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La escritura en lo incierto
Este País | Ricardo Pozas Horcasitas | 06.04.2011 | 0 Comentarios

Colaborador y socio de la revista desde su creación en 1991, Pozas Horcasitas describe el momento social, político y económico en el que surgió Este País, una combinación de circunstancias nacionales e internacionales que hicieron propicia una nueva manera de observar y medir la realidad.

El año 1 de Este País fue uno de los años que forman parte del corto periodo en el que los procesos políticos nacionales e internacionales consolidaron el cambio en la historia y volvieron pasado a una época que transcurrió llena de azares entre 1949 y 1992. Tiempo político conocido en el mundo como la Guerra Fría y en México como la etapa del modelo de Desarrollo Estabilizador y el régimen político nacionalista de la Revolución Mexicana.

El cambio en el mundo fue también el cambio en México. El sino de ese tiempo de transformaciones se representaba culturalmente como la necesidad de la apertura, que en el caso de México fue obra de la coalición gobernante a través de las reformas jurídicas y los rediseños institucionales frente a los límites de los instrumentos políticos en los que se sustentaba. El punto de inflexión que hizo claro el agotamiento del régimen y del sistema político fue la elección presidencial de 1988.

La apertura política en México se expresó, en primer lugar, en la necesidad de diferenciar la institución electoral del Presidente de la República, distinción de funciones que se dio con la creación del Instituto Federal Electoral el 11 de agosto de 1990. Esta institución dio un mayor margen de autonomía al árbitro electoral, al pasar su constitución de una sola autoridad del Estado —el titular del Ejecutivo federal— a un grupo de individuos que guardan una relación asimétrica de poder entre ellos: los representantes de los distintos partidos en la Cámara de Diputados, quienes negociaban sus cuotas de poder en la formación del Consejo General del ife. La apertura política se había iniciado con este cambio, pero la autonomía de la autoridad electoral —que la apertura de la década de los noventa no pudo consolidar— es aún un déficit en la democracia mexicana.

La apertura abarcó también el ámbito civil, dando la posibilidad a los individuos, integrantes de la sociedad nacional, de ejercer el ancestral derecho ciudadano de defenderse frente a las prácticas ilegales de los administradores de las instituciones del Estado mexicano, tanto de sus omisiones como de sus abusos.

Como parte de la integración de México al mundo, los gobernantes respondieron a la demanda nacional de la defensa de los ciudadanos frente al autoritarismo cotidiano de los funcionarios públicos y la tradición del abuso del poder, la corrupción y la ancestral deformación dada por el usufructo privado de las instituciones públicas. La figura del Defensor del Pueblo (el ombudsman) aparece en la modalidad mexicana con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establecida el 6 de junio de 1991 y elevada a rango constitucional el 28 de enero 1992, bajo la naturaleza jurídica de un organismo descentralizado.

La apertura política y social promovida por la coalición gobernante de los años noventa creó la cndh como un contrapeso institucional a la tradición vertical y autoritaria de los funcionarios públicos tradicionales. Pero esta apertura modernizadora limitó el alcance de dicha institución al fijar sus facultades sólo en recomendaciones no vinculatorias a los titulares de las instituciones, y dejar la sanción del abuso a la voluntad individual y el criterio de la autoridad superior.

La creación de la cndh fue un avance frente a la tradición de impunidad en la administración pública, pero la defensa de los derechos humanos quedaba aún acotada a la tradición individual y vertical, sin haber alcanzado la formación de los contrapesos institucionales que rige la racionalidad democrática moderna. La cndh tenía como límite los resabios del pasado autoritario y la sanción moral como su más fuerte arma política en la defensa de los derechos ciudadanos.

La fuerza de la globalización culminó el cambio de la organización social de la nación y la manera en que las formas de organización social anteriores creaban el entramado cotidiano entre política y sociedad, acreditando a los gobiernos y confirmando la eficiencia de un partido político hegemónico, de carácter corporativo, que encuadraba a las bases sociales de sustentación al mismo tiempo que las mantenía cohesionadas.

La fuerza del régimen político de la Revolución Mexicana estaba fundada en la capacidad de los gobiernos de acreditarse como los defensores de los intereses de la mayoría agraria, grupo social que se fue volviendo, a lo largo del siglo xx, la minoría de la sociedad mexicana, perdiendo su fuerza como base social del régimen frente al resto de los actores de una sociedad cada vez más diversa y compleja, con nuevos intereses sociales y económicos y nuevas demandas culturales y políticas, cambio en la estructura social que se expresó en la pérdida del poder político de los ejidatarios y comuneros.

