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Mircoles, 28 Octubre 2020
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La persecución penal de las drogas

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Este País | Miguel Carbonell | 01.05.2012 | 2 Comentarios

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La discusión sobre la posible legalización de las drogas debe plantearse el problema –filosófico, social, jurídico– de los límites entre la libertad individual y el interés colectivo. Este ensayo se refiere al derecho de las personas a decidir sobre sí mismas y sobre sus actos siempre y cuando no dañen a terceros. Las implicaciones de esta libertad en el tema del consumo de narcóticos y el narcotráfico son importantes.

©istockphoto.com/Paul Pantazescu

Introducción

Seguramente hay muchos enfoques desde los que se puede analizar el asunto de las drogas. Se trata de un ámbito temático que toca aspectos relacionados con el derecho, la medicina, la sociología, las relaciones internacionales, la política, la economía, etcétera. En las páginas siguientes, por razón de mi especialidad profesional, intentaré aportar algunas consideraciones de orden sobre todo jurídico.1

Para tal efecto, entiendo que es útil adoptar una óptica que permita combinar la temática de los derechos humanos con la del derecho penal. Desde los derechos humanos, el asunto de las drogas debe tomar en cuenta tanto a los usuarios de las drogas como a la sociedad en general. Respecto a los usuarios, cualquier decisión sobre las drogas debe partir del principio de dignidad humana, el cual nos indica que las personas son consideradas como sujetos de derechos moralmente autónomas y, en virtud de ello, capaces de tomar las mejores decisiones para guiar sus vidas. Las prohibiciones que se hagan de ciertas conductas, como lo veremos con detalle más adelante, solamente pueden estar basadas en el daño objetivo que puedan producir en otras personas o en bienes colectivos socialmente relevantes (como el medio ambiente, por ejemplo).

Las ideas morales acerca de lo que pueda ser una vida virtuosa no pueden traducirse en leyes o en políticas públicas. El Estado puede y debe desincentivar, a través de mecanismos informativos o incluso tributarios, ciertas conductas, pero no puede imponer –por vía de la coacción penal– un modelo de vida que implique conducirse conforme a ciertos estándares o evitar el consumo de ciertas sustancias.

Las personas adultas deben ser tratadas de tal forma que tengan el espacio vital necesario para desarrollar sus propios planes de vida, sin enfrentar otros impedimentos que los estrictamente necesarios para evitar daños a terceros. Para comprender el alcance de la autonomía moral de los individuos y del correlativo derecho de las personas a diseñar sus vidas sin que intervengan terceros, quizá sirva recordar algunas nociones básicas del derecho penal, como lo son el principio de daño formulado por John Stuart Mill y el principio de lesividad que ha ido desarrollando el moderno derecho penal de cuño garantista. A tales cuestiones dedicamos los dos siguientes apartados.

Antes de analizar los temas mencionados, debemos recordar algunos datos no menores, que en el caso de México deben tenerse presentes en el debate sobre la (posible y/o deseable) legalización de las drogas.2 Me refiero a hechos tan contundentes como nuestra vecindad con Estados Unidos, que es el mayor mercado mundial de consumo de drogas. No es lo mismo hacer una reflexión sobre el tema que nos ocupa cuando se tiene ese mercado a miles de kilómetros que cuando es el vecino de junto el que gasta cientos de millones de dólares en la compra de estupefacientes. Según datos de 2008, en Estados Unidos se consume 40% de la cocaína (otro 30% se consume en Europa occidental). Hay que ponderar también que el mercado ilícito de las drogas genera beneficios estratosféricos. Un kilogramo de cocaína que se le paga a un productor colombiano, peruano o boliviano en 2 mil dólares (comprado en forma de “pasta de coca”) puede alcanzar un precio de 180 mil dólares cuando se distribuye al menudeo en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos. En el caso de las metanfetaminas el cálculo es parecido. Su precursor químico (la seudoefedrina) puede adquirirse en México por 40 centavos de dólar el kilo, pero puesto en las calles de Estados Unidos ya en forma de metanfetamina, alcanza un valor de 110 mil dólares por kilo.

Ese altísimo valor está dado, en gran parte, por la ilicitud del producto, por la corrupción que acompaña su proceso de venta y por los obstáculos que hay que superar para que llegue al consumidor final. Se trata de sumas de dinero que sirven lo mismo para financiar la compra de armas que para sobornar a vistas aduanales. Si no cortamos ese flujo de efectivo, la seguridad de nuestras familias siempre estará en riesgo. Además, al estar en juego tanto dinero, nunca va a faltar la persona que quiera apostar su libertad o incluso su vida para transportar droga.

En todo caso, es probable que el debate sobre las drogas deba transitar por un análisis en función de cada una de las sustancias ilícitas. No es lo mismo la marihuana, en cuanto a los efectos que produce sobre la salud, que el crack. Habrá que ir paso a paso.

Con todo, lo interesante para quienes nos dedicamos al estudio de los derechos humanos es traer a colación el tema de las libertades individuales y de la autonomía moral de las personas. Por eso es que resulta relevante recordar los clásicos temas del principio de daño y del principio de lesividad, sobre los que se estructuran –desde hace siglos– todos los sistemas penales de corte democrático.

Principio de daño

Quizá la mayor aportación (al menos una de las más citadas) de John Stuart Mill a la comprensión de los alcances de la libertad y a la definición de las fronteras entre libertad y dominio, sea público o privado, consiste en su clásica enunciación del llamado “principio de daño”. Este principio se basa en la idea de que deberíamos poder hacer –sin interferencias o coacciones– todo aquello que no dañe a otros. Las palabras de Mill, que según su autor intentan explicar “un principio muy sencillo que debe gobernar absolutamente la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo aquello que suponga imposición o control”, son las siguientes:

Este principio afirma que el único fin por el que está justificado que la humanidad, individual o colectivamente, interfiera en la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que el único propósito con el que puede ejercerse legítimamente el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es impedir el daño a otros. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a hacer algo, o a abstenerse de hacerlo, porque sea mejor para él, porque lo haría feliz o porque, en opinión de otros, hacerlo sería más acertado o más justo. Estas son buenas razones para discutir o razonar con él, para persuadirle o suplicarle, pero no para obligarle o infligirle algún daño si actúa de otro modo. Para justificar esto debe pensarse que la conducta de la que se le quiere disuadir producirá un daño a otro. La única parte de la conducta de cada uno por la que es responsable ante la sociedad es la que afecta a los demás. En la parte que le concierne a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.3

Son innumerables las consecuencias que se pueden extraer de este principio, en casi todos los ámbitos de la vida humana. El derecho, la política, la economía, la sociología y quizás hasta la historia pueden ser entendidos y desarrollados de muy distinta forma si tomamos como punto de partida la frase de Mill sobre el principio de daño.

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Su utilidad consiste, entre otras cuestiones, en señalar una frontera intraspasable para los poderes públicos y privados: la que concierne al cuerpo de las personas y a los actos humanos que no trasciendan hacia la esfera jurídica o moral de los demás. Esa frontera es la que señala, en un primer momento, hasta dónde pueden llegar las reglas del derecho o de la ética. La soberanía sobre el propio cuerpo se proyecta en una serie de cuestiones tan dispares como el consumo personal de drogas, el aborto, la eutanasia, los tatuajes, las prácticas sexuales, etcétera.4 Para José Luis Gómez Colomer, “el principio de daño cumple la función de proveer un criterio para el ejercicio del poder del Estado y delimitar el alcance y los límites del derecho, criterio que autoriza a prohibir y castigar acciones como el asesinato, la violación o el robo solamente porque, y en la medida en que, causan daño a otros”.5

Gómez Colomer también acierta al señalar que “la fortuna del texto de Mill no deriva solo del atractivo que para muchos representa su defensa radical de la individualidad frente a las presiones autoritarias o grupales hacia el conformismo y la uniformidad, sino de su capacidad para condensar algunos de los elementos, argumentos y problemas centrales de la cuestión que aborda en pocas y decisivas palabras que, en buena medida, son todavía las nuestras”.6

El análisis sobre el principio de daño puede hacerse tomando como punto de partida diversas perspectivas. En este momento me interesa centrar la discusión en una de ellas: la posibilidad de imponer límites a la libertad para proteger al individuo frente a ciertos riesgos objetivos. Por ejemplo, si sabemos científicamente que fumar cigarrillos es perjudicial para la salud, ¿podemos imponerle a una persona, por la vía que sea, la prohibición de fumar? En otras palabras: ¿cuándo y de qué manera se justifican las medidas de protección al individuo incluso sobre conductas que solamente lo perjudican a él? Esta perspectiva nos conduce a la discusión sobre el llamado “paternalismo”, sea jurídico o moral.

Antes de pasar a ese tema es conveniente apuntar, al menos, una de las críticas que se hacen al principio de daño tal como lo entiende Mill. La noción de “daño”, se dice, es un concepto que no se puede definir a priori, sino que requiere de una fundamentación o justificación: ¿cuándo y por qué entendemos que cierta conducta causa un daño?7

La fundamentación o justificación del daño debe partir de concepciones morales, por lo que se corre el riesgo de devolver la pelota al campo de la moral social predominante, que es precisamente de lo que quería escapar Mill. En principio, podríamos salvar en parte este problema aceptando que el daño debe ser un daño “jurídicamente” determinado, lo que excluye la posibilidad de entender como causas de daño a conductas que van en contra de convicciones morales o religiosas simplemente (el concepto de delito excluye la calificación como tal de los pecados, por mencionar un ejemplo).

Otra observación crítica que se le hace al principio de daño es que se centra solamente en el valor de la individualidad (o de la autonomía), cuando pueden existir otros valores sociales y personales relevantes que justifiquen una limitación de aquella. Por ejemplo la felicidad individual o colectiva, la protección de la fe religiosa, etcétera. La respuesta a estos argumentos es relativamente sencilla, aunque quizás un tanto autorreferente: la protección de la individualidad y de la autonomía viene antes sencillamente porque sin ellas no es posible aspirar a construir, desde la libertad y con justicia, ningún otro tipo de valores. Sin autonomía personal no puede existir una verdadera profesión de la fe, ni hay mucho margen para encontrar la felicidad, la cual no puede ser impuesta por terceros, sino perseguida tenaz e indefectiblemente por cada persona en lo individual, a partir de existencias y experiencias únicas e irrepetibles.

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Paternalismo

Para el liberalismo, a partir de los postulados de Mill, la autonomía de la persona –entendida como un valor socialmente compartido– no puede permitir que el Estado determine cuáles son las formas de vida que valen la pena y cuáles no.8 Pero, ¿lo anterior significa que el Estado debe respetar cualquier plan de vida? Incluso los ultraliberales aceptan que el Estado puede limitar la libertad a través de normas jurídicas, partiendo de la base o tomando en cuenta el principio de daño al que hemos hecho referencia: somos libres para llevar a cabo una conducta siempre que esa conducta no dañe a los demás; de hecho, el principio de daño tendría que estar en la cúspide del ordenamiento jurídico, de forma tal que rigiera la actuación de todos los poderes constituidos y el contenido de todas las normas infraconstitucionales. Carlos S. Nino explica con las siguientes palabras la adopción, en el ámbito constitucional, del principio de daño como criterio rector para limitar la autonomía:

Una Constitución tiene por fin institucionalizar la deliberación pública por medio de la cual la respectiva sociedad establece los principios morales intersubjetivos sobre la base de los cuales deben resolverse los conflictos entre sus miembros y organizarse su cooperación. Dado que la deliberación pública está basada en el valor de la autonomía, este debe ser reconocido por tal Constitución. El reconocimiento debe comprender el carácter irrestricto del valor de la libre elección de ideales personales y planes de vida, lo que implica la adopción del principio de daño, según el cual una acción no puede ser interferida por el Estado o por otros individuos si no causa daño a terceros. También la Constitución debe reconocer el valor de la individualidad, que no está sujeta a grados ni, por supuesto, a ninguna propiedad empírica (raza, nacionalidad, sexo) o valorativa (religión, ideología) que no fundamente la identidad de los seres humanos y que implica que no hay razón para restringir la autonomía de un individuo en beneficio de una mayor autonomía de otro individuo. Asimismo, la posibilidad de que haya normas justificadas que hagan del consentimiento de los individuos una condición de consecuencias restrictivas de la propia autonomía debe ser reconocida por la Constitución.9

El principio de daño, como ya se apuntaba, resulta poco claro cuando se le quiere aplicar a un sinfín de conductas concretas, como lo demuestra la historia reciente. ¿Qué sucede cuando aplicamos el principio de daño al consumo de estupefacientes, a las relaciones sexuales o a las decisiones sobre la propia vestimenta? La historia nos ofrece ejemplos que cómo una mala comprensión o una utilización deliberadamente torcida del principio de daño ha tenido efectos devastadores para la libertad, incluso en países democráticos. Pongamos algunos ejemplos.

En 1986, la Suprema Corte de Estados Unidos dictó una sentencia en la que afirmaba la constitucionalidad (es decir, la corrección moral desde la óptica de la Constitución) de una ley local que sancionaba con pena de prisión las relaciones homosexuales entre varones, incluso si se celebraban de común acuerdo, en privado y entre personas mayores de edad (se trata del caso Bowers vs. Hardwick).10 Todavía en la actualidad existen leyes estatales en Estados Unidos que castigan con penas de prisión las relaciones sexuales por vía anal.11 En el mismo país, sin embargo, la Corte ha extendido de manera muy amplia el derecho a la intimidad para proteger la decisión de la mujer de tomar anticonceptivos o incluso para que mujeres menores de edad puedan interrumpir voluntariamente un embarazo sin el consentimiento de los padres.12 Lo que ponen de manifiesto ambos extremos es la gran dificultad para proceder a la regulación de la libertad y la variabilidad que el ámbito de la autonomía personal puede tener, incluso dentro de un mismo país.

