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Este País | Voces De La Migración | Fernando Sepúlveda Amor | 03.11.2014 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/© Benguhan

¿Qué pasará con los millones de mexicanos que están en Estados Unidos de manera irregular si los republicanos recuperan el Senado en las elecciones intermedias de este mes? En medio de la polarización que provoca el tema de la reforma migratoria en ese país, esta es tal vez la cuestión más importante.

La política en Estados Unidos impacta a México de una manera u otra. Dos cuestiones que han destacado de manera importante en la agenda de la presidencia de Barack Obama han sido las reformas a los sistemas de inmigración y de salud, las que inciden directamente en las condiciones de vida de las comunidades inmigrantes mexicanas residentes en ese país. Sin embargo, ninguna de estas dos reformas tiene perspectivas alentadoras para estas comunidades.

En su primera campaña presidencial, Obama hizo del tema de la reforma migratoria un tema central, prometiendo enviar una iniciativa de ley al Congreso al inicio de su gestión. La crisis financiera de 2008 que derivó en la gran recesión que marcó su primer periodo de gobierno y el obstruccionismo del Partido Republicano tendiente a limitar los logros de la administración de Obama con miras a hacerlo un presidente de un solo término, impidieron el cumplimiento de esta promesa.

Por el contrario, en su afán de cubrir su flanco de las críticas republicanas, el presidente Obama condujo acciones que produjeron el mayor número de deportaciones de inmigrantes indocumentados de los últimos años, superando la cifra de 2 millones de personas deportadas entre 2009 y 2013, solamente comparable a las deportaciones masivas en la época de la Gran Depresión de los años treinta.

Para balancear su acto, ante la fiera oposición de las filas republicanas a la reforma migratoria y la falta de apoyo de algunos sectores demócratas temerosos de las reacciones en contra de su electorado, el presidente Obama, siempre guiado por criterios políticos, declaró en 2012 —justo antes de la elección presidencial— un decreto para permitir la estancia legal por dos años de los menores indocumentados traídos por sus padres a Estados Unidos antes de 2007, así como permisos de trabajo y licencias de manejo, acción que ha beneficiado a más de 550,000 jóvenes.

Una vez electo para un segundo periodo, el presidente Obama continuó presionando al Congreso para alcanzar una reforma migratoria integral. En junio de 2013, el Senado aprobó un proyecto bipartidista para una reforma a las leyes de inmigración que incluía la regularización de la estancia de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país y el camino a la ciudadanía después de un largo y difícil proceso, así como una serie de medidas encaminadas a reforzar la seguridad fronteriza, la verificación en el empleo de la estancia legal de los trabajadores, la creación de un programa de trabajadores temporales y el incremento de visas para inversionistas y científicos.

Por su parte, el Congreso, dominado por la mayoría republicana, se negó a adoptar la propuesta aprobada por el Senado, alegando estar trabajando en su propia versión de la reforma migratoria. Al cierre de las sesiones del Congreso en el verano de 2014 no se alcanzó a producir una aprobación a este respecto, con lo que se perdió la esperanza de lograr este objetivo antes de las elecciones intermedias de noviembre de 2014, en las que el Partido Republicano espera alcanzar la mayoría en las dos cámaras y el control legislativo en los dos últimos años de la gestión del presidente Obama.

Ante este panorama, el presidente ha anunciado que actuará una vez pasadas las elecciones de noviembre mediante un decreto presidencial para la suspensión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no representen un peligro para la seguridad, que tengan raíces familiares y determinado tiempo de residir en Estados Unidos.

Los republicanos reaccionaron ante este anuncio acusando al presidente Obama de extralimitar los poderes de la presidencia, a la que denominaron “presidencia imperial”; asimismo, presentaron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, misma que, de acuerdo con los expertos, no tiene muchos visos de prosperar. Algunos sectores extremos del Partido Republicano inclusive han mencionado la posibilidad de iniciar un proceso de destitución del presidente por no cumplir con el juramento de hacer cumplir las leyes.

En consecuencia, un análisis objetivo de la situación no permite augurar grandes esperanzas para la solución definitiva y la legalización de aproximadamente 6.2 millones de emigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos hasta más allá de 2017.

El control de las dos cámaras por el Partido Republicano en los últimos años del Gobierno del presidente Obama no es la panacea que parece ser y no significará un avance sustancial de la agenda de ese partido. Con un índice de 84% de desaprobación de las labores del Congreso por parte del público estadounidense, de acuerdo con una encuesta de ABC-Washington Post de septiembre de 2014, y el menor número de leyes aprobadas por esta legislatura en los últimos 40 años, la imagen de la Cámara de Representantes controlada por los republicanos está muy deteriorada. Es el Congreso con la menor calificación en productividad de los últimos tiempos por la aprobación de únicamente 165 leyes en el periodo, de las cuales 30 fueron meramente ceremoniales.

