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Crisis política, retos estratégicos de los movimientos sociales y el futuro de la democracia en México
Este País | Alberto J. Olvera | 01.05.2015 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/RYGERSZEM

En las delicadas circunstancias que vive el país, producto de una democratización a medias y de la persistencia de los poderes fácticos, entre otras causas, se habla cada vez más del riesgo de una restauración. Estamos ante una disyuntiva histórica. ¿Cómo evitar un retroceso autoritario?

México experimenta hoy una crisis política tan grave como la de 1994-1995, cuando coincidieron la irrupción del zapatismo, la lucha nacional por la democracia electoral, magnicidios políticos sucesivos y una crisis económica estructural. El régimen autoritario logró salir de esa crisis mediante una combinación de acciones desesperadas: negociaciones con el EZLN, una reforma electoral (1996) que ulteriormente abrió la puerta a la alternancia en el poder, una profundización del ciclo neoliberal y un arreglo de cuentas al interior del PRI.

Veinte años después, México vive el fin de los potenciales estabilizadores de esa peculiar combinación entre un tímido ciclo democratizador limitado a la esfera electoral y un proyecto neoliberal a medias, que terminó protegiendo los intereses de toda clase de monopolios, públicos y privados. En términos económicos, lo único logrado ha sido un prolongado estancamiento y un agravamiento de la desigualdad y la pobreza; en términos políticos, la democracia electoral agotó sus alcances, pues no condujo a la transformación del régimen.

La crisis de 2015 es múltiple: económica, política, moral y social, con todos los frentes viviendo momentos de definición. México confronta radicales disyuntivas: la restauración autoritaria o un salto cualitativo hacia la democratización; una ruta hacia el crecimiento o el estancamiento indefinido; la construcción del Estado de derecho o la continuidad de la precariedad institucional y la captura del Estado.

Democratización frustrada, crisis

de legitimidad

El régimen autoritario se preservó en la democracia electoral por tres vías:

1. A pesar de las múltiples reformas, el orden constitucional esencial se mantuvo intocado: un federalismo inviable, a la vez centralizador y fragmentador (centralización fiscal, descentralización del gasto sin rendición de cuentas); una división de poderes inoperante que le da un carácter diletante al Legislativo y mantiene al judicial en dependencia del Poder Ejecutivo (sobre todo en los estados) y a merced de una procuración de justicia fallida; tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) estructuralmente corruptos e ineficaces debido a la falta de un verdadero servicio profesional de carrera, la partidización del servicio público y la falta casi absoluta de sistemas operativos de rendición de cuentas.

2. Respeto a los poderes fácticos, fueran privados (Televisa, Telmex, etcétera) o públicos (SNTE, STPRM, etcétera), y persistencia de pactos entre políticos y empresarios locales, sindicatos mafiosos y poderes caciquiles regionales. Para colmo, se consolidó un nuevo poder fáctico, el del crimen organizado. Nada de esto ha cambiado, a pesar de las reformas impulsadas por el Pacto por México.

3. Se creó un sistema electoral autorreferente y cerrado, que no rinde cuentas a la sociedad, que monopoliza la designación de candidatos a puestos de elección popular y que se ha separado crecientemente de la sociedad. La centralidad de los medios de comunicación y las necesidades del trabajo clientelar territorial han elevado el costo de las campañas y colocado a los políticos a merced de los poderes fácticos, dadas sus necesidades ingentes de financiamiento.

El único gran cambio, pero de trascendencia inmensa, fue la pérdida de centralidad de la presidencia de la República, eje articulador del viejo régimen, lo que condujo a la fragmentación del poder del Estado, que a su vez se expresó en incapacidad para operar las políticas públicas, en corrupción rampante, en ineficiencia mayúscula en la gestión de las empresas públicas, en incapacidad para combatir al crimen organizado.

Los partidos políticos no tienen plataformas programáticas que reconozcan, diagnostiquen y mucho menos propongan medidas para superar estos problemas de fondo del Estado mexicano. Los partidos operan a espaldas de la realidad, interesados casi exclusivamente en las disputas de poder de corto plazo. Esta limitación se expresa también como una crisis de liderazgo, pues los dirigentes formales y fácticos no tienen la altura política que exigen los retos del presente. En 2013-2014 esta crisis se manifestó en divisiones internas en los principales partidos.