Pero además, en el caso de la prohibición de las relaciones homosexuales, se demuestra que la imposición social (con el auxilio del derecho) de cierta moral sexual es completamente inapropiada desde un punto de vista liberal. En una sociedad democrática las personas tienen la libertad de tener su propia visión acerca de la moral sexual y de conducirse conforme a ella; lo que no pueden hacer es imponerles esa moral a los demás. Las libertades del Estado constitucional permiten a cualquier persona pensar, actuar y hablar en contra de ciertas conductas, las cuales puede considerar como ofensivas o degradantes, pero los demás son libres de escucharla o de seguir caminando, y desde luego son libres de comportarse –respecto de su intimidad– como prefieran.

Lesividad

Mill afirma, como ya vimos, que solamente cuando se cause daño a terceros se puede limitar la libertad individual. Cuando intentamos trasladar esta afirmación general al campo de lo jurídico, y más en concreto al campo del derecho penal, lo hacemos a través de las exigencias que derivan del principio de lesividad. Mediante este principio se busca asegurar que la ley solamente pueda considerar como delito aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos de relevancia constitucional o derechos fundamentales. De esta forma se evita la tentación de algunos legisladores de reconducir penalmente conductas que pueden ser indeseables o nocivas pero que admiten, en su caso, una sanción diferente a la penal.

Además, mediante el principio de lesividad puede exigirse al legislador un ejercicio de justificación objetivo al momento de determinar qué conductas entran en la esfera de regulación penal. No olvidemos que cualquier sistema penal garantista (es decir, el tipo de sistema penal que empata con los postulados liberales de Mill) debe considerar como penalmente reprochables solamente aquellas conductas que, por sus efectos, sean más lesivas a los intereses y derechos de terceros. Solamente dichos efectos lesivos justifican y legitiman el ejercicio de la represión penal de cierta conducta. De hecho, en términos generales, el derecho penal se legitima y se justifica solamente si es capaz de lograr un doble efecto: (a) prevenir la comisión de conductas delictivas y (b) prevenir la aplicación de sanciones informales, a través de la venganza y las demás formas de violencia extrainstitucional que pueden darse en ausencia de una institucionalidad penal encargada de procesar y, en su caso, sancionar las conductas delictivas.13

El principio de lesividad evita considerar como delitos los comportamientos meramente inmorales, los estados de ánimo que en algún tiempo se han considerado como pervertidos, hostiles o peligrosos, así como todas aquellas conductas que no causan un daño (siguiendo con la lógica de Mill, pero llevándola al terreno jurídico) a intereses, bienes, valores o derechos constitucionalmente relevantes. Los delitos sin daño estarían, en este contexto, constitucionalmente prohibidos; es el caso de los delitos que castigan las ofensas a entidades abstractas como la personalidad del Estado, los símbolos nacionales o la moralidad pública. También estarían prohibidos aquellos delitos de bagatela, que deberían ser considerados como meras contravenciones administrativas, además de los delitos de peligro abstracto o presunto y todos aquellos que estuvieran descritos en términos vagos o indeterminados, caracterizados unos y otros por el carácter altamente hipotético y hasta improbable del resultado lesivo.14

Luigi Ferrajoli explica que la exigencia de la lesividad ya estaba presente en el pensamiento de Aristóteles y de Epicuro, así como en toda la filosofía penal de la Ilustración (Hobbes, Pufendorf, Locke, Beccaria, Bentham, etcétera).15 El mismo jurista italiano explica que “históricamente […] este principio [se refiere al de lesividad] ha jugado un papel esencial en la definición del moderno Estado de derecho y en la elaboración, cuando menos teórica, de un derecho penal mínimo, al que facilita una fundamentación no teológica ni ética, sino laica y jurídica, orientándolo hacia la función de defensa de los sujetos más débiles por medio de la tutela de derechos e intereses que se consideran necesarios o fundamentales”.16

El principio de lesividad, además, sirve en la práctica para reforzar la exigencia de taxatividad que actualmente, por citar un ejemplo, figura en el párrafo tercero del Artículo 14 de la Constitución mexicana, en virtud del cual los textos que contengan normas penales tienen que describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.

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La taxatividad es una especie del genérico principio de legalidad en materia penal y tiene por objeto preservar la certeza jurídica (que a su vez es una especie de la seguridad jurídica) y la imparcialidad en la aplicación de la ley penal.17 Del principio de taxatividad penal no puede desprenderse la cantidad de penalización que un ordenamiento puede imponer a ciertas conductas ni tampoco el número de conductas que pueden caer bajo la consideración de las leyes penales; lo que sí asegura la taxatividad es que toda regulación penal tenga cierta calidad, de forma que sea clara y pueda ser comprendida por sus destinatarios. La taxatividad, como lo indica Ferreres, “no se refiere a la ‘cantidad’ de libertad, sino a su ‘calidad’: garantiza que la libertad individual se pueda desplegar dentro de fronteras seguras”.18 Creo que Mill aplaudiría sin reservas esta definición.

De acuerdo con lo anterior, violarían el principio de taxatividad penal todas las disposiciones legislativas que sancionaran penal o administrativamente una conducta vagamente descrita o aquellas que dispusieran consecuencias jurídicas también indeterminadas. Al suponer la exigencia de que las normas penales se refieran a una lesión objetiva, material, evidente, de un bien jurídico de relevancia constitucional, resulta obvio que el principio de lesividad empata y refuerza el principio de taxatividad, que está constitucionalmente previsto en México.

Ahora bien, bajo el principio de lesividad la determinación de que una conducta pueda ser penalmente relevante no solamente estará definida por la afectación que tal conducta tenga sobre bienes, valores o derechos constitucionalmente protegidos, sino que además la prohibición penal tendrá que ser “idónea”, es decir, tendrá que servir para desplegar cierto efecto intimidante. Si tal efecto no se diera, al menos en un cierto grado, el derecho penal tendría que abandonar la pretensión de prohibir ciertas conductas, preservando de esa manera —en principio— el ámbito de libertad personal que deriva de la no prohibición de determinadas conductas. Ferrajoli pone como ejemplo de conductas que no deberían estar penalmente reguladas –toda vez que la prohibición penal no es idónea para impedir la conducta– el aborto, el adulterio, la mendicidad, la evasión de presos y la tóxicodependencia.

Para Ferrajoli, “está claro que si la cantidad de hechos no penalizados no supera de forma relevante la de los penalizados, la introducción o la conservación de su prohibición penal no responde a una finalidad tutelar de bienes que, más aún, resultan ulteriormente atacados por la clandestinización de su lesión, sino a una mera afirmación simbólica de ‘valores morales’, opuesta a la función protectora del derecho penal”.19 De nuevo, hay que decir que Mill seguramente suscribiría los conceptos que nos ofrece Ferrajoli.

De la anterior afirmación de Ferrajoli cabe desprender al menos dos reflexiones: la primera es que en contextos sociojurídicos que mantienen altas tasas de impunidad (como sucede en México), la cantidad de conductas penalmente prohibidas que no son sancionadas puede llegar a ser muy alta respecto de una gran variedad de delitos. La segunda reflexión tiene que ver con el efecto “clandestinizador” que puede tener el uso del derecho penal; ningún ejemplo más claro al respecto que el de la prohibición del aborto, con el agravante de que no solamente clandestiniza sino que lo hace afectando solamente a las mujeres, y además casi siempre a las mujeres que son pobres.20 Algo muy parecido se puede mencionar sobre el tema de las drogas, en el que el efecto clandestinizador genera un costo elevadísimo de las drogas para los consumidores finales y ganancias estratosféricas para los grupos criminales encargados de fabricarlas, transportarlas y venderlas.

Como quiera que sea, la consideración del principio de lesividad es, por un lado, el primer paso hacia el ideal ilustrado de un “derecho penal mínimo” regido, en su base, por una idea clara del bien jurídico que debe protegerse penalmente y por una noción igualmente idónea de la mejor forma de hacerlo;21 por otra parte, nos ofrece una guía más o menos fiable para saber cuándo podemos, sin violentar el principio de daño defendido por Mill, limitar (penalmente) la libertad.

Una sociedad que se desangra

Ahora bien, lo anterior tiene que ver con el primero de los niveles de análisis que anunciamos al principio: el de los derechos de los individuos y del trato respetuoso o libre que deben tener por parte de las autoridades. Sin embargo, hay un segundo nivel de análisis que vale la pena mencionar: el que se refiere a la sociedad en su conjunto.

A partir de esta manera de enfocar el problema de las drogas, nos podemos dar cuenta del terrible daño que su prohibición produce a nivel social.
Ese daño se expresa no solamente en cifras atroces (como la de las más de 50 mil muertes que han ocurrido en México entre 2007 y 2011) de homicidios y ejecuciones, sino también en la cifra mucho mayor de heridos y de personas que pierden familiares, los daños a los sistemas de seguridad social y educativo, las pérdidas laborales, la afectación de la confianza de los inversionistas, los daños económicos masivos, los costos presupuestales considerables, etcétera.
Comunidades enteras de pronto se han visto sumidas en medio de una “guerra” contra las drogas que afecta profundamente la confianza en las autoridades, debilita el tejido social, destruye los vínculos profesionales y económicos y arrasa con todo lo que encuentra en su camino. La vida se vuelve imposible en ciudades como Matamoros, Monterrey, Juárez o Tijuana. Afloran los tiroteos a plena luz del día, los “daños colaterales”, las ejecuciones y los secuestros.

Las personas se sienten desconcertadas. Las que pueden permitírselo emigran. Otras optan por cambiar radicalmente su estilo de vida y viven en una especie de semirreclusión domiciliaria. La afectación a la calidad de vida es profunda y, para miles de personas, irreversible.

El principio aplicable en este caso, así como en los apartados anteriores, fue el de la autonomía de la voluntad. Es el que aplican los médicos desde la carrera: el principio hipocrático según el cual siempre hay que disminuir el dolor. En este caso se trataría de tomar todas las medidas posibles para evitar la violencia22 y las secuelas de dolor que inevitablemente genera esta.23

Si lo anterior es de puro sentido común, se puede reforzar pensando en los resultados que hasta ahora ha arrojado la estrategia prohibicionista. Todos los indicadores parecen sugerir que la “guerra contra las drogas” se está perdiendo en todos los frentes:24 el consumo no ha disminuido, se ha militarizado el país, la violencia ha aumentado hasta niveles intolerables, el gasto en seguridad aumenta año con año hasta sumar cifras estratosféricas, y todo ello sin que a cambio se perciba beneficio alguno.

©istockphoto.com/Zack Blanton

Conclusiones

A la luz de lo apuntado, estimo que la única estrategia viable a mediano y largo plazos debe ser la de una progresiva y bien regulada despenalización de las drogas, tomando en consideración lo siguiente:

  1. Debe ser un proceso acompañado por un amplio y muy incluyente diálogo internacional. No es un tema exclusivamente mexicano, si bien la decisión final se tomará por nuestro poder legislativo.
  2. Deben ponerse los incentivos para que el tema sea enfocado como un problema de salud pública y no de derecho penal. Eso supone campañas intensivas de información, auxilio y tratamiento de las adicciones.
  3. Deben tomarse todas las prevenciones necesarias para que las personas involucradas en el narcotráfico no “cambien de giro” y se dediquen a otros delitos graves, como el secuestro o la extorsión. No será fácil, pero el Estado mexicano tendrá la ventaja de que a partir de la legalización deberá frenarse el enorme caudal de recursos que hoy reciben los cárteles de la droga. Sin dinero fresco, los cárteles se debilitarán progresivamente y el Estado no enfrentará los niveles de amenaza actuales.
  4. Las leyes deberán castigar severamente a las personas que, bajo el influjo de las drogas, causen daños a terceros. Todos los prestadores de servicios, tanto públicos como particulares, deberán acreditar que se encuentran aptos para realizar su actividad laboral con eficacia, quizás incluyendo un sistema de análisis antidoping (al menos para los trabajos más riesgosos para la población, como los de conductores de autobuses públicos o pilotos de avión).

La legalización de las drogas no puede ni debe suponer, en ningún caso, que las personas obtengan una especie de “permiso” para hacer daño a otros bajo el influjo de las drogas. Esto no debe permitirse y quienes lo hagan deben ser castigados sin excepción y con firmeza.

En el tema de las drogas México se juega no solamente el presente, sino también –probablemente– el futuro. De ahí la importancia de ir pensando en escenarios distintos al actual, para poder salir del marasmo en el que nos encontramos. Quizá la legalización de las drogas no sea la mejor solución, pero sí es mejor que las medidas que parecen estar aplicándose hoy en día. No es una ruta exenta de problemas y riesgos, pero es quizá preferible a la idea de persistir en un camino que probadamente ha fracasado.

MIGUEL CARBONELL es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad (www.miguelcarbonell.com).

