Jueves, 06 Agosto 2020
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Venezuela: la potentia asediada
Este País | Armando Chaguceda | 01.12.2012 | 0 Comentarios

La disociación entre la doctrina original y los actos de gobierno del chavismo es cada vez más aguda. El poder acumulado en la figura del mandatario contradice escandalosamente el principio de la soberanía popular. ¿Qué lectura hacen los intelectuales de la realidad venezolana y cómo responden a ella?

No se puede ser cómplice de la dominación
política que es cumplimiento de un ejercicio del poder que, en vez de ser obediente delegado del pueblo, se ha convertido en despótico ejercicio fetichizado del poder.
Dussel (2010: 113)

En los últimos años, Venezuela se ha convertido en un foro de debates intelectuales y luchas políticas, de alcance y resonancia continentales, alrededor de la idea de democracia. El presente ensayo esboza una crítica al chavismo realmente existente y analiza los posicionamientos del mismo en torno a los fenómenos del liderazgo y la democracia, contrastando lo expuesto en diferentes documentos centrales del oficialismo con la evolución política venezolana.

Para ello, tomo como marco interpretativo diversas tesis del filósofo Enrique Dussel —inscritas dentro del paradigma que él identifica como Política de la Liberación—, con el objeto de revelar los déficits democráticos y las contradicciones del discurso chavista con respecto a sus realizaciones. Esta perspectiva abre una ventana para explorar críticamente las acciones del régimen político venezolano desde las claves normativas de la filosofía-política, pero evadiendo, simultáneamente, evaluaciones ajenas a la realidad.

Este primer acercamiento es parte de una reflexión de más amplio aliento y perspectivas, quedesarrollo en permanente diálogo y colaboración con colegas de Venezuela.1

El proceso y sus amigos

El proyecto bolivariano, codificado en la Constitución vigente2 e impulsado por una heterogénea alianza sociopolítica, reunió —alrededor de sus ideas de soberanía, desarrollo y reforma política— a disímiles actores, concepciones y corrientes políticas, para desplegar, de 1999 a 2006, un conjunto de políticas sociales y participativas francamente innovadoras. Sin embargo, debido a diversas dinámicas de lucha y cambio político endógeno, desde 2006 el fenómeno que específicamente identificamos como chavismo3 va cobrando fuerza bajo la idea del “socialismo del siglo xxi” y con el impulso de una nueva Ley Habilitante, la propuesta de reforma constitucional y la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

©iStockphoto.com/Aaltazar

Desde entonces se hacen visibles graves mutaciones en las instituciones del Estado (con la imposición de un modelo centralizado y vertical de participación y administración pública), la gestión económica (con el auge de las estatizaciones) y la esfera pública (hiperideologización, empobrecimiento y polarización del debate y discurso oficiales). Se produce una concentración de poderes en la figura del presidente Hugo Chávez, dentro de una estrategia que tiende a desconocer la normatividad vigente —incluida la propia Constitución—, potenciar la relación directa líder-masa, inducir la confrontación con “el enemigo” (opositores) y propiciar, en toda la línea, tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política (Urdaneta, 2011).

Estos acontecimientos, al parecer, no preocupan a un sector de la academia latinoamericana, que desfila por los cónclaves caraqueños y otorga aval teórico a cada frase del “Comandante Presidente”.4 Ciertamente, existen raigales diferencias entre aquellos que reciben honores por una obra teórica puesta al servicio de la emancipación humana (como el filosofo Franz Hinkelammert) o quienes “acompañan” el proceso sin abandonar las críticas (véase la posición de Noam Chomsky frente al caso de la jueza Afiuni) y los simples propagandistas que operan desde la amplia plataforma mediática construida, dentro y fuera de Venezuela, por el chavismo y sus aliados.5

El caso de Enrique Dussel es peculiar. Agasajado por el Gobierno venezolano con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico (2009),6 el filósofo ha sostenido una posición esencialmente afín al proceso bolivariano. Sin embargo, una lectura atenta de sus intervenciones públicas mostrará más alusiones elogiosas al estilo de liderazgo de Evo Morales y críticas matizadas a los problemas de burocratización y déficit participativos en Venezuela. Lo anterior permite diferenciar a Dussel de quienes peregrinan a la Meca bolivariana ofreciendo halagos desmedidos a Chávez y su proyecto.

