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Después de las elecciones intermedias en Estados Unidos
Este País | Voces De La Migración | Fernando Sepúlveda Amor | 01.01.2015 | 0 Comentarios

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La relación de fuerzas entre el Congreso y el Ejecutivo ha cambiado. Los republicanos intentarán limitar la reforma de salud y el decreto migratorio de Obama, pero a riesgo de perder votos para la elección de 2016.

Las elecciones intermedias del 4 de noviembre pasado en Estados Unidos produjeron un cambio importante en el balance de fuerzas políticas en la Cámara de Representantes y en el Senado entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en donde este último obtuvo el control de las dos cámaras. Este cambio impactará el desarrollo de la vida institucional en el Gobierno del presidente Obama, con repercusiones difíciles de anticipar pero que pudieran tener efectos profundos en la política estadounidense en los dos últimos años de la administración de Obama y en las elecciones presidenciales de 2016.

El Partido Republicano, cuya estrategia a partir de la pérdida de la presidencia en 2008 ha sido la de obstaculizar todas las iniciativas del presidente Obama y del Partido Demócrata, al grado de haber ganado el título de “Partido del No”, para posteriormente acusar a Obama de ser un presidente inefectivo, se encuentra ahora ante la disyuntiva de seguir oponiéndose a todas las políticas del presidente o intentar sacar adelante una agenda legislativa propia en temas cruciales, tales como el control del déficit, la política impositiva, la orientación del presupuesto, la reforma a las leyes de inmigración y al sistema de salud, temas que han sido objeto de serios enfrentamientos con el presidente Obama y que condujeron absurdamente en 2013 a la paralización del Gobierno federal por la falta de aprobación del presupuesto y a la consecuente “secuestración” indiscriminada de las partidas presupuestales, que derivó en recortes obligados en los diversos rubros de la administración y en graves daños a la economía de Estados Unidos, y afectó la calificación crediticia del Gobierno y la imagen mundial de este país.

Con el control de las dos cámaras el Partido Republicano se enfrenta al reto de producir leyes que resuelvan adecuadamente las cuestiones que han sido el objeto de polarización en el Congreso. Por ejemplo, los republicanos hicieron una agresiva campaña en contra de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) aprobada en 2010 por la mayoría demócrata, con miras a su revocación. La abrogación de laACA ciertamente enfrentaría el veto del presidente Obama, a menos que contara con el apoyo de dos tercios de los legisladores de las dos cámaras, situación altamente improbable. Esta acción, por otro lado, afectaría a un buen número de nuevos asegurados en los planes de salud de los mercados estatales de seguros médicos establecidos en la ley, y a los subsidios gubernamentales que permiten a un importante sector de la población de bajos recursos acceder a un seguro médico, lo que indudablemente influiría en la votación en la contienda presidencial de 2016.

Independientemente de lo anterior, el Partido Republicano necesitaría presentar una alternativa viable a la reforma de salud existente, alternativa que no parece existir ya que irónicamente la ACA está basada en una propuesta de la conservadora Heritage Foundation, de alineación republicana, que dio origen a la exitosa implantación del sistema en 2006 por el entonces gobernador republicano Mitt Romney en Massachusetts.

Ante esta perspectiva, la dirigencia republicana ha puesto a flote la opción de sabotear la operación de la ACA mediante recortes al presupuesto, tanto en la expansión de los servicios de Medicaid para la población de bajos recursos, como en los fondos destinados a financiar los subsidios a las primas de seguros médicos, que permiten el acceso a planes de salud a una población con ingresos de entre el 200 y el 400% del nivel federal de la pobreza (FPL, por sus siglas en inglés).

Esta estrategia igualmente afectará a un gran número de personas que actualmente han podido acceder a servicios médicos de los que antes carecían y cuya cancelación evidentemente tendrá consecuencias electorales. Ante esta situación, el Partido Republicano podría optar por hacer modificaciones a la ley actual, para corregir o mejorar algunos aspectos que requieren pulimento, posición que favorece a 30% de la población, misma que se encuentra dentro del 53% que desaprueba esta ley, contra solamente el 19% que plantea su eliminación.

La dirección que el Partido Republicano decida seguir será determinante en la percepción que el público tenga de la actuación de la legislatura republicana y en los resultados de la votación en noviembre de 2016, pero no cabe duda de que el triunfo por haber alcanzado el control de ambas cámaras no se traduce automáticamente en una aplastante derrota de las políticas del presidente Obama y los demócratas, sino en un reto y una oportunidad para producir leyes que beneficien al país y a sus ciudadanos, y demostrar de esta manera la capacidad de gobernar mediante la propuesta de soluciones viables a los múltiples problemas que afronta Estados Unidos.