_______________________________________________________________
1 Una sobresaliente compilación de textos sobre el tema puede verse en Rodolfo Vázquez, ¿Qué hacer con las drogas?, Fontamara, México, 2010. Entre los textos reunidos por el destacado profesor Vázquez hay perspectivas médicas, políticas, de relaciones internacionales, jurídicas, etcétera. El lector podrá sacar gran provecho de su lectura, como lo ha hecho el autor de estas líneas.
2 Sigo en parte los argumentos y datos contenidos en el importante documento “Legalizar: Un informe”, Nexos, núm. 394, octubre de 2010, pp. 28 y siguientes.
3 Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1997, pp. 94-95.
4 Muchas de estas prácticas han sido explicadas a partir del talento del más destacado liberal que ha conocido la ciencia jurídica de América Latina: Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos, Ariel, Barcelona, 1989.
5 José Luis Gómez Colomer, “Libertad individual y límites del derecho: El liberalismo y sus críticos”, en Elías Díaz y José Luis Colomer (eds.), Estado, justicia, derechos, Alianza, Madrid, 2002, p. 183.
6 Ídem.
7 Una discusión más amplia sobre este punto puede verse en José Luis Gómez Colomer, “Libertad individual y límites del derecho. El liberalismo y sus críticos”, óp cit., pp. 184-185.
8 Carlos F. Rosenkrantz, “El valor de la autonomía” en VV. AA., La autonomía personal, CEC, Madrid, 1992, p. 13.
9 Carlos Santiago Nino, “La autonomía constitucional” en VV. AA., La autonomía personal, óp. cit., p. 79.
10 Para una primera aproximación al caso: Ronald Dworkin, Virtud soberana: La teoría y la práctica de la igualdad, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 230 y ss. Ver también Miguel Carbonell, “Bowers versus Hardwick: Cuando el derecho entra en la recámara”, en Lex. Difusión y análisis, número 119, mayo de 2005, pp. 33-35.
11 Un análisis muy completo del contexto de estas leyes y de sus efectos puede verse en William Eskridge, Dishonorable Passions: Sodomy Laws in America 1861-2003, Penguin, Nueva York, 2008.
12 Ver la exposición que hace Laurence H. Tribe, Abortion. The Clash of Absolutes, Norton and Company, Nueva York / Londres, 1992. Ver también la aproximación más filosófica de Ronald Dworkin, El dominio de la vida: Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, Ariel, Barcelona, 1998.
13 Luigi Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, tomo II, Laterza, Roma, 2007, p. 356.
14 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Trotta, Madrid, 1995, p. 475.
15 Ibíd., pp. 466-467.
16 Ibíd., p. 467.
17 Víctor Ferreres Comella, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia (Una perspectiva jurisprudencial), Civitas, Madrid, 2002, p. 21.
18 Ibíd., p. 45.
19 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, óp. cit., p. 473.
20 Perfecto Andrés Ibáñez, “Aborto: Lo que ‘protege’ el Código Penal”, El País, 17 de enero de 2008, p. 31. Este autor, destacado integrante del Tribunal Supremo de España y el juez mejor preparado de su país, señala a propósito de la consideración penal del aborto lo siguiente: “La torpe reducción de un hondo conflicto existencial a delito, presto a ser usado para calentar algún tipo de opinión –y, con mayor o menor intensidad represiva, en función de que exista o no un sujeto policial o judicial más o menos activable a tenor de ciertos presupuestos ideológicos–, es algo abierto a manipulaciones oportunistas y generador de inseguridad jurídica”. Perfecto Andrés apunta, además, que el dilema no es entre “aborto sí” o “aborto no”, dada la alta incidencia del hecho (del todo documentada por diversas agencias nacionales e internacionales), sino entre el tipo de aborto que se quiere propiciar: “El clandestino y, con frecuencia, séptico, o el regular realizado en las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad para las que tienen que padecerlo”.
21 Ferrajoli, Principia iuris, óp. cit., tomo II, p. 357.
22 Eduardo Guerrero Gutiérrez, “Cómo reducir la violencia en México”, Nexos, núm. 395, noviembre de 2010, pp. 24 y siguientes.
23 Ver la imprescindible reflexión de Luigi Ferrajoli sobre el derecho y el dolor en su libro Democracia y garantismo, 2ª edición, Trotta, Madrid, 2010, pp. 123 y siguientes.
24 Eduardo Guerrero Gutiérrez, “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”, Nexos, núm. 392, agosto de 2010, pp. 27 y siguientes.

2 Respuestas para “La persecución penal de las drogas
  1. Marzio dice:

    prohibirle su uso a ciertos individuos que ejercen ciertas funciones me parece inconveniente, tal vez limitarse a un uso moderado, es decir que se trate de usuarios más no de adictos, por otra parte, pienso que por el tamaño del mercado en monetario, la legalización de la mariguana influirá poco, ya que los que si pesan son la cocaina, heroina, y todas las pastillas psicotrópicas,

  2. […] que México pueda enfrentar de manera local? Se añaden las reflexiones de Miguel Carbonell en “La persecución penal de las drogas”. Carbonell retoma la discusión sobre la posible legalización de las drogas y la libertad […]

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El combate a los cárteles de la droga: ¿desde la oferta o desde la demanda?
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¿Por qué es un problema la lectura? (249.247)
Desarrollar el gusto por la lectura no es cuestión meramente de voluntad individual. El interés por los libros aparece sólo en ciertas circunstancias.

Los grandes problemas actuales de México (245.204)
Se dice que el país está sobrediagnosticado, pero en plenas campañas y ante un nuevo sexenio, vale la pena recordar tanto como haga falta cuáles son los principales desafíos que enfrentamos como nación, y abordarlos desde distintas perspectivas. Una de estas perspectivas, sin duda esclarecedora, es la que propone nuestro autor. Introducción En un indirecto y muy modesto homenaje a don Andrés Molina Enríquez, autor de Los grandes problemas nacionales, libro de 1909, hace seis años intenté resumir en tres los problemas que a mi juicio eran los más importantes del país en ese momento electoral. El resultado fue un artículo que por muy diversas razones nunca se publicó. Al revisar el texto ahora veo que esos mismos tres problemas siguen siendo los que más afectan a nuestro país, simultáneamente, en los ámbitos político, económico y social. En efecto, de los últimos 18 años del siglo pasado a la primera docena del actual hemos vivido en México el surgimiento o agravamiento de un buen número de problemas económicos, políticos y sociales, que pueden parecer efecto de los cambios políticos y económicos que ha experimentado el país desde el inicio de los años ochenta: la reforma política iniciada en el gobierno del presidente José López Portillo (1976-1982) pero concretada hasta el de Ernesto Zedillo (1994-2000) y las reformas económicas iniciadas en el de Miguel de la Madrid (1982-1988) y profundizadas en el de Carlos Salinas (1988-1994), nuestra perestroika y nuestro glasnost correspondientes. Después de un largo periodo de estabilidad política y crecimiento económico iniciado en los años cincuenta, que concluye a finales de los sesenta y principios de los setenta, México vive un corto periodo de auge –gracias a ingresos imprevistos de divisas por exportaciones petroleras– que vino a desembocar en una crisis económica y política, dando lugar a una serie de cambios durante los años ochenta y noventa que, lejos de resolver los problemas básicos de pobreza e inequidad, parece ser causa de su agravamiento y del surgimiento de nuevos conflictos. Es una larga lista de problemas que incluye la pobreza, el desempleo, el comercio informal, diversas formas de delincuencia, el narcotráfico, el contrabando, la emigración de mexicanos a Estados Unidos, la fuga de capitales, la corrupción, la contaminación y destrucción del medio ambiente, la impunidad, los homicidios sin resolver, los levantamientos populares regionales y el caciquismo, entre los más destacados. Si bien algunos de estos problemas son ya muy viejos, hay dos factores nuevos que acentúan la percepción de ellos por parte de la sociedad: la consolidación de los medios de información como un nuevo poder que, ya sin cortapisas, presenta y resalta –no sin prejuicios– dichos problemas, y el desencanto de la sociedad mexicana por el fracaso de los gobiernos del PAN –el primer partido de oposición que triunfó electoralmente en más de 70 años– para enfrentar y resolver, así fuera parcialmente, algunos de ellos. En contraste, desde hace 17 años México experimenta una gran estabilidad en materia de precios, salarios, tasas de interés y tipo de cambio, resultado de un férreo equilibrio fiscal y un superávit en divisas sin precedentes. A ello se ha llamado “estabilidad macroeconómica”, lograda por medio de la reducción sistemática del gasto público, el control del crédito hasta casi su desaparición, la contención salarial, la expansión de las exportaciones y el estancamiento del mercado interno. Este panorama económico y social no es exclusivo de México, sin embargo. En otros países se presenta en forma más o menos similar, a pesar (o quizá por efecto) de la aplicación de políticas económicas comunes de corte neoliberal orientadas a modernizar las economías de la región en la nueva etapa de la globalización. Entre los factores que determinan el conjunto de problemas contemporáneos más graves, hay tres que siendo de suyo conflictivos generan en combinación una dinámica social y económica perversa, un círculo vicioso que produce y amplifica otros problemas. Estos tres factores son: (1) el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como producto del desempleo y, en general, de la falta de oportunidades; (2) una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir la ley (en sentido amplio, es decir cualquier norma de carácter público) salvo en determinadas circunstancias, y (3) la total ausencia de una política industrial y comercial, por parte del Estado, orientada al estímulo de la inversión productiva. Estos tres factores son determinantes, en el caso de México, de buena parte de los demás problemas, pero no son exclusivos de nuestro país y es muy probable que se presenten también en otros países en desarrollo, aunque quizá con una intensidad y una dinámica distintas. 1. Desempleo y pobreza La población económicamente activa asciende en México a unos 40 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de un millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido crear alrededor de 400 mil empleos por año. El resto de la nueva fuerza laboral, unas 800 mil personas, se ve obligado al empleo informal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la emigración o, de plano, la delincuencia, sea mayor y creciente, a causa de la falta de oportunidades de trabajo. Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de desempleados, lo que constituye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo tipo de actividades ilegales. La causa directa de esta falta de oportunidades es la relativamente baja inversión en proyectos productivos generadores de empleos formales, lo que a su vez se debe en parte a la ausencia de un sistema financiero real y el abandono de la política industrial por parte del Estado en los últimos 30 años, temas que veremos más adelante. 2. Falta de respeto a las leyes La carencia de una cultura de respeto a la ley, entendida esta en un sentido amplio, no es algo nuevo en México: podríamos ubicar su origen en la época colonial. Tampoco es exclusiva de nuestro país. De hecho no hay país en el mundo en el que todas las leyes se cumplan y respeten siempre. Pero cualquiera que sea el indicador que se tome al respecto, México se cuenta actualmente entre los países en los que las leyes se respetan en menor grado. Es evidente que en nuestra sociedad las normas se cumplen solo cuando hay una amenaza clara de sanción y autoridades con capacidad para aplicarla. Esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los que destaco solo dos. El primero es que una buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque son obsoletas o inadecuadas o porque simplemente no hay autoridades en cantidad y con capacidad suficientes para hacerlas cumplir. El segundo es la ignorancia y el temor, o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto a las leyes. En los sectores de menores recursos económicos se percibe a las leyes como impuestas, es decir decididas al margen de ellos y, en consecuencia, se ven como ajenas y, en general, hechas para perjudicarlos, no para protegerlos. En los grupos de recursos económicos altos la percepción es más o menos inversa, es decir, se percibe que las leyes están para favorecerlos, pero solo a ellos y cuando no es así, se busca cualquier resquicio técnico para evadirlas. El resultado en ambos casos es el mismo: las leyes no se perciben como propias, como un mecanismo que se da la sociedad para funcionar en sus diversos ámbitos, en sí mismo digno de respeto, justo y de aplicación general. Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la percepción que se tiene, entre la sociedad, de que son ellos los primeros en violar la ley y esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de las normas entre los ciudadanos. De ahí que se identifique a la corrupción como un obstáculo fundamental para el avance social. Pero la corrupción es solo una parte del problema más amplio y contextual que es el incumplimiento de las leyes en general. Este tiene implicaciones políticas, económicas y sociales de primera magnitud, sobre todo en un país que intenta adecuarse a la modernidad y a la globalidad. Desde una perspectiva económica, la falta de cumplimiento de las leyes por los diversos grupos sociales complica y limita la política económica instrumentada por el Estado, por ejemplo en lo que se refiere a la recaudación fiscal, y hace prácticamente inútil cualquier reforma que al respecto se pueda llevar a cabo. En este contexto las recomendaciones de los economistas ortodoxos, consistentes en la reducción de la regulación, han empequeñecido todavía más los ingresos del Estado y, lejos de eliminar los problemas, en realidad han favorecido el contrabando y la piratería. En términos más generales, el comercio y otras actividades económicas informales son resultado de la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes y del abandono de la regulación. En su dimensión política, el no apego a la legalidad vigente por parte de algunos grupos o personas, unos con la justificación moral que da el ser sujetos de abandono y explotación por décadas, como los indígenas, otros sin ella, combinado con la falta de capacidad de las distintas autoridades, sea para negociar acuerdos en el marco de la ley con los primeros o para aplicar la ley de manera estricta con los segundos, lleva tarde o temprano a un camino de ingobernabilidad y desintegración social. En sustitución de las leyes de aplicación general, empiezan a prevalecer usos y costumbres locales. De ello son muestra el surgimiento en diferentes zonas del país de municipios autodeclarados autónomos y de linchamientos. 3.    Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera. Desde la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera significativa su participación en la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la inversión privada y que además considera a la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta, ineficiente e incapaz de ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable –en esta lógica– la privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las no rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones presupuestarias. En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente administración en manos privadas. Tales fueron los casos de la mayor parte de las carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas nacionales y –un caso muy especial– los bancos. La nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe financiera como auguraban sus críticos. En contraste, la reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de Carlos Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó el ingreso de grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la sobrevaluación de la moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero. En esas condiciones, la primera crisis de divisas del gobierno de Zedillo, ocasionada por el mal manejo de una decisión cambiaria, implicó la quiebra real del sistema bancario mexicano y de sus deudores. El rescate bancario y la política astringente del crédito interno, seguidos desde entonces, han impedido que haya crédito barato y oportuno para financiar actividades productivas de todo tipo, especialmente en el campo. El sistema bancario, hoy en manos extranjeras, es esencialmente rentista y especulador. Asimismo, tanto la crisis de 94-95 como la apertura financiera anterior a ella han provocado que haya permanentemente capital mexicano en el extranjero por una cantidad más o menos equivalente a la deuda pública externa, en tanto que el ingreso neto de divisas al país que registran las reservas internacionales se inmoviliza, para evitar la ampliación del circulante y crear un blindaje preventivo de otra crisis como las de 76, 81 y 94, todas por fugas masivas de capitales. El elemento crucial que explica la baja inversión productiva no es, sin embargo, la falta de crédito, sino la ausencia de una política industrial y agropecuaria activa por parte del Estado. Esta ausencia obedece sin duda a una concepción neoliberal de la economía. Dicha concepción se concreta en la reducción indiscriminada del gasto público, tanto corriente como de inversión; en la total ausencia de políticas comerciales, y en la falta de definición y aplicación clara de reglas de la participación de la inversión extranjera con una orientación a la integración económica y el desarrollo. Ello es lo que en realidad provoca la falta de incentivos a la inversión privada nacional. Situación general y perspectivas En un contexto de poco respeto a la ley (que incluye a las propias autoridades), de desregulación de las actividades económicas, de bajo crecimiento económico y de desempleo real creciente, las actividades ilegales e ilícitas tienden a proliferar, lo mismo que la emigración. Este último fenómeno incluye ahora personas con mayor grado de escolaridad. Hay, además, fuga permanente de capitales que pese a todo encuentran más atractiva y segura su inversión fuera del país que dentro de él, y las empresas locales se vinculan o venden al capital extranjero. Las empresas de exportación sin control alguno son ya indistinguibles de la industria maquiladora, que opera sin control ni programa de integración. Los empresarios mexicanos pequeños y medianos que sobreviven, lo hacen sin crédito y sin apoyo y, lo que es peor, sin que se apliquen reglas de funcionamiento que los favorezcan, de modo que en cualquier momento un monopolista nacional o extranjero los desplaza. La transición en México de una política de masas corporativizadas a una política de ciudadanos no pasó por la revisión, modificación y establecimiento de leyes y normas que puedan cumplirse, ni por un pacto que obligue a los actores económicos y políticos a cumplir y hacer cumplir las leyes; no pasó tampoco por la discusión y puesta en marcha de un programa claro de cambio político y sobre todo económico que tuviera como eje la atención de las necesidades básicas de la sociedad, destacadamente el empleo. Pasó solo por la venta mediática del carisma de actores políticos, construida como imágenes propagandísticas de un cambio que nadie supo, bien a bien, hacia dónde iba, ni para qué. En contraste, la estructura corporativa de control de las masas por el partido hegemónico hasta antes del “cambio” sigue intacta, los problemas sociales no solo siguen sin resolverse sino que se han agravado y el camino a la ingobernabilidad parece estar en marcha. En este contexto, la transición real en México implica que el gobierno entrante atienda primero que nada estos tres problemas básicos, y eso solo lo puede hacer mediante un nuevo pacto social en el que todos los sectores sociales y partidos participen, aunque ello pueda significar un cambio constitucional de gran magnitud. El Estado tiene que recuperar su papel de liderazgo económico y social, pero sin menoscabo de la democracia y actuando en el margen que le dejan el gobierno de Estados Unidos y sus organismos financieros. Es una difícil pero inevitable tarea. De no realizarse, regresaremos tarde o temprano al simulacro de democracia que fueron los gobiernos del pri, con movimientos casi pendulares en lo económico, unas veces a la derecha y otras al centro, unas veces liberales y otras no, eso sí siempre populistas en lo político. _________________________________ PABLO RUIZ NÁPOLES es licenciado, maestro y doctor en economía, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y consultor de la CEPAL y del Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas.

