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El ocaso de un sheriff
Este País | Voces De La Migración | Fernando Sepúlveda Amor | 01.02.2012 | 0 Comentarios

Aunque el Sheriff Joe Arpaio hizo públicos sus abusos y sus motivaciones racistas, gozó de impunidad por muchos años. Nuestro autor hace un recuento de las investigaciones realizadas en contra de Arpaio y pondera el apoyo político que lo mantuvo al margen de la ley dentro y fuera del Condado de Maricopa.

©istockphoto.com/SherylGraham

Es posible que el controversial Sheriff del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, autodenominado el “más duro de América”, tenga sus días contados al frente de esa oficina. Si bien alcanzó notoriedad por sus posturas exhibicionistas respecto al trato dado a los prisioneros a su cargo y por sus actitudes antiinmigrantes, su popularidad se ha reducido en los últimos años y enfrenta serios cargos en investigaciones en proceso iniciadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Las prácticas y la aplicación que hizo el Sheriff Arpaio de la ley atentan contra los derechos civiles y humanos y revelan actos de abuso de poder, malversación de fondos y obstrucción de la justicia. Las acciones de Arpaio se caracterizan por su desmedido afán de publicidad y por el total desprecio al cumplimiento de la ley que se supone debe guardar, al igual que por la absoluta desconsideración al trato humano de las personas a su cargo en las prisiones y por los habitantes de origen hispano del Condado.

Entre sus actos más relevantes se encuentra la construcción, en palabras del propio Arpaio, de “un campo de concentración” anexo a la cárcel del Condado, hecho a base de tiendas de campaña y rodeado de alambre de púas, lo que en las extremas temperaturas de Phoenix, que alcanzan los 48º c en el verano, significa condiciones inhumanas de estancia para los internos.

En 1997 Amnistía Internacional presentó un reporte denunciando las condiciones en dicha cárcel. Entre los aspectos destacados, mencionó el hecho de que a los presos se les sirvieran sobras de comida y alimentos descompuestos o contaminados; se les negara atención médica en condiciones de salud graves, y se limitara el uso de excusados, lavabos, papel de baño y jabón. También denunció el empleo excesivo de la fuerza física, el castigo en celdas de aislamiento por tiempos extendidos, la intimidación y el maltrato verbal a presos de origen hispano por hablar en español o no entender instrucciones en inglés, comentarios denigrantes sobre los latinos y la inducción de firma de documentos de deportación voluntaria y otros papeles en inglés relacionados con derechos legales, a pesar de que los firmantes no conocían el idioma. Todo lo anterior motivó una demanda de la American Civil Liberties Union y un dictamen de la Corte del Distrito en contra de la oficina del Sheriff por la violación de los derechos constitucionales de los prisioneros; el dictamen obligaba a Arpaio a modificar sus procedimientos.

Arpaio apeló la decisión judicial y en octubre de 2010 la Novena Corte de Apelaciones del Distrito le ordenó cumplir con la orden del Juez Neil V. Wake respecto a la reducción del hacinamiento en las celdas, la prestación de servicios médicos adecuados a los internos, el uso libre de los sanitarios y una alimentación acorde a las normas expedidas por el gobierno.

Es importante destacar otro lado oscuro de Joe Arpaio: mediante el uso de los recursos de su oficina emprendió investigaciones por corrupción en contra de sus críticos en el Condado, entre quienes destacan el Alcalde de Phoenix, Phil Gordon; Dan Saban, su oponente en las elecciones de 2004 y 2008; Terry Goddard, Procurador General de Arizona; David Smith, Administrador del Condado de Maricopa; la totalidad del Consejo de Supervisores y cuatro jueces del Condado; el abogado de la American Civil Liberties Union, y el editor del Phoenix New Times. Todas las demandas fueron desechadas o sobreseídas por falta de elementos. Como resultado de lo anterior, los afectados por las falsas investigaciones han presentado diversas demandas en contra del Sheriff por un total de 56 millones de dólares.

En febrero de 2010, el Juez John Leonardo de la Corte Superior del Condado de Pima dictaminó que Arpaio desvió el poder de su oficina para realizar una investigación criminal contra los miembros del Consejo de Supervisores. En 2008 un gran jurado federal y el fbi iniciaron acciones para documentar el abuso de poder. Más aún, la oficina de Administración y Presupuesto del Condado de Maricopa presentó un análisis en septiembre de 2010 que revelaba que, en los cinco años previos, Arpaio malgastó o desvió fondos por 80 millones de dólares de recursos fiscales destinados a la operación de la cárcel, a fin de fondear redadas en contra de inmigrantes indocumentados, realizar investigaciones de rivales políticos y financiar otras actividades que no se relacionaban directamente con las funciones de la oficina del Sheriff, tales como viajes de policías del Condado a un resort turístico de pesca en Alaska, fiestas del personal en parques de diversiones, gastos rutinarios de altos funcionarios de la oficina del Sheriff en costosos hoteles y comidas en restaurantes de lujo, y la adquisición directa, sin seguir los procedimientos de compra del Condado, de un autobús equipado con valor de 456 mil dólares.

