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¿De qué sirven las consultas populares?
Escala Obligada | Este País | Mario Guillermo Huacuja | 01.01.2015 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/©enzodebernardo

Los instrumentos de la democracia directa propiciarían que nuestros gobernantes trabajaran menos para sus partidos y sus propios intereses y más para la sociedad. ¿Debe extrañar, entonces, que sean los propios poderes del Estado los que saboteen esta vía de participación ciudadana?

En ocasiones especiales, cuando las cansinas discusiones parlamentarias terminan por girar en círculo y los políticos descubren que han agotado todos sus argumentos, algunos gobernantes acarician la seductora idea de preguntar a los ciudadanos su opinión sobre temas fundamentales, decisiones coyunturales, estructuras políticas, funcionarios en activo y horizontes futuros, para de esa manera envolverse en la bandera inmaculada de la opinión pública y creerse la ilusión de que representan el sentir de las masas. Después de esos ejercicios, al conocerse la opinión de las mayorías, los políticos favorecidos por los resultados se jactan de gobernar con el aval indiscutible del pueblo. Y al revés, cuando los resultados implican fracasos dolorosos e irreversibles, los representantes del pueblo se ven obligados a renunciar para salvar el honor o ceder el paso a los contrincantes.

Este año se llevaron a cabo en el mundo importantes referéndums y consultas ciudadanas, herramientas que sirvieron para preguntar a los ciudadanos asuntos de políticas públicas que le atañen directamente. Por ejemplo, si se sienten cómodos perteneciendo a un país determinado o si prefieren independizarse y aparecer en el escenario internacional con una bandera y un himno propios.

Dos tipos de democracia

Según los especialistas en ciencia política, la democracia ha encontrado en el curso del tiempo dos fórmulas que en ocasiones se contraponen pero que tienen raíces profundas en las sociedades que han elegido esta forma de gobierno: la democracia directa y la democracia representativa.

La democracia directa germinó en la Grecia clásica, cuando la ciudad de Atenas era una aldea capaz de reunir a sus integrantes en una meseta aledaña —el monte Pnyx— para discutir y resolver entre todos los temas más importantes de la comunidad. La democracia directa era un sistema ideal para una sociedad tan pequeña. Las personas confiaban en sus vecinos, los acuerdos se ponían en práctica sin dilaciones y los integrantes de las instituciones gubernamentales eran efímeros. Las reuniones de la asamblea eran casi semanales, y para que hubiese quórum se requería la presencia de 6,000 participantes. Los cargos públicos duraban 12 meses, y los ciudadanos no se peleaban por ellos. Se adquirían por consenso, y no gozaban de canonjías. Parecía el reino de la utopía.

Conforme las sociedades crecieron y ganaron en complejidad, la democracia directa le dio el paso a la democracia representativa. El Senado de Roma se ha erigido como el mejor ejemplo de la democracia representativa en la antigüedad. Este sistema parte de la idea de que los ciudadanos no pueden dedicarse de tiempo completo al gobierno de las ciudades, comarcas o naciones, y por ello deben delegar en sus representantes las tareas de la administración pública, la elaboración de leyes, la impartición de justicia y la defensa del territorio. Los defensores a ultranza de la democracia representativa sostienen que se trata de un sistema estable y duradero, donde la participación ciudadana y la gobernabilidad encuentran un equilibrio permanente. Sin embargo, por las simulaciones y distorsiones de la vida política y los vicios ineludibles de la naturaleza humana, la democracia representativa ha derivado muchas veces en un alejamiento de los gobernantes respecto al pueblo al que representan, lo cual ha propiciado una mayor burocracia, el anquilosamiento de la clase política, una influencia perniciosa de las grandes empresas y corporaciones en las políticas públicas y el descontento de la mayoría de la población. Por eso, y para tratar de rescatar las raíces originales de un sistema basado en la libertad y la voz de las mayorías, los miembros de la democracia representativa buscan en sus momentos de crisis el regreso a la democracia directa, para escuchar sin intermediarios la voz de sus gobernados.

Algunos autores reconocen cuatro instrumentos de la democracia directa: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa o consulta popular y la revocación de mandato. Mientras el plebiscito se refiere a los asuntos de soberanía del Estado y la pertenencia a bloques de naciones, el referéndum es una convocatoria para que los ciudadanos acepten o rechacen las propuestas de su Gobierno. La iniciativa o consulta popular permite a los ciudadanos evaluar las propuestas surgidas de la propia sociedad o de las organizaciones políticas y sociales, y la revocación de mandato faculta a los ciudadanos a separar de su cargo a un representante popular caído en desgracia.

Europa a la cabeza

Aunque en Europa son muchos los países que han utilizado los mecanismos de la democracia directa, la nación que ha batido récords en la organización de referéndums es Suiza. A lo largo de su historia, esa pequeña nación ha recurrido al pueblo en cerca de 300 ocasiones para preguntarle sobre una gran cantidad de temas. Es tal la influencia de la democracia directa en el país, que el Parlamento muchas veces tiende a tomar acuerdos por consenso para evitar llegar a las consultas populares. En este sentido, la democracia directa es un reforzamiento de la democracia representativa.

