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La paradoja autoritaria de la democracia
Este País | Héctor Calleros Rodríguez | 01.09.2013 | 2 Comentarios

En 1979, Michel Foucault afirmó que el Estado tiene una fuerza de expansión indefinida, “un imperialismo endógeno que lo empuja sin cesar a ganar en superficie, en extensión, en profundidad, en detalle, a tal punto y tan bien que llegaría a hacerse cargo por completo […]” de la sociedad civil (2012: 219). La cita es relevante si uno piensa en las acciones que el Reino Unido (RU) ha realizado para “dominar internet” y buscar espiar a todo el mundo, todo el tiempo. Estados Unidos (EU) ha pagado por lo menos dos billones de pesos para que los británicos hagan labores de espionaje electrónico (The Guardian, 1 de agosto de 2013).

Las delaciones de un joven angloestadounidense (Edward Snowden), publicadas por los periódicos The Guardian y The Washington Post, nos han puesto al tanto del programa de espionaje electrónico de EU (Prism) y de su gemelo británico, Project Tempora Surveillance Operation (Tempora).

Estos programas muestran el profundo nivel de cooperación entre la Central de Comunicaciones del Gobierno británico (Government Communications Headquarters o GCHQ) —que es la principal agencia de inteligencia de ese país— y su equivalente estadounidense, la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency o NSA). Para desesperanza de la sociedad alemana, espiada en el siglo XX por la Gestapo y la Stasi, también se está documentando el interés de su Gobierno en “fortalecer y expandir” la cooperación con eu en materia de vigilancia electrónica y defensa (Spiegel Online, 22 de julio de 2013). El espionaje electrónico solo es posible con la cooperación de las compañías de telecomunicaciones.

Naturalmente, ha habido críticas por la secrecía y por la falta de rendición de cuentas, de escrutinio público y de controles legales en el proceso de recolección de datos de inteligencia. En el Parlamento británico, el diputado David Davis (The Guardian, 25 de junio de 2013) ha dicho que las agencias de inteligencia están sujetas a la ley pero solo en la teoría, porque en la práctica se conducen bajo una infraestructura institucional secreta (tribunales, audiencias y sanciones a los medios publiquen noticias sobre estos temas). Una de las preocupaciones de este diputado es que programas como Prism y Tempora espían por igual las comunicaciones de los británicos que las de los ciudadanos iraníes, norcoreanos, sirios o incluso mexicanos.

Este monitoreo indiscriminado es siniestro porque pone en marcha una redefinición progresiva y negativa de la libertad. Como justificación, el secretario de Relaciones Exteriores británico, William Hague, ha dicho que mientras algunos países recaban inteligencia para controlar sus poblaciones, el Gobierno británico la utiliza para proteger las libertades públicas (The Guardian, 26 de junio de 2013); también ha advertido que “si usted es un ciudadano que respeta la ley, que se ocupa de sus asuntos y de su vida personal, no tiene nada que temer” (The Guardian 09 de junio de 2013). Con estas declaraciones, el secretario nos recuerda que en una democracia difícilmente se reconocerá la existencia de prácticas represivas; por el contrario, siempre se reafirmará la vigencia del Estado de derecho y la preservación de la libertad. Más importante es el hecho de que, en sus declaraciones, este hombre enuncie las dos proposiciones sobre las cuales descansa la paradoja autoritaria de la democracia: “El espionaje es necesario para proteger la libertad” y “El que nada debe, nada teme”. La paradoja, entonces, se refiere a las amenazas contra la libertad y sugiere que estas provienen, precisamente, de las acciones ejecutadas para su preservación.

En este punto, la experiencia de la población británica, expuesta a diferentes formas de vigilancia y monitoreo, es indicativa. Por ejemplo, Liberty (2013), una organización pro derechos humanos, considera que los servicios de seguridad y GCHQ pudieron haber tenido acceso ilegal a sus comunicaciones electrónicas —y a las de su personal—, por lo que ha demandado a los servicios de inteligencia británicos por violaciones a los derechos humanos.

Algunas comunidades saben mejor que otras lo que es vivir bajo vigilancia. En el marco de la prevención del terrorismo, muchos ciudadanos británicos han descubierto que profesar la fe musulmana los coloca del lado de las víctimas, ya sea individuales o colectivas, de la vigilancia y monitoreo del Estado y la policía. Esta es la experiencia de los residentes de los barrios de Washwood Heath y Sparkbrook, en la ciudad de Birmingham. En 2010, la policía antiterrorismo instaló unas 200 cámaras de tráfico (Project Champion) para captar el uso que hacen los residentes de sus vehículos. El proyecto fue autorizado por el Gobierno británico (Home Office) y la agencia de inteligencia estatal (MI5); además, contó con la participación de la policía (West Midlands Police). Se hizo creer que el objetivo del proyecto era atacar el crimen y el hooliganismo (Thornton 2010 y Akthar 20 de junio de 2010) y se omitió informar a las autoridades municipales que las cámaras habían sido pagadas con fondos para combatir el extremismo político-religioso (“terrorism and allied matters” fund). Se trató, así, de un intento por vigilar a ciudadanos musulmanes mediante engaños y mentiras. Sin embargo, al percatarse del objetivo del proyecto, una organización pro derechos humanos (Liberty) y los residentes afectados se movilizaron y advirtieron a la policía que la llevarían a juicio por violación de derechos humanos. El programa fue finalmente cancelado y la policía tuvo que disculparse tras reconocer que no había encontrado el “balance entre contraterrorismo y excesiva intrusión” policial (Mail Online 1 de octubre de 2010). Este caso ilustra cómo la prevención del terrorismo puede llevar a victimizar a comunidades enteras de ciudadanos por motivos de identidad religiosa. En efecto, el monitoreo de la libertad no solo atenta contra los derechos humanos sino que también parece que reproduce prejuicios sociales.

