Al concluir el trabajo de la LX Legislatura, cuyo desempeño abarcó del 28 de agosto de 2006 al 3 de agosto del presente año se puede afirmar que, en lo que respecta a la agenda educativa, el resultado lejos de ser satisfactorio, fue superficial y poco consistente. Se aprobaron iniciativas que atienden parcialmente problemas importantes, como la actualización de criterios para el reparto del fondo de recursos para educación básica y normal a las entidades federativas, pero muchos otros asuntos que exigen una solución inmediata, quedaron sin ser resueltos. Además, no se tomó en cuenta la complejidad de los temas educativos y se ignoró el trabajo de las instancias especializadas y de los actores fundamentales del sistema.
El trabajo legislativo
En total se presentaron 217 iniciativas que se refieren específicamente al tema de educación. De éstas, según datos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (http://sil.gobernacion.gob.mx/), solamente doce fueron aprobadas y publicadas en forma de decreto en el Diario Oficial de la Federación(DOF): dos se generaron en la Cámara de Diputados, cinco en la Cámara de Senadores y cinco en la Comisión Permanente.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó 46 iniciativas, el Partido Acción Nacional (PAN) 40, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 43, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 26, el Partido Nueva Alianza 21, Convergencia 10, el Partido del Trabajo (PT) 7 y el Partido Alternativa Social Demócrata una sola iniciativa. En la Cámara de Diputados se presentaron 117 iniciativas, en el Senado, 69 y en la Comisión Permanente 31. De las doce iniciativas publicadas en el DOF, tres iniciativas provinieron de la bancada del PRI, cuatro del PAN, tres del PRD, una de Convergencia, y una conjunta de los partidos Convergencia, Nueva Alianza, PVEM, PRD, PRI y PAN.
El énfasis pedagógico
De las iniciativas presentadas 58 de 217 se refieren a modificaciones a la currícula de la educación básica, media superior y superior, aunque resaltan las destinadas a la primera de éstas. En ellas, los temas que predominan son la “adecuada alimentación y nutrición”, información sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, las ventajas de un medioambiente autosustentable, la seguridad y prevención del delito, la educación sexual, la educación intercultural, la equidad y género, la importancia de la protección civil, la educación vial, el turismo y la educación física. Los legisladores mostraron su preocupación porque los planes y programas de estudio incluyan temas como el enfoque empresarial en las actividades escolares, la “estimulación inicial”, el apoyo a discapacitados, la educación financiera, los derechos infantiles, el Estado de derecho, la cultura democrática, la justicia, los derechos humanos, la salud, y la transparencia y rendición de cuentas, entre los asuntos más importantes.
Independientemente de la validez y necesidad de atención de la mayoría de los temas propuestos, llama la atención que los legisladores consideren que los conocimientos se aprenden por decreto y que no se hayan ocupado de reforzar, en términos administrativos y jurídicos, el proceso de generación y administración de los contenidos de planes y programas de estudio. Sobre una reforma educativa de fondo en este rubro no hay ningún pronunciamiento.
Grupos vulnerables
En el conjunto de iniciativas destaca el propósito de los legisladores para otorgar algún tipo de beca a estudiantes de escasos recursos en los tres niveles de educación, asunto sobre el cual se presentaron un total de catorce propuestas. Una de ellas, a ofrecimiento del PRD, en abril de 2007, busca establecer “un salario exclusivo” para aquellos estudiantes que deseen continuar con sus obligaciones académicas y que tienen dificultades económicas. Sin embargo, la realidad muestra que se legisla a medias, pues prácticamente no hubo iniciativas aprobadas para incrementar el gasto en educación ni mucho menos para vigilar de manera más eficiente los recursos destinados a este rubro.
