esta iniciativa es conjugar una propuesta integral y congruente, con objetivos definidos y manifiestos. Se aprovechó la ocasión histórica que nos presenta la conmemoración del bicentenario de nuestra Independencia y el centenario de nuestra Revolución para generar conciencia de la importancia de fortalecer el impacto de las instituciones democráticas en la concreción del proyecto nacional.
Así, uno de los ejes de la iniciativa se orienta hacia reconectar a la ciudadanía con el poder político mediante la posibilidad de promover candidaturas independientes, el otorgamiento de la facultad de iniciativa legislativa a los ciudadanos y la elección consecutiva de legisladores federales. Con esto se posibilita una democracia participativa en la que los ciudadanos que no se sienten cabalmente representados por ninguno de los partidos políticos asuman una agenda y la promuevan por la vía legislativa o electoral. Las agendas y los liderazgos ciudadanos servirán de complemento a nuestro sistema de partidos, sin el cual no se concibe una democracia funcional y efectiva. Por otro lado, la elección consecutiva de legisladores federales y locales, en los estados que adopten esta posibilidad, altera la relación entre gobernantes y gobernados. Los primeros ahora tendrán los incentivos para servir, en primera instancia, a los intereses de su electorado, mientras que los segundos tendrán ahora el poder de evaluar el desempeño y premiar o castigarlo directamente. Conforme los legisladores muestren capacidad, irán forjando carreras legislativas que volverán su trabajo más profesional, más especializado y más eficiente.
Por otro lado, a medida que el electorado reconozca su poder, se beneficiará de una vigilancia más cercana, de un conocimiento más profundo de sus legisladores, fortaleciendo, por ende, la democracia participativa.
México es la democracia más restrictiva en términos de reelección. Es el único país con candidaturas mayoritarias que niega este derecho a su ciudadanía. Hoy en día, muchos mexicanos muestran reticencias a esta figura, concibiéndola como una restricción a sus libertades, no como una ampliación de su poder. Esto responde a una interpretación simplista de nuestra historia. Recordemos que la Revolución mexicana nació como una protesta contra la reelección de Porfirio Díaz, después de más de tres décadas casi ininterrumpidas en el poder. En su Plan de San Luis, Francisco I. Madero, quien popularizara el principio histórico de “sufragio efectivo, no reelección”, describía una presidencia autoritaria, sin contrapesos y sin arraigo en la ciudadanía, que debía ser derrocada. En este escenario, la no reelección del Ejecutivo se volvió la bandera capaz de unificar la disidencia y avanzar hacia la alternancia. En la Constitución de 1917 se mantuvo como principio la no reelección sucesiva del Ejecutivo, pero se permitía la de legisladores, en el entendido de que esto fortalecería al Legislativo frente al Ejecutivo y generaría un sistema independiente de contrapesos. Fue hasta 1933 que, buscando fortalecer el poder presidencial, se prohibió la reelección legislativa. La prohibición a la elección consecutiva de legisladores no fue un principio revolucionario y las reticencias basadas en este argumento son débiles ante la confrontación con nuestra historia.
Por otro lado, algunas propuestas en la iniciativa facilitan la generación de mayorías; la celeridad, la eficacia en la toma de decisiones. En este sentido actúa la segunda vuelta en elecciones presidenciales, que se plantea concurrente con la elección de las Cámaras. Este mecanismo propicia la construcción de mayorías legislativas definidas por el electorado, quien elige entre generar un sistema de apoyo fuerte o de contrapeso vigoroso al Ejecutivo. Además, el sistema de segunda vuelta propicia la generación de acuerdos entre los punteros y las fuerzas minoritarias, de cara a la ciudadanía; al mismo tiempo que fomenta campañas menos agresivas y más propositivas.
En torno al mismo eje se plantea reducir el Congreso, tanto la Cámara de Diputados, como la de Senadores, con el fin de agilizar el trabajo legislativo y volverlo más visible en el plano individual. Además, se busca dar mayor incidencia a la decisión ciudadana, específicamente en el método de elección de senadores, en donde el ciudadano no sólo elige entre partidos, sino entre candidatos.
Además, se plantea elevar el umbral para mantener el registro como partido político nacional de 2 a 4%. En la discusión que ha seguido a la presentación de la iniciativa se han externado opiniones en el sentido de que esta propuesta busca reducir los espacios y el número de actores con derecho a la participación política. Esto es falso. La propuesta busca aumentar la exigencia para mantener derechos y recursos públicos para partidos políticos, reconociendo que estas prerrogativas implican un gasto al erario, que debe corresponder al arraigo en el electorado.
