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Impunidad: la desigualdad fundamental en México
Este País | La Brecha De La Desigualdad | Pedro Gerson | 01.03.2015 | 0 Comentarios

©iStockphoto.com/mangsaab

Sin igualdad ante la ley, no es concebible abatir la desigualdad económica. Este texto pone el dedo en una de las raíces, sin duda la principal, del problema. Mientras las normas y el sistema de justicia favorezcan a unos cuantos, la brecha entre la opulencia y la miseria seguirá ahí. Es un círculo vicioso: sin dinero, los pobres no pueden aspirar a una buena defensa.

Si la legitimidad del Estado depende en gran medida de la igualdad en la impartición de justicia, como sostuvo el filósofo John Rawls, nosotros tenemos un Estado ilegítimo. O, por lo menos, así lo cree la mayoría de los mexicanos; las encuestas de percepción del INEGI están ahí para constatarlo. Una de las raíces de la desconfianza en el sistema jurídico es que la ley no cae con el mismo peso sobre todos. La desigualdad en la impartición de la justicia no es solo un tema legal: lleva también a una problemática social que corroe la fe en las instituciones y, por ende, impide la maduración de nuestra democracia.

La desigualdad frente a la ley

Hay muchas realidades de nuestro país que impiden el acceso a la justicia. En materia penal, por ejemplo, la marginación económica impide una defensoría de calidad. Si bien el Estado provee servicios de defensa, las cifras muestran que en promedio un defensor atiende 205 casos al año.1 Con tal carga de trabajo, es difícil creer que la gente en condición de pobreza pueda contar con una defensa de calidad, condición necesaria para el debido proceso. Un ejemplo en materia civil es cómo los grupos vulnerables, como la comunidad LGTB, los indígenas, los migrantes o los discapacitados, viven una condición jurídica desigual. Estos grupos ya llevan mucho tiempo batallando a favor de la equidad, como muestra el caso de Víctor Aguirre y Fernando Urías2 en Mexicali, que lucharon enormemente para casarse. Estamos muy lejos de que desigualdades como estas sean atendidas, y es urgente que lo sean. Sin embargo, hay un problema más de fondo en nuestro sistema jurídico: la impunidad que hace que la ley no sea ciega.

Mientras que la mayoría de la gente sufre cuando se enfrenta a un proceso jurídico, ya sea porque no tiene los recursos para ser representada de forma sustancial, o porque se le aplican reglamentos de forma rigurosa, o porque su interacción con el poder judicial es tardada y tediosa, o todas las anteriores, hay un grupo de personas para el que la ley parece no aplicar. Dicho de otro modo, mientras muchos sufren con las autoridades, otros viven al margen de estas, en total y completa impunidad.

La impunidad que vive nuestro país está plasmada en todos los medios con una regularidad apabullante. Noticias como las del despilfarro y escape de Humberto Moreira, los cochupos del sindicato de Pemex y su aforado líder o la simulación de investigación de conflicto de interés del Ejecutivo son el pan de cada día. Los ejemplos son tantos que dan para un libro completo, como el que recientemente publicó Ricardo Raphael: El Mirreynato: La otra desigualdad. Con cada página, la crónica de Raphael nos revela lo inalcanzables que son las cúpulas de poder de este país para nuestro sistema de justicia. Leer el libro se convierte en un ejercicio de aguantar la indignación. En contraste, vemos cómo en Alemania renuncian funcionarios por haber plagiado sus tesis doctorales;3 en Brasil, la directora de la paraestatal petrolera deja el cargo, a pesar de no estar acusada, como reconocimiento de que hubo corrupción y no la atendió,4 o en Estados Unidos, un exgobernador es encarcelado por dos años por haber recibido alrededor de 150 mil dólares en préstamos y viajes a cambio de favores,5 módica cantidad en comparación a los escándalos mexicanos.

Este tipo de noticias es un reflejo de la realidad desigual de nuestro sistema legal. Unos pocos viven de la corrupción y salen ilesos, otros muchos nos sometemos a interacciones con la ley que son normadas por impotencia e incertidumbre. La injusticia fundamental que se siente al saber que la ley es muchas cosas pero no efectiva corroe la fe que se puede tener en nuestras instituciones, y esto a su vez imposibilita nuestro desarrollo democrático.

La percepción de la justicia en México

Muchas encuestas documentan la falta de credibilidad de nuestras instituciones. De acuerdo con Transparencia Internacional, tenemos una calificación de 35/100 en corrupción, y en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project ocupamos la penosa posición 79 de 99. Finalmente, los Indicadores Globales de Gobernanza (WGI, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial muestran que de 2002 a 2012 la percepción en México del Estado de derecho empeoró, mientras que en la mayoría de los países vecinos y en casi todos los de la OCDE se ha mantenido constante o mejorado.