La apertura de los noventa se expresó también en la pérdida del poder del Estado como propietario de la tierra nacional, posesión que cedía en usufructo a los particulares, a los ejidatarios y comuneros. Esta capacidad permitía a los gobiernos mantener bases agrarias cautivas y disponibles para el apoyo político. La tecnocracia finiquitó el mermado poder tradicional del régimen político presidencialista al reformar el sustento jurídico que permitía al Estado apoyarse en el mundo agrario. El 7 de noviembre de 1991 reforma el Artículo 27 constitucional y abre a la privatización la tierra que hasta entonces había sido inenajenable.

Parte importante del régimen político de la Revolución Mexicana fue el proyecto de desarrollo industrial autónomo, proyecto que implicó un proteccionismo con altos niveles de regulación arancelaria y promoción de un mercado interno, inversión en infraestructura, subsidios directos e indirectos al sector industrial, una canasta básica también subsidiada y un sector obrero políticamente controlado.

Las estímulos jurídicos, económicos y sociales no lograron el desarrollo industrial autónomo. El modelo de sustitución de importaciones y economía cerrada fue extendido, por decisiones políticas, más allá de su viabilidad a principios de los setenta, prolongación que incrementó los déficits, tanto económicos como sociales, e hizo inmanejables la deuda pública, la inflación y la decepción social.

Los déficits del modelo económico y del régimen político dieron origen, respectivamente, a la crisis de 1982 y a la oposición social en las elecciones de 1988. La economía cerrada, sobreprotegida y deficitaria, con una cultura empresarial prioritariamente pasiva, tocaba su fin a principios de los noventa, cuando se iniciaron las pláticas para la creación del Tratado de Libre Comercio de América Norte como una segunda parte de las reformas de estabilización macroeconómicas y de ajuste estructural realizadas en 1982 bajo la rectoría del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo de controlar la inflación e impulsar el crecimiento sustentable de la economía. El tlcan finiquitaría la rectoría “soberana” del Estado sobre la economía nacional y la desplazaría del centro de la sociedad, dejando en su lugar al mercado, que integraría a México a la economía global.

El pasado dividido en bloques geopolíticos se caía y el muro de Berlín que los separaba se vino abajo en 1989, cayendo encima del segundo mundo y disolviendo en 1991 a la urss. La economía y la sociedad de mercado le ganaban la batalla a la otra centralidad económica, la de la economía planificada, y la sociedad de mercado desvertebraba el totalitarismo de Estado.

En América Latina, el pasado autoritario y el terror de las guerras sucias de los años setenta eran desbordados por las movilizaciones que lograron abrir los regímenes políticos a través de los instrumentos de la democracia. En 1989, el pasado inmediato iniciaba su cambio y la libertad que fue devorada por el terror de las burocracias militares —que administraban los aparatos de seguridad del Estado en los regímenes dictatoriales de América Latina— llegaba a su fin.

El 5 de octubre de 1988, en el Plebiscito Nacional, la sociedad chilena dijo “no” a la más emblemática de las dictaduras sudamericanas, la encabezada por Augusto Pinochet, quien entregó la presidencia de la nación a Patricio Aylwin, electo democráticamente el 11 de marzo de 1990.

La revista Este País emerge al espacio público en abril de 1991, en el centro de los cambios de todos los órdenes del mundo, en el interregno de lo incierto, en ese tiempo acelerado que fue el final de los ochenta y el principio de los noventa, época que se expresó culturalmente en el agotamiento de las certezas interpretativas del mundo ofrecidas por las ideologías, lo que dejó a los individuos frente a la diversidad y lo posible.

Frente al cambio cultural constituido por la diversidad de intereses y la aceptación de las distintas interpretaciones del mundo, la revista muestra al gran público y por primera vez en la historia del periodismo mexicano los datos estadísticos duros. Ella significaba una nueva propuesta, dada por la ampliación de los horizontes interpretativos y la creciente disponibilidad de información que la globalización informática ofrecía a los lectores. Los ciudadanos demandaban información sólida y confiable que les permitiera leer el análisis, hecho por los especialistas, de los procesos sociales y culturales de los cuales ellos formaban parte. Pero la revista les ofrecía también la posibilidad de su propio análisis e interpretación a partir de los datos estadísticos de las encuestas publicadas y la metodología con la que éstas fueron levantadas y elaboradas.

Este País fue la primera revista que mostró a los sujetos sociales no sólo en sus conductas frente a los eventos sino también en sus actitudes y valores. El periodismo dio un vuelco: el cambio del mundo agotó el valor de “la opinión” y la información que no explicitaba las fuentes. La apertura del mundo obligó a la divulgación de las fuentes y agotó la función mediadora entre el secreto del poder y la información que salía al público. El mundo del periodismo ligado al autoritarismo cerrado que resguardaba la información que debería ser pública, se iba quedando atrás de la apertura del mundo.

Fuente: Archivo histórico de Este País (www.estepais.com)

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