En otros países la democracia directa ha provocado divisiones regionales y polarizaciones muy agudas. En Canadá, después de décadas de tensiones y desacuerdos, en 1992 el Gobierno logró a través de un referéndum la constitución de un equilibrio federal entre los gobiernos de las provincias y las naciones indígenas, y en 1995 la provincia de Quebec decidió mediante un plebiscito mantenerse dentro de Canadá, por un apretado margen de 51 contra 49%. En Estados Unidos, donde no se acostumbran los plebiscitos nacionales, los estados de la unión utilizan alguna forma de democracia directa para resolver diversos asuntos. Por ejemplo, el uso recreativo de la mariguana, que fue aprobado en las elecciones de 2012 en los estados de Colorado y Washington, y el pasado mes de noviembre en Alaska, Oregon y la ciudad capital del país.

Uno de los plebiscitos que tuvo una mayor difusión este año fue el que se llevó a cabo en septiembre en Escocia, para definirse o no como nación independiente. Con una enorme cantidad de participantes, Escocia votó por permanecer en el Reino Unido. Aunque los separatistas estuvieron cerca de cumplir sus sueños, el 54% de los ciudadanos les dijo que no era el momento. En el fondo yace el sentimiento que unificó a una gran potencia desde hace más de 300 años. Escocia fue parte de un imperio —con Inglaterra a la cabeza— que dominó al mundo hasta finales del siglo xix; luchó con ella furiosamente contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y se resistió —con menos ganas— a formar parte de la Unión Europea en años recientes. Con su voto, los escoceses han revelado pensar que, si le va bien al Reino Unido, le irá bien a Escocia.

Para David Cameron, primer ministro británico, la recuperación de Escocia fue un respiro profundo. Con Escocia en la bolsa, Inglaterra y los bancos de la City de Londres pudieron dormir tranquilos. El petróleo del Mar del Norte, en territorio escocés, se quedó en el Reino Unido, y la libra esterlina se mantuvo sin los descalabros que se auguraban con la separación.

Cuando cayó el telón del referéndum sobre la independencia de Escocia, en España se abrió otro capítulo de lucha para una región que se siente, en muchos sentidos, separada del Gobierno con sede en Madrid. En Cataluña, esa región con un lenguaje propio y un poderío económico muy importante, el Gobierno local llevó a cabo un referéndum sobre la autonomía de la zona. En la superficie del conflicto, resulta que sus habitantes no se sienten parte de España. Barcelona, su capital, es una ciudad con perfiles cosmopolitas y restoranes afrancesados que mira de cara al mar y a su propio futuro. Su equipo de futbol siempre ha sido el rival a vencer para el Real Madrid.

En el fondo, hay una pugna económica difícil de resolver. El producto interno bruto de Cataluña es el mayor de las provincias españolas, y los catalanes mandan forzosamente sus excedentes a las arcas gubernamentales de Madrid. Todos saben que lo que les devuelven es mucho menos de lo que mandan. Para los catalanes, su país está subsidiando a España con su riqueza.

Por eso en el referéndum que se llevó a cabo el pasado 9 de noviembre, al que acudieron a emitir su voto cerca de dos millones de catalanes, más del 80% de los participantes dijeron que preferían una Cataluña independiente. Como en el resto del país esta propuesta no se acepta, es previsible que el próximo año haya un aumento de tensiones.

México se asoma

A lo largo de su historia, México no ha sido un ejemplo de realización de consultas populares para tomar las grandes o pequeñas decisiones sobre su destino. Es uno de los muchos hábitos políticos que no existen en el país. Aunque la Constitución consagra el sistema de usos y costumbres de las comunidades indígenas, en el que las decisiones comunales se toman en asambleas y casi siempre por consenso, la práctica de preguntarle a la población acerca de cualquier tópico relacionado con el Gobierno, las políticas públicas o los temas de interés social no ha sido una constante de la vida política de la nación.

La consulta popular llegó muy tardíamente a México. Se legisló sobre su aplicación hasta marzo de 2014, cuando la Cámara de Diputados dispuso que “la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional”.1

La ley estableció las condiciones de su propia inoperancia. En su redacción, dejó claro que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos consagrados en la Constitución; la existencia de la federación y los estados; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas. La consulta popular podrá ser promovida por tres instancias diferentes.

Ante esas limitaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un conjunto de consultas populares promovidas por partidos y asociaciones políticas, porque todas caían dentro de las restricciones que la propia ley impuso. Ahora el Congreso tendrá que elaborar una nueva redacción sobre el tema. Pero independientemente de su invalidación, el esfuerzo realizado no fue en vano. Por primera vez en la historia del país, los ciudadanos se dieron cuenta de que su opinión puede incidir en las políticas públicas. Más allá de las elecciones y la importancia del sufragio, las compuertas de la participación política se han abierto.

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal de Consulta Popular, artículo 4.

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MARIO GUILLERMO HUACUJA es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de radio, guionista de televisión y funcionario público.

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