La distribución del ingreso en México (143.680)
En un país donde la educación y los servicios sanitarios, entre otros, todavía dejan mucho que desear, la desigualdad en el ingreso –una de las mayores del mundo– va aparejada de una desigualdad equivalente en la calidad de vida. Paradójicamente, sin educación de calidad y buenos servicios básicos se antoja difícil revertir este grave problema. La riqueza México es una nación con mucha riqueza. Ocupó el décimo tercer lugar en la lista de los países con mayor Producto Interno Bruto1 (pib), con un billón de dólares, en 2010.2 Este nivel se debe, en buena medida, al tamaño de nuestro país. De acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, México ocupó en 2010 el décimo primer lugar en términos de población, con 113 millones de habitantes.3 No obstante, el pib por persona muestra, en los últimos 20 años, un crecimiento formidable. Durante los años sesenta y setenta le correspondió a cada habitante de México menos de dos mil dólares del PIB al año. En los primeros años de los ochenta dicha cifra tuvo un aumento, que se perdió después de la crisis de 1982. A partir de 1988, el pib por habitante inicia un camino ascendente, con un único tropezón en la crisis de 1994, para llegar a casi los 10 mil dólares por habitante en el año 20084 (ver Gráfica 1). Por otro lado, México tiene 4 millonarios en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.5 La suma de la riqueza de estos 100 hombres es de 1.7 billones de dólares. Los acaudalados de Estados Unidos poseen 40% de este monto; les siguen los rusos, que suman 10%. En tercer lugar se encuentra México: los cuatro empresarios mexicanos de la lista Forbes tienen 7% de la riqueza de la lista de los 100 millonarios. Por cierto, Noruega, país con el mayor Índice de Desarrollo Humano de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), no tiene ningún representante entre los primeros 100 millonarios y su ciudadano más rico, el empresario de bienes raíces Olav Thon, ocupa el lugar número 205. La riqueza y el desarrollo no se llevan bien.6 Otra fuente con una metodología más depurada no muestra un panorama similar. De acuerdo a un estudio que el banco Credit Suisse encargó a Anthony Shorrocks y James Davies, publicado en 2010, la riqueza7 en el mundo muestra una fuerte concentración: 24 millones de personas mayores de 20 años (0.5% de la población mundial adulta) tenían 35.6% del total de la riqueza mundial. En el otro extremo, 3 mil millones de personas (68.4% de la población mundial adulta) tenían tan solo 4.2% de la riqueza mundial. De acuerdo con esta investigación, México se ubicó en el lugar 21 en la lista de los países con mayor número de personas “muy ricas”, con 114 mil 997 adultos que —en 2010— contaban con una riqueza mayor a un millón de dólares, lo que coloca al país por arriba de Dinamarca, Finlandia y Hong Kong.8 La pobreza Si miramos la otra parte de nuestra realidad encontraremos que, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) —organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal encargado de evaluar el nivel de pobreza en México—, 81% de la población en 2010 era pobre o vulnerable, es decir tenía una o más carencias sociales.9 El CONEVAL mide la pobreza de manera multidimensional, esto es a partir de seis indicadores de carencia social: alimentación, educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda y servicios básicos en la vivienda. La población pobre o vulnerable en México tuvo, en promedio, 2.3 carencias sociales. Si analizamos con mayor detalle la alimentación, por ejemplo, de acuerdo con el CONEVAL, 25% de la población tuvo en 2010 inseguridad alimentaria, es decir, sufrió la falta de alimento o tuvo poco alimento y de baja calidad, y por lo tanto llegó a experimentar hambre.10 A pesar de ello, la Organiza­ción Mundial para la Agri­cultura y la Alimentación (FAO, por su siglas en inglés) muestra en su informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011” que el nivel de personas desnutridas en México es “estadísticamente no significativo”.11 Si bien el concepto de desnutrición es distinto al de inseguridad alimentaria (la FAO define la desnutrición como “la ingesta de alimentos que no permite cubrir las necesidades energéticas mínimas”12), me parece que México sí debería estar incluido en esta lista. Si asumimos que la población con inseguridad alimentaria, de acuerdo con el coneval, no logra cubrir las necesidades energéticas mínimas y, por lo tanto, está desnutrida, México ocuparía el séptimo lugar con mayor número de personas con hambre en el mundo y el lugar número 27 en cuanto al porcentaje de personas que sufre este flagelo, empatado con Botswana, Camboya, Madagascar y Pakistán.13 La desigualdad en el ingreso Preguntar a las familias sobre su ingreso no es una tarea sencilla. Muchas de ellas, en especial aquellas se ubican en los sectores altos, no divulgan el monto de sus percepciones por temor a las autoridades hacendarias o por seguridad personal. Por ello, es muy probable que las encuestas que miden el ingreso familiar tenga un subregistro, es decir que se declaren menos ingresos de los que realmente se perciben. A partir de 1983 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) ha levantado la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” (ENIGH), en los años de 1983-1984 y desde 1992 cada dos años, con excepción de 2005, cuando por razones del calendario político en México se levantó una de ellas de manera extraordinaria. La última ENIGH disponible es la de 2010.14 De acuerdo con los resultados arrojados por la ENIGH de 2010,15 el promedio de ingreso mensual por familia en México era de 12 mil 163 pesos. Si distribuimos a todas las familias mexicanas en 10 grupos iguales, ordenadas según su ingreso desde las que menos percibieron hasta las que más percibieron —lo que se conoce como “ordenar por deciles”—, tenemos que el 10% más pobre, es decir el primer decil, tuvo una percepción media de 2 mil 149 pesos mensuales. En el otro extremo, el 10% de las familias más ricas —el decil más alto— tuvo una percepción promedio de 41 mil 927 pesos mensuales, casi 20 veces más que los más pobres. Entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que revela la mayor distancia entre las familias que menos ganan y las que más ganan, por arriba de Chile, Israel, Turquía y Estados Unidos. México es un país muy desigual en materia de ingresos.16 Si dividimos al 10% de las familias más ricas en 10 grupos de igual tamaño, es decir, si desglosamos al decil más alto y obtenemos centiles, tenemos que el 1% de las familias más ricas del país, poco más de 290 mil, tuvieron en 2010 un ingreso mensual de 101 mil 217 pesos, esto es, 47 veces más que el 10% más pobre (ver Cuadro 1). Estas cifras ya nos muestran una desigualdad importante; no obstante, antes de derivar más conclusiones, debemos preguntarnos: ¿es correcto el monto de ingreso promedio de las familias más ricas de México? De acuerdo al Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de mayo de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, los directores de área podían tener una percepción ordinaria bruta (sueldo base más compensación garantizada) de entre 47 mil 974 y 95 mil 355 pesos al mes. Por arriba de este puesto se ubican los directores generales y coordinadores generales, jefes de unidad, oficiales mayores, subsecretarios y secretarios de Estado, cuyo rango de sueldo va de los 85 mil 889 a los 205 mil 222 pesos mensuales.17 Sin embargo, de acuerdo a los datos originales de la ENIGH 2010, el ingreso mensual promedio de los hogares cuyo jefe de familia era “alta autoridad del sector público o privado”, fue de 44 mil 192 pesos mensuales. En el sector privado, los sueldos de las altas autoridades son aún mayores. De acuerdo al Informe anual de gobierno corporativo 2010 del Banco BBVA, la percepción media que recibió cada uno de sus principales altos directivos durante el año 2010 fue de 2.5 millones de pesos mensuales. Entre ellos se encuentra el director general de bbva Bancomer de México.18 No obstante, su principal competidor tuvo un ingreso mucho mayor: el director general para México y Latinoamérica de Citigroup percibió, en el mismo año, un sueldo de 570 mil pesos mensuales, más una compensación variable anual por 7 millones 450 mil dólares19, es decir, en total percibió 8.3 millones de pesos mensuales.20 La diferencia entre el ingreso del director general de este grupo financiero y el de un cajero es de 1 a 3 mil 260, una distancia fuera de toda proporción y que raya en la inmoralidad. Todo parece indicar que las cifras de la ENIGH presentan un subregistro que debe corregirse. A esta conclusión llegaron tanto Ifigenia Martínez de Navarrete en los años cincuenta y sesenta, como Oscar Altimir en las décadas de los sesenta y setenta.21 Las cifras del ingreso corregidas por subenumeración Podemos conocer el nivel de subregistro si comparamos el ingreso que reportan las familias en la ENIGH con el ingreso que contabiliza el Sistema de Cuentas Nacionales de México. Después de contrastar las dos fuentes de información, entre 1994 y 2010 se observa un importante subregistro, que se incrementa año con año. En 2010, por ejemplo, por cada peso declarado por familia en la ENIGH, el Sistema de Cuentas Nacional registró 2.17 pesos.22 Si corregimos el ingreso de las familias de la ENIGH, bajo el supuesto de que el subregistro depende del nivel de ingreso —es decir, las familias más ricas no declaran la totalidad de lo ganado, como hemos visto—, la desigualdad aumenta. El ingreso del 10% de las familias más ricas crece de 41 mil 927 a 141 mil 100 pesos mensuales, lo que representa 66 veces más que el del 10% más pobre; y el ingreso del 1% más rico, es decir las 290 mil 613 familias más ricas de México, aumenta de 101 mil 217 a 359 mil 594 pesos mensuales (167 veces más que el ingreso del 10% más pobre). Los hogares cuyo jefe de familia es un alto directivo de gobierno o de una empresa privada perciben, una vez hecho el ajuste, 131 mil 215 pesos mensuales, en lugar de 44 mil 192 pesos mensuales (cifra original de la enigh, sin ajuste). Los sueldos ajustados son más creíbles. Si analizamos la desigualdad global con las cifras corregidas por subregistro de las encuestas que se han levantado en México desde 1950 —tanto las de Ifigenia Martínez y Oscar Altimir como las estimadas por el autor—, la tendencia es clara: somos un país con una fuerte desigualdad, que aumenta año con año. El coeficiente de Gini23 se incrementa del 0.50-0.53 de los años cincuenta al 0.58-0.60 de los años sesenta, y llega al rango de 0.62-0.64 en los años ochenta. No obstante, continúa aumentando para ascender al rango 0.61-0.65 en los noventa y llega al registro récord de 0.62-0.65 en los primeros años del siglo XXI (ver Cuadro 2). ¿Por qué tenemos una desigualdad tan alta? La desigualdad se amplía en México por el incremento en el ingreso del 30% más rico, que suma 8.7 millones de familias. Los ingresos de este grupo representaron, en 2010, 83% del total.24 El resto de la población no solo tiene cada vez una menor participación en la economía nacional; los pesos que gana le alcanzan para menos bienes y servicios cada año. En los últimos años, la población ha sufrido en México al menos tres efectos: (1) el empleo precario, (2) la pérdida del poder adquisitivo, y (3) la eliminación de los subsidios. El empleo precario A partir de los años noventa, los empleos formales se tornaron cada vez más precarios. Con el propósito de competir y obtener una ganancia cada vez mayor, muchas de las empresas han tomado una serie de medidas: 1. Despedir a la población adulta que ha acumulado antigüedad y, por lo tanto, prestaciones; 2. Reducir prestaciones y/o incorporarlas al sueldo, como en el caso de los empleados bancarios, cuyas prestaciones fueron incorporadas al sueldo, lo que provocó un beneficio temporal que se perdió cuando los grupos financieros comenzaron a despedir a los adultos y a contratar en su lugar a jóvenes con un sueldo bajo; 3. Contratar personal “barato” bajo el esquema de outsourcing; 4. Reducir la proporción de gerencia media, así como puestos de apoyo, conocidos como staff, ocupados –en su mayoría– por profesionistas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, tres millones de personas perdieron el empleo en 2009; de ellos, 2.6 millones fueron víctimas de recortes de personal o su trabajo temporal terminó25 (ver Cuadro 3). En cuanto a la disminución de prestaciones, de acuerdo con la enigh 2010, 51.4% de la población que trabaja para otro no tiene ningún apoyo por parte del patrón, y prácticamente la totalidad de quienes trabajan por su cuenta no tiene prestaciones. El impacto en el ingreso es directo: si no tengo seguro médico y enfermo debo pagar mi tratamiento. Si soy madre y trabajo fuera de casa, y la organización para la cual laboro no me ofrece una guardería, debo pagar una. Si carezco de una ayuda para despensa, debo destinar una mayor proporción de mi ingreso a la alimentación. En la medida en que se propongan reglas laborales que tengan como propósito abaratar la fuerza de trabajo, la situación se agravará. Poder adquisitivo La población ha sufrido, desde mediados de los años ochenta, la pérdida de poder adquisitivo. En el año de 1976 el salario mínimo era de 6 mil 500 pesos, si traemos su valor a pesos actuales.26 Para 2011 había bajado a mil 766 pesos, una pérdida de 73%. Si bien no todo el personal ocupado percibe el salario mínimo, su aumento es un parámetro que rige el crecimiento de otros salarios. El salario medio industrial, por ejemplo, ha sufrido también una pérdida, aunque ligeramente menor. Buena parte de la estrategia económica de los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por debajo del aumento de los precios. A diferencia de los años sesenta y setenta, cuando la meta era crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto público y de la inflación (ver Gráfica 2). Reducción de subsidios La eliminación o reducción de subsidios afecta de manera directa e indirecta. Su impacto es indirecto cuando el gobierno reduce los montos de gasto e inversión y, por lo tanto, las familias deben aportar dinero directamente. Por ejemplo, la inversión en educación superior no ha crecido lo suficiente como para cubrir la demanda. Por ello, muchas familias deben destinar ahora parte de su ingreso al pago de una institución de educación superior privada. Todo esto se refleja claramente en la estadística. