Pocas decisiones judiciales han despertado más pasiones y levantado más ámpulas en la historia reciente de México que la de la liberación de Florence Cassez en 2013, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgara un amparo. No solo esa resolución sino el proceso entero dejaron al descubierto las enormes deficiencias y las lastimosas taras que padece nuestro país en materia de seguridad pública y procuración de justicia. En fechas recientes, Luis de la Barreda Solórzano y José Reveles publicaron, cada uno por su cuenta, sendos libros sobre este caso indignante: ¿Culpable? Florence Cassez, el juicio del siglo (Grijalbo, México, 2013) y El affair Cassez: La indignante invención de culpables en México (Temas de hoy, México, 2013), respectivamente. Con motivo de estas publicaciones, Este País conversó en distintos momentos con cada uno de ellos. Luis de la Barreda es doctor en Derecho por la UNAM, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de esa universidad así como de la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de una veintena de libros. También fue fundador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y director general del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Actualmente es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. En su libro, De la Barreda hace una reconstrucción del caso sustentado en la lectura del expediente y en las declaraciones de múltiples actores. José Reveles es periodista desde hace más de cuatro décadas. Como tal, ha presenciado algunos de los episodios más críticos de la historia reciente de México y Latinoamérica. Egresado de la escuela Carlos Septién García, ha laborado en medios como Excélsior, Proceso, Filo rojo, El Financiero y Variopinto, entre otros. Autor de una decena de libros, entre los que se cuentan Villa, Sofía Loren y los sandinistas y Narcoméxico, en 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje. ARM
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué escribir y publicar un libro como el suyo?
LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO: Hay un jurista italiano, Francesco Carnelutti, que habla de la enorme pasión que despiertan los juicios penales que se siguen por los delitos más graves. El caso de Florence Cassez despertó un interés gigantesco y encendió unas pasiones que aún no se apagan del todo.
Entonces, es un tema para un libro. Tuve la fortuna de poder analizar completo el expediente del proceso, y uno de los grandes placeres intelectuales es descubrir la verdad de algo. Imagínese cuando Galileo, Copérnico o Darwin empezaron a hacer sus descubrimientos para luego revelarlos, es decir, “esto es lo que he descubierto y lo presento al público en un estudio, en una conferencia, en un libro”. También los llamados científicos sociales o los juristas, cuando toman un tema y se van acercando a desentrañar lo que hay allí, si tienen esa vocación del curioso —cualidad sin la cual no se puede ser investigador—, sienten el placer de ir descubriendo cosas y compartirlas. En un caso en el que la mayoría de la gente no sabe qué pasó (90% de la gente dice: “Bueno, Florence fue absuelta por errores de procedimiento”, pero no tiene idea de si las pruebas que sustentaron la acusación y las sentencias eran aptas para condenarla), resulta un reto muy estimulante primero descubrir la verdad en el expediente y luego compartirla con el público en un lenguaje que no es para juristas sino que puede entender cualquier lector.
Usted cita justamente a Carnelutti donde dice: “La crónica judicial y la literatura policiaca […] sirven del mismo modo de diversión a la vida cotidiana más gris […]. Periodistas profesionales, periodistas diletantes, periodistas improvisados no tanto colaboran cuanto hacen competencia a los oficiales de policía o a los jueces instructores; y, lo que es peor, hacen sus negocios”. ¿Cuál fue el papel de la prensa en este caso, tomando en cuenta que incluso Genaro García Luna declaró que el montaje se hizo a petición de dos poderosas empresas de comunicación?
La responsabilidad de informar de los medios es muy delicada, y en un juicio penal donde está en juego la libertad de una persona, en este caso de una mujer en plenitud de vida, debiera ser una responsabilidad ejercida con todo escrúpulo, con toda ética, con muchísimo cuidado.
Pero los medios, más bien, optan por la espectacularidad y a veces sacrifican la veracidad. En el caso de Florence tuvimos una cosa sin precedentes: la entrada de los policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) al rancho de Las Chinitas coincidió con el inicio de los dos noticiarios más vistos, lo cual fue algo muy impresionante. En ello hay una perversión de la función de los medios: la gran prensa, la escrita, los noticiarios radiofónicos y televisivos, a pesar de que se descubrió el montaje, siguieron insistiendo en el señalamiento de Florence Cassez como responsable.