Además, el enfoque dusseliano para el análisis político ofrece una interesante panoplia de nociones para el estudio de los procesos sociales. En un texto profusamente impreso y difundido por el Estado venezolano y sus alabarderos ideológicos, el filósofo introduce una noción dual del poder político —útil para superar las visiones sesgadas de la realpolitik y el utopismo— alrededor de las categorías de potentia y potestas. Dussel identifica la primera como poder constituyente, facultad inherente a un pueblo en cuyo seno reside la soberanía y autoridad políticas y que abriga la capacidad instituyente en tanto los ciudadanos establecen una constitución jurídica que ordena la convivencia política dentro de la comunidad. Lo político supone también la potestas, en tanto solo la delegación del ejercicio del poder en medios (instituciones y representantes) torna factible el cumplimiento de los fines determinados por la comunidad (Dussel, 2010: 29- 33).

Dussel resalta la necesidad de correspondencia entre las demandas ciudadanas y las acciones de los representantes, apuntando que una acción política solo deviene hegemónica cuando “[…] logra unificar en una propuesta más global todas las reivindicaciones, o al menos las más urgentes para todos” (Dussel, 2010: 57). Para ello, insiste, los políticos deben ser auténticos servidores de sus comunidades, a través de un poder obediencial y delegado que cumple con ciertas pretensiones de justicia (Dussel, 2010: 40) y corresponde a una eticidad sustantiva del hombre público auténticamente identificado con las aspiraciones del pueblo. Esto solo puede alcanzarse en democracia, comprendiendo como tal un sistema de mediaciones institucionalizadas que permite ejecutar acciones, delegar legítimamente el poder y construir consensos a partir de la participación amplia, razonada y simétrica de los afectados, de toda la comunidad (Dussel, 2010: 87-89).

El liderazgo incuestionado

La praxis de liberación no es solipsista,
efectuada por un sujeto único y genial: el líder […].
Dussel (2010: 128)

En una dirección opuesta a estas aspiraciones dusselianas, hallamos que uno de los rasgos notorios del chavismo consiste en el encumbramiento constante del líder, no solo dentro de la configuración objetiva de las instituciones y procesos políticos sino también en la profusa propaganda y documentos oficiales. Si exploramos, por ejemplo, los Estatutos del psuv, vemos cómo el partido se define como un ente “[…] inspirado en el liderazgo fundamental e ideas revolucionarias del Comandante Hugo Chávez” (art. 3, Documentos, p. 51), mientras que al militante se le orienta a “[…] defender la Patria, la Revolución y su líder y el psuv” (art. 9, Documentos, p. 55). Así, líder, revolución, Estado y patria se fusionan en un mismo cuerpo, al que se debe obediencia incondicional.

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La estructura partidaria revela una enorme centralización alrededor de la figura de Chávez, con un verticalismo en la toma de decisiones que no deja mucho lugar a la deliberación y la participación. El presidente del partido constituye la máxima autoridad ejecutiva y administrativa, con funciones supremas de dirección y control (art. 29, Documentos, p. 68). Él nombra al Buró Político y al vicepresidente, encargado de coordinar la Dirección Política Nacional (art. 26, Documentos, pp. 66-67). Y esta, previa aprobación del presidente, está facultada para crear instancias partidistas comunales (art. 21, Documentos, p. 62). Las posibilidades de combatir “desde el proceso” este poder centralizado son nulas, como revelan los rumbos de varios amigos chavistas, personas leales, decentes y cultas, que hoy se hallan en el exilio de terciopelo de embajadas e instituciones culturales.