Diputados y senadores mostraron interés por apoyar a personas con algún tipo de discapacidad, tema en el que se presentaron ocho iniciativas. Respecto a los grupos vulnerables, los legisladores emitieron seis iniciativas relacionadas con la “educación indígena”. En una de ellas, que ejemplifica el contenido de buena parte de las demás, el partido Convergencia expuso que es preciso que el Estado mexicano garantice un techo presupuestal mínimo de 0.5% del PIB para la educación de los pueblos indígenas “que termine con la situación de abandono, marginación y analfabetismo en que estos grupos se encuentran”. Sin embargo, a pesar del rezago histórico en este rubro, la iniciativa no se acompaña de mecanismos viables de financiamiento.
Sobre el permanente problema del financiamiento educativo, se presentaron cinco iniciativas, las cuales proponen que “toda” la educación que imparte el Estado, es decir, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior, sea totalmente gratuita. Incluso hay una iniciativa, presentada en el Senado por el partido Convergencia, que propone la entrega gratuita de útiles escolares por parte del gobierno para alumnos de todo el país que asisten a escuelas públicas de educación básica.
Reclutamiento y profesión magisterial
Al respecto destacan solamente cuatro iniciativas, las cuales, en general, tienen un diagnóstico crítico sobre la forma en la que se reclutan maestros de educación básica y también sobre el ejercicio de la profesión magisterial.
El PAN, el 25 de octubre de 2007, propuso, entre otras cosas, aplicar sanciones a los profesores que suspendan clases sin causa justificada; que no utilicen los libros de texto y materiales didácticos otorgados por la Secretaría de Educación Pública (SEP); que filtren los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación; que efectúen actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos; que oculten a los padres o tutores las conductas de los alumnos que deban ser de su conocimiento; y que se opongan a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia.
Un año después, el 30 de octubre de 2008, también el PAN propuso agregar a las atribuciones de la SEPla de fijar los lineamientos generales de carácter nacional para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación, mediante la aplicación de exámenes de oposición sujetos a “mecanismos transparentes, imparciales y legales, que acrediten la preparación académica y pedagógica para el ejercicio de las funciones docentes”. Una iniciativa muy similar fue presentada por el Partido Verde, en noviembre de 2007, la cual expresamente señalaba la necesidad de “normar la competencia de la SEP a nivel federal, como única instancia encargada del proceso de evaluación de los profesores de educación básica”. Hasta ahora, han sido los gobernado res y no la SEP, quienes organizan los concursos y aplican los exámenes, además de que los mecanismos para tal propósito no han sido ni transparentes, ni imparciales, ni legales.
El PVEM presentó una iniciativa, el 16 de octubre de 2007, para modificar el artículo 75 de la Ley General de Educación y “erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación”, ya que el actual marco jurídico “dificulta la aplicación de sanciones e infracciones a docentes y administrativos que no cumplan con sus obligaciones laborales”. El PRD y el PRI propusieron revalorar, al término de cada ciclo, el método de evaluación a los maestros para identificar si los resultados que arroja reflejan su desempeño profesional. Desde luego, ninguna de estas iniciativas prosperó. Es interesante resaltar que el tema del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su vinculación con la educación básica no ha sido abordado, es decir, sólo se mencionan de manera indirecta los problemas, pero no el origen.
Participación social
Sobre este tema que causa controversia en la discusión de la agenda educativa, solamente hubo cinco iniciativas. Una de ellas fue la del Partido Nueva Alianza, que propuso incluir a los alumnos en el proceso educativo “a fin de hacerlos más responsables de su propio proceso”. El PAN, por su parte, reiteró sus tradicionales posturas en este asunto y propuso que se establezcan como derechos de los padres y tutores: 1) revisar la formación profesional y académica de la planilla de maestros que impartan educación a sus hijos; y, 2) opinar en relación con las contraprestaciones que fijen las escuelas en los casos de la educación que impartan los particulares. El PRI mostró una idea diferente respecto al tema y propuso la creación del “Sistema de Participación Social en la Educación”, así como un “Instituto para la participación social en materia educativa”.
