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Federalismo electoral
El Federalismo A Prueba | Este País | Manuel González Oropeza | 03.11.2014 | 0 Comentarios

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El siguiente es un análisis puntual de la reforma político-electoral más reciente. El autor se refiere a la discusión sobre los efectos de la nueva ley en el régimen federal, a la reelección parlamentaria, a la paridad de género en las candidaturas, a los delitos electorales, a temas de jurisdicción electoral y a la vía de los candidatos independientes, entre otros aspectos.

En el año 2010 salió a la luz la primera edición en disco compacto de Digesto constitucional mexicano (Aguascalientes), de la autoría de Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de este primer número han salido otros discos dedicados a cada uno de los estados. En esta obra se reúne la historia constitucional y legislativa de cada entidad federativa, incluyendo su primera Constitución y los debates de las distintas constituciones promulgadas a lo largo de su historia; se da cuenta, asimismo, de las reformas constitucionales y de los integrantes de los tres poderes del Estado, para ofrecer al lector una visión cronológica y temática del desarrollo constitucional de cada estado, con el único objetivo de divulgar su evolución constitucional1 como integrantes del federalismo mexicano surgido en el siglo XIX. En esta colección se aprecia la uniformidad de las instituciones constitucionales de las entidades federativas mexicanas pero también, a la vez, las diferencias en su implementación y concepción, según sus propias características.

Hoy se están presentando nuevos cambios debido a las reformas político-electorales de 2012 y 2013, las cuales repercuten en los mecanismos de participación ciudadana. Esos cambios incluyen la adopción de las candidaturas independientes,2 la equidad de género en las candidaturas para diputados y senadores (50% de hombres y 50% de mujeres), la creación del Instituto Nacional Electoral (el INE, que sustituye al IFE) y el incremento del porcentaje mínimo de los partidos para conservar su registro, entre otros.3

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones en la Constitución mexicana en materia política y electoral, de acuerdo con el compromiso 89 suscrito por los actores del llamado Pacto por México:4 el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).5

El Pacto por México propuso nueve compromisos para realizar ajustes al sistema electoral y de partidos políticos. Estos compromisos eran parte fundamental de los acuerdos tendientes a alcanzar la gobernabilidad democrática que el futuro presidente de la república propuso a los partidos políticos antes de iniciar su periodo al frente del Poder Ejecutivo, con el fin de asegurar la estabilidad política del país y así ofrecer certidumbre a los ciudadanos.6 De esos nueve compromisos, algunos de los más trascendentales fueron (1) la incorporación a las causales de nulidad del rebase de topes de campaña, el uso de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral y la compra de cobertura informativa en cualquiera de las modalidades periodísticas (incluida la sanción correspondiente al medio de que se trate); (2) la revisión de los tiempos oficiales en radio y televisión, impulsando el debate político y la racionalización de los anuncios publicitarios; (3) la prohibición del uso de materiales plásticos, textiles, de construcción y despensas como medios de promoción electoral; (4) la prohibición de esquemas financieros y/o recursos de procedencia ilícita con el propósito de inducir o coaccionar el voto, y (5) la creación de una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única que se haga cargo de las elecciones federales, estatales y municipales.7

En opinión de algunos especialistas, la desaparición inmediata de los institutos electorales locales sería un retroceso en materia de federalismo,8 pues lesionaría la libertad que tienen las entidades federativas de expedir sus propias leyes y nombrar a sus propias autoridades —por lo menos en lo que respecta a este tema—, poniendo en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad de la democracia mexicana. Desde su punto de vista, es más pertinente y necesario atacar los problemas estructurales, como la transparencia sobre el origen del financiamiento no público en las campañas electorales9 y la presunta infiltración del crimen organizado (narcotráfico) entre los candidatos, como ha sido el caso en diversos ayuntamientos tanto de Michoacán como de Tamaulipas, por señalar los ejemplos más recientes.10

Otros opinan que las deficiencias mostradas por los institutos electorales locales11 y los vínculos de algunos de ellos con ciertos “cacicazgos” han evidenciado la imperante necesidad de crear una instancia electoral a escala nacional que se responsabilice de las elecciones, lo que sin duda afectaría el pacto federal pues, como ya se indicó, le quitaría facultades a los estados.