Después viene lo influenciable que resulta la gran mayoría de la gente, la facilidad con la cual la multitud se vuelve jauría, lo cual es reminiscente de lo que sucedía en la Edad Media, cuando una mujer era acusada de cosas tan absurdas como volar montada sobre un trozo de madera, y la gente lo creía y exigía que esa mujer “que tenía pacto con el diablo” fuera quemada en la hoguera. En la Edad Media había una peste y se decía: “Fueron los judíos los que envenenaron el agua”, y hubo casos en que se linchó a todos los judíos de una comunidad y fueron exterminados. La facilidad de la gran mayoría de la gente para dejarse influir por los medios y señalar culpables y sumarse a un linchamiento contra Cassez sin conocer el expediente, o para seguir aferrada a ese prejuicio a pesar de tener noticia de las inconsistencias de las pruebas, nos confirma que un prejuicio puede ser más inconmovible que una certeza basada en hechos.
Luego, la actitud de los líderes de organizaciones no gubernamentales que se dedican a la seguridad pública me recuerda un capítulo muy estremecedor de un programa de Alfred Hitchcock en la televisión: una mujer es violada y el ataque es tan salvaje que la hospitalizan. Su esposo va por ella para llevarla a casa. Él conduce el automóvil, con una gran amargura, y ella va con la mirada perdida. En un semáforo en rojo, cruza la calle un hombre y ella dice: “Él fue”. El esposo se estaciona, baja del automóvil, persigue al señalado, quien entra en un estacionamiento subterráneo solitario; el esposo se quita el cinturón y por atrás lo estrangula. Regresa sudoroso con la esposa y le dice: “Ya fuiste vengada, ya nadie te hará daño”. Su esposa escucha pero sigue con la mirada perdida. En la siguiente esquina pasa otro hombre y dice: “Él fue”. El esposo se estremece. A la siguiente esquina, pasa otro hombre y ella dice: “Él fue”, y así hasta que llegan a su casa.
Eso fue lo que hicieron los líderes de los movimientos sociales: no conocían el expediente, o aun teniendo datos sobre las inconsistencias de las pruebas, decían: “Si ella fue señalada por la policía, ella fue. Nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido; ella está acusada de lo mismo que le hicieron a nuestro ser querido, ella fue”. Terrible.
En los años noventa se habló de que la prensa mexicana vivía una borrachera democrática; ahora parece que vive una borrachera justiciera. En este caso, hay periodistas que se asumen como policías, fiscales y jueces, y más que informar, como usted muestra en el libro, acusan, juzgan, insultan y difaman de manera prácticamente impune. ¿Cómo limitar esos excesos?
Comparada la prensa mexicana con los mejores diarios del mundo, creo que el juicio tiene que ser muy lamentable. Esto lo digo con mucha tristeza.
Yo tengo el vicio de desayunar todos los días hojeando los diarios, y la calidad de la prensa mexicana en general es preocupante. Hay algunos muy buenos columnistas, puede haber un buen reportero pero, en general, la calidad es muy lamentable.
El comportamiento ético de los medios también suele ser bastante deplorable, y cuando se tiene una presa (no en el sentido de prisionera sino en el de la cacería), entonces parece que la prensa se engolosina en la persecución, en el señalamiento, en la exhibición de esa presa más allá de las pruebas que pueda haber porque, por otra parte, no es fácil tener acceso al expediente y estudiarlo.
Recuerdo cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer la recomendación por el caso Stanley: La Jornada publicó en ocho columnas no la nota sobre la recomendación sino la nota sobre la respuesta del procurador. Antes de informar a qué estaba respondiendo el procurador, publicó su respuesta. Cualquiera que tuviera noticia, cualquiera que hubiera leído la recomendación que llevamos a todos los medios, se hubiera dado cuenta de que era una fabricación de culpables muy burda, muy malhecha.