Los ejemplos que ilustran esta penosa situación —así como sus impactos políticos, éticos y culturales— son varios. Hace tres años, intelectuales socialistas agrupados en el caraqueño Centro Miranda esbozaron críticas constructivas al liderazgo hipercentralizado de Chávez —identificándolo lúcidamente como una debilidad del proceso—, lo que les valió regaños públicos7 y cierta disminución del apoyo dispensado por el Gobierno a las actividades del centro y su difusión mediática. Las ácidas críticas expresadas por personeros del Gobierno —incluido el propio presidente— fueron una colección de abierto antiintelectualismo, una distorsión de lo allí discutido y, sobre todo, un abandono de los estatutos del partido, que señalan como “[…] válidos para la solución de las diferencias, el diálogo y el debate, rechazando enérgicamente la descalificación, personal o grupal” (art. 38, Documentos, p. 77).

Y es que, programáticamente, el psuv define el centralismo democrático y la dirección colectiva como principios organizativos (art. 4, Documentos, pp. 52-53). Si bien lo segundo pudiera parecer una broma de mal gusto —salvo que creamos que Chávez y el pueblo son una misma cosa, lo cual llevaría la discusión por caminos no académicos, más cercanos a la devoción religiosa—, la defensa del centralismo democrático no es otra cosa que la invocación de lo que el propio Dussel llama un “círculo cuadrado contradictorio” que debe ser superado.8 Por si esto fuera poco, dentro del partido la sanción (máxima) de expulsión es aplicable contra cualquiera que “[…] contravenga públicamente las políticas del Gobierno revolucionario o los lineamientos de la Dirección Política Nacional […]” (art. 36, Documentos, p.72). Al mismo tiempo, a los militantes se les orienta a “abstenerse de dar declaraciones públicas en contra de dirigentes o en contra del partido que puedan servir para debilitar al mismo, al proceso y sus instituciones”, debiendo “aceptar y acatar los lineamientos e instrucciones de las instancias de dirección” y “defender en cualquier escenario, con convicción, argumentos y dignidad, al líder del proceso, a la Revolución y al Partido” (art. 39, Documentos, p. 77-79).

¿No se aleja esta formulación cuasimilitar de la concepción dusseliana que ve el partido como un cuerpo que materializa su ideología en acciones públicas (Dussel, 2010: 50), como “escuela de opinión política, de ideología, de proyectos materiales y de administración con basamentos empíricos”? (Dussel, 2010: 165). ¿Será entonces el psuv “[…] el lugar donde el representante puede regenerar su delegación del poder construido desde abajo”, la estructura donde “el miembro-base […] debe interpelar, increpar, criticar al correligionario representante cuando traiciona los principios o no cumple las promesas”? (Dussel, 2010: 130).

©iStockphoto.com/lushik

Dussel alerta que la delegación del poder originario debe ser continuamente regenerada desde las bases, pues de otro modo enfrenta el riesgo de fetichizarse como un ejercicio autorreferente del poder, que da la espalda y oprime a la propia comunidad política. Cuando esto último sucede, la potentia es des-potenciada y el pueblo se vuelve una masa pasiva que recibe órdenes, mientras una potestas divinizada, separada de su origen, invierte los términos de la ecuación fundadora: deviene acción dominadora y disfruta el placer de ejercer despóticamente el poder sobre la comunidad (Dussel, 2010: 41- 49). Tras 14 años de continuismo presidencial, la realidad venezolana remite a las alertas del filósofo. Así, la tendencia al hiperliderazgo y la centralización políticos dentro del chavismo corresponde con lo expuesto en la sentencia dusseliana que reza: “El que no cumple los principios normativos de la política no solo es un político injusto (subjetivamente), sino que objetivamente debilita y carcome el poder, las acciones y las instituciones a través de las cuales pretende gobernar. El fetichismo del poder es autodestructivo” (Dussel, 2010: 79).

