Lunes, 16 Diciembre 2019
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Un país económicamente especial, ¿por qué no?
Este País | Arturo Damm Arnal | 01.01.2015 | 0 Comentarios

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Desde el punto de vista liberal, el régimen fiscal especial que propone el Gobierno para los estados del sur debería ser la norma para todo el país. Menos impuestos equivaldría a más inversión, producción y empleos. Este artículo lo explica.

I.

El presidente Peña Nieto propuso, con el fin de apuntalar el progreso económico de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, un conjunto de 10 medidas, enmarcadas en el nombre genérico de Acciones para el Sur, que consiste en lo siguiente:

1. Más de 195,000 millones de pesos en infraestructura;

2. Creación de tres zonas económicas especiales: corredor industrial interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas y municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas;

3. Decreto que dará un trato fiscal diferenciado a los productores de los tres estados;

4. Apoyo a las escuelas normales rurales, establecimiento de un programa especial de becas y promoción de la investigación científica a través del Conacyt;

5. Plan emergente de empleo temporal para beneficiar directamente a 300,000 familias;

6. Dos mil millones de pesos adicionales en créditos para pequeñas y medianas empresas;

7. Programas emergentes de impulso al campo, con más de 4,000 millones de pesos adicionales en créditos;

8. Programa de renovación y repoblamiento de los cafetales;

9. Programa inmediato de pavimentación, con 1,500 millones de pesos;

10. Decreto de medidas de apoyo fiscal para Acapulco.

En Acciones para el Sur encontramos de todo, desde medidas legítimas del Gobierno en apoyo al progreso económico, como la inversión en infraestructura, pasando por el otorgamiento de privilegios tributarios, como lo es el trato diferenciado en materia de impuestos, hasta llegar al populismo económico, por ejemplo la oferta de créditos de parte del Gobierno, todo ello producto del eclecticismo de quienes no tienen claro cuál es el camino correcto al progreso económico, cuyo tramo inicial —el más importante por ser el primero— consiste en hacer valer, con gobiernos honestos y eficaces, el Estado de Derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, es decir las que reconocen, definen y garantizan los derechos reales de las personas.

II.

Mucho se puede decir en torno a las zonas económicas especiales (ZEE), como las que Peña Nieto propone para Guerrero, Chipas y Oaxaca, pero en este texto centro la atención en lo siguiente: más que ZEE, lo que necesitamos es un PEE (país económicamente especial), lo que quiere decir seguro, confiable y predecible para los empresarios que invierten de manera directa sus capitales, inversiones que son las que abren y/o apuntalan empresas, producen bienes y servicios, crean empleos y permiten, a quienes obtienen esos puestos de trabajo, generar ingresos; inversiones directas, también, que son la causa eficiente del crecimiento de la economía, medido por el comportamiento de la producción de bienes y servicios, el producto interno bruto (PIB), que es la parte cuantitativa del progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa) y mejores (dimensión cualitativa) bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social). ¿Es México un PEE? Si no lo es, ¿mejora para llegar a serlo?

Una manera de responder la pregunta la encontramos en el Índice de Competitividad Global, calculado y publicado por el Foro Económico Mundial, que mide cómo andan los países en materia de competitividad, definida como la capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, es decir, como la habilidad para hacer de una nación un PEE. Atraer: que los capitalistas decidan invertir directamente en México y que esa inversión directa sea vista no como un riesgo sino como una oportunidad, lo cual depende de qué tan seguro, confiable y previsible sea el país, lo cual a su vez depende (1) de que las leyes sean justas y (2) de que el Gobierno las haga valer. Retener: que los capitales ya invertidos en México se queden invertidos en México. Multiplicar: que las ganancias obtenidas por los capitales invertidos en México se reinviertan de manera directa en este país, propiciando así un círculo virtuoso de más inversión directa, mayor producción de bienes y servicios, creación de más empleos y generación de mayores ingresos y, por ello, de mayor bienestar.

