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Rendir cuentas (I)
Correo De Europa | Este País | Julio César Herrero | 01.01.2015 | 0 Comentarios

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España empieza a ver la luz al final del túnel de la crisis económica. En el camino, sin embargo, se han quedado derechos importantes, el Estado de bienestar y un gran sector de la población cuyas condiciones han empeorado.

Apenas ha comenzado un año que será decisivo para España y, por extensión, para la Unión Europea. Faltan solo tres meses para que se celebren elecciones municipales y autonómicas, y solo nueve para que todos los españoles participen en unas elecciones generales. Los últimos tres años han sido, probablemente, los más duros de las últimas décadas. Los efectos de la crisis se han dejado ver y han provocado sus peores consecuencias desde 2011. Las duras exigencias económicas impuestas por Bruselas para alcanzar unos objetivos de déficit demasiado exhaustivos en un plazo demasiado corto han evidenciado, al menos, dos cosas. Primera: el Gobierno ha sido incapaz de hacer valer el peso de España en la Unión y se ha doblegado a imposiciones que han abierto una tremenda fractura social en el país. Los buenos aunque tímidos resultados en términos macroeconómicos comienzan a verse, como también el desmesurado aumento de las desigualdades, la pérdida de derechos conquistados durante muchos años, el debilitamiento de un envidiable Estado de bienestar o el incremento del desempleo. Segunda: centrar una legislatura en asuntos exclusivamente económicos sin prestar atención a otras áreas ni a las consecuencias sociales de esas medidas económicas puede oscurecer los resultados del objetivo marcado o —lo que en términos políticos es peor— volverlo inservible electoralmente.

El Ejecutivo conservador que dirige Mariano Rajoy tenía tres opciones a la hora de resolver la difícil situación económica que atravesaba España cuando llegó al poder:

1. Atender los requerimientos de Bruselas y de los mercados. La primera imponía reducir drásticamente el déficit; los segundos, que se cumpliera con esa pretensión para revertir la falta de credibilidad que afectaba al país, de modo tal que ellos pudieran seguir financiando la deuda pública (que, si bien no estaba en el origen de la crisis, se convirtió en uno de los retos, al asumir el Estado la deuda privada de algunas entidades financieras ante la quiebra del sector y la necesidad de sanear el sistema bancario).

2. Olvidarse del “rescate” a los bancos con el dinero prestado por Europa y centrar la atención en las familias que se estaban viendo más afectadas por la crisis como consecuencia también del pinchazo de la burbuja inmobiliaria (especificidad española): aumento del desempleo, incapacidad para el pago de las hipotecas, desahucios…

3. Cumplir con las obligaciones que marcaba Europa, negociando tiempos más razonables para alcanzar los objetivos de déficit y, de esa forma, acometer las profundas e imprescindibles reformas estructurales pero salvaguardando a la vez el Estado del bienestar. Esto habría permitido satisfacer los deberes, recuperar la confianza de los mercados y, sobre todo, no dejar desprotegidos a los ciudadanos más desfavorecidos ante los efectos derivados tanto del mandato europeo como de las reformas.

Lamentablemente, España no optó por la tercera vía sino por la primera. Ahora, el crecimiento del país parece incluso que puede ser mayor al previsto, a pesar del estancamiento o la recesión, según el caso, de Italia, Francia o la propia Alemania, países destino de una buena parte de las exportaciones. Los parámetros macroeconómicos empiezan a arrojar resultados positivos. Pero ¿a cambio de qué? De una reforma laboral que buscaba, entre otras cosas, facilitar el despido y desactivar la acción sindical. Como consecuencia, aunque comienza a descender el número de desempleados (no respecto al que había cuando el PP llegó al Gobierno, sino al máximo alcanzado en estos cuatro años de su legislatura), nueve de cada diez contratos son temporales; de esos, el 63% son indeseados; de los más de cinco millones de parados, tres millones no cobran ningún tipo de prestación, y, lo que resulta más preocupante, un tercio de los asalariados cobra menos de 645 euros al mes. Es decir, tienen un trabajo que no les vale para vivir.

En España, 750 mil hogares no tienen ingresos. Ninguno de sus componentes consigue llevar dinero a casa. Para la Unicef, 2.7 millones de niños —uno de cada tres— viven en la pobreza o están también en riesgo de exclusión, lo que nos sitúa solo por detrás de Rumanía en el entorno de la Unión Europea. Un último dato: unos 200 mil niños sufren de malnutrición. Es decir, no pueden comer carne o pescado una vez cada dos días.

Estas son algunas de las consecuencias de una acción de gobierno que se centró en conseguir cumplir los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y en recuperar la confianza perdida de los mercados.

_______

JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente y de investigación con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y publicado varios libros y artículos científicos sobre esa materia.

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