Mito y realidad de la democracia protagónica y revolucionaria9

Víctimas, porque […] se encuentran
en asimetría en la participación,
o simplemente han sido excluidas de la misma.
Dussel (2010: 95)

Al señalar que la comunidad no puede actuar como si fuera un autor colectivo sustantivo y unánime, inmerso de forma permanente en mecanismos de democracia directa (Dussel, 2010: 34), el filósofo insiste en la necesidad de representantes que ejerzan delegadamente el poder, en función de las exigencias de la comunidad (Dussel, 2010: 39). Dussel rescata, de forma lúcida, la necesidad de combinar las instituciones y los procesos representativos y participativos de la democracia. Por ello, concibe la organización como mediación entre la potentia y la potestas (Dussel, 2010: 128) y señala que “la representación, de nuevo, es necesaria pero es ambigua. No por ambigua se le puede eliminar; hay que definirla, reglamentarla, imbuirla de normatividad para que sea útil, eficaz, justa, obediente a la comunidad” (Dussel, 2010: 42).

Frente a esas realidades, el chavismo persiste en combinar una retórica carente de asideros empíricos (la supuesta “sustitución de lo representativo por lo participativo”) y una operación de maquillaje del proceso de concentración de poderes y demolición institucional (vendido como “empoderamiento del pueblo”) en sus floridos documentos. Se habla de una “democracia protagónica revolucionaria” en cuyo seno se debe “[…] formar al pueblo para el ejercicio del poder en las funciones de planificación, elaboración de presupuestos, toma de decisiones, ejecución y control orientados por valores socialistas”, ello en el marco de un proceso de construcción del Poder Popular y Comunal que supondría el “fortalecimiento de los movimientos sociales de base” y “[…] la interacción dialéctica entre las viejas fórmulas organizativas, poco dinámicas y obsoletas, y las nuevas formas organizativas superiores […]” (Documentos, pp. 31-33). En ese tenor, el discurso oficial confunde (por dolo o endeblez teórica) asuntos como la voluntad y soberanía populares —correspondientes a la potentia dusseliana— con el ejercicio necesariamente delegado e institucional de la potestas. Hace una mezcolanza de términos cuando define la democracia participativa como “[…] la soberanía popular, la cual se hace tangible en el ejercicio de la voluntad general […]” y postula: “Dado que la soberanía reside en el pueblo, este puede por sí mismo dirigir el Estado, sin necesidad de delegar su soberanía, tal como en la práctica sucede con la democracia representativa” (Proyecto, p. 14).

Pero lo que puede parecer fruto de un mal diseño institucional o de la incomprensión de un utopista ingenuo, se inscribe dentro de los denodados esfuerzos por relativizar las instituciones, normas y procedimientos del Estado de Derecho. Es en esa dirección que puede interpretarse una frase como esta: “[…] el Estado garantiza los contenidos materiales que exige la realización del bien común: la justicia está por encima del derecho; y las condiciones materiales para garantizar el bienestar de todos, tales como educación, salud y trabajo, están por encima de la simple formalidad de la igualdad ante la ley y el despotismo mercantil” (Proyecto, p. 15). Se abre así la puerta a la sustitución de los mecanismos y conquistas del Estado de derecho por las fórmulas de dominación típicas de aquellos regímenes donde han imperado, sin más contrapeso, los derechos del Estado sobre una masa inerme de ciudadanos convertidos, de facto, en súbditos.

Cuando se habla de “crear canales regulares directos entre el Poder Popular y el resto de los poderes” (Proyecto, p.17), un lector avezado se puede preguntar si acaso la recurrente aprobación de leyes habilitantes con potestad legislativa —“regaladas” al presidente por la bancada chavista de la Asamblea Nacional— no vulnera el principio de que “nadie puede renunciar ni delegar su soberanía porque pierde su libertad y su derecho a una vida digna” (Proyecto, p. 15.). En realidad, el Poder Ejecutivo, con la complicidad de la bancada oficialista que controla la Asamblea Nacional, ha ido imponiendo, de 2008 a la fecha, una serie de decretos que retrotraen los avances en materia de descentralización y enajenan competencias de otros poderes públicos, con la intención de erosionar la base material de los gobiernos regionales opositores y garantizar el control y la lealtad de aquellos dirigidos por cuadros chavistas.