Hay una cosa que me estremece: una fabricación de culpables puede estar tan bien hecha que no haya manera de echarla abajo si todos los testigos son congruentes y las declaraciones son verosímiles. Así, una gran ventaja en estos casos de terrible torpeza del Ministerio Público (MP) es que son fabricaciones muy burdas, y los medios persisten en el linchamiento. En el caso del general Tomás Ángeles Dauahare, cuando se vio que el testigo “Jennifer” estaba mintiendo cuando dijo que estuvo con el general en tal fecha, y este demostró que se encontraba entonces en Europa, los medios no dijeron: “Se cayó esto, es infame que el general Ángeles Dauahare siga en prisión”. No: siguen en la misma postura de justicieros; es decir, hay una correspondencia entre la actitud de la gran mayoría de la gente y la actitud de los medios de comunicación, a los que parece no importarles la verdad sino el estruendo, el escándalo, lo que venda.
Vayamos a otro asunto sobre el derecho en México: en 2008 hubo una importante reforma para pasar del sistema inquisitorial al adversarial. El primero se basa en que la víctima denuncia y las autoridades buscan incriminar al imputado, mientras que en el segundo se trata de buscar la verdad de los hechos denunciados. ¿No le parece que seguimos metidos en el antiguo sistema?
El nuevo sistema es un modelo de enjuiciamiento; creer que con él va a cambiar la justicia penal mexicana es demasiado ilusorio. Es como si lleváramos a un equipo de quinta división mexicana a jugar en la cancha del Barcelona y pensáramos que por eso va a jugar bien.
No. Para que la justicia penal funcione adecuadamente tendría que haber un buen mp que realmente investigara los casos y diera con los responsables, que nunca fabricara culpables, que actuara con buena fe en todos los casos, con jueces que leyeran cuidadosamente el expediente (juegan una función delicadísima porque se está jugando la libertad de una persona, que junto con la vida y la salud son el mayor tesoro que se puede tener), y que tuviéramos defensores de oficio muy bien capacitados.
Este nuevo sistema es simplemente un modelo, una nueva cancha; pero con los mismos jugadores de siempre no va a funcionar.
No tengo nada en contra del nuevo sistema, pero lo más urgente hubiera sido hacer una verdadera revolución institucional en el MP, para que el órgano de la acusación fuera altamente profesional y no incurriera en esas prácticas de fabricación de culpables, que a mí me recuerdan una frase de Borges —que él la aplicó a otra cosa, pero sirve—: es el peor delito que la infamia puede soportar.
Vuelvo a un tema que usted ya mencionó: en medios y redes sociales se pudo ver que incluso personas que han sido víctimas de abusos —como algunos torturados en los años setenta— y dirigentes de asociaciones de víctimas de delitos defendieron los abusos cometidos por policías y jueces, y jamás cuestionaron los testimonios de las víctimas. ¿A qué atribuye usted este fenómeno?
Es una pregunta muy interesante. La actitud está muy bien retratada por una frase popular que dice: “No me importa quién me la hizo sino quién me la pague”. Recuerdo que cuando Martin Luther King fue asesinado, un muchacho negro sacó una pistola de su casa y mató al primer blanco que se encontró en la calle; ese blanco quizás era admirador de Luther King.
Si aquí también fuimos víctimas de un abuso y ahora la policía está señalando a alguien que podría ser responsable, pues que lo castiguen. Es la mentalidad inquisitorial. En los pocos casos en que un acusado de la Inquisición era absuelto, iba a su casa molido por la tortura y los inquisidores decían: “Bueno, sí, era inocente, pero se colocó en la posición de ser señalado, de ser acusado; por lo tanto, no hay que pedirle ninguna disculpa”.
Florence Cassez a lo mejor era inocente, pero se colocó en una posición en la que podía ser acusada. Esa parecería ser la postura.
Hay otra parte del libro que me parece muy inquietante: el papel de los titulares de las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal en el caso. ¿Cuál fue su actuación en este caso?