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 1980-1981 había 892 escuelas de educación superior (normal, licenciatura y posgrado), de las cuales 70% eran públicas. 30 años después, en el ciclo escolar 2010-2011, las escuelas privadas son mayoría: representan 55% del total de instituciones. De las 6 mil 289 instituciones de educación superior del ciclo 2010-2011, 3 mil 481 son privadas y educan a 804 mil alumnos.27 En 2011, 21.5% de la inversión que se realizó en educación de todos los niveles provino del sector privado; 30 años atrás, en 1980, esta proporción era de tan solo 6.9%.28 El 7% del PIB de actividades terciarias (comercio y servicio) es generado por los servicios educativos de particulares.29 En materia de salud ha sucedido algo similar. Como producto de la precarización en el trabajo, tan solo 39% de las personas con 12 años o más de edad está afiliado o inscrito para recibir atención médica de parte de alguna institución pública, de acuerdo a la ENIGH 2010; el resto debe acudir al Seguro Popular (que solo es gratuito para el 40% más pobre) o pagar por su cuenta la atención privada. De hecho, de acuerdo con la misma encuesta, 40% de las personas manifestaron que cuando tienen un problema de salud, acude a una clínica o farmacia privada o se automedican. La eliminación de subsidios también afecta de manera directa a la población. A partir de los años noventa se han retirado, poco a poco, los subsidios al pago de la energía eléctrica, el predial, el agua y la gasolina, entre otros bienes y servicios que otorga el gobierno. La telefonía que antes era pública y con tarifas bajas, ahora es una de las más caras del mundo, de acuerdo a la OCDE.30 En síntesis, no solo el ingreso se ha concentrado en unos cuantos, sino que además las familias de los sectores medios y bajos deben pagar bienes y servicios que antes les otorgaba la empresa por medio de prestaciones o el gobierno de manera gratuita. Tienen un menor poder adquisitivo y deben gastar más por los mismos bienes y servicios que antes recibían. _________________________________ 1 El producto interno bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios que produce una nación en un periodo determinado. 2 Datos del Banco Mundial, consultados el 16 de marzo de 2012: . 3 Population Division, “World Population Prospects, the 2010 Revision”, consultada el 16 de marzo de 2012: . 4 Si bien México tuvo una ligera caída en este indicador, por la crisis mundial de 2008, registró una recuperación en 2010, para llegar a 9 mil 123 dólares por persona. Datos del Banco Mundial, consultados el 16 de marzo de 2012: . 5 Revista Forbes, consultad el 16 de arzo de 2012: . 6 Si bien Alemania tiene siete millonarios en la lista Forbes, la suma de su riqueza representa 6% del total. 7 Para el autor, el concepto de riqueza considera tanto los activos financieros como los no financieros (no así la deuda) que tienen las personas mayores de 20 años de una familia. Acepta que su estimación es más complicada, ya que muy pocos países tienen la estadística necesaria para su cálculo. El estudio de la riqueza es relevante ya que el ingreso de las personas se genera a partir tanto de capital humano, como de sus activos. La riqueza se hereda y se convierte, para algunos, en su destino. Los hijos de las familias con mayor riqueza tienen más oportunidades que los hijos de familias con menos activos. Ante una situación difícil, por ejemplo la pérdida de empleo del principal proveedor del hogar o una enfermedad grave, el dinero ahorrado y las inversiones son de gran ayuda. 8 “Credit Suisse Global Wealth Databook 2010”, Credit Suisse Research Institute, Suiza, octubre de 2010, pp. 88 y 93. 9 Este porcentaje incluye a la población, que si bien tenía cubiertas sus necesidades, ganó menos de 2 mil 114 pesos, así como a las personas que vivían en una zona urbana, o tenían un ingreso menor a los 978 pesos, o si vivían en una zona rural. 10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2011”, México, 2012, cuadro 2.1, p. 21. 11 Es decir, la proporción de las personas desnutridas se ubicó por abajo del 5% de la población total. 12 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la necesidad mínima diaria de energía es de unas mil 800 kcal por persona. La necesidad exacta viene determinada por la edad, tamaño corporal, nivel de actividad y condiciones fisiológicas específicas: enfermedades, infecciones, embarazo o lactancia”. 13 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2011”, en ¿Cómo afecta la volatilidad de los precios internacionales a las economías nacionales y la seguridad alimentaria?, Roma, 2011, pp. 50-53. 14 En 1956 y 1958 la Dirección General de Estadística levantó las encuestas de “Ingreso y egresos de la población en México”, y en 1960 la encuesta “Las 16 ciudades de la República Mexicana, ingresos y egresos familiares”. En 1963 y 1968 el Banco de México llevó a cabo las encuestas de “Ingresos y gastos familiares”. Durante el periodo de 1969-1970 la Dirección General de Estadística realizó la encuesta “Ingresos y gastos de la República Mexicana” y en 1977 la “Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares”. 15 Los resultados que se muestran de la “Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares” se obtuvieron a partir de la descarga de archivos de la página del INEGI en la sección dedicada a dicha encuesta bajo el rubro “Microdatos de la muestra”. Estos datos fueron trabajados estadísticamente por el autor: . 16 “Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising”, OECD, 2011, p. 45. . 17 “Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, Diario Oficial de la Federación, anexo 3a, SHCP, lunes 31 de mayo de 2010. 18 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., “Informe anual de gobierno corporativo 2010”, pp. 17 y 18, consultado en la página de internet el 16 de marzo de 2012: . 19 El pago se repartió en los 12 meses de 2011. 20 Citigroup, Proxy Statement 2010, pp. 55 y 56, consultado el 16 de marzo del 2012: . 21 Véase Ifigenia Martínez de Navarrete, “La distribución del ingreso en México. Tendencias y perspectivas”, El perfil de México en 1980, 2a edición, editorial Siglo XXI, México, 1982. pp. 17-71; y Oscar Altimir, “La distribución del ingreso en México”, Distribución del ingreso en México: Ensayos, tomo I, documento no. 37, Banco de México, México, 1982, pp. 15-95. El banco Credit Suisse también ajusta la información en su reporte sobre la riqueza en el mundo, consciente de que de no hacerlo prácticamente no tendría mercado en muchos países, entre ellos México. 22 En La desigualdad y la clase media en México, un libro de próxima aparición, Carlos McCadden Martínez explica con mayor detalle la justificación y los cálculos específicos para llevar a cabo el ajuste a las cifras de las ENIGH. 23 Medida de desigualdad propuesta por el científico social Corrado Gini en 1912, que va de 0 a 1. A medida que el valor se aproxima a 0, la sociedad tiene igualdad en sus ingresos. Por el contrario, a medida que el índice se aproxima a 1, la distribución presenta una mayor concentración en el ingreso. 24 Si nos vamos a la cúspide de la pirámide, 1% de las familias más ricas, poco más de 290 mil, obtiene 13.7% del ingreso de todos los hogares. 25 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, consultada el 14 de marzo de 2012: . 26 Se deflactó el monto del salario mínimo con el índice de precios al mayoreo de 1934 a 1969, y con el índice de precios al consumidor para el periodo de 1970 a 2011, según el Banco de México. 27 SEP, “Estadística Histórica del Sistema Educativo Nacional”, consultada el 16 de marzo del 2012: . 28 Felipe Calderón, “Quinto Informe de Gobierno”, Anexo Estadístico, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, México, 2011, p. 322. 29 Ibídem, pp. 97-99. 30 “Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio”, OCDE, 2012, p.45. ______________________________________ MIGUEL DEL CASTILLO NEGRETE ROVIRA es profesor del Departamento Académico de Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y profesor visitante en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿Cuántos son?, ¿quiénes son?, ¿qué hacer?1 (142.151)
El diseño de programas efectivos para enfrentar los mayores desafíos del país, como el de la inclusión cabal y justa de los jóvenes, debe pasar necesariamente por diagnósticos puntuales. El presente estudio constituye un análisis detallado y fundamentado del fenómeno de los Ninis. Sirva lo que revela para la discusión y el diseño de estrategias sobre un asunto de la mayor importancia. En los últimos años se ha hecho cada vez más visible en el debate público el fenómeno de las y los jóvenes que no estudian ni trabajan (los llamados “Ninis”). La expectativa social es que, durante su juventud, hombres y mujeres acudan a la escuela para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas o bien que trabajen para generar ingresos, formar un patrimonio y convertirse en personas autónomas. Se suele pensar que si los jóvenes no estudian ni trabajan, están en riesgo y se colocan en una situación de vulnerabilidad. Consecuentemente, constituyen un motivo de preocupación para sociedad y gobierno. En términos generales, el fenómeno de los Ninis2 se explica tanto por causas que escapan al control individual (acceso limitado a la educación, obsolescencia de los modelos educativos, falta de oportunidades de empleo y desarrollo productivo, inestabilidad y precariedad laboral e insuficiente ingreso de los hogares, entre otros), como por entornos familiares poco propicios para el desarrollo de los jóvenes e incluso –como veremos más adelante– por decisiones de carácter personal relacionadas (o no) con eventos del curso de vida (como la unión o el matrimonio y el embarazo tempranos) que determinan una elevada deserción escolar. Se trata, en consecuencia, de un fenómeno con múltiples causas y diversas manifestaciones. Diversos autores han señalado que el fenómeno de los Ninis no es privativo de las naciones en desarrollo —como México—, sino que ocurre en todos los países. Postulan también que se trata de un fenómeno reciente que afecta a la generación actual de jóvenes, en contraste con las precedentes. Sostienen que si bien los jóvenes tienen actualmente más acceso a la educación, los afecta la falta de perspectivas, los vaivenes continuos, el deterioro de las condiciones laborales y la incertidumbre en el empleo.3 Estas tendencias aparentes han conducido, a su vez, a centrar la atención en las consecuencias que se supone que podría traer aparejada la condición Nini. Entre otras preocupaciones formuladas por la literatura sobre el tema, destacan las siguientes: • Se dice que la doble exclusión que sufren estos jóvenes compromete no solo su presente sino también su futuro, al tiempo que constituye un doloroso desperdicio social de sus capacidades y potencialidades de desarrollo. De hecho, para muchos esta condición puede resultar en un “ocio frustrante, obligatorio, impuesto, incómodo, improductivo y, por supuesto, angustiante y doloroso”.4 • Además, la doble privación parece imponer a los jóvenes una enorme dificultad para emanciparse y definir o desarrollar un proyecto de vida, lo que, según diversos analistas, influye negativamente en su autoestima y les provoca escasa confianza en el porvenir, desánimo, apatía, indolencia, frustración, angustia, ansiedad, incertidumbre e indefinición.5 • Algunos otros autores sostienen que la situación de exclusión y los obstáculos crecientes que dificultan la emancipación refuerzan entre los jóvenes el descrédito de los estilos de vida tradicionales y la aparición de un nuevo modelo de actitud caracterizado por el rechazo simultáneo a estudiar y a trabajar. Según esta visión, los jóvenes piensan que “el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día” y no están dispuestos a realizar “esfuerzos exorbitantes cuando el