A pesar de la creciente y alarmante desigualdad, el Gobierno español sigue empujando las medidas de austeridad dictadas por la Unión Europea. Rajoy olvida que se debe ante todo a la gente, a esa población cada vez más vulnerada y escindida.
Transcurrido un lustro desde que comenzara la crisis económica mundial que, en el caso español, se unió al estallido de la burbuja inmobiliaria, comienzan a observarse datos preocupantes que solo afloran con el paso del tiempo. Las consecuencias tanto del aumento del desempleo como de los recortes impuestos por algunos Gobiernos son evidentes y tienen un carácter inmediato. Sin embargo, existen otras que se van consolidando calladamente y que modifican la estructura social de un país, solo perceptibles cuando se toma distancia.
Entre 2007 y 2010, España fue el país donde más aumentaron las desigualdades en ingresos disponibles, según la OCDE, y es donde mayor desigualdad existe de toda la Unión Europea. El incremento ha sido de 2.9%. Siguen Eslovaquia (1.4%), Francia y Suecia (con 1% ambos). Si no se tienen en cuenta las ventajas de las políticas sociales, Irlanda es el país donde la brecha es más considerable.
En España, la diferencia entre las rentas del trabajo y las rentas del capital es cada vez más abultada (la mayor parte de la sociedad obtiene sus rentas del trabajo). Esa diferencia se debe, entre otras cosas, a los resultados de una reforma laboral —aprobada sin el consenso de los agentes sociales y con la mayoría absoluta del Partido Popular— que facilita el despido y el abaratamiento de los salarios. Otra consecuencia de esta reforma es el aumento de los trabajadores pobres, es decir, aquellos que tienen empleo pero cuyos salarios no les permiten salir de la exclusión.
Al informe de la ocde se une el de Cáritas. La entidad dependiente de la Iglesia asegura que hay tres millones de personas que viven en la pobreza extrema (6.4% de la población total) y diez millones (21.8%) en la pobreza relativa. Desde el año 2007, la diferencia entre los más ricos y los más pobres ha aumentado 30 por ciento.
La situación que atraviesa España es inquietante por la agresiva política de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, que sufren especialmente los más desprotegidos. El aumento de las colegiaturas para estudiar en la universidad, la subida del impuesto sobre la renta de personas físicas, el fin de la financiación pública a más de 400 medicamentos, las tasas judiciales y la no revalorización de las pensiones son algunas de las decisiones que afectan, principalmente, a quienes disponen de menos recursos. Y sitúan en un notable riesgo de exclusión social a buena parte de esos tres millones de personas.
En el año 2006, 408 mil personas recibieron atención en los centros de acogida de Cáritas. Cinco años después, la cifra superaba el millón. El avance de la pobreza supone el afianzamiento de una brecha social que, además, hará aún más difícil, si cabe, la salida de la crisis. Cuanto mayor es la desigualdad, más dificultades tiene el Estado para combatir la pobreza.
Se trata de solo algunos efectos previsibles, aunque no reconocidos, de una política de austeridad que únicamente ha pretendido alcanzar las cifras de déficit y endeudamiento marcadas por la Unión Europea. Da la sensación de que para conseguir ese fin se han justificado todos los medios y que los números han prevalecido sobre las personas. Parece evidente que el Estado de bienestar, tal y como se concebía hasta ahora, no era sostenible. Sin embargo, la solución no pasa por dinamitar todo y empezar de cero a costa de quien sea.
Un Estado avanzado y socialmente responsable no se puede permitir abandonar a su suerte a millones de personas. No hay duda de que, antes o después, España superará este calvario. La pregunta es: ¿a qué precio? De momento, lo que ha quedado demostrado es la incapacidad de la Unión Europea para exigir la aplicación de una serie de políticas posibles en los plazos establecidos, toda vez que se ha visto obligada a ampliarlos. Todas las predicciones han fracasado estrepitosamente. La propia Unión y diversos organismos internacionales han reconocido el error de no haber previsto las terribles secuelas de medidas extremadamente austeras. Por el momento, nada ha importado más que lograr ciertos objetivos, aunque ello supusiera dar la espalda a millones de ciudadanos. EstePaís
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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.