Tristísima. La primera característica de un ombudsman es tener plena autonomía no solo frente a las autoridades sino también frente a todo tipo de presión. En un caso así, ellos buscaron congratularse con quienes exigían castigo, buscaron quedar bien con la gran mayoría de la población y llegaron a posturas aberrantes. José Luis Soberanes y Emilio Álvarez Icaza pidieron que no se aplicara el Tratado de Estrasburgo, y el primero incluso pidió que México lo abandonara unilateralmente. Raúl Plascencia, en el momento en que se iba a dictar la resolución de la Corte, pidió que se dictara no conforme a derecho, que era lo que podía haber dicho, sino a favor de las víctimas. Luego, esa incongruencia terrible de denunciar a Genaro García Luna cuando este ya había salido del cargo y los delitos habían prescrito, cuando antes él, Plascencia, se había pronunciado para que se le negara el amparo a Florence. Esto es de una falta de convicciones verdaderamente lastimosa tratándose de instituciones cuyo papel en la ley y en la doctrina es muy distinto.
¿Hoy qué se puede hacer contra quienes perpetraron y se prestaron para este montaje, incluyendo el proceso que se le siguió a Florence Cassez?
No se puede hacer nada: los delitos ya prescribieron, y uno tiene que ajustarse a derecho. Lo más importante aquí ya no sería el castigo, que es imposible, sino que a partir de este caso la justicia penal mexicana empezara a cambiar, que sobre todo dejara de lado ese vicio de fabricar culpables y que los jueces tomaran conciencia de la terrible responsabilidad que es sentenciar en un caso penal, que vieran con todo cuidado el expediente y no se dejaran jamás presionar por el entorno.
Otro problema importante es que no se hayan seguido ciertas líneas de investigación, como las que apuntaban a Eduardo Margolis y los hermanos Rivera Cacho. ¿A qué atribuye usted esta situación?
Primero, a la incapacidad del mp para investigar, y a la negligencia para cumplir con su función básica que es investigar el delito y determinar quiénes pueden ser los responsables. Segundo, a una cosa muy perversa que habla muy mal del MP: la incapacidad de reconocer un error. Enaltece a una persona que diga: “Sí, me equivoqué, pero voy a rectificar”. Aquí es la contumacia: prefiero cometer una gran injusticia que decir “me equivoqué” y rectificar. Es la misma que tuvieron Samuel del Villar, Pablo Chapa Bezanilla, el fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, los acusadores del general Ángeles Dauahare y de Florence Cassez.
El caso Cassez también formó parte de un intrincado juego político. ¿Qué nos puede decir sobre la actuación de los entonces presidentes de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, respectivamente?
Felipe Calderón se portó como MP. En su dignidad presidencial, nunca debió meterse; debió decir: “Yo respeto las decisiones de los jueces y espero que sean correctas”. Pero decir que Florence Cassez era responsable porque tres instancias judiciales la condenaron fue ponerse en el papel de procurador.
En cambio, yo simpatizo con la postura de Sarkozy, quien estaba muy bien informado por los abogados de Florence Cassez de que ella era víctima de una injusticia. Y no vino a pedir que la absolvieran sino a decir que era aplicable el Tratado de Estrasburgo, del cual eran parte México y Francia. ¿Fue una intervención en los asuntos internos de México? No, fue una postura, fue decir: “Tenemos un tratado y tenemos que cumplirlo, así se trate del peor de los delincuentes”. Esa postura me simpatiza porque él pudo guardar silencio. Yo prefiero que un presidente, defendiendo a un conciudadano víctima de una injusticia, cometa algún exceso diplomático a que guarde un cómodo silencio.
En la parte final del libro usted concluye: “Los testigos víctimas mintieron”. ¿Qué enseñanza nos deja este caso al respecto?
Nos habla de actores en el servicio público de muy mala fe, y también de actores, como los jueces, de una enorme ligereza ética y profesional, y muy débiles para resistir la presión del entorno pasional. No hace falta ser jurista para saber que si una persona dice hoy “A” y luego dice “No A”, esa persona no es confiable. Un testigo que miente, que cambia su versión no en detalles sino en algo tan importante como si estuvo una persona entre los secuestradores o no, si no explica y justifica plenamente el motivo de la variación de esa declaración, sencillamente no es creíble.