De manera simultánea a la divulgación de tales hechos, se hizo público un memorándum interno elaborado por Frank Munnell, Subjefe de la oficina del Sheriff, que evidenciaba actos de mala administración y corrupción por parte de Larry Black y Joel Fox, empleados de Arpaio, y del segundo de abordo, David Hendershott, quienes fueron despedidos después de una investigación realizada por el Sheriff del Condado de Pinal, Paul Babeu. El memorándum señalaba que tales funcionarios, voluntaria e intencionalmente, cometieron actos criminales al intentar obstruir la justicia, sobornar testigos y destruir evidencia. A pesar de la declaratoria de inocencia de Arpaio, nadie piensa que este desconocía tales acciones.

Desde 2009, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha venido conduciendo una investigación por actos de discriminación en contra de la población hispana y por decomisos inconstitucionales realizados por la oficina del Sheriff, con la cual Arpaio se negó a cooperar. En consecuencia, el Departamento de Justicia presentó una demanda en su contra, misma que en junio de 2011 obligó a Arpaio a entregar documentos y a permitir entrevistas a empleados de su oficina. De manera independiente, un gran jurado federal investiga a Arpaio por abuso criminal de poder.

En diciembre de 2011, el Departamento de Justicia emitió un duro reporte que describe cómo la oficina del Sheriff ha cometido de forma sistemática una amplia serie de violaciones a los derechos civiles en contra de la población hispana, entre las que se incluye un patrón de procesamiento por consideraciones raciales (racial profiling) y discriminación, el uso excesivo de la fuerza física, detenciones injustificadas y la carencia tanto de servicios policiales como de investigación de crímenes sexuales reportados en áreas predominantemente hispanas.

La oficina del Sheriff está acusada de realizar redadas en sectores hispanos de la ciudad con el fin de hacer revisiones de tráfico y detectar inmigrantes ilegales. El reporte señala que 20% de las detenciones, que involucraron en su mayoría a conductores hispanos, se hicieron sin causa alguna. El juez Federal G. Murray Snow prohibió a Arpaio detener a inmigrantes indocumentados, por ser esta responsabilidad del gobierno federal.

Arpaio anunció que buscará la reelección por sexta vez en 2012. Es muy posible que la pierda, pero de no ser así sus acciones estarán seriamente limitadas por las restricciones ejercidas por el Departamento de Justicia y por las prohibiciones del Juez Snow. Habrá que esperar los resultados de las investigaciones del fbi y del gran jurado federal sobre los abusos de poder y la malversación de fondos.

Diversos factores se alinearán en contra de Arpaio en esta elección. El apoyo del electorado ha venido disminuyendo en las últimas tres elecciones, de 66% en 2000 a 55% en 2008. Por otra parte, Arpaio cumplirá 78 años en 2012; la presencia de contendientes más jóvenes y menos controversiales, dentro del propio Partido Republicano y entre sus opositores independientes y demócratas, sin duda influirá.

La figura de Arpaio podría resultar demasiado controversial. Luego de la destitución por referéndum del Senador Russell Pierce en 2011, autor de la Ley Arizona, probablemente el Partido Republicano impulsará la candidatura de una persona menos vulnerable.

Además, en 2012 el voto hispano será determinante en la elección presidencial, lo que puede motivar una ofensiva mediática por parte de la administración de Obama, que buscará el momento oportuno para hacer públicos los resultados de las investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia y el fbi sobre los excesos de Arpaio.

En una entrevista, Arpaio alardeó que gastaba más en la alimentación de su perro que en la comida de los presos en la cárcel de Maricopa. Nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que los abusos de Arpaio hayan quedado impunes por tantos años? En 1995, la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, entonces Procuradora Federal en Arizona, estuvo al frente de una investigación sobre las atroces condiciones de los presos en la cárcel de Maricopa y exoneró a Arpaio de las acusaciones presentadas en su contra. Napolitano se vio desmentida dos años después por un juicio promovido por el Departamento de Justicia que obligó al Sheriff a cambiar muchas de sus posturas. En 2002, Arpaio apoyó públicamente la candidatura de Napolitano al gobierno de Arizona.

Las acciones que elevaron a Arpaio a la fama son las que contribuirán a su caída.

Adiós, Arpaio. No se te va a extrañar.
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es Director del Observatorio de la Migración México-Estados Unidos.

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