La estrategia de contención de la crisis

El diagnóstico del PRI en 2012 era que solo desde un ejecutivo empoderado y centralizador era posible realizar los cambios necesarios que recuperaran la capacidad de gobernar del Estado mexicano. Pero, ante el fracaso de la estrategia oficial de ganar la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2012 (en buena medida gracias al movimiento #YoSoy132), se planteó la necesidad de imaginar otro método de construcción de gobernabilidad. La decisión de López Obrador de construir su propio partido (Morena) dejó suelto al PRD, y el expresidente Calderón fracasó en su intento de controlar al PAN al término de su Gobierno. Estos fueron factores favorables a la negociación privada entre las élites partidarias. Así se tejió un pacto de partidos, en el que el eje central fue la agenda de reformas del presidente Peña Nieto, pero incluyendo algunas demandas del PRD y el PAN. La agenda resultante fue una especie de programa de gobierno a ejecutarse a través de un presidencialismo de coalición, que aseguraría la aprobación de un amplio paquete de reformas legales, institucionales y de políticas públicas. La lista de casi 100 acuerdos, de importancia diversa, incluyó las reformas faltantes del ciclo neoliberal (fiscal, energética, regulatoria), pero también algunas reformas políticas (nuevo órgano anticorrupción, nueva reforma electoral, finalización de la reforma penal, empoderamiento del órgano garante de la transparencia, etcétera). Durante 2013 y 2014 se concluyeron, desde el punto de vista legal, las reformas económicas neoliberales (sin implementarse aún en la práctica), pero las reformas de orden político fueron pospuestas hasta 2015, con la excepción de una reforma electoral centralizadora que no resolvió los problemas de fondo del sistema electoral. El Pacto por México está conceptualmente limitado a reformas que no tocan el corazón del régimen, siguiendo la tradición del gradualismo gatopardista que han desarrollado las élites políticas.

Mientras tanto, en los estados el autoritarismo se ha reconstruido, o bien nunca terminó de irse. La involución autoritaria de la política subnacional es un dato correlacionado con el empoderamiento de los gobernadores en el ciclo de transición. Este proceso se ha acompañado de una degradación de la vida pública local y, en los casos más graves, de una casi completa desintegración del propio Estado. Tales son los casos de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. La ingobernabilidad en esos estados se asocia al empoderamiento del crimen organizado y su colonización relativa de los gobiernos estatales y municipales.

Los movimientos de resistencia civil

A la luz de estos procesos estructurales es que debe leerse la crisis abierta por la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, la tragedia de Iguala y el estallido de escándalos de corrupción por colusión de intereses que involucran al presidente y su entorno. La masacre de Tlatlaya se quiso ocultar y hasta la fecha todo el aparato de Estado trabaja para limitar los daños al prestigio del Ejército y borrar las huellas de la ejecución extrajudicial como política de Estado en la lucha contra el crimen organizado. La incapacidad del Estado para resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala es tan solo la manifestación radical de las limitaciones del Estado mexicano, en el terreno tanto legal-institucional como político. La Procuraduría General de la República no ha podido localizar los cuerpos de los estudiantes ni construir un caso creíble contra los culpables materiales e intelectuales del crimen. El Gobierno no ha reconocido las responsabilidades que por omisión le corresponden a la policía federal, al Ejército y a las propias instituciones de justicia. Y en los escándalos de las casas del presidente y del secretario de Hacienda la única estrategia es la negación de un patente conflicto de interés.

La masacre de Iguala ha dado pie al surgimiento de dos tipos de movimientos sociales: el de los padres de las víctimas, que ha concentrado en torno suyo a la disidencia magisterial de Guerrero (CETEG) y a buena parte de las organizaciones de base popular del estado, y un heterogéneo movimiento nacional de solidaridad con las víctimas y de rechazo a la impunidad política. Entre octubre y diciembre de 2014 este movimiento solidario se extendió por todo el país y sus dimensiones superaron al #YoSoy132 de 2012 y al Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad de 2011. Si bien se replegó durante enero y febrero de 2015, el movimiento solidario en las ciudades todavía tiene potencial y su devenir dependerá de las acciones del Gobierno mexicano y de las demandas del movimiento popular guerrerense.

La incapacidad estatal para resolver la tragedia de Iguala ha favorecido la radicalización del movimiento de los padres de los estudiantes desaparecidos y de los maestros de la CETEG, quienes recurrieron de manera creciente a acciones directas que implicaron algún tipo de violencia. Esta estrategia ha empezado a producir un distanciamiento entre este sector radicalizado, fundamentalmente local en el propio estado de Guerrero, y el movimiento de solidaridad nacional, ya que la mayoría del mismo parece no compartir las prácticas ni la orientación antisistémica del movimiento local. Mientras tanto, el Gobierno ha cambiado su estrategia, pasando de la tolerancia del movimiento al control y la represión. Esta situación plantea un reto táctico puesto que sin apoyo solidario en las ciudades, el movimiento popular en Guerrero, aun cuando sea apoyado en Oaxaca y Chiapas por las secciones locales de la CNTE, podría quedar aislado políticamente, lo que facilitaría su represión.

El movimiento popular en Guerrero tiene el reto de evitar su aislamiento y tratar de construir un amplio frente societario en favor de la transformación política de México. Sin embargo, hay tendencias internas que consideran necesario continuar la acción directa, impidiendo las elecciones federales de 2015 y bloqueando el funcionamiento normal de las instituciones del Gobierno estatal, generando así condiciones de ingobernabilidad local, que después deberían extenderse a otros estados, al menos a Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, destacados activistas sociales han iniciado un movimiento en favor de la anulación del voto en las elecciones federales y locales de 2015. Esta posición, que coincide con el espíritu del movimiento antisistémico, acentuaría la vía antipolítica de resistencia. Aun sin movimiento anulista, la abstención puede ser la opción mayoritaria de una ciudadanía harta de una clase política insensible, corrupta e incompetente. Dado que el PRI tiene una base de votos dura e inamovible, el partido oficial podría ser el menos afectado en este escenario y aumentaría la probabilidad de su triunfo por mayoría absoluta en las elecciones locales y federales. Así, lo que el PRI no consiguió en 2012 debido al movimiento #YoSoy132, ahora podría lograrlo, paradójicamente, gracias al efecto no deseado de la acción del movimiento antisistémico y de la reacción abstencionista de la ciudadanía.