No es una regla solamente jurídica, ni es solamente una regla lógica, sino de sentido común: una persona que dice una cosa y luego dice la contraria sencillamente no es creíble. Esa regla elemental no la aplicó el MP y no la aplicaron tres instancias judiciales.
Los cuerpos encargados de la seguridad y también una parte del Poder Judicial (las tres instancias a las que se refirió) son vistos muy mal por un sector de la población, pero también un sector mayoritario tiene muy mala opinión de la SCJN. ¿Qué daños causó este proceso?
La afi, la Procuraduría General de la República y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, hoy seido) quedaron como instituciones de mala fe, que son capaces de la mayor canallada, que es fabricar culpables. Los jueces quedaron como convalidadores de esa canallada, y las críticas a la SCJN son de ignorancia simplemente, porque no se conoce el caso.
Mi gran aspiración es que quienes lean el libro objetivamente y sin prejuicios lleguen a la conclusión que es evidente si se lee con cuidado, con ganas de encontrar la verdad.
¿Qué provecho podemos sacar a esta experiencia?
Lo provechoso de una autocrítica debería ser que, reconociendo que tenemos un sistema de justicia penal deplorable, nos propusiéramos transformarlo, realizar una gran revolución en esas instituciones para que podamos tener el sistema de justicia penal decente que hoy no tenemos.
JOSÉ REVELES
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Por qué publicar hoy un libro como el suyo?
JOSÉ REVELES: Curiosamente, aunque conocía el caso de Florence Cassez, no había profundizado en él sino hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer su fallo y la dejó libre. En ese momento empecé a hablar con gente, amigos míos informados e inteligentes, y siempre salía a relucir el tema. Me di cuenta de que todo el mundo asumió la versión oficial y decían: “¡Ah, era una secuestradora! Cómo iba a ser tan mensa para no saber que donde ella vivía con Israel Vallarta estaban los secuestrados. No puede ser, eso es imposible”.
Claro que era imposible porque no estaban allí. Eso lo descubrí con la lectura de los expedientes, con el historial de cómo se fue fabricando el caso. Digo “fabricando” porque llegué a la conclusión, a los ocho o diez días de la resolución de la Corte, de que esta le había entrado al tema solo en lo formal-jurídico, es decir, no entró al fondo, y no lo hizo porque no quiso y porque no le tocaba, se lo prohíbe la ley.
La decisión de la Corte, con ser histórica, importante y, para mí, justa y correcta, al mismo tiempo terminó de criminalizar a Florence porque dijo: “Aquí no juzgamos si es culpable o inocente: se le violó el debido proceso”. Con esa frase, los ministros estaban diciendo que es culpable ante una opinión pública que no tiene por qué estar adentrada en los vericuetos legales. Sin quererlo, ellos mismos criminalizaron a Florence habiéndola liberado.
Yo cito las cabezas de los periódicos, que decían: “Liberan a la secuestradora”, por ejemplo. La Corte no aclaró que antes del montaje televisivo a Florence Cassez e Israel Vallarta los capturaron el ocho de diciembre, y que los presentaron el día nueve en un falso operativo de rescate de las víctimas en el rancho Las Chinitas, cuando estas personas no estaban allí la noche anterior: las colocaron, montaron un escenario, dividieron el cuarto de una cabañita, le pusieron luz eléctrica, etcétera. Fue una serie de montajes y testimonios falsos, con hallazgos increíbles. ¡Por favor! Uno está hablando en serio.
Me di cuenta de eso y dije: “¿Por qué?”, y me puse a investigar. Encontré que la coyuntura era lo más cómoda, lo más propicia para que Genaro García Luna defendiera su puesto de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), porque hacía ocho días que se había dado a conocer que sus agentes fueron quienes secuestraron a Los Zetas en Acapulco, cuando México contempló el primer narcovideo con violencia y con ejecución explícita. Los operadores de ese asunto fueron del cártel de Sinaloa, pero utilizaron como sus empleados a los agentes federales. En cualquier país que se respete, el director de ese cuerpo policiaco se hubiera ido a su casa si no es que a la cárcel. Entonces montó el show y eso lo salvó. Le salió muy bien porque lo repitió hasta el cansancio.
