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Legislación laboral e informalidad
Este País | Patricia Martínez Cranss | 01.07.2013 | 0 Comentarios

Entre las variadas circunstancias que motivaron la realización de una reforma laboral, están los altos índices de informalidad. Al menos en el papel, la nueva legislación busca abatir esos índices y dar mayor seguridad a los trabajadores. El siguiente artículo explica el espíritu de la reforma.

©iStockphoto.com/bldlss

El concepto de informalidad amalgama una variedad de fenómenos relacionados con la ocupación de personas en actividades económicas, como el autoempleo o empleo por cuenta propia, el subempleo, el ambulantaje, la actividad empresarial no registrada en los sistemas contributivos, la ocupación de subsistencia en el sector agrícola, la ocupación de trabajadores familiares no remunerados y el trabajo doméstico, entre otros.

En 2002, la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el Trabajo Decente y la Economía Informal adoptó una serie de resoluciones respecto a estos temas. En las conclusiones de dicha conferencia se destacan las características más comunes del trabajo en la economía informal, al que se describe como aquel que “se realiza en espacios de trabajo reducidos o poco definidos, bajo condiciones insalubres o inseguras, con escasas habilidades y bajos niveles de productividad, con ingresos insuficientes o irregulares, extendidas jornadas de trabajo y carencia de acceso a información, financiamiento, capacitación y tecnologías”. En las conclusiones de la conferencia se destacaba también que “los trabajadores en la economía formal no están reconocidos, registrados o protegidos por la legislación laboral y la protección social”.1

De esta manera, el común denominador de todas estas expresiones con causas muy diversas lo constituye la ausencia de protección social o de seguridad social vinculada al trabajo, lo que implica una condición de vulnerabilidad para quienes laboran en ese ámbito, en ausencia de la protección de las leyes laborales y por ende sin acceso a prestaciones de seguridad social.

En ese contexto, la definición y medición apropiada de la informalidad es en buena medida parte de la solución; en este sentido, México dio recientemente un paso importante, en dos vías, para atajar el problema de la informalidad.

En primer lugar, el fenómeno de la informalidad se mide ahora con mayor precisión. Hasta hace muy poco tiempo, la medición oficial de la informalidad consideraba como ocupadas en el sector informal solo a aquellas personas que laboraban en establecimientos, mayoritariamente micronegocios, que no llevaban registros contables o que no estuvieran registrados ante la autoridad fiscal. Bajo esa definición, hasta hace menos de un año, la contabilidad oficial registraba 14 millones de trabajadores en la informalidad, es decir 29% del total de la población ocupada.

No obstante, con la finalidad de adecuar la medición de la informalidad a los criterios internacionales, en México hoy se mide la informalidad de manera más precisa y más completa, considerando como trabajadores informales a todas aquellas personas que, desempeñando una actividad económica, no cuentan con acceso a la seguridad social. Bajo ese enfoque, son 28.2 millones los ocupados en esa condición, y representan 59% de la población económicamente activa (PEA).

Además de reconocer que el problema de la informalidad es de una magnitud mayor a la que se consideraba anteriormente, el otro paso importante que México ya dio para avanzar en la mejor comprensión y la solución de la informalidad es mejorar su marco jurídico en materia laboral, a través de importantes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El artículo 123 constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley”. En consonancia con el precepto constitucional, una modificación muy notable a nuestra legislación laboral a partir del primero de diciembre pasado —fecha en que entraron en vigor las modificaciones a la LFT— es la incorporación en la ley de la categoría jurídica de “trabajo digno”, que en sí mismo refuerza el espíritu tutelar de nuestro derecho laboral, para garantizar derechos elementales de los que todo trabajador debe gozar en cualquier relación de trabajo y que claramente apuntan a una condición de formalidad en el trabajo.

