Durante décadas, la relación política del Estado mexicano con los ciudadanos que viven en el extranjero fue muy débil. El discurso público excluía erróneamente a los más de doce millones de emigrantes, sin caer en cuenta de que los vínculos nacionales se conservan a pesar del cruce de las fronteras. Pronto, la magnitud de las remesas que se reciben, la participación de migrantes en proyectos de desarrollo municipales y el surgimiento de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos demostraron lo equivocado de esa noción de exclusión e hicieron necesario reconfigurar los mecanismos de participación de los mexicanos que viven en el extranjero.
Foto de Flickr/`DavidBorder-USA-Mexico
Los esfuerzos que se han realizado para posibilitar el voto de los mexicanos en el extranjero se inscriben en esa lógica. En 2006, después de casi diez años de discusión, los mexicanos que viven fuera del país pudieron votar en la elección presidencial. Se recibieron 33,000 sufragios.
Ese limitado nivel de participación demostró, por un lado, que el voto a distancia puede ser tan seguro y confiable como el que se emite a nivel nacional. Por el lado contrario, se hizo necesario pensar en mecanismos para promover de manera más eficaz el sufragio desde el extranjero y simplificar los requisitos para su emisión. Después de la elección pasada, legisladores, expertos, organizaciones de migrantes y el propio Instituto Federal Electoral (ife) hicieron algunas recomendaciones para lograr esos propósitos, las cuales —cuatro años después— siguen sin implementarse. Las reformas electorales de 2007 y 2008 se olvidaron por completo del tema.
Estamos en la antesala de un nuevo proceso electoral federal. El Congreso de la Unión tiene una de sus últimas oportunidades para reformar el cofipe y hacer más simple el modelo de emisión del voto a distancia, a efecto de que las nuevas modalidades operen en la elección del 2012.
El presente artículo retoma algunas de las recomendaciones más significativas que se han vertido, a efecto de romper ese impasse en que cayó la discusión del voto migrante y contribuir con algunos elementos al debate.
1. El modelo 2005-2006 y sus resultados
Los legisladores mexicanos optaron por una fórmula compleja, pero segura. El elector residente en el extranjero que contara con credencial para votar expedida en el país debía solicitar por correo certificado su inscripción al Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (inere). De ser aprobada su inscripción, le sería enviada, también por correo certificado, la boleta con la que podría votar y el sobre en el que introduciría su voto. El votante enviaría al ife, nuevamente por correo certificado, su voto, a efecto de que este fuera contabilizado el día de la jornada electoral. El costo del envío de la solicitud de inscripción al (Inere) (de 10 a 12 dólares) lo absorbió el votante, mientras que los costos de los otros flujos postales fueron pagados por el ife.
Los actos proselitistas en el extranjero estuvieron prohibidos, de manera que las campañas no fueron un incentivo que directamente propiciara la participación.
Este modelo arroja dos resultados que conviene destacar. Por un lado, lleva a bajos niveles de votación (33,000 votos). Por el otro, genera oportunidades de votación similares en cualquier lugar del mundo, sin privilegiar a los ciudadanos que lo hacen en Estados Unidos. Se inscribieron para sufragar mexicanos residentes en 80 países de los cinco continentes (ver mapa en la página 25).
Algunas recomendaciones para fortalecer el modelo1
1. Incrementar el universo potencial de votantes. A partir de las verificaciones nacionales muestrales que realiza el ife, se ha estimado que alrededor de 4.2 millones de mexicanos a quienes se ha dado la credencial para votar han cambiado su país de residencia. Se desconoce, sin embargo, cuántos de éstos la llevaron a su país de destino y aún la conservan. La experiencia de la votación 2006 pareciera indicar que este universo potencial es muy limitado.
Este factor es, quizás, el que constriñe de manera más significativa el voto migrante, pues es poco probable la circunstancia de que el migrante reingrese al país para obtener su credencial.
Se puede optar por cualquiera de estos caminos:
a) Otorgar atribuciones al ife para credencializar fuera del país, o bien hacerlo en las embajadas y consulados. Toda vez que las credenciales ubican a los ciudadanos en algún punto del territorio nacional y que es indebido2 ubicarlos en el extranjero, podría pensarse en que las credenciales emitidas fuera del país vincularan a los migrantes con el distrito electoral en el que nacieron.
b) Permitir el voto migrante con otro tipo de instrumentos, como la matrícula consular o el pasaporte. Para este propósito tendrían que instrumentarse las previsiones necesarias para garantizar que se dé de baja del listado nominal (territorio nacional) a cualquier ciudadano que previamente haya sido inscrito en el Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (Inere). Ello, a efecto de evitar la eventualidad de un doble voto.
