Lunes, 19 Agosto 2019
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Seguridad, prosperidad y justicia
Coordenadas para una agenda rumbo a 2015
Este País | Germán Petersen Cortés | 03.11.2014 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/© LongQuattro

Una batería de estudios de opinión confirma y aporta detalles sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía. El autor se pregunta si la clase política sabrá atender adecuadamente estas demandas o anunciará en su momento políticas y acuerdos vagos sin efectos reales.

Para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, México tiene tres grandes problemas: la inseguridad, el estancamiento económico y el bajo desarrollo social. Cuando menos así lo indican cinco encuestas recientes (Mitofsky, Ipsos Bimsa, Buendía & Laredo, GEA-ISA y BGC). La manera de denominar estos problemas y su jerarquía cambia de una encuesta a otra, pero la idea se mantiene en todas.

Rumbo a las elecciones federales de 2015, la seguridad, la prosperidad y la justicia pueden convertirse en las coordenadas para discutir una agenda nacional. En función de las preferencias de cada quien, esos principios pueden entenderse de manera diferente al momento de formular políticas públicas. Esta es la mayor ventaja de los principios normativos en política: son tan abstractos que permiten un acuerdo suficientemente amplio en lo general, pero al mismo tiempo hay diferencias de grado y detalle que abren paso a una necesaria discusión programática.

El Estado es un agente privilegiado para la transformación de cualquier sociedad. La elección de una nueva legislatura es una coyuntura pertinente para discutir las principales políticas públicas y, en general, el papel del Estado mexicano para con la sociedad. La propuesta de colocar la seguridad, la prosperidad y la justicia como coordenadas que organicen la discusión sobre el rumbo del país atañe exclusivamente al papel del Estado, y no a otras instituciones, ya sea de la sociedad civil o del mercado.

Por supuesto que las acciones de los gobiernos no deben limitarse a resolver solo aquello que los ciudadanos perciben como problemático; esto podría derivar en que se atiendan asuntos irrelevantes o se dejen de lado otros de primera importancia, específicamente aquellos que el grueso de la opinión pública no concibe como problemas. Con todo, hacer frente a los problemas públicos que la mirada de los ciudadanos considera como los principales debería ser importante para un Gobierno democrático.

Problemas nacionales: percepciones

mayoritarias

A partir del análisis de cinco encuestas recientes se puede concluir que los principales problemas del país, según la percepción de los mexicanos, son la inseguridad, el estancamiento económico y la pobreza. Por supuesto que los porcentajes e incluso las jerarquías varían de una encuesta a otra, dependiendo de cómo se plantee la pregunta: si se le presentan opciones al encuestado o si la respuesta es espontánea. Dependen también de cuáles opciones de respuesta se ofrecen, en el primer caso, y cómo decide la casa encuestadora agregar los porcentajes de respuesta al momento de presentarlos públicamente.

Mitofsky preguntó por el principal problema del país, con determinadas opciones de respuesta. La inseguridad fue el más mencionado, con 29%. Siguió muy de cerca la crisis económica (26%) y luego, más distantes, el desempleo (17%) y la pobreza (8%). Después aparecen, con porcentajes mucho más pequeños, la corrupción (4%), la inflación (3%), los bajos salarios (3%), el narcotráfico (3%), los impuestos (2%), la educación (1%), el campo (1%) y la drogadicción (1%).

Una encuesta levantada por Ipsos Bimsa, también en mayo, preguntó por el problema más importante del país. En este caso, las respuestas fueron espontáneas. La encuestadora asoció 18% de ellas con la pobreza, 12% con el desempleo, otro 12% con la inseguridad, 11% con los bajos salarios, 10% con la delincuencia, 8% con la corrupción, 5% con la falta de agua potable, 4% con la falta de alumbrado, 4% con la falta de apoyo al campo, 3% con el narcotráfico, 3% con la falta de crecimiento económico, 2% con la contaminación, 2% con la falta de cumplimiento de la ley, 2% con la falta de educación, 2% con la falta de cumplimiento de los servicios de salud y 1% con leyes injustas.

Las diferencias entre una encuesta y otra se deben en parte a que Mitofsky ofrece al encuestado opciones de respuesta, mientras Ipsos Bimsa le plantea la pregunta y le permite responder espontáneamente. En un método como el de Ipsos Bimsa, queda a juicio de la casa encuestadora la forma de codificar las respuestas y, posteriormente, agregarlas en categorías más abstractas (ver la Tabla).

TABLA PETERSEN

La encuesta de Buendía & Laredo de mayo solo da tres opciones de respuesta, por lo que no permite al encuestado ser específico. El diagnóstico anterior, sin embargo, se mantiene. Para la mayor parte de los encuestados, el principal problema que tiene que atender el Gobierno es el económico, con 47%. Este porcentaje superó ampliamente el de las otras dos opciones: problema de seguridad pública (39%) y problema político (10%).

Los encuestados por GEA-ISA un poco antes, en marzo, podían responder de manera espontánea cuál consideraban el principal problema del país. Posteriormente, como en el caso de Ipsos, sus respuestas eran codificadas y agregadas en categorías más abstractas. La mayoría de las respuestas relacionaban el principal problema del país con la seguridad (42%), y luego con la economía (33%), la política (20%) y los servicios (5%). bgc preguntó directamente en mayo por el problema más grave del país y permitió a los encuestados responder espontáneamente. Tras la codificación y categorización, los mayores porcentajes los acapararon la seguridad pública (45%), los problemas económicos (43%), la corrupción (3%) y la educación (3%).