De esta manera, el artículo segundo de la lft establece una definición de trabajo decente que integra las condiciones mínimas que toda relación de trabajo debe reunir:

Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad, con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Incorpora la protección de la igualdad sustantiva de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. Con ello, se promueve el respeto a la dignidad humana del trabajador, garantizando derechos tales como la seguridad social, un salario remunerador y la capacitación continua.
Por otro lado, uno de los principales objetivos que se buscan a través de las modificaciones a la LFT es procurar el acceso al empleo formal para más personas, especialmente jóvenes y mujeres. En México, aproximadamente la mitad de todas las personas desocupadas y una tercera parte de los trabajadores informales son jóvenes. Por ello, la ley recientemente reformada incorpora nuevas modalidades de contratación que facilitan la vinculación de los jóvenes a empleos formales, tales como los contratos a prueba o de temporada, con capacitación obligatoria, y el teletrabajo o trabajo a domicilio, así como una adecuada regulación de la subcontratación.

Si bien muchas de estas figuras ya se daban en la práctica cotidiana en el mercado de trabajo, en su mayoría ocurrían en la informalidad, sin contratos escritos y sin acceso a la seguridad social. Lo que se busca hoy es evitar el incumplimiento de las obligaciones patronales y asegurar que todas las relaciones laborales se den dentro de la formalidad.
Por último, otro elemento importante del nuevo marco legal es el fortalecimiento de las facultades de inspección a cargo de la autoridad laboral, para vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo y el incremento en el monto de las multas por el incumplimiento de dichas normas, a fin de disuadir conductas que violen los derechos laborales, por ejemplo al pasar las multas de 300 veces el salario mínimo general a 5 mil con las nuevas disposiciones legales.

En cuanto a los impactos sobre el empleo formal de estas y otras medidas consideradas en la LFT, el Banco de México2 ha estimado que tendrán un importante efecto positivo en la reducción de las barreras para el ingreso al empleo formal así como un efecto de tránsito de la informalidad a la formalidad que se traducirá también en un aumento de la productividad laboral.

Si bien este es un importante punto de partida, la condición esencial para abatir la informalidad es que la economía sea capaz de generar empleos formales a tasas constantes y suficientes en relación al crecimiento de la PEA, para lo cual se requiere inversión, capital humano con las habilidades y competencias que demanda el sector productivo, así como un marco fiscal y regulatorio que facilite el establecimiento de empresas formales.

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Entre los factores que explican la prevalencia de un sector informal de tal magnitud en México destacan, por un lado, el crecimiento demográfico, que implica que cada año un número creciente de mexicanos —en especial jóvenes en edad de trabajar— se incorpora a la búsqueda de empleo y, por otro, el insuficiente crecimiento de la economía, que se ha traducido en la generación de un número de empleos formales menor del que se requiere para satisfacer la demanda.

En los últimos 17 años, la PEA de México se ha incrementado en cerca de 14.5 millones de personas, al pasar de 35.1 a 50.6 millones, mientras que el crecimiento promedio de la economía ha sido de tan solo 2.4% en los últimos 30 años, con lo que la generación anual promedio de empleos asegurados ha sido menor a 400 mil.

El déficit de empleos formales que presenta nuestra economía, por ende, ha sido cubierto con empleos informales, lo que ha tenido impactos negativos en las finanzas públicas (baja recaudación fiscal y nula cotización en las instituciones de seguridad social) y, lo que resulta especialmente preocupante, ha ahondado las desigualdades sociales para quienes se ocupan en la informalidad, en torno a la falta de acceso a derechos y satisfactores básicos como un ingreso digno, servicios médicos, crédito para la vivienda y ahorro para el retiro.
Por ello, para hacer realidad el trabajo decente y el crecimiento del empleo formal para los miles de jóvenes y mujeres que se incorporan anualmente al mercado de trabajo en México, es necesario que la economía crezca y genere empleos.

En ese sentido, uno de los más importantes ejes rectores de esta administración es el impulso de la productividad. Solo incrementando la productividad de todos los factores de la economía, México será capaz de incrementar su potencial de crecimiento económico y por tanto la generación de más empleos formales con prestaciones y seguridad social.

En la informalidad, factores ya señalados como la falta de acceso a capital, financiamiento, tecnología, capacitación, maquinaria y equipo; la baja escolaridad; condiciones de trabajo inseguras o insalubres, y precarios niveles de remuneración —hasta 40% menores que en la formalidad— resultan en actividades de escasa productividad y limitado valor agregado.