En la plataforma oficial para las elecciones de 2012 nuevamente salen a la luz propuestas de “consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista”, y se apela a “la gestación y desarrollo de nuevas instancias de participación popular”,10 así como a “garantizar la transferencia de competencias en torno a la gestión y administración de lo público desde las instancias institucionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas, organizaciones de base y demás instancias del poder popular […]”, todo ello para lograr, supuestamente, “la consolidación de un sistema de articulación entre las diferentes instancias del poder popular con el fin de trascender la acción local al ámbito de lo regional y nacional […]” (Objetivo 2.3, Propuesta, pp. 22-23). En realidad, esto significa la sustitución de un régimen democrático que permite la representación plural de identidades políticas y preferencias ciudadanas por un esquema piramidal de baja calidad participativa, que incrementaría el control material, político e ideológico del Gobierno nacional no solo sobre los poderes locales, sino también sobre cualquier forma de organización autónoma ciudadana, sea adversaria o aliada. Y es que las figuras de participación local creadas (Consejos Comunales) han perdido progresivamente su capacidad de acoger la pluralidad sociopolítica, a partir de su conversión en instancias partidizadas, movilizativas y clientelares.

Valdría la pena recordar al oficialismo sus propias e incómodas palabras, que expresan la necesidad de “[…] mantener la coherencia entre el discurso sobre la democracia protagónica y revolucionaria, por una parte, y el proceder de todas las instituciones de la sociedad, por la otra; de esa manera, aunado al continuo incentivo de los valores democráticos, se estará garantizando el mantenimiento del poder popular de las venideras generaciones” (Proyecto, p. 16).

Nota final: para una Política (congruente) de la Liberación

En Venezuela, tras la elección presidencial del 7 de octubre y en la antesala de los comicios regionales decembrinos, los escenarios de lucha política siguen preñados de incertidumbre y amenazas. Está por verse si la evolución poselectoral modificará el campo político con el avance irreversible (!) de las tendencias autoritarias, o si se abre un diálogo social que favorezca el ejercicio de los derechos y la autonomía ciudadanos y el pluralismo político. Ante una etapa de creciente complejidad en la nación latinoamericana, es juicioso observar cómo el propio Dussel no logra sustraerse de la tendencia apologética de un sector de la academia latinoamericana. Y es que, al identificar al régimen chavista con un “sistema de participación creciente” (Dussel, 2010: 18), el pensador parece ignorar los notorios rasgos dominadores que alejan a dicho régimen del socialismo democrático proclamado por sus hagiógrafos.

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Sería útil que el filósofo defina una postura frente a quienes, divorciados en la realidad de cualquier agenda emancipadora, invocan su pensamiento pretendiendo justificar políticas que hostilizan y tergiversan el activismo de organizaciones y movimientos sociales comprometidos con una defensa integral y progresista de la asediada democracia venezolana.11 Actores estos últimos que, no es ocioso recordar ahora, tuvieron un papel relevante en la aprobación e impulso de la Constitución y de buena parte de las leyes y políticas vigentes —reconocidas por su impacto redistributivo y empoderador—, así como en el rechazo al ilegal golpe de abril de 2002.

Hay algo que, a estas alturas, deberían comprender quienes defienden la emancipación desde el reino de la abstracción pura: no basta repartir riqueza y condenar al imperialismo si no se respetan, simultáneamente, los derechos de la gente; cuando la potentia es enajenada por el personalismo y se bloquea la participación, plural y creativa, de la comunidad. La historia del siglo xx nos enseñó que las amenazas al poder del pueblo no provienen solo de las gerencias trasnacionales y de sus títeres gubernamentales, sino también de las entronizadas cúpulas “revolucionarias”. Asumir una actitud coherente frente a semejante problema es vital: significa elegir entre la libertad y el despotismo. EstePaís