En suma, la inseguridad, el estancamiento económico y el bajo desarrollo social se rotan el primer lugar entre los principales problemas percibidos por los mexicanos. Los otros dos aparecen, siempre, en el siguiente par de posiciones. En ningún caso otros problemas llegan a los primeros lugares.

Seguridad, prosperidad y justicia: coordenadas normativas

A lo largo de los últimos años, la seguridad ha sido el gran incumplimiento del Estado mexicano. La seguridad no debe ser perseguida como un objetivo a toda costa, sino con pleno apego al Estado de derecho. Si bien delitos como el homicidio han ido a la baja a nivel nacional, otros como el secuestro y la extorsión han repuntado de manera alarmante. Estos promedios también esconden las desigualdades regionales: mientras la violencia baja en algunos estados, ha hecho crisis en otros, como Michoacán y Tamaulipas. En el combate eficaz a la inseguridad no caben diagnósticos parciales; es preciso entender el problema enteramente.

La prosperidad es un imperativo para México. El fundamento último de la prosperidad no puede ser otro que el crecimiento del PIB. La estabilidad macroeconómica conseguida en los últimos años no ha mejorado sustantivamente las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. Se requiere crecer a ritmos mucho mayores. Esto, por supuesto, tampoco debe hacerse a cualquier costa, sobre todo en términos inflacionarios, pero es insostenible mantener tasas de crecimiento de 1, 2 o 3% anual, so pretexto de mantener a raya la inflación. Ampliar la competencia en todos los sectores de la economía, especialmente en los monopolizados u oligopolizados, es fundamental para el crecimiento y se trata, por ende, de un asunto a discutir en la próxima coyuntura electoral. También es impostergable debatir qué factores explican el lento crecimiento de la productividad y qué instrumentos se pueden utilizar desde el Estado para impulsarla.

Hay que distribuir de otra manera los beneficios que genera el país. Además de que México debe ser más próspero, también debe ser más justo en la distribución del ingreso. Desde el Estado, la alternativa más efectiva es un régimen fiscal progresivo, que permita a los gobiernos contar con recursos suficientes para dar resultados en beneficio de los más desfavorecidos. Las políticas implementadas hasta ahora para combatir la pobreza apenas la han hecho variar en el margen: no la han reducido marcada y sostenidamente.

Rumbo a una discusión programática

De cara a las próximas elecciones federales, enfocar la discusión programática en principios normativos, orientados a la resolución de los principales problemas que perciben los mexicanos, permite, automáticamente, centrar la acción del Estado en lo prioritario para las mayorías. Esto, además de que legitima de entrada las decisiones de los gobiernos, posibilita en términos técnicos la formulación de políticas públicas a partir de diagnósticos amplios, y no solo elaborados por un selecto grupo de expertos. Arrancar la discusión programática desde estos tres principios permite también que haya un acuerdo básico sobre el espacio inicial de debate, acuerdo que, al final del día, será definido por la percepción de los propios ciudadanos.

De ninguna manera se pretende sostener que sea poco importante lo que las mayorías no consideran entre los principales problemas del país. Los gobiernos deben ser especialmente cuidadosos de que se pongan en práctica estrategias para resolver problemas o enfrentar amenazas graves a las que la ciudadanía no da tanta importancia, pero que frecuentemente se convierten en las peores dificultades. De hecho, las alternativas de respuesta a algunos de estos problemas “silenciosos” podrían categorizarse en alguno de los tres principios mencionados, sobre todo si se amplían las definiciones de estos. Por citar tres ejemplos: la educación podría entrar en el principio de prosperidad o en el de justicia, el medio ambiente en el de prosperidad y la impunidad en el de justicia.

Seguridad, prosperidad y justicia como principios son solo una de las múltiples maneras en las que se podría organizar la discusión rumbo a 2015. También podría organizarse de otras maneras, por ejemplo, en función de diagnósticos objetivos, no de percepción, sobre los principales problemas del país. Incluso se podría argumentar la inutilidad o imposibilidad de organizar la discusión o cuando menos de intentarlo. El planteamiento que aquí se hace es, pues, uno entre muchos.

Como una suerte de provocación para comenzar la discusión proponemos que la seguridad, la prosperidad y la justicia se vuelvan los criterios para evaluar todas las propuestas de política pública. La idea es que cualquier programa o plan de gobierno esté apegado a alguno o algunos de estos principios, dependiendo —por supuesto— del objetivo que se plantee. Una propuesta de reforma en materia de competencia, por mencionar un ejemplo, tendría que regirse sobre todo por el principio de prosperidad, sin dejar de lado el de justicia, mientras que una propuesta novedosa en política social tendría que apegarse sobre todo al de justicia. La premisa de una idea de este tipo es que la inseguridad, el estancamiento económico y el bajo desarrollo social son tan graves para los mexicanos que transversalizar su resolución a lo ancho de distintas políticas públicas podría conducir a soluciones más eficaces. 

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GERMÁN PETERSEN CORTÉS es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y estudiante de la maestría en Ciencia Política en El Colegio de México. Escribe todos los martes en Sin Embargo (Twitter: @GermanPetersenC).

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