Lo que yo digo en el libro es muy polémico porque lo sostengo, y a las pruebas me remito. Yo sé que se van a enojar.
Usted tiene la hipótesis de que en el caso Cassez coincidieron tres asuntos: la necesidad de mejorar la imagen de la Secretaría de Seguridad Pública, una venganza personal de Eduardo Margolis y la legitimación política por parte de Felipe Calderón. ¿Cómo se entrelazan estos tres asuntos?
Uno tiene que analizar los acontecimientos en el contexto en que ocurren porque nada es casual ni en política ni en nota roja ni en montaje mediático. Aquí coincide todo: estamos hablando de un Gobierno, el de Vicente Fox, al que le faltaba todavía casi un año para concluir. El cuatro de diciembre de 2005 juraba como candidato presidencial Felipe Calderón y en México, cuando entra un candidato, el presidente en funciones empieza a perder poder y piso. Es importante la fecha en que ocurrió esto: veníamos del intento fallido de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, del arrepentimiento de Fox de haberlo intentado, y cuando Calderón había ganado la elección interna del pan de mala manera, con vicios muy fuertes.
El caso no hubiera pasado a mayores de haber muerto en diciembre, pero resultó que revivió en febrero porque hubo una entrevista en el programa de Denise Maerker en el que acorralaron a García Luna cuando llamó Florence Cassez desde la cárcel. Allí quedó en evidencia que las autoridades habían hecho un show, que pusieron en escena un asunto que no existió en la realidad.
Entonces, nunca se va a saber dónde estuvieron estas víctimas y quién las secuestró —si es que alguna vez fueron secuestradas. Estamos hablando de tres personas: el joven Ezequiel Elizalde, que en esa época tenía 18 o 19 años; la señora Cristina Ríos Valladares, y su hijo, entonces de 11 años. Ellos siguen sosteniendo una versión a la que le dan vueltas y vueltas, y que fueron modificando conforme las circunstancias lo exigían. La señora Ríos Valladares primero no reconoció en absoluto a ninguna mujer y menos a Florence; llegó a decir: “Déjenlos porque no tuvieron nada que ver”. Pero en febrero ya la comenzó a culpar, incluso acusó a Israel de haberla violado y de allí se fue para adelante. Casi cuatro años después la vuelven a citar para que reconociera a otros integrantes de la banda, los hermanos y sobrinos de Israel Vallarta, entre otros, y dijo: “Fulano me violó, él todos los días, aquel también”. Entonces resultó que ocho tipos la habían violado y se acordaba de sus voces cuatro años después. Eso es imposible.
Ezequiel dio varias versiones de los hechos…
Hasta cinco: que se autosecuestró porque su papá era un desgraciado que no le daba dinero; luego, que él sospechaba que lo secuestró un amigo de su suegra; después su papá dijo que los únicos que sabían que él espiaba teléfonos eran la suegra y la esposa de Ezequiel, y por tanto sospechaba de ellas, etcétera. Es una familia de mentirosos, no hay otra explicación.
Pero también cambiaban la versión al gusto de lo que la autoridad les ordenaba. Para mí, las supuestas víctimas llegaron a convertirse en delincuentes porque hay una versión no desmentida de la televisión francesa de que Cristina Ríos Valladares era ama de llaves de Eduardo Margolis, y el otro muchacho era hijo de un secuestrador que muy probablemente estaba al servicio de Margolis porque intervenía llamadas. A lo que se dedica Margolis, entre otras cosas, es a vender blindaje para automóviles, chalecos antibalas e instrumentos de seguridad, pero también tiene negocios en la televisión, en las ofertas de las noches; pero también se dedica, sobre todo, a solucionar los secuestros de la comunidad judía. De eso presume desde hace muchos años, y dice que fue de la Mossad, etcétera. Este personaje es muy importante porque finalmente es el que le puso el asunto en bandeja de plata a García Luna.
Tal vez debí haber sido más explícito, aunque sí lo digo en el libro: en realidad iban sobre Israel Vallarta, no sobre Florence; pero ella iba con él en el momento de la detención, y cayó y le vino como anillo al dedo a García Luna porque se trataba de una francesa bonita y “secuestradora”. ¡Qué levantón de la imagen del Gobierno!