De hecho, los microestablecimientos (de uno a cinco trabajadores) son la principal fuente de ocupación informal; abarcan más de tres cuartas partes del total de esta población y contribuyen con tan solo 9% del valor agregado producido, de acuerdo con los censos económicos de 2009.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que la productividad de las empresas informales es 45% más baja que la que se observa en el sector formal. Por ello, esta administración está dando importantes pasos en el impulso a la productividad, como la reciente instalación del Comité Nacional de Productividad, órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal en el que participan los sectores productivos, la academia y el Gobierno, y que tendrá entre sus objetivos delinear propuestas y programas para elevar la productividad de las empresas y de los factores que concurren al proceso productivo.

La LFT señala que la capacitación que por ley reciban los trabajadores tendrá como uno de sus principales propósitos elevar el nivel de vida de los trabajadores así como su productividad. Asimismo, se prevé que trabajadores y patrones podrán acordar fórmulas para medir e incrementar la productividad y distribuir equitativamente los beneficios que de ello se deriven.

El círculo virtuoso capacitación-productividad-distribución de beneficios y, consecuentemente, mayores niveles de ingreso para los trabajadores, es sin duda una fórmula exitosa para hacer que tanto patrones como trabajadores que se encuentren en la informalidad perciban claramente los beneficios que la formalidad conlleva, al elevar la productividad, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y asegurar el acceso a prestaciones, como servicios médicos y ahorro para el retiro.

Un México incluyente y próspero no se puede entender si 6 de cada 10 trabajadores están excluidos de los derechos que la ley otorga. No hay mayor injusticia que privar a los trabajadores del goce de sus derechos laborales. Solo a través de centros de trabajo formales y productivos, el potencial y la fortaleza de nuestra economía pueden reflejarse en los bolsillos de los trabajadores y repercutir en una mejora en la calidad de vida de sus familias.

Bajo esa premisa, el pasado primero de mayo, el presidente de la República delineó los cuatro ejes fundamentales que guiarán la política laboral de esta administración: (1) impulsar la creación de empleos formales de calidad, (2) democratizar la productividad, (3) salvaguardar los derechos de los trabajadores y (4) conservar la paz laboral.

En ese sentido, el Gobierno de la República, a través de la coordinación intersecretarial y la colaboración con las entidades federativas, estará impulsando acciones encaminadas a promover en todo el país la formalización del empleo con la participación de organizaciones empresariales y de trabajadores, a través de una campaña orientada a observar el cumplimiento de la legislación laboral y a promover los beneficios de la afiliación a las instituciones de seguridad social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social estará realizando sus tareas de inspección para vigilar el cumplimiento de la normatividad; asimismo, continuará apoyando a las personas que buscan un empleo formal, con programas de capacitación para el trabajo y de vinculación laboral, para canalizarlos a empleos formales y evitar que caigan en la informalidad.

En el mediano plazo, sin embargo, se requieren otras medidas estructurales, contempladas ya en el Pacto por México, que desde el inicio de la administración han suscrito el Gobierno federal y las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, entre ellas las de avanzar hacia la constitución de un sistema de seguridad social universal que garantice el acceso a un piso de protección social a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, y establecer un seguro de desempleo —como elemento indispensable de esa protección social, para hacer frente a la pérdida involuntaria del empleo y evitar así que los trabajadores formales pasen a la informalidad. Estos, sin duda, serán elementos que permitan a México transitar más rápidamente a una economía con mayores tasas de trabajo formal y menores niveles de informalidad.

Una sociedad moderna reconoce y protege los derechos laborales individuales y colectivos, que son producto de décadas de lucha de la clase trabajadora.

Para hacer realidad el México incluyente y el México próspero al que aspiramos, nadie puede quedar al margen del empleo digno lo cual, por supuesto, implica garantizar para todos los mexicanos las mismas oportunidades de acceso a oportunidades de trabajo decente. Solo con empleos bien remunerados, productivos y con todos los derechos que la ley señala, México podrá alcanzar su máximo potencial y, con ello, hacer del empleo el motor de nuestro desarrollo y de una economía más justa que se refleje en el bienestar y en la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias.

______________

1 “Report of the Tripartite Interregional Symposium on The Informal Economy: Enabling Transition to Formalization”, Ginebra, 27-29 de noviembre, de 2007.
2 Banco de México, “Informe sobre la inflación, octubre-diciembre de 2012”.

PATRICIA MARTÍNEZ CRANSS es subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

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