La protesta social también ha estado bajo vigilancia y monitoreo. Recientemente se dio a conocer la participación activa de un policía encubierto en la redacción del libelo que desató uno de los juicios por difamación más emblemáticos del RU: el McLibel (Nicholson 2000). Se ha documentado que entre 1985 y 1989 Scotland Yard infiltró a un policía en una organización ambientalista (London Greenpeace). El corazón del juicio entre McDonald’s, el gigante de las hamburguesas, y dos activistas era un folleto de seis páginas en el que se acusaba a la multinacional de destruir el ambiente, explotar a sus trabajadores y vender comida chatarra. No fue una sorpresa que los ambientalistas hayan sido aplastados en los tribunales. En 1997, un juez les ordenó pagar 60 mil libras esterlinas en daños —dinero que la empresa no recogió. Pero el 15 de febrero de 2005 la Corte Europea de Derechos Humanos dictó sentencia a favor de los activistas (Steel & Morris vs. el Reino Unido); la Corte estableció que a las dos personas que resultaron culpables en el caso McLibel se les había negado un juicio justo, violando el artículo 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. También estableció que la conducta de los activistas (protesta) debió haber sido protegida (derecho a la libertad de expresión). Lo que ahora está en discusión, a partir de las revelaciones de dos periodistas (Lewis y Evans 2013), es la participación de los policías infiltrados en la redacción del libelo contra McDonald’s.

Si el espionaje es un arma para preservar la libertad, y la policía su brazo ejecutor, entonces resulta desconcertante que la propia policía utilice esta arma en contra de sus críticos. Un caso profundamente significativo es el del asesinato, en un ataque de motivos raciales, del joven Stephen Lawrence, en Londres, en 1993. Las irregularidades cometidas por Scotland Yard en la investigación condujeron a una pesquisa del Gobierno sobre la actuación de la policía; una de las consecuencias más importantes fue que dicha corporación fuera calificada como “institucionalmente racista” (Macpherson 1999 y Home Affairs Committee 2009). La evidencia publicada en junio de 2013 (The Guardian y BBC) documenta no solo los intentos de la policía de desprestigiar a sus críticos sino —lo que es más preocupante— los intentos de intimidar a testigos clave en juicios contra la policía. Esta evidencia también da cuenta de cómo la policía espió a la familia de Stephen con la intención de encontrar “algo” que la ayudara a desacreditar la campaña que los Lawrence organizaban para denunciar la corrupción y el racismo dominantes en Scotland Yard.

Conclusiones

La paradoja autoritaria de la democracia implica la expansión del Estado sobre las libertades públicas —con ayuda de la tecnología y las comunicaciones digitales—, pero a costa de criminalizar y estigmatizar a segmentos sociales que se distinguen por su religión, sus opiniones y su color de piel. Claramente, el caso británico sugiere dos reflexiones: una para saber si la democracia está gobernando demasiado —fuera del escrutinio público y sin rendición de cuentas— y la otra para definir cómo se puede responder a los excesos que atentan contra un derecho humano, como lo es el derecho a la privacidad. 

Akthar, Anwar, 2010, “A Muslim Community, Scrutinized”, en The Guardian, 20 de junio, RU <www.guardian.co.uk>.

BBC, 2013, del 24 al 25 de junio, RU, <www.bbc.co.uk>.

Daily Mail Online, 2010, 1 de octubre, RU <www.dailymail.co.uk>.

Davis, David, 2013, “Don’t Expect James Bond to Act Like Mother Teresa”, en The Guardian, 25 de junio, RU <www.guardian.co.uk>.

Foucault, Michel, 2012, Nacimiento de la biopolítica, FCE, México.

Home Affairs Committee, 2009, The Macpherson Report, RU, House of Commons.

Lewis, Paul y Rob Evans, 2013, Undercover. The True Story of Britain’s Secret Police, RU, Faber & Faber.

Liberty, 2013, Press Release: “Liberty Issues Claim Against British Intelligence Services over Prism and Tempora Privacy Scandal”, 25 de junio, RU <www.liberty-human-rights.org.uk>.

—–, 2010, Press Release: “Chief Constable Slams Birmingham Surveillance Scheme”, 30 de septiembre, RU <www.liberty-human-rights.org.uk>.

Macpherson, William, 1999, The Stephen Lawrence Inquiry: Report of an Inquiry, RU, Home Secretary.

Nicholson, Marlene, 2000, “McLibel: A Case Study in English Defamation Law”, en Wisconsin International Law Journal, 18.

The Guardian, 2013, “The NSA Files”, del 1 de junio a 3 de agosto, RU, <www.guardian.co.uk/world/the-nsa-files>.

Thornton, Sara, 2010, Project Champion Review, RU, Thames Valley Police, <www.statewatch.org>.

Spiegel Online, 2013, del 24 de junio a 3 de agosto, Alemania <www.spiegel.de>.

_________

HÉCTOR CALLEROS RODRÍGUEZ es doctor en estudios políticos y especialista en estudios legislativos. Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, sus investigaciones se centran en temas de derechos humanos, proceso político y conflicto social <[email protected]>.

2 Respuestas para “La paradoja autoritaria de la democracia
  1. Juan Salgado dice:

    Excelente reflexión. Felicidades. No los veo entre las referencias, pero el texto tiene muchas coincidencias con Pierre Rosanvallon, Guy Hérmet y la escuela de ciencia política francesa que critica los límites de la democracia.

  2. Javier dice:

    esto va de mal en peor con el nuevo iphone… http://9gag.com/gag/aeNbEWp?ref=fbp

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