_____________________

  • Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial núm. 36860, 30 de diciembre de 1999.
  • Dussel, Enrique, 20 tesis de política, Colección Alfredo Maneiro, Serie Pensamiento Social, Fundación Editorial El Perro y la Rana, Caracas, 2010.
  • León, María Elena y Armando Chaguaceda, “Los Consejos Comunales en Venezuela: Entre el gobierno de los hombres y la administración de las cosas” en Gisela Zaremberg (coord.), Redes y jerarquías: Representación, participación y gobernanza local en América Latina, FLACSO México, México, D.F., 2012.
  • “Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la gestión bolivariana socialista 2013-2019”, en .
  • “Proyecto Nacional Simón Bolívar para el Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013” en http://www.cendit.gob.ve/uploaded/pdf/Proyecto_Nacional_Simon_Bolivar.pdf.
  • Partido Socialista Unido de Venezuela, Documentos fundamentales: Libro rojo, Caracas, 2010, en http://www.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf.
  • Urdaneta, Argenis, Constitución de 1999 y régimen político: A 10 años de dificultosa vigencia”, en Jesús M. Casals (coord.), Defender la Constitución, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011.
  • Uzcategui, Rafael, Venezuela, la revolución como espectáculo: Una crítica anarquista al gobierno bolivariano, El Libertario / Editorial La Cucaracha Ilustrada / La Malatesta Editorial / Tierra de Fuego / Libros de Anarres, Caracas-Madrid-Tenerife-Buenos Aires, 2010.

1 Colegas de diversas miradas disciplinares y políticas entre los que destacan el politólogo Edgar Córdova Jaimes, las juristas Flor Ávila y María Elena León y los historiadores Juan Romero y Margarita López Maya.
2 El oficialismo presenta la Constitución como un documento donde “está contenido el proyecto de cambio” (Documentos, p.12) aunque en sus actos (aprobación de decretos presidenciales, eliminación de competencias y estructuras de otros poderes públicos y ciudadanos, etcétera) la viole flagrantemente.
3 El chavismo reconoce la existencia de dos fases del proceso, una enfocada en la inclusión social y otra que prioriza cambios estructurales para construir el socialismo (Documentos, pp. 28-29).
4 La intelectualidad afín al chavismo reúne a supervivientes de viejas generaciones (Theotonio dos Santos, Marta Harnecker) con nuevos rostros (Michel Albert, Eva Golinger), reunidos bajo las banderas del antiimperialismo, el progresismo y la defensa de lo “nacional-popular”. Para una crítica ver Uzcátegui (2010).
5 La carta de Chomsky puede leerse en http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/21/chomsky-chavez-free-judge-letter. Puede accederse a las plataformas de grupos internacionales en http://www.manosfueradevenezuela.org/ y http://www.manosfueradevenezuela.net/.
6 Ver http://www.correodelorinoco.gob.ve/comunicacion-cultura/presidente-chavez-entrega-quinta-edicion-premio-libertador-al-pensamiento-critico/.
7 Ver http://www.dailymotion.com/video/x9l3o7_chavez-responde-a-intelectuales-de_news.
8 Toda vez que “en lo oscurito (lo no-público) de la élite en el poder burgués, del Departamento de Estado o del Comité Central, nunca podrán alcanzarse acuerdos legítimos, democráticos” (Dussel, 2010: 90).
9 Esta temática ha sido desarrollada recientemente en un artículo que analiza el Poder Comunal como espacio de dominación política y administración pública (León y Chaguaceda, 2012).
10 Según el plan se crearán 23 mil 703 comités centrales hasta 2019; se sumarán a los ya existentes para alcanzar la cobertura de toda la población (Propuesta, 2012: 23-24).
11 Organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea, colectivos vinculados al cooperativismo autónomo, el movimiento ambientalista, las comunidades indígenas y el sindicalismo progresista, entre otros.

ARMANDO CHAGUACEDA es politólogo e historiador de la Universidad Veracruzana. Coordinador de grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y miembro de su Observatorio Social, se especializa en temas de sociología, teoría política e historia contemporánea latinoamericana.

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