Hay otros personajes que no fueron investigados a fondo…
Yo llegué a la conclusión de que fue una especie de tablero que pusieron sobre la mesa y dijeron: “Aquí está esta banda, por acá este grupo; este es secuestrado; a ver, aquel pásamelo para acá, ponle este nombre a la banda. Los hermanos Rueda Cacho, que canten, y si lo hacen les damos chance de que no les pase nada” (una especie de testigos protegidos sin estatus oficial). Pero yo sospecho, por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, que esa gente era incondicional de la autoridad simplemente porque fue lo que les ordenaron y lo que les convenía para tener prerrogativas.
¿Qué pasó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso? Porque se dio cuenta del maltrato físico, de las torturas, y no quiso aplicar el Protocolo de Estambul, como usted relata. Después se apegó a la versión de que los detenidos sí eran delincuentes, pero que se violaron sus garantías y por esto los tuvieron que dejar libres, con lo cual se habrían violado los derechos de las víctimas. Se hizo partícipe del discurso oficial.
Qué bueno que menciona la palabra discurso, porque finalmente es solo eso. Pasaron más de siete años con una cndh totalmente inactiva, que no hizo caso de todas las denuncias que le entregaron.
Al respecto, está el caso de la captura del hermano de Israel Vallarta, René, y también de sus sobrinos, a quienes tuvieron tantas horas bajo tortura que cuando los entregaron al Ministerio Público la queja ya estaba en la cndh. Estamos hablando de una ilegalidad del tamaño del mundo.
En cuanto la scjn dio su veredicto, histórico, el 23 de enero de 2013, en la cndh dijeron: “Tenemos que sumarnos a esa corriente”, y lo hicieron en el discurso. Afirmaron: “Se violó el derecho de las víctimas”, que eran Ezequiel, Cristina y el niño. Para ellos Israel, Florence y los demás no fueron víctimas porque no estaban hablando de la invención de culpables. En este país el mundo es al revés: muchas veces aquí las víctimas son quienes están en la cárcel porque la autoridad decide castigarlos por la razón que quieras: política, de venganza personal, porque denunciaron, porque conviene a la propaganda mediática del momento, etcétera. Por ejemplo, ya no es ningún secreto que los generales que estuvieron en la cárcel, como Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe, salieron libres porque no debían nada. Noé Ramírez Mandujano, quien fue subprocurador; dos exdirectores de la Interpol, Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, así como Javier Herrera Valles, excoordinador regional de la Policía Federal, ya salieron. Todos ellos han sido liberados, y faltan muchos.
Así ha ocurrido con la elaboración de laberintos de culpabilidad que al final son falsos, porque se está usando otra vez la tortura como la reina de las pruebas cuando, según decían, ya había desaparecido en este país. No es cierto: la semana pasada yo recibí manuscritos de gente involucrada en el caso Martí que desde hace cuatro años recibe presión y tortura.
Lo más fácil aquí es inventar secuestros, culpables y nombres de bandas. Normalmente la autoridad es la que bautiza a las bandas, y no hablo nada más de Los Zodiaco (que nunca existieron): yo soy especialista en secuestros desde hace 20 años y me sé todos los nombres de las bandas.
En el libro se cita que a uno de los últimos inculpados en el caso Cassez le preguntaron en la cárcel: “¿Cómo se llamaba su banda?”, y respondió: “Los Zodiaco, según me enteré aquí”.
“Me acaban de decir”. Cuando se inventa tanto se cae en muchos errores. La autoridad cometió el error de repetir “Géminis” y “Cáncer”, y se equivoca porque en otra ocasión así llamó a otro de los inculpados; a Israel Vallarta le dieron un apodo que luego le dieron a alguien más.
