Sin quitar el dedo del renglón de los detalles en los que normalmente se encuentra el diablo, me parece que la mayor parte de las reformas realizadas el año pasado en el marco del Pacto por México representa un avance importante para el país.
Ya los historiadores darán o no la razón a los legisladores pero, desde mi punto de vista, hay claros puntos a favor en la mayoría de ellas. Por poner algunos ejemplos: la reforma fiscal reduce los privilegios de quienes pueden y deben pagar más ya sea a partir de la eliminación de la consolidación fiscal, la creación del impuesto a las ganancias de los accionistas y a los alimentos chatarra o bien gracias al ISR progresivo. Por lo que hace a la reforma en las telecomunicaciones, Javier Corral ha subrayado desde ahora sus virtudes: el IFETEL como órgano constitucional autónomo, regulador de la radiodifusión y las telecomunicaciones, tiene claras facultades y capacidad de sanción para poner en orden un sector muy poderoso, quitándole al Presidente de la República la facultad de entregar o retirar concesiones a partir de criterios político-clientelares (recuerden el caso MVS-Aristegui).
Hay más tela de dónde cortar. Y aunque también es cierto que se colaron algunas contra-reformas (la electoral deja mucho que desear porque si bien saca las manos de los gobernadores de las elecciones locales, también descabeza al IFE y crea un extraño conglomerado de institutos sin ton ni son), y que se ha traicionado el espíritu de algunas otras (como ha señalado Ricardo Raphael de la Madrid para el caso de la reforma educativa) en este espacio quiero referirme a la creación de la Fiscalía General de la Federación, cambio profundo a la administración de justicia que por fuerza traerá más cosas buenas que malas.
Gracias a esta nueva Fiscalía dejaremos atrás el uso faccioso de la PGR como arma política. Así, el Michoacanazo de Calderón o la captura sin éxito de Hank Rhon serán un triste recuerdo del México bárbaro tanto como el desafuero seguido contra Andrés Manuel López Obrador en 2006 y el proceso seguido contra el hermano incómodo de Salinas de Gortari. Se perseguirá a quien se deba perseguir (a Elba Esther por ejemplo, por los motivos correctos y no por enfrentarse al Ejecutivo, y esperemos que pronto a Deschamps) sin importar si el Presidente está molesto o saca provecho de la detención. Además, habrá incentivos para detener la violación de derechos humanos: la CNDH recibió casi 9 mil quejas por detenciones arbitrarias durante el sexenio pasado.
Este cambio es aún más sorprendente si se recuerdan las palabras de Peña Nieto durante su candidatura: “Constitucionalmente, la responsabilidad de la procuración de justicia a nivel federal es del Presidente de la República y no considero conveniente que el Ejecutivo delegue esa responsabilidad”.
Que ahora el nombramiento del titular de esta instancia dependa del Senado y que la nueva Fiscalía General de la República cuente con autonomía constitucional se debe, sobre todo, al Pacto por México y al funcionamiento de la negociación democrática.
¿Por qué no se estableció este cambio para cada una de las entidades del país? No me lo explico. El dictamen lo único que pide es que las procuradurías estatales se rijan, entre otros principios, por el de la autonomía… Si hubieran existido procuradurías constitucionalmente autónomas en Chiapas, en Tabasco o en el Distrito Federal, por poner tres ejemplos, Salazar Mendiguchía no hubiera sido preso político de Sabines, Granier no podría alegarse injustamente perseguido por Arturo Núñez y con toda seguridad, la PGJDF habría cesado a los MP que encarcelaron sin pruebas al Presunto Culpable.