beneficio no es seguro”.6 • Por todas estas razones, diversos analistas piensan que, de no ser atendidos por políticas públicas adecuadas, existe el riesgo de que la condición Nini puede hacer de los jóvenes presa fácil de la violencia, las adicciones y el crimen organizado;7 convertirlos en un peligro para la cohesión social y la democracia,8 e incluso en una “bomba de tiempo” para la seguridad del país.9 Tomando en cuenta estas y otras preocupaciones similares, este artículo utiliza los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud de 2010 (ENJ)10 y de otras encuestas recientes para explorar y comprender mejor el fenómeno de los Ninis en el país. Esencialmente, en este artículo nos preguntamos si existe evidencia sólida que apoye en el caso mexicano algunas de las interpretaciones e hipótesis de trabajo arriba enunciadas. Estimamos, en primer lugar, la cuantía actual de los jóvenes Ninis y cómo se compara con otros países; procuramos conocer también su evolución en el tiempo y algunas de las características de los jóvenes que experimentan esa condición. En segundo lugar, exploramos otras interrogantes de indudable interés: ¿Qué pasa con los jóvenes Ninis? ¿A qué se dedican? ¿Qué valor le otorgan estos jóvenes a la educación? ¿Qué expectativas tienen? Finalmente, en tercer lugar, el artículo se propone llamar la atención acerca del imperativo de diseñar e instrumentar políticas públicas (preventivas y correctivas) para hacer frente a este complejo y preocupante fenómeno social. Jóvenes Ninis, un fenómeno mundial Las encuestas y censos permiten cuantificar el número de jóvenes que no estudian ni trabajan.11 Lo hacen interrogando a los jóvenes directamente sobre ambas condiciones. Esta manera de medir el fenómeno, aunque lo simplifica, permite seguir su evolución y comparar su intensidad en diferentes latitudes. Los datos disponibles confirman que efectivamente los llamados Ninis son una realidad mundial que tiene causas, alcances e implicaciones distintas en cada país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) estima que, en los países que la integran, alrededor de 15.2% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad no estudia ni trabaja.12 Esta misma organización precisa que: • Un total de 19 naciones de la ocde tiene un promedio inferior al porcentaje indicado; destacan, entre los más bajos, los casos de Dinamarca (6.6%) y Holanda (7 por ciento). • En contraste, con valores ligeramente superiores al promedio, se ubican Francia (15.6%) y el Reino Unido (15.7%); en una posición más alejada destacan Italia (21.2%), España (22.7%) y México (24.8 por ciento). • A su vez, Israel y Turquía alcanzan los porcentajes más elevados, con 28.7 y 39.6%, respectivamente. Es decir, México ocupa el tercer lugar entre las naciones de la OCDE según la proporción de jóvenes (hombres y mujeres) Ninis. El valor atribuido por la ocde a México es muy similar al que deriva de la ENJ (25.2%). Cuando se incluye a toda la población de 12 a 29 años (y no solo a las personas de entre 15 y 29 años, como ocurre con el estudio de la OCDE), el porcentaje desciende a 21.6%, lo que significa alrededor de 7 millones 820 mil jóvenes (ver Gráfica 1). La tendencia del fenómeno Nini es a la baja La gran mayoría de los jóvenes (casi 8 de cada 10) actualmente estudia y/o trabaja. En consecuencia, no hay una “generación perdida”.13 Más aún, a diferencia de lo que comúnmente se cree, en México hay menos Ninis que en décadas pasadas. De acuerdo con los datos de muy diversas fuentes:14 • En 1960, 59% de los jóvenes sufría la doble exclusión. • Con el avance económico y social de las décadas siguientes, esa proporción descendió hasta uno de cada tres (33.1%) en 1990. • La tendencia a la baja prosiguió en las siguientes dos décadas aun cuando esta se moderó significativamente y alcanzó su mínimo en 2007 (en alrededor de uno de cada cinco jóvenes). • Hay indicios de que este fenómeno se ha elevado dos o tres puntos porcentuales en los últimos tres o cuatro años, debido al impacto de la crisis de 2008-2009 sobre el empleo y el gasto social. La tendencia de largo plazo obedece a mejoras notables en la cobertura educativa en todos los niveles, a la creciente participación de los jóvenes en los mercados laborales y —como veremos más adelante— a cambios favorables en la condición social de las mujeres. Los datos disponibles confirman que los jóvenes de hoy no son menos trabajadores o tienen menor escolaridad que los de generaciones previas. La gran mayoría de las y los jóvenes mexicanos estudia y/o trabaja y lo hace en una proporción significativamente mayor que quienes integraban las generaciones anteriores. Mayor proporción entre las mujeres La disminución de largo plazo en la proporción de jóvenes Ninis se origina en el avance significativo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En 1960 alrededor de 35.4% de los varones no estudiaba ni trabajaba; en contraste, la mayoría de las mujeres (81.4%) se encontraba en esa condición. Tres décadas más tarde, en 1990, su peso disminuyó a 12.4% entre los hombres y a 52.2% entre las mujeres. La tendencia descendente siguió su curso, aunque cada vez más lentamente, hasta alcanzar en ambos casos un mínimo en el cuarto trimestre de 2007. Desde entonces se advierte con diversas fuentes un aparente incremento de dos o tres puntos porcentuales en la proporción representada por los jóvenes Ninis, hasta alcanzar un total de 11.7% entre los hombres y 36% entre las mujeres. Si bien la doble exclusión de las mujeres no es privativa de México, el estudio de la OCDE ubica a nuestro país como uno de los más excluyentes hacia ellas. Lo coloca en el segundo lugar entre las naciones que integran esta organización con mayor proporción de mujeres Ninis, solo superado por Turquía (49.9%). Más alejados se encuentran Israel (25.2%), Italia (17.4%), Nueva Zelanda (16%) y Hungría (15.8 por ciento). En contraste, el mismo estudio advierte que el promedio registrado por los varones mexicanos se asemeja al de la ocde y es inferior al de países como Canadá, Nueva Zelanda, Hungría y Estados Unidos.15 Dicho estudio indica que la gran mayoría de los jóvenes mexicanos está estudiando o trabajando, incluso en mayor proporción que en algunas naciones líderes de la economía global (ver Gráfica 2). La marcada diferencia en la incidencia de este fenómeno por sexo se refleja en el hecho de que, del total de jóvenes Ninis (7 millones 820 mil), alrededor de 5.9 millones son mujeres (75.7% del total) y 1.9 millones son hombres (24.3%). La gran mayoría de las mujeres que no estudian ni trabajan entre 12 y 29 años están unidas (59.1%) y/o tienen hijos (67.2 por ciento). Entre las mujeres, la probabilidad de pertenecer al grupo Nini se incrementa con la edad. Alrededor de 5.3% de las mujeres de entre 12 y 15 años se encontraba en esa condición; dicha probabilidad se triplica (15.7%) entre las jóvenes de 16 a 18 años; se eleva al doble (33.1%) en el grupo 19 a 23 años y sigue su curso ascendente (46%) entre los 24 y 29 años. Este patrón es incluso más marcado entre los varones en las edades más tempranas (10.9% entre los 12 y 15 años y 25.3% entre los 16 y 18 años) y alcanza su máximo en el grupo de 19 a 23 años (33.2%, con una cifra similar a la de las mujeres en esas edades), pero empieza a declinar a partir del grupo de 24 a 29 años (30.6 por ciento). Estas cifras revelan que la existencia de la doble privación está marcada por el acceso desigual a la estructura de oportunidades entre hombres y mujeres. Nadie puede estar satisfecho de esta situación. A pesar de los esfuerzos por reducir la brecha de género, la población femenina sigue teniendo menos opciones educativas y laborales que los varones. De esta manera, para muchas de ellas, el confinamiento doméstico es la única opción, en vez de estudiar, trabajar y vivir el mundo público. La influencia de los eventos de la vida personal Algunos eventos de la vida personal (como la unión o el matrimonio y el embarazo tempranos) suelen obligar a las mujeres a truncar tempranamente sus estudios e influyen poderosamente en su alejamiento de la actividad económica. Así, mientras que dos de cada tres mujeres Ninis (67.2%) de entre 12 y 29 años están unidas, la cifra se reduce a 18.8% entre los varones. Igualmente, 59.2% de las mujeres Ninis tienen hijos, en contraste con solo 12.8% entre los varones. La unión y la reproducción tempranas reflejan la persistencia de patrones culturales que exaltan los roles femeninos de esposa y madre, y actúan como poderosos determinantes de sus trayectorias educativas y laborales. De esta manera: • 60.7 y 75.3% de las mujeres Ninis de 19 a 23 y de 24 a 29 años de edad tienen hijos. Las proporciones descienden hasta 12.7 y 25.2% entre los jóvenes de esas mismas edades. • 63.6% de las mujeres Ninis que no terminaron la educación básica tienen hijos, en contraste con solo 14.4% de los hombres. A su vez, 51.7% de las mujeres Ninis que terminaron algún grado de educación superior se encuentra en esa misma condición, mientras que entre los hombres se reduce a 10 por ciento. La relevancia de las decisiones de la vida personal en la deserción escolar es reconocida por una proporción significativa de las mujeres. Cuando se les pregunta explícitamente las razones por las que dejaron de estudiar, 17.6% se refiere al matrimonio o la unión o bien al nacimiento de un hijo, en contraste con 1.6% entre los hombres. Cuando se interroga a las mujeres que únicamente realizan quehaceres del hogar por qué dejaron de estudiar, la cifra de quienes invocan esos hechos se eleva a casi 25 por ciento. Además de la desigualdad de género y la importancia que cobran los hechos de la vida personal en la configuración de las trayectorias de las jóvenes, los factores vinculados al entorno económico y social también suelen tener una gran importancia. Estos factores, aunados a las diferentes dotaciones de capital escolar, crean una red de privaciones que obstruyen el desarrollo integral de las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la ENJ-2010, una proporción semejante de hombres y mujeres Ninis invocó razones económicas (‘Tenía que trabajar’, ‘No tenía dinero’ y ‘No podía pagar la escuela’) como las determinantes para dejar la escuela. Asimismo, 27.6% de los hombres y 15.6% de las mujeres Ninis identificó como motivo de la deserción escolar la reprobación, el aburrimiento o la indisciplina, factores que se relacionan con un bajo clima educacional de los hogares. A su vez, alrededor de 7.2% de los hombres y 5.5% de las mujeres citaron problemas de acceso a la escuela (‘La escuela me queda lejos’, ‘No me aceptaron en la escuela’, ‘No había escuela’). Los Ninis están presentes en todas las entidades y todos los estratos Los jóvenes Ninis no están confinados en algunos territorios. Radican tanto en las ciudades (60%), como en las localidades mixtas (12 de cada 100) y en las localidades rurales (28 de cada 100). Desde el punto de vista de su distribución por entidad federativa, este fenómeno sigue, en términos generales, las pautas de los asentamientos humanos. El Estado de México —la entidad federativa más poblada— tiene el mayor número de jóvenes Ninis (1 millón 36 mil); la menor cantidad se registra en Baja California Sur, con 37 mil. A su vez, desde el punto de vista de su peso relativo, existen diferencias importantes: la proporción de Ninis en 18 estados es superior al promedio nacional (de 21.6%) y en 14 entidades es menor. Por ejemplo, entre las entidades con los porcentajes más bajos, destacan Tlaxcala (10.7%), Puebla (11.1%) e Hidalgo (12.6%). En contraste, las entidades con las proporciones más altas son Coahuila (31.3%), Guanajuato (29.6%) y San Luis Potosí (29.5 por ciento). Todas estas cifras sugieren que el fenómeno de los Ninis constituye un asunto de la mayor importancia que exige la intervención de todos los órdenes de gobierno y reclama un esfuerzo de coordinación intergubernamental (ver Gráfica 3). El fenómeno de los jóvenes Ninis afecta tanto a las entidades más avanzadas, como a las de menor desarrollo relativo. Por ejemplo, Guerrero, el estado con el índice de marginación más elevado,16 ocupa la posición 6 entre las entidades con mayor proporción de Ninis; a su vez, Chiapas, la segunda entidad en marginación, ocupa la posición 14, y Tlaxcala, la número 16 en marginación, es la entidad con la menor proporción de jóvenes Ninis. En el otro extremo, el Distrito Federal, la entidad con menor marginación, se sitúa en la posición 29 y Nuevo León, la segunda entidad menos marginada, en la posición 7. Finalmente, Coahuila, una de las entidades menos marginadas (la número 29), ocupa la primera posición, con la mayor proporción de jóvenes Ninis. También hay presencia de Ninis en todos los estratos sociales. Sin embargo, los datos reflejan claramente que la probabilidad de ser Nini es significativamente mayor entre los grupos de escasos recursos: 6 de cada 10 jóvenes en condición Nini (4.7 millones) pertenecen a los cuatro primeros deciles de ingreso, uno de cada tres (2.6 millones) a los de ingreso medio (de los deciles V al VIII) y 6.7% (poco más de medio millón) a los de ingreso alto (IX y X deciles). Heterogeneidad y