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El neocentralismo: la compra de poder a cambio de promesas de seguridad
El Federalismo A Prueba | Este País | Pedro Gerson | 03.11.2014 | 1 Comentario

©iStockphoto.com/© Anatoliy Babiy

Ningún problema evidencia mejor las deficiencias de nuestro federalismo, al menos en el plano operativo, que el de la inseguridad. La presente administración aplica la máxima según la cual, en situaciones de crimen y violencia, es menester concentrar la fuerza en un solo mando, para que la acción sea una, más ágil y más firme. ¿Tiene esto sentido?

Los países federales viven una constante tensión entre la libertad o autonomía que tienen los estados y el deseo de hacer más eficiente el control del país a través de una autoridad central con más facultades. Cómo balancear estos dos intereses es parte de la historia política no solo de México, sino también de cualquier país que hoy tenga un Gobierno federal (aproximadamente 100 países en el mundo1). En México, con la salida del PRI en el 2000, y de hecho desde la presidencia de Ernesto Zedillo, el péndulo se empezó a mover hacia la autonomía estatal. Es claro que no se ha llegado a un arreglo plenamente federal, como en Alemania o Canadá, pero hubo un cambio hacia la emancipación de los estados. Sin embargo, la crisis de seguridad que vive el país ha puesto en tela de juicio la viabilidad y funcionalidad de nuestro sistema federal de gobierno.

El principal argumento para otorgarle mayor poder al Gobierno federal es que tener un Gobierno con más facultades facilita la lucha contra el crimen organizado. Se dice que es mejor desarrollar e implementar una estrategia desde el centro, ya que esto impide problemas de coordinación que puedan existir entre gobiernos. De esta manera, las medidas de seguridad se volverían más claras y estarían mejor coordinadas —dos grandes requisitos de cualquier política de seguridad. Otra razón es que la intervención de varios niveles de gobierno crearía más oportunidades para que el crimen organizado infiltre a las autoridades. Si solo hay una autoridad real, es más fácil aislarla de la corrupción.

Otro de los problemas con la estructura federalista es que la existencia de múltiples gobiernos de distintos partidos permite que la responsabilidad de cada uno se diluya. Esto se ve en momentos de crisis donde, en un juego de incentivos perversos, es mejor que los dirigentes se deslinden de sus responsabilidades para así no perder votos a la hora de las elecciones. Por ejemplo, en entrevista con Carmen Aristegui, el dirigente del PRD, Carlos Navarrete, reclamó al Gobierno federal que no había respondido como debía a la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero (estado que es gobernado por el PRD). Criticó al Gobierno del presidente Peña Nieto por el trato diferencial al Estado de México, al cual, cuando entra en crisis, “le mandan policía, le mandan Gendarmería, los casos los atrae [la] PGR y todo tranquilo”.2 La crítica intergubernamental no es exclusiva de esta crisis y, aunque no sea una constante como lo fue durante la presidencia de Felipe Calderón,3 aún se practica. La explicación de esto es clara: la permanencia del PRD al mando de Guerrero depende en gran medida de qué tanto de lo sucedido en Iguala y de la violencia en el estado en general se le pueda achacar al Gobierno federal. Los gobiernos estatales, gracias a su ineficiencia y proclividad a convertir sus problemas en temas federales, han fomentado el neocentralismo. Si ellos no se encargan, que mejor lo haga el Gobierno federal, que mínimo sí responde.

Los argumentos a favor de la centralización datan de Montesquieu, quien decía que en una república grande y dispersa, la idea de tener diferentes autonomías era imposible.4 En México ha habido varios esfuerzos (algunos exitosos, otros no) por aumentar el poder de la capital. Desde las reformas borbónicas del siglo XVIII, la lucha de los centralistas a lo largo del XIX y el modelo unipartidista promovido por el PRI durante sus 70 años en el poder. Podríamos decir que hoy, dada la situación de violencia que se vive en el país, se asoma una nueva ola centralista.

Quizá la muestra más cercana que tenemos de lo que pasaría si obedeciéramos a esta ola es lo ocurrido en las entidades que son gobernadas por el PRI. Por pertenecer al mismo partido que el Gobierno nacional, uno se imaginaría que habría más incentivos para que los gobernadores colaboraran con la federación. Sin embargo, la evidencia no es clara. Si analizamos cada uno de los estados donde el PRI gobierna, vemos una mejoría en los indicadores de seguridad. Pero esto obedece a una tendencia a la baja, desde el auge en 2011, de los crímenes vinculados con el narcotráfico a nivel nacional.5 O sea que la mejoría se ve en la mayoría de los estados, independientemente del partido que los gobierne. De hecho, uno de los dos estados en los que ha aumentado el crimen es gobernado por el PRI: Tamaulipas (el otro es Guanajuato).6 Esto no se debe necesariamente al partido gobernante sino sobre todo al hecho de que el estado vive las repercusiones del conflicto al interior del Cartel del Golfo.7

De hecho, hay evidencia de que, mientras más interviene el Gobierno federal en las entidades del país, menos hacen estas para controlar el crimen en sus localidades. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, una vez que entendieron que el Gobierno federal iba a interceder en materia de seguridad, “un número importante de gobiernos estatales y municipales no tomó las medidas necesarias para evitar una crisis de seguridad”.8 Para evitar que esto suceda, los estados tienen que sentirse responsables de lo que ocurre dentro de sus fronteras y el Gobierno federal debe delimitar claramente cuánta ayuda va a aportar. Es decir, debe establecer que solamente entrará a ayudar en ciertas circunstancias, por un tiempo y con recursos limitados.