Con respecto al debatido tema de la reelección de legisladores y alcaldes, esta reforma la permitirá a partir del proceso electoral de 2018. Mediante un decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 59 constitucional, permitiendo la reelección de diputados federales (y locales, según el artículo 116) por cuatro periodos consecutivos, mientras que los senadores podrán reelegirse hasta por dos ocasiones. Para los ayuntamientos (presidentes municipales, síndicos y regidores), el artículo 115 establece que las constituciones de las entidades federativas deberán establecer la elección consecutiva por un solo periodo adicional, siempre que la postulación la haga el mismo partido o coalición que lo llevó a ocupar ese cargo.

La reciente reforma político-electoral incluye dos temas más que inciden de manera directa en la cuestión de equidad y justicia en la contienda.12 Uno de ellos es la paridad entre los géneros que el titular del Poder Ejecutivo solicitó a los partidos políticos, de tal manera que en las próximas elecciones locales y federales exista el mismo número de candidatos femeninos y masculinos postulados para los cargos de elección y de representación proporcional. Esta reforma se aplicó en el artículo 41 constitucional y logró una enorme aceptación entre los partidos políticos, aunque también levanta suspicacias de que en realidad la equidad de género no sea cubierta o se vuelva a presentar el caso de las llamadas “juanitas”, que tanto revuelo causó en 2009.13 En lo que respecta a los gastos de campaña, se modificó el artículo 41, en su punto II, inciso C; punto V, apartados A y B, y punto VI, lo que autoriza sanciones en caso de que se exceda el límite de gastos autorizados para los partidos políticos durante el proceso electoral, llegando incluso a anular el registro del partido infractor.14

Sin duda alguna, muchos de los acuerdos signados en el Pacto por México se han llevado a cabo, lo cual ha facilitado las reformas hacendaria, de telecomunicaciones, energética y electoral planteadas, pero muchas otras quedaban pendientes, como el planteamiento de una nueva ley de partidos políticos en México, la cual “no solo regulará la actividad de los mismos con ciertos requisitos como financiamiento, cantidad mínima de afiliados, prerrogativas, cancelación de registro o transformación de fuerza política a estatal”,15 sino que además debe fortalecer la democracia interna, la transparencia y las plataformas electorales de los partidos respectivos; definir y sancionar “los actos anticipados de precampaña”; garantizar que no se difundan “expresiones que denigren a las instituciones y partidos” así como a los candidatos (partidistas o independientes); abrir la posibilidad a “coaliciones electorales, legislativas y de gobierno”, y establecer centros de formación política “a fin de formar cuadros y fomentar la discusión ideológica”,16 lo cual reforzaría la calidad democrática y la legitimidad del sistema de partidos en nuestro país. La fiscalización de los partidos, la obligación de transparentar sus recursos y el acceso a la información deben ofrecer al ciudadano la absoluta certeza del cabal funcionamiento del sistema de partidos.17

La necesidad de una ley especializada en materia de partidos políticos había sido señalada por lo menos desde 1993 en los siguientes términos:

Resulta necesario dar un marco normativo más amplio que, quizá, separado del Cofipe, constituya una ley ordinaria sobre partidos políticos. En dicha ley deben establecerse los alcances de su personalidad jurídica, así como la relevancia y consecuencias del interés público de los partidos. Otro aspecto de relevancia es el relativo a los derechos de los integrantes de un partido frente a la organización política del mismo.18

Las discusiones de la llamada Ley General de Partidos Políticos (LGPP) las llevaron a cabo los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos a través de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión durante el segundo trimestre del año,19 lo cual permitió realizar reformas y adiciones tanto en esa ley como en la Ley General de Asociaciones Políticas, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales también fueron publicadas en el DOF durante el mes de mayo de 2014.20

La mesa directiva del Senado comunicó los criterios establecidos para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las iniciativas y proyectos de decreto en varias materias, entre ellas la político-electoral.21 Senadoras y senadores del PRD, el PAN, el PT, el PRI y el PVEM hicieron llegar sus iniciativas, las cuales se organizaron en la LGPP, fraccionada en 10 títulos, con 145 artículos definitivos y ocho transitorios.22 Todos ellos coinciden en la necesidad de realizar ajustes periódicos a las instituciones constitucionales existentes, máxime si se atiende la realidad histórica del país, pues en la actualidad existe una democracia más activa, más participativa, que requiere la intervención de los distintos poderes y órdenes de gobierno en la ejecución de las responsabilidades públicas, que exige el respeto a las formas alternas de participación ciudadana —candidaturas independientes y sistemas normativos internos (usos y costumbres)— y, en general, que nos garantice el seguir contando con la pluralidad democrática de la cual gozamos los mexicanos desde hace ya algunos años.