complejidad del fenómeno Nini Conviene señalar que en la medición de los jóvenes que no estudian ni trabajan no hay mayor esfuerzo de conceptualización. En consecuencia, no debe sorprender que el universo de estos jóvenes sea muy heterogéneo y exhiba expresiones muy variadas, unas de corta duración y otras más estables. Entre los jóvenes que sufren esta doble privación, destacan los siguientes: mujeres unidas (con o sin hijos) dedicadas a labores domésticas, jóvenes con discapacidad y personas que están buscando un empleo y no lo encuentran, hasta jóvenes que abandonaron la escuela y no desean trabajar (incluso porque piensan que no lo encontrarán) o bien aquellos que no asisten a la escuela pero estudian en sistemas abiertos y/o a distancia, o reciben capacitación para el trabajo. La información proveniente de la ENJ-2010 indica que 72.1% de las mujeres en la condición de Nini se dedica a quehaceres del hogar, otras buscan empleo (9.8%) o estudian en medios informales (1.5%)17 y algunas más tienen alguna discapacidad o están pensionadas (0.6%). A su vez, entre los varones, 41.1% de los jóvenes Ninis está buscando activamente un empleo,18 9.8% se dedica a los quehaceres del hogar, 3.4% estudia en sistemas abiertos o informales y 2.9% tiene alguna incapacidad o está pensionado. Se puede advertir que la mayor parte de los jóvenes Ninis tiene funcionamientos socialmente útiles. Además, hay un número importante de jóvenes que no realiza ninguna de las actividades antes identificadas (los llamados “otros no activos”). Se trata de alrededor de 16% de las mujeres y 42.7% de los hombres que aparentemente se encuentran en un estado de inactividad absoluta.19 Las causas de dicha inactividad son muy diversas: se dedican a la familia (10%), tiene trabajo eventual (7%), carecen de oportunidades laborales (7.5%) o sus padres los mantienen (56.2%), entre otras. Cabe precisar que en este grupo, dos de cada tres jóvenes desean seguir estudiando. Debido a esta enorme heterogeneidad, algunos analistas sostienen que la definición del universo de jóvenes Ninis pudiera no ser tan útil desde la perspectiva de la instrumentación de políticas públicas. El Consejo Nacional de Población, por ejemplo, señala que el excesivo interés mediático en el conjunto de los jóvenes Ninis ha contribuido a relegar del análisis cuidadoso a “otros fenómenos también preocupantes”, como son “la desocupación juvenil, la precariedad de la actividad laboral entre los jóvenes o la participación temprana de muchas mujeres en la vida doméstica y reproductiva, entre otros”.20 Los jóvenes Ninis no son improductivos, ociosos o indolentes A menudo se piensa que los jóvenes Ninis son improductivos. Sin embargo, como ya se dijo, muchos de ellos realizan funciones y actividades socialmente útiles. En consecuencia, sería incorrecto decir que estos jóvenes son improductivos o están ociosos. Algunas voces han calificado a los jóvenes Ninis como frustrados, perezosos, carentes de proyectos y expectativas.21 La información de la ENJ-2010 sugiere que eso es muy discutible. Destaca, por ejemplo, el alto valor que los jóvenes Ninis confieren a la educación. Alrededor de 74% de los jóvenes Ninis desea continuar estudiando. Entre quienes terminaron o aprobaron algún grado del nivel básico, el porcentaje se sitúa en 62.6 entre los hombres y 70.8 entre las mujeres; se eleva a 77.1 y 80.4 entre quienes poseen el nivel medio superior; y aumenta hasta 78.1 y 84 entre los que cursaron algún año de educación superior. Entre los principales motivos invocados por los jóvenes para seguir estudiando, destacan: ‘obtener un empleo’ y ‘ganar más’ (31.2%), ‘mejorar nivel de vida’ (45.8%) y alcanzar ‘mayores conocimientos’ (20%) y ‘reconocimiento social’ (1.3 por ciento). Sin embargo, muchos jóvenes Ninis enfrentan un entorno familiar y social poco favorable para regresar a estudiar o trabajar. Así, llama la atención que 31.3 y 40.5% de las mujeres y varones Ninis, respectivamente, declara que no puede volver a estudiar porque debe atender “responsabilidades familiares”. Incluso, alrededor de 13.5% de las mujeres Ninis manifiesta no tener tiempo para estudiar (en contraste con 10% entre los hombres). Hay, además, 15% de las mujeres y 35% de los hombres que dicen que no regresarían a las aulas porque no les gusta estudiar, lo que se relaciona con el escaso capital cultural de sus hogares. La condición de Nini no es permanente ni una opción de vida Existe cierta inclinación a considerar que los jóvenes Ninis se encuentran en una condición permanente e inevitable de inactividad o bien a decir que reflejan una forma de vida. Sin embargo, se sabe que alrededor de 58% de los jóvenes Ninis (y 87% de los jóvenes Ninis que están buscando activamente un empleo) tienen experiencia laboral previa. Esto quiere decir que todos estos jóvenes no han permanecido inactivos o desocupados durante su juventud. Más aún, la escasa evidencia disponible sugiere que, para muchos jóvenes, la condición en la que se encuentran es solo transitoria:22 hay una alta movilidad entre estos jóvenes de un grupo a otro (de Nini a estudiar y/o trabajar).23 Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 19.7% de los jóvenes Ninis en el segundo trimestre de 2010 ya se desempeñaban laboralmente en el tercer trimestre de ese mismo año; de la misma forma, 3.5% en ese mismo lapso regresó a estudiar y 0.5% decidió estudiar y trabajar simultáneamente. En contraste, 76.2% de las y los jóvenes Ninis retuvo esa condición entre el segundo y el tercer trimestre de 2010. El capital escolar de los jóvenes Ninis Las distintas cuotas de capital escolar de los jóvenes Ninis configuran situaciones muy diversas para escapar de esa condición. • El grupo de mayor vulnerabilidad lo conforma el 26.6% que no concluyó la educación básica, entre quienes la edad promedio de abandono de la escuela es de 15 años para hombres y mujeres. • Un segundo grupo lo integra el 43.8% de los jóvenes, cuyo logro educativo le permitió concluir la educación básica o bien incursionar en el nivel medio superior sin terminarlo. Para este grupo, la edad promedio al momento de abandonar la escuela se eleva a 18 años entre las mujeres y a 20 años entre los hombres. • El tercer grupo de jóvenes Ninis es el de menor vulnerabilidad y está integrado por alrededor de 29.6% que posee el mayor capital escolar. De este total, 18.6% concluyó el nivel medio superior y 11% aprobó algún grado de educación superior o terminó sus estudios profesionales. En el primer caso, la edad promedio es de 19 años para las mujeres y 20 para los hombres, mientras que en el segundo caso se incrementa a 22 y 26 años, respectivamente. Como se puede advertir, la menor formación de capital escolar entre las mujeres, reflejada en la edad promedio de abandono de la escuela, compromete sus oportunidades de desarrollo personal. El rezago educativo de los jóvenes Ninis se origina en decisiones recientes de abandono escolar o bien de hace uno, dos o hasta tres lustros (según la edad actual). Por ejemplo, entre los jóvenes Ninis que no han concluido la educación básica, 16.8% proviene del grupo de 12 a 15 años de edad (decisiones de abandono escolar en curso); 19% del grupo de 16 a 18 años (decisiones de abandono que en promedio ocurrieron hace menos de un lustro); 26.8% del grupo de 19 a 23 años (decisiones que tuvieron lugar entre uno y casi dos lustros), y 37.3% del grupo de 24 a 29 años de edad (decisiones que se tomaron hace dos o casi tres lustros atrás). Esto implica la necesidad de reforzar las acciones tanto de carácter preventivo, como correctivo en el ámbito educativo (ver la Gráfica 4). El desafío de la inclusión social de los jóvenes Ninis En las últimas décadas el Estado y la sociedad mexicana han intentado encarar el reto que significa el desarrollo y la inclusión social de los jóvenes. Son amplias y diversas las acciones de política pública dirigidas hacia este segmento de la población. Destaca, sin duda, la constante ampliación de las oportunidades en la educación básica, media superior y superior a través del sistema escolarizado,24 y más recientemente de las modalidades abierta y a distancia.25 Igualmente, la expansión de los programas de becas está propiciando mayor acceso y permanencia de los jóvenes en la educación.26 También se han fortalecido las intervenciones públicas para facilitar el tránsito hacia la vida laboral de los jóvenes, tanto a través de becas de capacitación para el trabajo, así como otras acciones que vinculan la oferta y la demanda laboral.27 Sin embargo, estas y otras muchas intervenciones han resultado insuficientes, como se advierte en la enorme cuantía de los jóvenes Ninis. Estado y sociedad deben reconocer la prioridad que representa la atención a los millones de jóvenes que por razones muy diversas no estudian ni trabajan. Desafortunadamente, tanto en México como en otros países es hasta recientemente que se hace visible este problema social y, en consecuencia, resultan aún escasas y un tanto dispersas las acciones expresamente dedicadas a la atención de los jóvenes Ninis en sus diferentes expresiones. Urge, en consecuencia, estructurar políticas integrales para transformar las condiciones de vida de este segmento de la población. Miguel Székely28 señala correctamente que la atención a este numeroso grupo de jóvenes debe adoptar un conjunto articulado de políticas de protección, de ampliación de capacidades y de generación de oportunidades, integradas —en cada caso— por medidas tanto de prevención en las etapas previas del ciclo de vida, como de reacción o correctivas en el presente. Se requiere, en suma, configurar una agenda de políticas, estrategias y acciones en esta materia, complementada además con un conjunto de políticas transversales que, entre otros propósitos, contribuyan a garantizar igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Resulta prioritario consolidar la tendencia histórica a la disminución del número de jóvenes Ninis mediante el fortalecimiento de políticas de protección, priorizando la atención a grupos en situación de vulnerabilidad: en la niñez, con acciones de nutrición y de salud, apoyos alimentarios y escuelas para padres y madres, entre otros; y en la juventud, mediante intervenciones en las áreas de salud, salud sexual y salud reproductiva, programas para evitar el consumo de drogas y alcohol, estrategias de prevención de la violencia —en el hogar, la escuela y la comunidad— y acciones que faciliten la inserción y reinserción social, entre otros. A su vez, las políticas de la ampliación de capacidades están llamadas a jugar un papel crucial en el futuro de los jóvenes que enfrentan la doble exclusión. Estas políticas abarcan intervenciones educativas en la niñez, como son las de ofrecer servicios de educación básica suficientes y de calidad, fomentar la asistencia a la escuela, ampliar las becas y prevenir el abandono escolar a edades tempranas. A su vez, durante la juventud se requiere contar con un conjunto articulado de intervenciones, entre las que destacan las dirigidas a ampliar las oportunidades educativas en los niveles de educación media superior y superior; actualizar de manera permanente los modelos educativos para ofrecer aprendizajes que resulten pertinentes y relevantes para los jóvenes; diversificar la oferta educativa en ambos niveles educativos; fortalecer los incentivos a la permanencia escolar; enfatizar los programas de tutorías y acompañamiento permanente a los jóvenes; atender el rezago educativo; ofrecer programas de educación alternativa o facilitar su reinserción en el sistema educativo, y ampliar los programas tanto de becas para los jóvenes como de incentivos financieros y otros apoyos (como guarderías y estancias infantiles) para mujeres (con hijos o sin hijos) que deseen regresar a la escuela.29 Finalmente, las políticas de generación de oportunidades deben orientarse a generar más y mejores opciones de empleo y autoempleo para los jóvenes; mejorar los sistemas de información y orientación laboral dirigidos a este segmento de la población; impulsar el emprendimiento juvenil y la formación de negocios; apoyar los programas de inserción al primer empleo; fortalecer los programas de orientación y capacitación laboral; incentivar, reconocer y regular las pasantías para adquirir entrenamiento y experiencia, y revisar la legislación laboral para remover las barreras que impiden o desalientan el acceso de los jóvenes a los puestos de trabajo, entre otras intervenciones. Las políticas públicas en la materia deberán dimensionar la envergadura de los desafíos, diseñar e instrumentar acciones y promover su articulación mediante estrategias globales que contribuyan a erosionar la red de privaciones que atrapa a los jóvenes en la doble exclusión de no estudiar ni trabajar. Asimismo, dichas políticas públicas deberán ser sensibles a la enorme heterogeneidad de los jóvenes que no estudian ni trabajan.30 Cualquiera de las intervenciones públicas aquí mencionadas requiere de la inversión de cuantiosos recursos. Sin embargo, “el mayor costo de todos los posibles es no atender el problema, generando riesgos crecientes para el futuro”.31 Por esta razón es tan importante que en el país sean cada vez más amplias las oportunidades para los jóvenes. México es una nación que debe cuidar y procurar a sus jóvenes. Así también será capaz de perfilar su futuro con mayores posibilidades de éxito. _______ 1 Los autores agradecen el apoyo de Carlos Fuentes Villalba en la generación de la información de este artículo. 