Según el Índice de Competitividad Global 2014-2015, México ocupa el lugar 61 entre 144 naciones, con una calificación de 6.1 sobre 10. En el índice anterior, el correspondiente al periodo 2013-2014, México ocupó la posición 55, con una calificación de 6.1. ¿Es México un PEE? No. ¿Mejora para llegar a serlo? No. ¿Podría mejorar? Sí.

III.

De entre las propuestas recogidas en Acciones para el Sur, hay que reconsiderar la tercera (trato fiscal diferenciado a los productores de Guerrero, Chiapas y Oaxaca) y la décima (medidas de apoyo fiscal para Acapulco) y convertirlas no en privilegios para algunos (lo cual viola el artículo 31 de la Constitución, que señala que el pago de impuestos debe ser equitativo) sino en la regla para todos. El reto no es hacer de Guerrero, Chiapas y Oaxaca una ZEE en materia de impuestos, sino hacer de México un PEE en materia tributaria, partiendo del reconocimiento de las siguientes relaciones: a más y/o más elevados impuestos, sobre todo a las empresas (inversiones, ingresos, ganancias), menor competitividad del país; a menor competitividad del país, menos inversiones directas; a menos inversiones directas, menor producción de bienes y servicios, mayor escasez y menor bienestar. Según esta secuencia lógica, ¿de qué depende, entre otras variables, un mayor bienestar de la gente? De menos y menores impuestos.

La competitividad de los países depende de muchas variables (el Índice de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, se calcula a partir de 111 variables distintas), entre las cuales destacan los impuestos; entre la competitividad y los impuestos existe esta relación: a más, y más elevados, impuestos, menor competitividad, y por lo tanto menos inversiones directas, y por ello menor crecimiento de la economía, precisamente lo que está pasando en México.

El Banco Mundial, junto con la firma PWC, publica el estudio “Paying Taxes”,1 en el que se comparan 189 países en materia de impuestos. En este estudio encontramos, entre otros muchos, el siguiente dato para México: la tasa promedio que se cobra a las empresas es de 51.7%. ¿Mucho o poco? Comparemos. La tasa promedio mundial es de 40.9%; así, la que se cobra en México resulta 26.4% mayor, lo cual de entrada le resta competitividad a la economía mexicana, con los efectos negativos que ello tiene sobre las inversiones directas, la producción de
bienes y servicios, y el crecimiento de la economía, una muestra más del engendro tributario que padecemos ¡sin tener que padecerlo! A las pruebas me remito.

Si el año pasado, a nivel federal, se hubiera cobrado un solo impuesto (se cobraron 15 distintos) a la compra de bienes y servicios para consumo final, se habría recaudado 50% más de lo que se recaudó (2.4 contra 1.6 billones de pesos), todo ello sin cobrarle impuestos a las empresas, ya que se trata de un impuesto a la compra de bienes y servicios para consumo final, que no se aplicaría ni a las inversiones de las empresas (compra de medios para la producción de bienes y servicios), ni a los ingresos y ganancias de las empresas, lo cual se traduciría (¿exagero?) en una explosión de competitividad, precisamente lo que nos urge para superar el por demás mediocre crecimiento promedio anual de la economía mexicana en los últimos 32 años: 2.2 por ciento.

IV.

La propuesta de Peña Nieto de cobrar menos impuestos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca parte del reconocimiento de que eso, el cobro de menos impuestos, sobre todo a las empresas (Peña Nieto se refirió a los productores), es una condición necesaria para lograr más inversiones directas, más producción de bienes y servicios, más empleos, más ingresos y, por ello, más consumo y más bienestar. Si Peña Nieto considera que eso es lo correcto para lograr un mayor progreso económico, ¿por qué no proponerlo para todo el país, sobre todo si el Impuesto Único a la Compra de Bienes y Servicios de Consumo Final, de 15%, elevaría considerablemente la recaudación?2 En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de las fronteras.  

1 <http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/index.jhtml>

2 Dicho esto, no puedo dejar de señalar que, mientras no se revise a fondo en qué, cuánto y cómo gasta el Gobierno, poner un peso más en manos de cualquier gobernante, ¡tal y como ya sucedió con la contrarreforma fiscal!, es tanto como meterle dinero bueno al malo.

_________

ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.

([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal)

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