Precisamente en atención a esta nueva dinámica de la sociedad mexicana, las distintas fuerzas políticas del país llevaron a cabo la discusión de los artículos que constituyen la lgpp, tomando en cuenta los diversos ámbitos de participación de las distintas entidades federativas, pero sin dejar de considerar que se requieren lineamientos generales para todo el país. Criterios sobre la obtención y conservación del registro como agrupación política nacional, el acceso y la regulación de los tiempos en radio y televisión, el régimen financiero y la fiscalización de los partidos, así como el régimen sancionador que se aplicará a partir de la implementación de esta ley, son una muestra de la necesidad de regular, de manera general (como el propio título lo manifiesta), a los partidos políticos dentro del marco de las atribuciones que marca nuestra Constitución en sus artículos 35, 41, 71, 72, 73 y 124. Esta ley, ya discutida y reformada, fue publicada en el DOF el 22 de mayo de 2014, con 97 artículos definitivos y nueve transitorios.23

Respecto a las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores, estas fueron vertidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).24 Destacan, de manera muy notoria, las reformas políticas de 2012, con la incorporación de las candidaturas independientes, la consulta popular y las iniciativas ciudadana y preferente, las cuales necesitaban que se les brindara un marco regulador a través de esta ley y de las facultades que el INE ejerza, retomando algunas de las competencias que hasta hace poco ejercían los organismos locales, que vieron acotadas sus atribuciones,25 de tal manera que el INE sea ahora quien haga cumplir la misión de otorgar certeza jurídica a los procesos electorales. Es por ello que las discusiones de los senadores de la república sobre este nuevo proyecto de decreto giraron en torno a los siguientes aspectos:

La Ley General propuesta establece una estructura, consistente en libros, capítulos, títulos, artículos, párrafos, incisos y fracciones. Ocho libros contienen el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos; la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios; los organismos electorales federales y locales, dentro de los cuales, conforme a la nueva normatividad constitucional, se contemplan las facultades especiales del Instituto con respecto a la asunción y atracción de actividades o cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales; los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas; las reglas de los procesos electorales; el voto de los mexicanos residentes en el extranjero; las candidaturas independientes, en donde se regulan los procesos de selección, las prerrogativas, derechos y obligaciones, la propaganda electoral, la fiscalización de sus recursos, así como los actos en los que figuren dentro de la jornada electoral; y, por último, se establecen los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno.26

Además, fueron introducidos algunos de los aspectos de la jurisdicción electoral más novedosos: se establecieron la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (dependiente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General) y dos salas regionales más, y se creó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual resolverá el procedimiento especial sancionador motivo de la denuncia.27

En relación con la LGPP y la Legipe, también se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con 26 artículos y siete transitorios, en la que se establecen, fundamentalmente, las penas y multas previstas para las omisiones y delitos relacionados con cuestiones electorales y desviación de recursos, así como para quienes entorpezcan el desarrollo del proceso electoral, entre otros delitos. También se distingue entre las competencias y facultades de la federación y las de las entidades federativas; estas últimas deben llevar a cabo la investigación y el proceso y aplicar las sanciones correspondientes cuando los delitos sean de su competencia (y no del ámbito federal).28

¿Hacia dónde va el federalismo electoral tras la reforma política de 2014?

Tal parece que la nueva reforma político-electoral de 2014, tras la publicación de las diversas leyes en la materia, acota las facultades de las cuales antes gozaban las entidades federativas, como la designación de sus autoridades electorales, la realización de sus comicios y la distribución de competencias. No obstante, lo que en realidad se busca con esta reforma es el fortalecimiento de las instituciones responsables de la organización electoral en el país, de brindar legitimidad y certeza al sistema que permite la renovación de los representantes políticos de la sociedad, dentro de un marco de tranquilidad y, según sea el caso, de alternancia partidista. Si bien ya existían instituciones estatales que llevaban por buen camino el desarrollo democrático, algunas otras aún estaban en vías de hacerlo y otras más estaban presionadas por fuerzas ajenas al ámbito político —que incidían en las contiendas electorales—, de tal manera que es aquí donde el federalismo electoral debía estar presente, para consolidar las instituciones, establecer los mecanismos legales y definir los procedimientos legítimos que sustenten estas reformas político-electorales (en beneficio de la federación y los estados), y propiciar la interacción entre ambos niveles de gobierno.