Pero es un caso perdido. Esto parece que no va a suceder así. La reforma migratoria presenta un nuevo obstáculo a la posibilidad de lograr un acuerdo de los republicanos con el presidente Obama. En junio de 2013 el Senado aprobó de manera bipartidista la Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria por una mayoría de 68 votos sobre 32, la que fue enviada para su ratificación a la Cámara de Representantes, en donde a pesar de existir indicios de contar con el número suficiente de congresistas de ambos partidos dispuestos a dar un voto afirmativo, el líder republicano de la Cámara, John Boehner, no permitió la discusión ni el voto de la legislación, alegando que la Cámara emitiría su propia versión de la reforma en leyes separadas, pero temiendo en realidad una represalia del ala derecha del Partido que le hubiera costado la dirigencia.

En año y medio los republicanos en la Cámara de Representantes no produjeron la reforma ofrecida y en noviembre de 2014 el presidente actuó de manera unilateral dictando un decreto tendiente a diferir por tres años la deportación de cerca de 5.5 millones de inmigrantes indocumentados y otorgando permisos de trabajo a aquellas personas con cuando menos cinco años de estancia en el país y que tienen un hijo que es ciudadano estadounidense o residente legal, así como a los menores de 16 años que entraron al país antes de 2010 traídos por sus padres de manera indocumentada. Igualmente, expandió la inmigración legal de entre 150 mil y 200 mil trabajadores especializados, totalizando este decreto la protección de aproximadamente 5.7 millones de inmigrantes.

El decreto de Obama coloca a los republicanos a la defensiva; el presidente evidencia la inacción en materia migratoria en el Congreso y, por otra parte, los presiona para que emitan una legislación al respecto que él pueda firmar. La dirigencia republicana ha reaccionado con enojo a esta acción del presidente, acusándolo de haber excedido sus funciones constitucionales y amenazando acciones legales en su contra, calificando el decreto de “presidencia imperial”, declarando además que esta acción “envenenó el pozo” para alcanzar un acuerdo bipartidista de reforma migratoria y, al mismo tiempo, explorando la posibilidad de recortar fondos presupuestales para la ejecución del programa y, más aún, el cierre del Gobierno y el inicio de un proceso para destituir al presidente.

Puro teatro. La verdad es que los republicanos tienen poco margen de acción y Obama los ha colocado en una posición muy incómoda en la que o plantean una reforma migratoria viable, o se oponen a este decreto mediante distintas medidas, arriesgando la pérdida del voto latino. En diciembre la dirigencia republicana en la Cámara de Representantes optó por aprobar el presupuesto para el siguiente año fiscal, con un gesto meramente simbólico de aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna —encargado de la operación del decreto— únicamente hasta marzo de 2015, con la esperanza de encontrar mientras otras vías para cancelar el decreto del presidente.

Es improbable que esto suceda. Existe el precedente de dos presidentes republicanos que firmaron decretos para legalizar la estancia de inmigrantes indocumentados en el país: el presidente Reagan en 1986 y el presidente George H. W. Bush en 1990. El Partido Republicano tendrá que caminar una línea muy fina para poder salir del encajonamiento en el que los ha situado Obama. Será esta una tarea difícil para la dirigencia del Partido Republicano, la que deberá controlar las derechas extremas del Tea Party, que quisieran incendiar la casa, especialmente en vísperas de las elecciones primarias para elegir al candidato republicano a la presidencia en 2016.

En el caso de México, de acuerdo con datos publicados por el Pew Research Center, son mexicanos 68.4% de los inmigrantes indocumentados elegibles para la suspensión de la deportación en el decreto del presidente Obama. Esto quiere decir que 3.9 millones de emigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos tendrán la posibilidad de contar con un alivio a la amenaza de deportación y con permisos de trabajo por tres años más, en espera de que en este tiempo se alcance a expedir una reforma migratoria que lo haga permanente, o de que el próximo presidente extienda este plazo.

No obstante, no hay que cantar victoria. Las restricciones económicas para tramitar los permisos, el desconocimiento de los procedimientos y el temor de ser identificados oficialmente como indocumentados, y deportados más adelante en el caso de una reversión del decreto, han frenado el ingreso al programa Deferred Action for Childhood Arrivals, emitido por Obama en 2012 para los hijos de inmigrantes indocumentados traídos al país siendo menores, en el que de los 1.2 millones de candidatos elegibles, únicamente 553,197 han sido aprobados a la fecha.

Estaremos pendientes para ver qué sucede. Se va a poner interesante.

_________

FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

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