Este proceso podría tener una consecuencia devastadora: la recuperación del control por parte del presidente sobre los poderes legislativo y judicial federales. El único remanente de control institucional sería el Senado, pero debilitado por defecciones y compra de votos. El modelo de los gobiernos estatales —absolutistas, casi dictaduras unipersonales— podría replicarse así a nivel federal. Paradójicamente, el proyecto restaurador obtendría un triunfo estratégico justo en el momento de mayor debilidad del presidente y del PRI. Si el PRI controlase el legislativo federal podría neutralizar la recientemente aprobada reforma anticorrupción e incluso la nueva ley nacional de transparencia mediante la asignación sesgada de presupuesto (potestad de la Cámara de Diputados) y la posposición indefinida de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción.

Curiosamente, también Morena puede verse favorecido por el ánimo de rechazo popular a los partidos políticos. Se están creando las mejores condiciones para el crecimiento del partido personal de López Obrador, pues la autodestrucción del PRD en medio de la corrupción y el descrédito, y la creciente división del PAN y su desgaste político, hacen que Morena se convierta en una opción creíble para un sector de la ciudadanía. El regreso del líder puede revestir la peligrosa forma de un populismo antipolítico con amplio apoyo social.

En el corto plazo, el régimen se ve favorecido por el ambiente de confusión política y la ausencia de líderes visibles en la sociedad civil. Hay una enorme movilización de protesta y han emergido múltiples iniciativas para salir de la crisis, pero no existe un liderazgo capaz de unificar la diversidad de opciones políticas existentes en el seno de la sociedad civil, ella misma plural y heterogénea. Este vacío político favorece un escenario en el cual el PRI más conservador pretenderá asirse al poder, sin cambiar nada, esperando a que el propio movimiento social se desgaste en un contexto de represión, al igual que en 2006.

Para evitar este desenlace se requeriría la construcción de nuevas formas de vinculación entre movimientos sociales y actores políticos. Esto implicaría un acercamiento entre López Obrador y los dirigentes sociales, no para repartir puestos sino para consensuar agendas para la construcción de un Estado democrático de derecho. Pero esta alianza es poco viable en un contexto en el que, por un lado, el movimiento antisistémico apuesta al colapso del Gobierno a través de una especie de insurrección popular que buscaría crear micropoderes autónomos, mientras que, por otro lado, López Obrador piensa que no es necesario transformar las instituciones, sino simplemente tener “buenas personas” a cargo del Gobierno, y no ha buscado acercarse a los movimientos sociales, repitiendo su error de 2006.

Destacados activistas sociales han iniciado un movimiento en favor de la anulación del voto en las elecciones federales y locales de 2015. Esta posición, que coincide con el espíritu del movimiento antisistémico, acentuaría la vía antipolítica de resistencia

La alternativa de un sector de activistas sociales —que provienen de la izquierda católica—, encabezado por el obispo Raúl Vera, es la convocatoria a refundar la nación mediante una asamblea constituyente popular desde abajo, no mediada por los partidos. Esta estrategia apunta correctamente a la necesidad de refundar el Estado con base en una nueva ley fundamental. Pero esta es una tarea de mediano plazo cuya realización requiere inevitablemente mediaciones institucionales. La definición de una nueva constitución es un proceso que tiene que ser sancionado por leyes e instituciones. En este terreno podría plantearse un pacto entre los movimientos sociales y algún partido político: un compromiso para convocar a una asamblea constituyente en un plazo medio, de tal forma que haya tiempo para que se desarrollen los debates, se generen los consensos y se cree la organización social necesaria para impulsar el proceso.

Pedir esto parece demasiado en las circunstancias actuales, pero de no apostarse por un proyecto de esta naturaleza, el escenario más probable sería una nueva derrota del movimiento social antisistémico y un avance sustantivo de la restauración autoritaria. Después, hacia 2018, las puertas se abrirían al populismo personal en ausencia de instituciones, de una sociedad civil organizada y de partidos creíbles. Solo la consolidación de movimientos sociales articulados en torno a un proyecto de transformación del Estado mexicano en un verdadero Estado de derecho puede evitar este doble desenlace.

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ALBERTO J. OLVERA es profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y miembro del SNI, Nivel III. Doctor en Sociología por la New School for Social Research, se especializa en temas de sociedad civil y democratización en México y América Latina. Es coautor de La democratización frustrada (UV-CIESAS) y La disputa por la construcción democrática en América Latina (FCE).

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