Muchos actores políticos suelen no pronunciarse sobre el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas cuando estos implican algún grado de polémica o conflicto con prejuicios ampliamente difundidos. Una cultura en pro de los derechos implica no solapar ni guardar silencio ante actos o posturas discriminatorias.
Los derechos: un patrimonio común
Factores como la falta de una real cultura de la legalidad, una educación con tintes autoritarios —tanto en los ámbitos escolarizados como familiares—, la corrupción o la carencia de una cultura de la colaboración que permita visibilizar y valorar el bien común, actúan para debilitar la percepción de los derechos humanos como patrimonio común y permiten que fácilmente muchos actores políticos solapen o guarden silencio al respecto de actos discriminatorios.
Instituciones públicas, gobiernos, funcionarios, candidatos a puestos de elección popular, entre otros, suelen hacerlo si ello les implica —verdaderamente o solo en su imaginación— poner en riesgo cierto número de votos, por afinidad con sectores conservadores de la sociedad (a los que sienten que se deben y no al bien de la sociedad en su conjunto), por miedo a “comprometer” su imagen, etcétera.
Los derechos permiten la convivencia pacífica y son garantías para que las personas lleven a cabo una vida digna y autoelegida, están orientados para el beneficio de todas y todos y es responsabilidad de la sociedad en su conjunto exigirlos y vigilar su cumplimiento, pero aun más para quienes ejercen la función pública pues a ello los compromete y obliga la Constitución y los diversos marcos legales vigentes nacionales e internacionales que regulan su labor, además de cobrar un salario que es posible gracias a los impuestos de la sociedad en su conjunto.
Una educación distinta
Hace algunos años la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó una excelente campaña que promovía la defensa de los defensores de derechos humanos, reforzando la percepción de que los derechos se tratan de intereses colectivos y superiores de la sociedad.
En el contexto de lo que aquí se comenta, una educación distinta quiere decir una educación que promueva una cultura de la legalidad como marco al respeto de los derechos de todas y todos. Las personas no desarrollan una cultura de la legalidad que permita poner freno a los abusos que pretenden negar el acceso de las personas a sus derechos porque:
- Las normas se enseñan como imposiciones desde el mundo de los adultos hacia los niños o como instrumentos de sometimiento que cambian su orientación, según le conviene a quienes las manifiestan
- Estas normas no son enseñadas desde su utilidad personal, colectiva y sentido por medio de situaciones de aprendizaje que les permitan a niñas y niños llegar a comprender su pertinencia por sí mismos, sino a través del castigo
- Las personas son educadas a través de discursos supremacistas que los dotan de pretextos para invadir a las y los demás o a través de discursos desvalorizante que les impiden percibirse como sujetos de derechos
- O la mezcla explosiva de todos los anteriores.
En todo caso, en un contexto así lo que interiorizan las personas es que las leyes se respetan o burlan, vigilan o ignoran si me conviene o que se deben obedecer o hacer cumplir a base de castigos. Es decir que pertenecen a un entramado de sinsentidos sociales en los que las personas están más o menos perdidas.
Transformación cultural
Para que las normas o acuerdos que regulan el funcionamiento de un grupo humano se corrompan hacen falta tanto la acción de quienes las violan como de quienes solapan las violaciones, es decir, de quienes hacen como que no ven los que sí ven a cambio de beneficios personales. No bastan las leyes o las políticas públicas para un real respeto por los derechos si no se opera una cambio cultural en el cual las personas perciban una mayor utilidad del establecimiento real del Estado de derecho que de la complicidad a su violación a debilidad.
México ha sido parte activa de las acciones internacionales que buscan afinar los instrumentos ideológicos y legales a favor de una cultura de los derechos humanos. La reforma de 2011 que los elevó a rango constitucional significa un triunfo de la sociedad, sin embargo, es necesario mentener un esfuerzo sostenido en áreas como la educación para operar una verdadera transformación cultural que sostenga los marcos legales. En el terreno personal implica no guardar silencio o ser indiferentes ante la injusticia y la discriminación.
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