Esta reforma político-electoral constituye una institucionalización electoral a nivel nacional que implica la homologación de las legislaciones electorales de los estados y la federal, pero basada en un sistema federalista, que supone la existencia en los estados de organismos electorales autónomos, los cuales brindan certeza y legalidad durante todo el proceso electoral, atienden las impugnaciones y resuelven las quejas de los ciudadanos y los partidos políticos. En pocas palabras, se busca hacer confiables y legítimas a las autoridades surgidas de una contienda electoral basada en reglas equitativas y razonables. Esta reforma constitucional hizo de la materia electoral una atribución concurrente, donde la federación coordinará las atribuciones y responsabilidades de los estados.

Los retos que enfrentará México en las próximas elecciones intermedias de 2015 serán una prueba de los cambios que la reforma político-electoral de este año ha logrado establecer para todos los aspirantes a desempeñar cargos de elección popular, ya sean miembros de partidos políticos o candidatos independientes, así como para las autoridades electorales estatales y federales, algunas de nueva creación. Las nuevas leyes promulgadas por el Poder Legislativo deberán, sin duda, hacer más eficiente y transparente el manejo de los recursos financieros, la distribución de tiempos en medios masivos de comunicación, la atención de los delitos electorales y la aplicación de sanciones y multas cuando se comprueben fehacientemente las contravenciones a las leyes, por citar solo algunas de las metas de esta reforma que incentivará la participación ciudadana así como el interés por formar parte activa de las decisiones y el desarrollo democrático de México.

Es un nuevo federalismo cooperativo en materia electoral donde todas las autoridades electorales —federales, estatales y municipales— hablarán un mismo lenguaje y atenderán reglas uniformes en bien de la democracia.

1 Desde ese año hasta la fecha se han editado los digestos constitucionales de los estados, desde Aguascalientes hasta Nayarit, y pronto estará disponible Nuevo León. Se trabaja actualmente en la conclusión del resto de las entidades federativas, desde Puebla hasta Zacatecas. Todos estos digestos estarán disponibles en disco compacto, editados por la SCJN.

2 No obstante, desde hace algún tiempo los estados pueden, en el ámbito de su competencia, determinar si aceptan o no candidatos independientes, pues desde 1824 se definió que el régimen interno de los estados tiene tres aspectos: expedir sus propias leyes, nombrar a sus propias autoridades, y que las resoluciones de su competencia sean definitivas en el ámbito respectivo. El segundo de estos aspectos aspecto (nombrar a sus propias autoridades) implica que corresponde al estado organizar sus propias elecciones, calificar a sus propias autoridades y establecer el sistema electoral propio de la entidad. Si un estado opta por candidaturas independientes, además de las ya tradicionales de partidos políticos, está en libertad de hacerlo. Manuel González Oropeza, “Candidaturas independientes”, conferencia impartida en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, Chetumal, 25 de mayo de 2012 <http://magistrados.te.gob.mx/gonzalez.oropeza/sites/magistrados.te.gob.mx.gonzalez.oropeza/files/conferencias/Candidaturas%20independientes%2025%20de%20mayo%20de%202012%20%20MGO.pdf>.

3 Juan Pablo Aguirre Quezada, La reforma político-electoral de 2013: Cambios en los mecanismos de participación, Dirección General de Análisis Legislativo / Instituto Belisario Domínguez / Senado de la República-LXII Legislatura, Cuaderno de investigación núm. 5, México, 2014, p. 43. También se propusieron la transparencia y la fiscalización aplicada a los partidos políticos, el marco normativo de la consulta popular (plebiscito, referéndum), la creación del Instituto Nacional de Elecciones y del Tribunal Nacional Electoral, la defensa de los derechos políticos, el proceso de elección de consejeros electorales, mayores penas en delitos electorales, y la regulación de propaganda y los espacios en medios de comunicación, entre otros cambios.

