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Información delictiva: lo que nos falta
El Misterio De Los Números | Este País | Edna Jaime | 01.10.2014 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/© sommersby

Es cierto que hoy tenemos más información, pero no necesariamente mejor información. En el diseño y ejecución de políticas públicas y estrategias de seguridad, como en cualquier otro asunto en el que están en juego vidas humanas y recursos, se requiere de precisión.

 

Introducción

Mes con mes tenemos noticias sobre la “evolución de la incidencia delictiva en el país”. La fuente de información es una base de datos del mismo nombre que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y su Centro Nacional de Información (CNI). Que podamos disponer de información con esa oportunidad es de reconocerse. Hace apenas unos años, cuando la violencia y la inseguridad irrumpieron en el país, las fuentes de información sobre la incidencia criminal no eran públicas. Tampoco se sistematizaba ni se concentraba dicha información en una sola base (como ahora se hace), por lo que era difícil entender un fenómeno no reconocido y, todavía más, plantear soluciones. Hoy las cosas son distintas, pero no echemos las campanas al vuelo.

En realidad, hemos llegado al acuerdo tácito de medir la inseguridad con la información disponible, particularmente la que se genera en los registros de las averiguaciones previas de las procuradurías o fiscalías de justicia del país, concentradas en la base de datos antes referida. Sin embargo, es importante reconocer que esta información no es idónea para medir el fenómeno; tampoco para hacer buena política pública y evaluar sus resultados. Por eso, en este breve ensayo propongo abandonar nuestra convención para ir por más: necesitamos establecer una agenda que permita generar mejor información que sirva para la planeación de políticas públicas basadas en evidencias y rendición de cuentas. Ofrezco algunas reflexiones que, espero, aporten al entendimiento del problema y su solución.

 

Lo que conocemos en realidad

Cuando se ofrecen indicadores delictivos elaborados a partir de información de las procuradurías, estos deberían ir acompañados de una aclaración: las cifras que se presentan corresponden a los delitos denunciados, no a los ocurridos. Entre estas dos categorías hay un abismo que se conoce como cifra negra, la cual se estima que es del orden del 90% en nuestro país. Esto es, del universo de delitos, se denuncia apenas una reducida fracción.1 Por eso, cuando nuestras autoridades anuncian descensos en delitos de alto impacto, debemos recibirlos con reserva. En el mejor de los casos, conocemos la trayectoria de los delitos denunciados, pero no su incidencia o prevalencia real. Aunque es una medición imperfecta, hasta cierto punto es útil, pues nos permite seguir el fenómeno delictivo o, por lo menos, aproximarnos a su tendencia.

 

Nuestro apetito por los datos

El contexto de violencia e inseguridad en el país nos ha provocado un apetito incontenible de información delictiva en tiempo real. Somos de los pocos países en el mundo que la produce, la actualiza y la pública cada mes, con apenas unas semanas de rezago. El inconveniente es que recibimos información de mala calidad. Este es el intercambio tácito que hemos aceptado: oportunidad por calidad. La información con que las entidades federativas alimentan la gran base concentradora del cni tiene varios problemas de origen. El primero tiene que ver con la naturaleza misma de la información. Al construirse a partir de las averiguaciones previas, un registro original puede cambiar conforme avanza el proceso penal. Las entidades federativas corrigen sus datos sistemáticamente y esto distorsiona el análisis que se hace con ellos, sobre todo cuando se modifican los números de manera sustancial, como frecuentemente sucede. Más grave es el hecho de que cada entidad federativa registra los delitos según su propio entender. No existe una metodología estandarizada de clasificación de delitos, un manual que acompañe la práctica cotidiana de quien tiene el encargo de hacer este trabajo. Tampoco existe una norma técnica a la cual ceñirse, o sistemas de verificación básicos que nos permitan conocer que lo reportado se apega a la verdad. Trabajar con estas bases de datos acaba siendo un acto de fe.

 

Nuestra batalla puede estar mal enfocada

Nuestra adicción a los números se explica por la falta de alternativas. En el caso de los registros oficiales, no hay fuente de información más accesible y oportuna que la mencionada. En el caso de las encuestas de victimización, por su laboriosidad y complejidad, la información que nos ofrecen tiene meses de retraso. Por eso, la demanda de grupos diversos de la sociedad civil está dirigida a elevar su calidad. Sin embargo, nos equivocamos si pensamos que esta es la batalla relevante. Lo que autoridades y ciudadanos requerimos es información más granular, mucho más fina y detallada. Y por más que perfeccionemos los mecanismos de registro de la incidencia delictiva a partir de las averiguaciones previas, no lograremos el detalle requerido. Esta información la tenemos que buscar en otras fuentes. Ahí tenemos que dirigir nuestra energía.