La realidad es que darle más poder al Gobierno federal no solucionaría ninguno de los problemas engendrados por la autonomía estatal. El artículo 73 de nuestra Constitución otorga al Congreso federal la autoridad para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios” en materia de seguridad. Es decir, independientemente de que los estados mantengan algo de autonomía, nuestro sistema federal ya delinea que la responsabilidad de concertar la acción en contra del crimen organizado es potestad del Gobierno federal. No se requiere más centralización para que la federación pueda actuar. Lo que se requiere es disposición para coordinar las acciones del país, cosa que más allá de la retórica9 no ha existido. Como explica el analista en seguridad Eduardo Guerrero: “[…] En la práctica, la dinámica que ha prevalecido durante el primer año y medio [del gobierno de Peña Nieto] ha sido similar a la que siguió Calderón: mandar al Ejército y a la Policía Federal a atender las crisis más severas de inseguridad y violencia, generalmente cuando ya representan una amenaza grave para el orden público y la gobernabilidad”.10

Esto suena más a un problema de falta de planeación que de falta de facultades para actuar. No se requiere más poder para que el Gobierno federal cambie de un esquema reactivo a uno proactivo.
Por otro lado, si el Gobierno federal definiera claramente qué va hacer y qué va a delegar, los estados no podrían desvincularse de sus responsabilidades. Quizás así, los gobernadores comenzarían a asumir las consecuencias de las acciones de las organizaciones delictivas. Y así comenzarían a parecerse menos a Poncio Pilato y más a un Gobierno.

La solución a nuestra crisis de seguridad no va por la centralización. El problema radica más bien en que los criminales actúan sabiendo que difícilmente serán castigados. De acuerdo con cálculos de Alejandro Hope con base en datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la seguridad pública, del INEGI, 99.5% de los delitos cometidos en 2013 no tuvieron sanción alguna.11 Esta cifra es contundente. Cualquier delincuente potencial hace un cálculo para determinar si va a cometer un crimen o no. Cuando la probabilidad de castigo es cercana a cero, hay poco que pueda disuadir a un criminal potencial de actuar. La impunidad no se resuelve cambiando la estructura de poder gubernamental. Solo disminuirá cuando haya una verdadera disposición de hacer más eficientes las instituciones existentes, cuando el Gobierno federal aclare el papel que jugará y delinee el de los estados, y cuando estos asuman todas sus responsabilidades.

Por otro lado, hay muchos argumentos a favor de la descentralización. En teoría, las federaciones son mejores garantes de las libertades individuales, ya que su estructura las equipa mejor para proteger a las minorías y delimitar el poder de grupos de interés acaudalados. También promueven la diversidad y la competencia interna, lo cual conduce al crecimiento económico.12 En contraste, los gobiernos centralistas tienden más al autoritarismo y la opresión; podemos pensar en Rusia o China como ejemplos. Todo parecería indicar que debemos robustecer nuestro federalismo aún más, en lugar de darle más facultades al Gobierno federal. No dejemos que en el futuro el Gobierno federal nos venda mayor seguridad a cambio de menos libertad.   

1 Malcolm Feeley y Edward Rubin, Federalism: Political Identity and Tragic Compromise, The University of Michigan Press, Michigan, 2008.

2 Aristegui Noticias, “Que se vaya el gobernador de Guerrero… pero también Eruviel y Egidio: Navarrete” <http://aristeguinoticias.com/0610/mexico/que-se-vaya-el-gobernador-de-guerrero-pero-tambien-eruviel-y-egidio-navarrete/>, consultado el 6 de octubre de 2014.

3 Denise Maerker, “Estados intervenidos: La verdadera novedad en materia de seguridad”

<http://m.eluniversal.com.mx/notas/columnistas/2014/05/107093.html 27/5/2014>.

4 Montesquieu, The Spirit of Laws, Kindle Edition.

5 Por ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales el número de homicidios dolosos pasó de 22,852 en 2011 a 21,736 en 2012 y a 18,388 en 2013, Segob: <http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1/1/Tasas_agosto_2014.pdf>.

6 Eduardo Guerrero Gutiérrez, “Las claves de la seguridad” (con cifras de Lantia Consultores), en Gatopardo, octubre de 2014 <http://www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=260&pagina=1>.

7 Íd.

8 Instituto Mexicano para la Competitividad, “¿Dónde quedó la bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia: Índice de Competitividad Estatal 2012” <http://imco.org.mx/indices/documentos/2012_ICE_Libro_Donde_quedo_la_bolita.pdf>.

9 Víctor Manuel Sánchez Valdés, “La seguridad pública no está en el discurso de Peña Nieto” <http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/02/21/la-seguridad-publica-esta-en-el-discurso-de-pena-nieto/>, consultado el 21 de febrero de 2014.

10 Eduardo Guerrero Gutiérrez, “Las claves de la seguridad”, en Gatopardo, octubre de 2014 <http://www.gatopardo.com/ReportajesGP.php?R=260&pagina=1>.

11 Alejandro Hope, “Iguala o la impunidad” <http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/10/72722.php>, consultado el 9 de octubre de 2014.

12 Charles M. Tiebout, “A Pure Theory of Local Expenditures”, en Journal of Political Economy, 64(5): 416–24. 1956.

________

PEDRO GERSON es investigador del IMCO.

Una respuesta para “El neocentralismo: la compra de poder a cambio de promesas de seguridad
  1. Ernesto Romero dice:

    “En contraste, los gobiernos centralistas tienden más al autoritarismo y la opresión; podemos pensar en Rusia o China como ejemplos.” – Qué raro, la última vez que revisé la Federación Rusa era, caray, una federación integrada por 22 repúblicas, 46 oblasts (regiones con un gobernador electo), y otros sujetos federales con grado considerable de autonomía constitucional.
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