Otros mecanismos propuestos buscan la definición clara de responsabilidades para superar la inactividad legislativa. Se pretende otorgar facultades a la Suprema Corte de Justicia para que presente iniciativas legislativas en el ámbito de su competencia, reconociendo su grado de especialización en la materia, y se busca dar facultades al presidente de la República para incidir en el proceso legislativo de una manera más eficiente, sin anularlo. En primer lugar, se quiere dar facultades para vetar parcial o totalmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero con la posibilidad de publicar aquellos puntos que encontraran el acuerdo sin enfrentar la incertidumbre que generan los atolladeros de la discusión. Esto brinda certeza y garantiza estabilidad financiera, volviéndola menos dependiente del proceso político. En segundo lugar, se busca facultar al Ejecutivo federal para presentar dos iniciativas legislativas preferentes cada primer periodo ordinario de sesiones respecto a las cuales el Congreso tiene que definirse. En caso de no hacerlo, la iniciativa entra en vigor. Si se tratara de una propuesta para reforma constitucional, la iniciativa tiene que ser sometida a referéndum y contar con el apoyo mayoritario de la ciudadanía a nivel nacional. También en torno a esta propuesta ha habido mucha discusión; se ha argumentado que busca fortalecer al Ejecutivo ignorando que la única exigencia es que el Congreso se defina respecto al tema, no que apruebe la propuesta, y, con esto, superar la inactividad en temas considerados fundamentales para la agenda pública.
La iniciativa de reforma política presentada por el Ejecutivo federal cuenta con mecanismos para fortalecer la voz de los ciudadanos y para volver el ejercicio del poder más transparente, más responsable y más responsivo.
Luego de su presentación, se han generado espacios de debate entre grupos políticos y asociaciones ciudadanas. Las principales fracciones parlamentarias han presentado o han anunciado ya la presentación de contrapropuestas que añaden, rechazan o apoyan ciertos elementos de la iniciativa presidencial. La participación misma y la polémica que logró la presentación de esta iniciativa es un aliciente en sí. Reitero que estamos abiertos a este diálogo. En este debate, la iniciativa presidencial no será excluyente y no debe ser excluida.
Percibimos un ánimo de interés y compromiso y confiamos en que la situación que vive el país será estímulo suficiente para que los que participemos de esta reforma lo hagamos con el único objetivo de transformar la realidad de nuestro sistema político.
En estos días hemos buscado acercarnos a las voces ciudadanas para conocer por ellas los retos a los que se enfrentan para participar, para incidir, para exigir a sus autoridades. Tenemos la certeza, la convicción de que los ciudadanos deben ser incorporados a este debate, confiando en su madurez y renunciando al paternalismo.
Para este diálogo hemos incursionado en medios que nos obligaron a modernizar nuestros sistemas de comunicación e información. Hemos incorporado el uso de tecnologías de la información y de espacios que la modernidad le ofrece a la democracia, como el internet y los medios interactivos.
En este ejercicio nos ha entusiasmado la participación de una nueva generación de mexicanos que han respondido a la convocatoria con responsabilidad y seriedad. Jóvenes que hoy buscan el fortalecimiento de la democracia, que reprueban la falta de representatividad, que buscan la generación de espacios de participación, que confían en la coincidencia sobre la diferencia.
Estos jóvenes son parte de la generación del Bicentenario, la generación con el reto de reconectar con el proyecto nacional que nuestros ancestros delinearon y construyeron, darle vigencia y concretarlo. En la costumbre de vivir los procesos de manera cíclica, en el afán humano de cuestionar la experiencia desde momentos simbólicos, 2010 es una oportunidad para que los mexicanos cerremos la brecha entre el México que queremos y el México que vivimos. Este proceso necesariamente pasa por procesar la solidaridad, la empatía, la tolerancia para encontrar en la contraposición de identidades el reconocimiento de la vinculación entre los anhelos.
La vida nacional no puede construirse individualmente, no puede concretarse como experiencia particular y no puede fortalecerse desde la escisión. Así, la convocatoria a transformar nuestro sistema político alcanza mucho más que el sistema de representación en las Cámaras o las facultades de los poderes. La convocatoria hace un llamado a alinear el interés por México y volverlo compatible con nuestros intereses particulares, llama a reconocer que superar atavismos en la toma de decisiones puede conllevar a procesos de desarrollo económico y democrático significativos.
Éste es el reto que tiene la generación del Bicentenario, entenderse como una generación vinculada por su historia y sus circunstancias y dar oportunidad a enriquecerse desde la vinculación para concretar un proyecto de nación con realidades más satisfactorias para todos. Nos ha tocado ser parte de este proceso de nuestra historia por casualidad, pero su resultado depende de nuestra voluntad. Confío en que el ánimo de transformación, de concreción está presente y cuando hay ánimo, la transformación se tiñe de posibilidad.
Fernando Gómez Mont
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