Con una orientación empresarial, diputados del PAN, que no se quisieron identificar y se autonombraron como legisladores del “comité de competitividad”, presentaron una iniciativa para que los consejos de participación social sean el mecanismo institucional para vincular empresas y escuelas. Según estos legisladores, dichos consejos estarían en consonancia con el “Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal”, como órgano de consulta de la SEP, en el cual participarían representantes de organismos sociales y del sector empresarial. Ésta, y las demás propuestas, no proponen efectuar un replanteamiento de los Consejos de Participación Social, además de que no cuestionan el porqué las instituciones de participación social vigentes no están funcionando.
Evaluación: más burocracia
En materia de evaluación, las iniciativas apuntan fundamentalmente a reforzar las facultades jurídicas y burocráticas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) o bien a crear nuevos instrumentos para todos los niveles de educación. Así, el Partido del Trabajo propuso una ley, el 29 de septiembre de 2006, para crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con el fin de darle una verdadera autonomía. En este mismo tenor, se pronunciaron el PAN y el PRI con sendas iniciativas.
Por su parte, el PRD propuso la creación de la Comisión Nacional de Evaluación como órgano de consulta entre la Federación, los estados y los municipios a fin de incorporar indicadores cuantitativos y cualitativos de valoración que, en su caso, permitan corregir las metas y políticas educativas. Dicha Comisión estaría integrada por todos los grupos sociales participantes en la problemática educativa: representantes de la SEP, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Asociación Nacional de Padres de Familia y el SNTE.
En la misma lógica, el PVEM propuso establecer un mecanismo de evaluación dirigido a los egresados de las escuelas normales superiores que deseen formar parte del personal docente del sistema nacional de educación. Es decir, solamente reclutar a los normalistas más aptos. Asimismo, este partido político propuso que no solamente los alumnos sean evaluados, sino que las instituciones educativas sometan a su cuerpo docente a evaluaciones semestrales.
El Partido Nueva Alianza, a través de su representación senatorial, lanzó una iniciativa con un carácter más propositivo, consistente en apoyar a los sujetos evaluados y no sólo señalar sus deficiencias. Propuso la creación de “un órgano consultivo” dedicado a la evaluación del sistema educativo nacional capaz de contribuir a mejorar la calidad educativa”. Se puede advertir, salvo en la última iniciativa, que la mayoría de propuestas están preocupadas solamente por el resultado y no por el proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto.
Comentarios finales
Los partidos políticos que integraron la LX Legislatura mostraron no contar con una agenda integral de la problemática educativa, que finalmente resultó superficial e improvisada. Lo que se expresa también en la falta de interés de los partidos políticos por incentivar el debate educativo y la concomitante debilidad de propuesta educativa en sus programas y plataformas electorales.
Las iniciativas, al parecer, tuvieron como propósito el protagonismo partidista. Por una parte, aquellas propuestas de contenido pedagógico, en lo que se refiere a la definición de contenidos curriculares concretos, parecen mostrar una tendencia inadecuada a que el poder Legislativo reemplace al Ejecutivo, y en particular a las instancias técnicas de la SEP e incluso a los mismos maestros. Mientras que la iniciativa que modificó las reglas para la distribución de recursos federales entre las entidades ha sido fuertemente cuestionada, análisis calificados consideran que su aplicación llevará a un incremento de la inequidad del sistema educativo. A esto puede agregarse que una vez más la educación superior privada, que requiere de una legislación específica, no se mencionó. Llama la atención que el Ejecutivo no haya tenido una sola propuesta en materia educativa.
La LXI Legislatura entró en funciones hace unos meses. Además de que debería ser mucho más cuidadosa en la atención de la agenda educativa nacional, sería loable que su trabajo se enfocara a cuestiones generales y de fondo. Como ejemplo podría señalarse la conveniencia de que la aprobación de los planes de estudio, hasta ahora facultad exclusiva de la SEP, fuera una facultad concurrente entre la secretaría y las entidades federativas, y que se definiera la participación de otras instancias técnicas y profesionales. Nos mantenemos a la espera de resultados más contundentes del trabajo legislativo que permitan visualizar un mejor futuro para la educación.
Observatorio Ciudadano de la Educación
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