2. Eliminar la obligatoriedad del correo certificado. El requisito de que la solicitud de inscripción se envíe por esta modalidad postal es disuasivo. Aun si se lograran establecer los convenios necesarios para que fuera el ife (y no el votante) el que pagara el costo, la necesidad de acudir a una oficina postal en horas hábiles y tramitar directamente el envío del sobre puede inhibir la participación de determinados ciudadanos con estatus migratorio irregular o que no hablan el idioma del lugar en que viven.
Experiencias recientes, como el voto de los michoacanos en el extranjero, han probado que los niveles de seguridad se mantienen constantes cuando los flujos se realizan por correo ordinario (depositado en un buzón).
En ese sentido, podría considerarse la posibilidad de permitir a nivel federal el envío de la solicitud de inscripción por correo ordinario, o bien la de ofrecer al elector la posibilidad de elegir algún mecanismo de mensajería privado.
3. Invertir en la difusión del nuevo derecho. Lo novedoso del derecho a votar desde el extranjero y lo complejo del procedimiento para ejercerlo hacen necesario emprender programas de difusión en el extranjero. Pero a diferencia de lo que ocurre en territorio nacional, donde el ife cuenta con tiempos del Estado en los que puede difundir sus mensajes, en el extranjero deben erogarse recursos para realizar cualquier campaña de difusión en medios electrónicos.
En el 2006 esta campaña mediática propició el envío de más de 90% de las solicitudes, pero fue cuestionada por algunos líderes de opinión. Los analistas que viven en el territorio nacional criticaron el alto costo de la campaña, mientras que los que viven en Estados Unidos demandaron una campaña de mayor profundidad y extensión (lo que inevitablemente se habría traducido en mayores costos).
Los resultados de la campaña fueron contundentes. A 76 días de iniciado el proceso de inscripción (71% del tiempo total), el ife había recibido 5,000 solicitudes de inscripción. Ese día se puso en marcha una campaña pagada en tv y radio en Estados Unidos que originó que en 29% del tiempo restante se recibieran poco más de 45,000 solicitudes.
Conviene dotar al ife de las previsiones presupuestales necesarias para que, de requerirlo, pueda optar por emprender nuevamente un amplio programa de difusión del nuevo derecho. Lo que se invierta en este rubro fortalece las capacidades ciudadanas de quienes viven fuera del país y restituye los vínculos que los unen con el ámbito de la toma de decisiones políticas.
4. Mantener el mecanismo de emisión del voto. El bajo rendimiento del modelo postal vigente debe descomponerse en dos partes: la inscripción en la lnere y la emisión del voto.
Si bien el primer componente tuvo un bajo desempeño, el segundo obtuvo resultados satisfactorios. Quienes se inscribieron en la lista foránea emitieron su voto con una probabilidad superior al 80%, con lo que alcanzaron tasas de participación superiores a las que se registran en las elecciones de territorio nacional.
Apuntes finales
Los procesos electorales en México se han ido perfeccionando a través de sucesivas reformas electorales. Cada una de éstas ha retomado la experiencia de las elecciones anteriores y la ha sabido convertir en nuevas disposiciones que perfeccionan el sistema electoral. Esta virtuosidad de ir adaptando conocimiento nuevo no puede pasarse por alto en el caso del voto migrante.
Desde hace cuatro años se tienen conocimientos que podrían fortalecer significativamente el modelo de voto a distancia. Vale la pena hacerlo ahora, pues están dadas las condiciones para el consenso. Hacerlo a destiempo incrementa los costos y reduce los impactos de las reformas.
- Se vierten aquí recomendaciones que, por su naturaleza, deben implementarse a nivel del poder legislativo. En una futura entrega se enumerarán las sugerencias que podrían instrumentarse desde las atribuciones de la autoridad electoral administrativa.
- En el diseño del voto migrante deben considerarse las distintas posibilidades de estatus migratorio de los votantes. Por ello, los datos del domicilio del votante en el extranjero deben mantenerse confidenciales.