TABLA GERSON

El panorama que nos ofrecen los datos locales es igual de desesperanzador. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (Envipe) del INEGI muestra que cuando menos 50% de la población cree que hay corrupción en todos los ministerios públicos, policías y jueces, tanto a nivel estatal como federal. Es difícil saber si esta percepción se queda corta o no con respecto a la realidad, dado que no existen datos duros de la corrupción; lo único que hay son medidas de percepción. Sin embargo, una percepción tan negativa, independientemente del nivel real de corrupción, puede ser suficiente para diluir la confianza pública.

Por otro lado, 83% del país cree que a los delincuentes se les castiga algunas veces o nunca. Solo el 10.4% de las personas cree que a los delincuentes se les castiga muchas veces, mientras que casi 11% cree que nunca se les castiga, lo que nos habla de un país en el que la autoridad ha perdido su credibilidad. La percepción es tan negativa que la ciudadanía también reporta confiar más en sus compañeros de trabajo o escuela que en las policías o el Ministerio Público.

Al ver la tasa de denuncia podemos entender cómo los problemas de percepción tienen una incidencia real en el comportamiento de los ciudadanos y su relación con las autoridades. En 2013, solo 9.9% de los delitos cometidos fueron denunciados. Para poner esta cifra en contexto, de acuerdo a la Oficina de Estadística Judicial de Estados Unidos, la gente en el país vecino reportó 46% de los delitos cometidos en 2013.6 En Inglaterra reportan 41% de los crímenes, mientras que en Chile la cifra es de 44%.7 La Envipe confirma que esta tasa de denuncia no es coincidencia: 65% de la gente no reportó delitos por cómo percibe a la autoridad.8 El ciudadano no denuncia porque considera la denuncia una pérdida de tiempo o porque desconfía de la autoridad. Es muy posible que esta desconfianza se deba no solo a experiencias personales o de familiares negativas, sino a que sabemos que la ley no se aplica con la misma vara en este país. La impunidad de unos provoca la impunidad generalizada de otros tantos.

Esta desconfianza es un gran problema porque puede ser la diferencia entre un proyecto de democracia exitoso y uno fallido. Hay evidencia de que la voluntad de los individuos de respetar las leyes está directamente ligada a la percepción de que el sistema produce resultados justos.9 Si existen estos, se pueden crear las condiciones de confianza necesarias para la colaboración; estas, a su vez, fortalecen las instituciones que impulsan el desarrollo, tanto social como económico.10 Es decir, la confianza es el engranaje para que mucho de lo demás funcione.11

En una sociedad en la que la mayoría no tiene acceso a la justicia por su situación económica, es tratada de manera desigual debido a sus circunstancias y conoce de primera mano la impunidad y corrupción que permea la vida pública, no hay condiciones para que se cree y fomente esa confianza. Llegamos así a la situación actual, en la que la policía recibe una calificación de cinco, el 65% de la gente cree que los jueces son corruptos y la gente confía más en sus vecinos que en los ministerios públicos. La impunidad impide que haya condiciones para un mejoramiento institucional y, por ende, para el desarrollo económico y humano. Mientras la impunidad reine, el sueño de una democracia real se quedará en eso: un sueño.

[1] José Ramón Cossío, “La reforma judicial penal en las entidades federativas” en Las reformas y los estados, IMCO, México, 2014: <http://imco.org.mx/indices/documentos/2014_ICE_Libro_Las_reformas_y_los_estados.pdf>.

[2] <http://www.animalpolitico.com/2015/01/tras-impedir-4-veces-la-boda-gobierno-de-mexicali-casa-primer-matrimonio-gay/>

[3] <http://www.theguardian.com/world/2011/mar/01/german-defence-minister-resigns-plagiarism>

[4] <http://www.theguardian.com/world/2015/feb/04/petrobras-chief-resigns-brazil-corruption-scandal>

[5] <http://www.nytimes.com/2015/01/07/us/bob-mcdonnell-ex-governor-virginia-sentencing-corruption.html?ref=topics&_r=1>

[6] Jennifer Truman y Lynn Langton, Criminal Victimization, 2013, septiembre de 2014: <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv13.pdf>.

[7]<http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_seguridadciudadana/victimizacion2013/presentacion_resumen_x_encuesta_nacional_seguridad_ciudadana.pdf>

[8] Pudo ser por miedo a ser extorsionado, por pérdida de tiempo o trámites ineficientes, por desconfianza en la autoridad o por actitud hostil de la autoridad.

[9] Tom R. Tyler, Why People Obey The Law, Princeton University Press, pp. 32-36.

[10] Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, 8 de marzo de 2012 (edición Kindle).

[11] Danny Oppenheimer y Mike Edwards, Democracy Despite Itself: Why a System That Shouldn’t Work at All Works So Well, The MIT Press (edición Kindle).

__________

PEDRO GERSON es investigador del IMCO <@ElPGerson>.

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