El control de las dos cámaras por los republicanos pone a ese partido en una posición muy vulnerable. Después de haber mantenido una sistemática campaña de obstrucción a las iniciativas del presidente Obama y de culpar a los demócratas por la parálisis legislativa, ahora enfrentan el reto de sacar adelante las políticas republicanas con propuestas viables en la solución de los múltiples pendientes de la agenda legislativa. Pero no es lo mismo ser el partido del “no” que ofrecer respuestas a los problemas urgentes que el país requiere.

Uno de los temas más vocales de los republicanos ha sido la revocación de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) aprobada en 2010, el cual ha sido un punto central de ataque en contra de Obama y de los demócratas. Sin embargo, el Partido Republicano enfrenta en este caso dos problemas: primero, que no tiene una contrapropuesta operante con la cual sustituir el programa de salud denominado Obamacare, y teniendo el control de las dos Cámaras, carece de excusas para explicar el porqué de la no tan anunciada revocación de la Ley; segundo, que el público estadounidense se ha venido dando cuenta de los beneficios de la reforma de salud, tanto por la reducción del costo de la atención médica y de las primas de seguros médicos en los mercados de seguros estatales, como por el incremento del número de personas aseguradas a 9.5 millones de nuevos asegurados, disminuyendo el índice de no asegurados de 20 a 15 por ciento.

La población de origen hispano ha sido la más beneficiada por dicha reforma, la cual redujo la falta de aseguramiento en 2014 de 36 a 23%, destacando esta disminución entre los latinos de menores ingresos, cuyo porcentaje de no asegurados bajó de 46 a 28%, sector de la población hispana en el que se encuentra la mayoría de los emigrantes mexicanos con estancia legal en Estados Unidos.

Ante la falta de una contrapropuesta operante de los republicanos al ACA, sus esfuerzos estarán orientados a sabotear la instrumentación del programa mediante recortes presupuestales y acciones tendientes a limitar la expansión de los servicios de Medicaid en los 20 estados gobernados por los republicanos. Aun si se llegara a aprobar una revocación del ACA, el presidente Obama siempre tendrá el recurso del veto presidencial, el cual difícilmente podrá ser revertido en las cámaras, pues requiere el voto en contra de las tres cuartas partes de sus miembros. En este contexto, una reforma migratoria que permita la regularización de 11.4 millones de indocumentados tiene pocas posibilidades de progresar, considerando las fuertes presiones en contra de los sectores antiinmigrantes del Partido Republicano.

A pesar de la revisión crítica de su postura efectuada por la dirigencia republicana con motivo de la derrota en la contienda presidencial de 2012, en la que se estableció la necesidad de ampliar la base electoral del partido más allá de los sectores tradicionales de la población blanca —particularmente el electorado latino, que es el grupo étnico de mayor crecimiento demográfico en Estados Unidos y que fue un factor decisivo en la elección de Obama—, es improbable que incluyan en la agenda legislativa un tema tan divisivo al interior del partido en vísperas de una elección presidencial tan crítica como la que enfrentará en 2016.

Pudiera ser que los republicanos ataquen la reforma migratoria en leyes separadas, atendiendo en cada una los intereses particulares del partido, sin abordar el tema de la legalización de los inmigrantes indocumentados que consideran una “amnistía”. Hábilmente, Obama los va a rebasar políticamente al expedir un decreto presidencial a finales del año tendiente a suspender las deportaciones y a conceder derechos a los inmigrantes indocumentados que cumplan con ciertas características, la que se estima beneficiará a 5.5 millones de inmigrantes sin papeles. Esta maniobra acercará el voto latino al Partido Demócrata y pondrá en evidencia la reluctancia de los republicanos a resolver el disfuncional sistema de inmigración de Estados Unidos.

Lamentablemente, el decreto presidencial es una medida temporal que puede ser revertida en 2017 por un presidente republicano; además, queda la sensación de que las motivaciones son electorales y no una verdadera preocupación por la legalización de los inmigrantes indocumentados. De haber tenido esta preocupación, el Gobierno de Obama no habría separado a cientos de miles de familias con las deportaciones en estos últimos años.

La falta de una reforma migratoria integral, a pesar del decreto presidencial, mantiene en una situación de vulnerabilidad a la mayoría de la población indocumentada y, en el caso de los emigrantes mexicanos, el no acceso a un seguro médico o a los servicios de Medicaid de 6.2 millones de inmigrantes indocumentados y de 1.1 millones de inmigrantes legales que residen en los 20 estados con gobiernos republicanos que se negaron a la expansión de Medicaid.

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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

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