4 El Pacto por México es un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN; Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del PRI, y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD. Dicho acuerdo tuvo por objetivos: (a) el fortalecimiento del Estado mexicano; (b) la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales, y (c) la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas. De acuerdo con lo señalado en el Pacto por México, el inciso 5.3 (“Partidos políticos y elecciones”) de los “Acuerdos para la gobernabilidad democrática” dice: “Los partidos políticos requieren de un marco jurídico que genere mayor certidumbre, transparencia y estabilidad al sistema político en su conjunto. De igual forma, los procesos electorales tienen que ser más baratos y más transparentes. Para lograr estos objetivos, se impulsarán las siguientes acciones: (a) Se aprobará una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales (compromiso 89); (b) Se impulsará una reforma electoral que atienda los siguientes temas (compromiso 90): reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos, disminución en el monto de los topes de campaña, incorporación a las causales de nulidad de una elección lo siguiente: (1) el rebase de los topes de campaña, (2) la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral y (3) la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate; revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios; prohibir el uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción; fortalecer la legislación para evitar el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito de inducir y coaccionar el voto; crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales. Ver en <http://pactopormexico.org/acuerdos/>.

5 El cual se sumó más tarde, en enero de 2013. En julio de este año el INE aprobó la creación de tres nuevos partidos políticos nacionales que cumplieron con los requisitos previstos por la ley: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Frente Humanista (PH) y Encuentro Social (PES). Los tres registros surtirán efecto a partir del 1° de agosto del presente año; para mantener su registro los nuevos partidos están obligados a obtener el 3% del total de la votación de parte de los ciudadanos; de lo contrario, perderán el registro.

6 El presidente Peña Nieto propuso a las principales fuerzas políticas de la nación firmar estos acuerdos de gobernabilidad democrática; en la parte que compete, se señala que los procesos electorales sean más transparentes y económicos (compromisos 89 y 90).

7 Aguirre Quezada, óp. cit., pp. 30-31, 35. En este caso en particular, la sustitución del IFE por el INE fue una de las propuesta de reforma político-electoral; el último párrafo del compromiso 90 del Pacto por México menciona la necesidad de “crear un organismo que organice las elecciones en los municipios, entidades federativas y a escala nacional, por lo que los institutos estatales electorales perderían su objetivo y funciones”. Por supuesto que esta sustitución generó diversas opiniones a favor y en contra; pese a ello, a principios de este año se creó el INE, con nuevas funciones y atribuciones, lo que le han permitido, entre otras cosas, ser invitado a participar en la organización de las elecciones para la renovación de la dirigencia del PRD a nivel nacional.

8 Mario López Peña, “Cuestionan funcionarios sobre la necesidad de un instituto nacional electoral”, Canal Judicial, en <http://canaljudicial.wordpress.com/2013/07/30/>. Tanto la magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís, como el consejero electoral del INE, Francisco Guerrero; el académico de la UAM, Javier Santiago Castillo y José Woldenberg (expresidente del Consejo General del IFE) coinciden en esta aseveración.

9 Opinión de Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, Aguirre Quezada, op. cit., p. 37. Pero no solo en las campañas, sino en la vida política de la entidad. En el documento “La Sedena en el esfuerzo de México en contra del crimen organizado” se enumeran las principales entidades con un mayor crecimiento en los índices delictivos asociados al narcotráfico: Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Ver en <http://www.jornada.unam.mx/2013/01/02/politica/011n1pol>.

10 Y no solo en los ayuntamientos, sino también entre los representantes estatales ante el Congreso de la Unión, como sucedió en el caso de Julio César Godoy Toscano (diputado federal por el I Distrito Electoral Federal de Michoacán) en 2009 y el del secretario de Gobierno (y más tarde gobernador interino) de Michoacán, Jesús Reyna García en 2014, ambos vinculados con grupos delictivos como “La familia michoacana” y “Los caballeros templarios”.

11 El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, impulsó la creación del INE desde inicios del mes de octubre de 2013; lo mismo hizo el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz y el PRD a través de su representante ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez Madrid (aunque algunos diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del DF rechazaron la creación del INE en esas mismas fechas).

12 Para que un partido político nacional conserve su registro deberá obtener, de acuerdo con la reforma política de febrero de 2014, el 3% del total de la votación válida emitida; al superar ese número, tendrá derecho a que le sean atribuidos más curules según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 116 constitucional.