2 Se utiliza el acrónimo Nini para referirnos tanto a las mujeres como a los hombres de entre 12 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan. 3 En México, por ejemplo, la gran mayoría de los jóvenes que trabaja recibe bajos ingresos y no cuenta con prestaciones: dos de cada tres jóvenes (67.6%) recibe hasta tres salarios mínimos y más de la mitad (56.7%) no cuenta con prestaciones. 4 La frase es de Sabino Bastidas, citada en el artículo “Ninis: ¿Generación sin esperanza?”, www. abcuniversidades.com/Articulos/263/Ninis__generacion_sin_esperanza_.html. 5 Véase Alejandro Schujman, Generación NI NI, Grupo Editorial Lumen, Buenos Aires, 2011. 6 Véase José Luis Barbería, “Generación NI NI: Ni estudia ni trabaja”, El País, 22 de junio de 2009. 7 Algunos analistas han dicho, por ejemplo, que este sector de la población constituye “la bolsa de trabajo del narcotráfico”. 8 Véase, por ejemplo, Miguel Székely, “Jóvenes que ni estudian ni trabajan: Un riesgo para la cohesión social en América Latina”, MIMEO, junio de 2011. 9 Algunos se preguntan: ¿Por qué no protestan los jóvenes Nini? ¿Por qué no toman las calles? Aunque no hay evidencia sólida, se dice que fue decisiva la participación de los jóvenes Nini en las revoluciones árabes de 2010 y 2011. Al respecto, véase José Ignacio Torreblanca, “Revoluciones ni-ni”, El País, 18 de febrero de 2011. 10 La ENJ fue levantada por el Instituto Mexicano de la Juventud del 19 de noviembre al 9 de diciembre de 2010. Consta de 29,787 cuestionarios individuales y es representativa a nivel nacional, estatal y seis zonas metropolitanas. Cuenta también con un cuestionario de hogares y su diseño es probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. 11 Referido al momento del levantamiento de alguna encuesta o durante algún periodo determinado de referencia. 12 OCDE, Education at a Glance 2011. OCDE Indicators, www.oecd.org/publishing/corrigenda. 13 Pablo Peña ha dicho que “este término es melodramático e incorrecto”. Véase al respecto “La generación ‘Nini’… y otros cuentos” en . 14 Para hacer posible la comparación entre muy diferentes fuentes de información, fue necesario acotarla únicamente al grupo de 14 a 29 años de edad. 15 Véase OCDE, Education at a Glance 2011, pp. 345-346. 16 Véase Consejo Nacional de Población, Índices de marginación 2010, México, 2011. 17 Toda vez que las encuestas generalmente se basan en la asistencia (o no) a un centro educativo para determinar la condición de la educación, se suele incluir dentro del fenómeno Nini a los jóvenes que sí estudian pero lo hacen a través de sistemas informales, en las modalidades abierta o a distancia, o bien llevan a cabo capacitación laboral u otro tipo de instrucción mediante sistemas no formales. 18 ¿Es correcta la inclusión —como parte del fenómeno Nini— de los jóvenes que están buscando trabajo y no lo han encontrado? Diversos analistas consideran que, debido al hecho de que destinan activamente sus esfuerzos a conseguir un empleo, no se les puede considerar como inactivos. 19 Se trata, según los datos de la encuesta, de alrededor de 1 millón 750 mil jóvenes conocidos como “otros no activos”. La naturaleza no especializada de la ENJ-2010 en materia laboral probablemente explica que el número de los “otros no activos” sea significativamente mayor que el generado por las encuestas laborales (del orden de 765 mil jóvenes). Respecto a los “otros no activos”, véase CONAPO, “¿A qué se dedican los jóvenes en México? Análisis de la condición de actividad de la población de 14 a 29 años de edad” en La Situación demográfica de México, México, 2011. 20 Al respecto, véase CONAPO, óp. cit., p. 23. 21 La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México indica que 36% de la población entrevistada percibe que los jóvenes NINI se encuentran en esa condición porque así lo desean. 22 Fue el Dr. Jaime Domingo López Buitrón, anterior Subsecretario de Empleo y Política Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien nos compartió hace algunos meses la idea de que, desde el punto de vista laboral, la condición NINI era transitoria en el caso de muchos jóvenes, ya que es común que en un periodo corto de tiempo entren y salgan del mercado de trabajo. 23 Además, existe una gran cantidad de jóvenes que permanecen sin estudiar ni trabajar en periodos específicos del año o en determinados momentos de su entrada al mercado laboral, terminación de estudios, cambio de estado civil y otras coyunturas de tipo familiar y personal. 24 Esas acciones se han visto fortalecidas en particular con el aumento de las oportunidades educativas para las mujeres. Por ejemplo, entre 1990 y 2010 aumentó la proporción de mujeres de 15 a 29 años dedicadas únicamente a estudiar, al pasar de 19 a 30%, lo cual significó un crecimiento —en valores absolutos— de 2.4 a 4.2 millones de mujeres. 25 En este sentido, destaca la reciente creación de la Universidad Abierta y a Distancia de México y de la Preparatoria Abierta en Línea de la SEP, dado que se trata de iniciativas flexibles que podrían contribuir a aumentar el capital escolar de los jóvenes. 26 Una beca puede significar la diferencia entre seguir estudiando o abandonar la escuela. Actualmente se otorgan más de 2.8 millones de becas a jóvenes de educación media superior y superior que benefician a los adolescentes y jóvenes mayores de 15 años. 27 Se han entregado en los últimos cinco años casi 600 mil becas de capacitación para el trabajo y en el sector educativo se atendió directamente a un 1 millón 345 mil alumnos. 28 Véase “Jóvenes que ni estudian ni trabajan: Un riesgo para la cohesión social en América Latina”, mimeo, junio de 2011. 29 Debe considerarse que del total de jóvenes Ninis en México, 2 millones 80 mil jóvenes no concluyeron la educación básica; de ese total, 76% son mujeres. Además, 3 millones 425 mil jóvenes concluyeron la educación básica pero no siguieron estudiando o bien truncaron sus estudios en el nivel siguiente. De nueva cuenta, la gran mayoría son mujeres (77%). Finalmente, 1 millón 930 mil jóvenes concluyeron el nivel medio superior pero no siguieron estudiando o truncaron sus estudios de nivel superior. La gran mayoría son mujeres (73.5 por ciento). 30 Por ejemplo, en los programas orientados a abatir el rezago educativo y ampliar el capital escolar, debe considerarse el predominio de las mujeres unidas con hijos. La omisión de esta característica en el diseño de las intervenciones puede reducir significativamente la eficacia de las intervenciones públicas en la materia. 31 Miguel Székely, óp. cit., p. 16. ___________________________________ RODOLFO TUIRÁN es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. JOSÉ LUIS ÁVILA es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Con toda la barba (98.909)
Mil palabras dicen más, mucho más, que una imagen. El autor de esta nota nos brinda una escena memorable, cinematográfica, que pinta de cuerpo entero al Castro revolucionario en sus tiempos mexicanos, al Castro omnipotente de la Cuba del último medio siglo y al anfibio que pasaba gustoso de las aguas estancadas del protocolo tropical a los aires abiertos del humor involuntario y la broma fácil. En el año de 1986 asistí por tercera ocasión al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebraba en La Habana, Cuba. La recepción en el Palacio de la Revolución sería el miércoles 17 de diciembre, con la presencia siempre incierta, por razones de seguridad, del comandante Fidel Castro. Durante los años que acudí al festival, la asistencia del presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba nunca fue confirmada, pero, al final, siempre llegaba a los eventos. Los representantes de las diversas cinematografías éramos agrupados en el Palacio de la Revolución de acuerdo a un protocolo muy estricto. Se trataba de una suerte de comitivas nacionales que aguardaban mientras Castro las recorría en compañía del funcionario responsable de la industria del cine cubano, a quien correspondía presentarnos con el comandante. Sobra decir que alrededor de Castro se movía un tumulto y eso le daba cierto aire teatral al momento. Nosotros, de pie, esperábamos ansiosos. Después de una larga dilación, el comandante Castro y Pastor Vega, director cubano de cine, llegaron finalmente hasta nosotros. Vega presentó a la delegación mexicana. Castro vestía su tradicional traje verde olivo y botas militares con doble tacón que lo hacían lucir aún más alto. Le dije mi nombre; me pidió que se lo repitiera. Así lo hice y en ese momento inició, sin ninguna prisa, con esa actitud relajada que tienen los políticos cuando saben que son ellos quienes fijan los tiempos de la entrevista, una conversación informal. –Mire, compañero Hernández Torres, quisiera comentarle que guardo un cariño muy especial por el cine mexicano, porque una de las etapas más difíciles de mi vida fue la de los meses previos a la salida por Tuxpan, Veracruz, hacia el inicio de la Revolución Cubana. Recuerdo que lo que me ayudó mucho a subsistir fue mi participación en el cine mexicano como extra en diferentes películas que se rodaban en los estudios Churubusco. Esta invitación la recibía de un hombre al que considero mi hermano mexicano y es Rodolfo Echeverría, que en esa época tenía gran influencia en el sindicato de actores, la anda, y nos daba la oportunidad, a mí y a un grupo de cubanos, de representar esos pequeños papeles y contar con algunos recursos. Eran modestos pero, en ese momento, indispensables para seguir adelante con nuestros planes revolucionarios –contó el comandante. Haciendo gala de su memoria, continuó su relato: –Otro hermano mexicano es Fernando Gutiérrez Barrios, quien desde su cargo en Gobernación nos ayudó a salir de un retén carcelario ubicado en la calle de Miguel Schultz en la colonia San Rafael, donde fuimos a parar un par de veces por falta de documentación migratoria actualizada. Usted, Hernández Torres, ¿los conoce? –me preguntó. Yo empezaba a responder, “Sí, desde luego. Por cierto…”, cuando me interrumpió y siguió contándome de los lugares donde se reunían los revolucionarios cubanos. Me dijo que cuando cobraban sus sueldos como extras comían en Sanborns, y cuando se agotaban los dineros, en una fonda cercana a la anda, o tomaban café en el Café La Habana en las calles de Bucareli. En esta pausada y amena charla estábamos cuando, abriéndose paso entre los funcionarios de Fidel y el equipo de seguridad que lo acompañaba, apareció una mujer de unos 30 años y, casi gritando, llamó la atención de los ahí presentes: “¡Comandante Fidel, comandante Fidel!”. Él volteó y, con una discreta seña a su equipo de seguridad, le permitió el paso hacia donde estábamos. –Dime compañera, ¿en qué puedo ayudarte? –Comandante, soy chilena; desde joven lo he admirado y ahora que en mi pueblo supieron que venía al festival de cine me pidieron hacerle una petición. –Pues dime… –Quisiera pedirle que me regalara un pelo de su barba para colocarlo en la biblioteca de mi pueblo –dijo para asombro de todos, Fidel incluido. Se hizo un silencio total. Los ahí reunidos mirábamos indistintamente los ojos de Fidel, los de la chilena, a los agentes de seguridad y a los funcionarios de cine cubano, que trataron de intervenir. Esos segundos, que parecieron horas, fueron resueltos con una mirada complaciente de Castro y una sonrisa que a todos nos relajó. A esa siguieron algunas risas, hasta que el comandante dijo con voz firme: –Pero con una condición–. Volvieron el silencio y las miradas cruzadas. –¿Cuál condición? –preguntó con voz temblorosa la chilena. –Que seas tú misma la que me la arranque. Ante la sorpresa de los asistentes, el comandante bajó la cabeza. A la mujer le temblaban los dedos. No decidía si ir por una barba del frente o de un costado. Finalmente opto por el frente y jaló rápido y con firmeza una barba cana del comandante. Después, como en cámara lenta, la depositó en el centro de un libro y con devoción de reliquia sagrada cerró el volumen lentamente, tratando de no maltratar la barba. Con los ojos en llanto, apenas atinó a decirle: “Gracias, comandante, gracias por su generosidad. Gracias”. Y caminando siempre hacia atrás para no darle la espalda, se retiró. El comandante volteó nuevamente hacia nuestra delegación y dijo con gran sentido del humor: “Espero que su pueblo sea pequeño y no genere una peregrinación anual a La Habana, no para escucharme sino para dejarme lampiño”. Nos dio la impresión de que el comandante Fidel Castro quería contar más anécdotas de su estancia en México, pero la presión de la delegada del cine soviético lo urgió a seguir el recorrido. __________________________________________ JESÚS HERNÁNDEZ TORRES fue director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Se encargó de crear el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica.

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