 

En los reportes policiales

está la clave

Los reportes policiales de incidentes delictivos, así como los registros de los números de denuncia o llamadas de emergencia, son una mina de información que, bien utilizada, puede proveer los elementos para intervenciones policiales inteligentes y para una evaluación de la política de seguridad de segunda generación. Por el nivel de desagregación que presenta, dicha información permite georreferenciar delitos para construir mapas de incidencia delictiva con base en los cuales se pueden montar operativos, realizar despliegues policiales y diseñar políticas de prevención del delito más acertadas, además de crear sistemas de evaluación más sofisticados. Desafortunadamente, conformar estos registros, sistematizar la información y analizarla son destrezas con las que no cuentan nuestras instituciones de seguridad. Por esta razón, la información no se genera o se queda sin explotar en archivos muertos, lo que limita los alcances de las políticas de seguridad.

 

De lo perdido, lo que aparezca

Plataforma México es un sistema de información que se compone de distintas bases de datos criminalísticos. Una de esas bases se construye con informes policiales precisamente. En teoría, a través del formato común —el Informe Policial Homologado—, las policías del país alimentarían esta base de manera muy descentralizada. Conforme esta información se fuera actualizando, el mapa delictivo del país aparecería ante nuestros ojos de forma casi automática. Desafortunadamente, conocemos poco sobre el estado que guarda esta base de datos. En su momento supe de la dificultad que nuestros elementos de seguridad enfrentaban para poder completar este formato estandarizado. El esquema le quedó grande a nuestros policías, quienes tienen en promedio un nivel de escolaridad de primaria/secundaria. También, a la voluntad de autoridades de distintos niveles de gobierno de compartir esa información. Esta base de datos que se construiría de manera descentralizada tendría que producir información que pudiera ser devuelta a estados y municipios. Sin embargo, este flujo bidireccional parece que nunca se dio. Plataforma México y esta base de datos en particular merecen otra oportunidad. Una más ajustada a nuestra realidad.

 

Algunas buenas señales

En la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en agosto pasado, se impulsó un acuerdo que a letra dice: “Los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal se comprometen a consolidar las áreas de análisis y estadística de sus instituciones de seguridad pública […] a partir de los siguientes elementos mínimos: equipamiento, sistemas y programas informáticos, dotación y capacitación de recursos humanos, estandarización de criterios y procesos de operación, evaluación y verificación de las bases de datos, y homologación de sistemas de información”. Este acuerdo es un buen punto de arranque. Primero, porque parte del reconocimiento de nuestras pobres capacidades para recopilar y procesar información. Segundo, porque ofrece los medios materiales y metodológicos para desarrollar las capacidades que hoy nos faltan.

 

Algunas malas señales

El énfasis sigue estando en lo federal y en una política pública centralizadora. Algunos datos: para 2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se contempló un programa para fortalecer los centros de inteligencia regionales; sin embargo, en la propuesta del PEF para 2015, este programa no aparece. A cambio, recibimos recientemente la noticia de que el Gobierno Federal refuerza sus centros de inteligencia y concibe un modelo de fusión para los mismos. Una noticia sin duda importante, si no fuera por la lastimosa situación en que se encuentra la mayoría de sus contrapartes en las entidades federativas. Las asimetrías en las capacidades de los diferentes niveles de gobierno se hacen cada vez más grandes, con lo que se debilita la posibilidad de un viraje en la estrategia de seguridad. Un viraje que dé preeminencia a la construcción de la seguridad nacional desde lo local.

Después de estas líneas, espero haber convencido al lector de que la información y los indicadores delictivos que consumimos cotidianamente son, desde cualquier perspectiva, insuficientes, además de que se construyen con información de mala calidad. Vamos a seguir escuchando cifras que suben y bajan y atestiguando la discrepancia entre los números y lo que la gente siente. La realidad es que la información de los registros oficiales de las procuradurías, con la que se elabora la mayoría de los indicadores que conocemos, nos dice poco de lo que sucede en las calles. Es urgente establecer una política pública para la generación de información veraz, confiable y completa. Privilegiar la información que se genera a nivel local es clave, sobre todo la de los registros policiales y de los números de denuncia y emergencia. Esto permitiría construir bases de información más completas para una mejor política pública, pero también para una mejor evaluación y rendición de cuentas. Con la información en su estado actual solo podemos hacer aproximaciones, y de aproximaciones no se construye una política pública eficaz.

* Algunas de las ideas planteadas en este artículo fueron desarrolladas por mi amigo y colega Jaime López-Aranda Trewartha, extitular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. México Evalúa está por publicarle un estudio que se intitula Hacia una agenda de evaluación de la seguridad pública en México: Elementos para su diseño e implementación. Por supuesto, la responsabilidad de lo escrito corresponde en exclusiva a quien aquí escribe.

1 Esto lo sabemos porque en México cada año el INEGI levanta y procesa una encuesta victimológica (Envipe) que, por su diseño, puede estimar la incidencia y prevalencia total de distintos tipos de delitos en el país. Para más información ver: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/default.aspx>.

_________

EDNA JAIME es politóloga y directora de México Evalúa.

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