13 Jorge Camil, “Las juanitas de San Lázaro”, viernes 18 de septiembre de 2009, publicado en <http://www.jornada.unam.mx/2009/09/18/index.php?section=opinion&article=021a2pol>; “Procede licencia de dos juanitas en San Lázaro”, 29 de octubre de 2009, publicado en <http://www.razon.com.mx/spip.php?article12675>.

14 Ver en <http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2014-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-m>; que en el inciso VI señala “Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: (a) Se exceda el gasto de campaña en 5% del monto total autorizado; (b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; (c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.”

15 Aguirre Quezada, op. cit., p. 39.

16 Lorenzo Córdova Vianello, “Hacia una ley de partidos políticos. Ejes temáticos para la discusión”, p. 154-155, en Raúl Ávila Ortiz, Lorenzo Córdova Vianello y Daniel Zovatto (coords.), ¿Hacia una ley de Partidos Políticos? Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México, Serie Estudios Jurídicos núm. 190, UNAM-IIJ-Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral-Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, México, 2012, 311 pp. Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3168/8.pdf>. Lo cual reforzaría las funciones encomendadas a los partidos políticos como entidades de interés público, de acuerdo a la reforma del 10 de febrero de este año, la cual señala en su fracción I, “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.” Ver en <http://portal.te.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/catalogo/2014-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-m>.

17 Sin que por ello se deje de contemplar la figura del candidato independiente ni de las comunidades que se rigen bajo los sistemas normativos internos (usos y costumbres).

18 “Hacia una Nueva Ley de partidos políticos en México”, en Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo, Memoria del II Congreso Internacional de Derecho Electoral, edición 1993, en Impresos Chávez, S. A. de C. V. H. México, 1993. Primera Cámara de Diputados; LV Legislatura; Tribunal Federal Electoral; Instituto Federal Electoral e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 490.

19 De acuerdo a lo establecido en los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional en materia político-electoral publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014.

20 La Ley General en Materia de Delitos Electorales fue expedida el 14 de mayo de 2014, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos fueron expedidas el 15 de mayo. Todas ellas fueron publicadas en el DOF el 22 de mayo de este año.

21 Dictamen de las comisiones unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, p. 5-6.

22 Este proyecto de Decreto contempla, además, la abrogación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y diversas iniciativas que fueron turnadas a las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, por ser materia de su competencia, lo cual evidencia los alcances que esta Ley General de Partidos Políticos tiene en otros ámbitos igualmente importantes para el desarrollo del país.

23 En el dictamen de la comisión se contemplan 97 artículos y ocho transitorios, pero en el DOF se anotan 97 artículos y nueve transitorios (modificado el octavo transitorio del dictamen de la comisión y adicionado el noveno, que señala “Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.”)

24 Que también se ajustaron a los criterios señalados para la recepción, dictamen y programación de los trabajos para el análisis de las iniciativas y proyectos de decreto sobre esta materia por parte de la mesa directiva del Senado de la República, a través del oficio núm. DGPL-2P2A.-3448. No debe olvidarse que el Decreto de Reforma Constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, en su artículo transitorio segundo, estableció que a más tardar el 30 de abril de este mismo año debía expedir el Congreso de la Unión una legislación de carácter general que regulara los procedimientos electorales. Dictamen de las comisiones unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, p. 66.

25 Entre las tareas que el INE incorpora a su labor a nivel nacional destacan la fiscalización de ingresos y egresos de las precampañas y campañas, la capacitación electoral, la geografía electoral y redistritación, ubicación de casillas y designación de funcionarios, así como la realización y difusión de encuestas y sondeos de opinión, elaboración de conteos rápidos de los resultados electorales, la impresión de documentos y materiales, la expedición de reglas para la observación electoral, la creación de los programas de resultados preliminares, entre otros. La capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de funcionarios que antes llevaban a cabo los institutos electorales locales todavía las podrán ejercer, pero el INE podrá reasumirlas en caso de ser necesario. Dictamen de las comisiones unidas, op. cit., p. 64-65.

26 Íd. p. 68.

27 Íd. p. 120-123. En este escrito se hace un resumen del procedimiento disciplinario. En la Ley aprobada los artículos relacionados con el procedimiento sancionador están contenidos en los artículos 459 a 477.

28 Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículos 21 y 22, así como 23 a 26.

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MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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