Lo que descubre este libro es que el caso Cassez no es más que un caso paradigmático de lo que ocurre con muchísima gente. Eso lo hicieron con una francesa porque mediáticamente les convencía, pero lo llevaron al extremo de confrontarse con otro Gobierno por la necedad del presidente Calderón de mantenerla aquí y por la necedad de Nicolás Sarkozy (porque hay que ver que este hacía propaganda a través del caso Cassez) de llevársela a Francia. En ese momento la pobre mujer estaba entre dos fuegos, y dijo: “Estoy peor que nunca porque discuten los presidentes de dos países, uno para llevarme a cumplir 20 años de condena y otro para que me quede a cumplir 60 años. Estoy jodida”.
Me llama la atención que durante esos años se hizo una importante reforma en materia de justicia. ¿No le parece que este caso es un franco ataque a esa reforma?
Yo hablo de la reforma de 2008, pero hay una más reciente por la que los derechos humanos se incorporaron a la Constitución.
Sí creo que hay una embestida en contra de los juicios orales, curiosamente, que tampoco están limpios de polvo y paja porque es una cosa que promueve Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. Ya llevamos casi seis años y no se pueden implementar; el límite son ocho, y yo creo que van a ampliar el plazo.
Como comentario al margen: fueron acusados los autores de Presunto culpable. ¿Quién está detrás de los acusadores? Estos no son gente pudiente; entonces hay un sistema en el ámbito de los juzgadores y de los magistrados que está en contra de las reformas.
Muchas organizaciones defensoras de víctimas de delitos avalaron y defendieron la tesis oficial de la culpabilidad de Cassez. ¿Qué nos dice esto?
Yo creo que desde el Gobierno de Fox, pero más durante el de Calderón, se le dio mucha beligerancia a organizaciones presuntamente defensoras de víctimas de secuestro, y se le dio rango casi de consejeros presidenciales; por ejemplo, Isabel Miranda, Alejandro Martí y María Elena Morera (de quien se denunció que su hijo trabajaba con García Luna, por ejemplo).
Aunque algunos de ellos de por sí son multimillonarios, lo cual no quiere decir que no reciban prerrogativas del Gobierno: si no es dinero es poder. El problema es que han sido denunciados por muchas víctimas de haber colaborado con la autoridad para convertirlos en presuntos culpables sin serlo, y de presionarlos física y psicológicamente dentro de las cárceles. Esto es totalmente irregular; no lo digo yo, está en testimonios escritos y en actas ministeriales que yo conozco. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué se permitieron esta simbiosis y esta irregularidad?
Florecieron mucho las asociaciones civiles, y lo que hicieron los gobiernos panistas fue crear, promover y financiar aquellas que hicieran contrapeso a las organizaciones más autónomas. Así, tenemos grupos avalados por el Gobierno, y grupos a los que este considera como enemigos. Hay ese asunto entre sutil y también descarado de financiar organizaciones que están del lado del Gobierno y que lo van a apoyar en todo. Eso lo hemos visto: hay personajes que parece que son consejeros de seguridad pública, de las procuradurías y de la Presidencia. Es en ese ámbito en el que se pueden dar casos como los de Cassez y Tomás Ángeles, por ejemplo.
Usted dice al principio del libro que en los gobiernos del pan se aplicó una justicia a la carta. En ese sentido, ¿cuál ha sido el efecto de la democratización del país en los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia?
Para desgracia de nuestro país, la simulación del PRI, la represión selectiva a los opositores, la criminalización, tuvieron un manejo diferente con los panistas, pero no mejor sino peor porque estos no solo criminalizaron a la gente, no solo inventaron culpables sino que fue tan grave la violencia colectiva (o sea, los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los torturados) que desde el primer momento en que alguien caía en garras del crimen organizado o de alguna autoridad, o moría en un fuego cruzado, ya era criminalizado: si los mataron, si los secuestraron, fue por algo. Esto lo sostengo en otro libro: cómo Calderón fue ejemplo de criminalización de, por ejemplo, los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, de quienes dijo que eran delincuentes. Igual ocurrió con los dos muchachos de excelencia del Tec que murieron en una balacera, de quienes dijo que en algo deberían haber andado. En este caso no solo fue la palabra del presidente poniéndolos falsamente como delincuentes, sino el Ejército mismo montando la escena del crimen, sembrando armas, colocando los cadáveres, poniendo casquillos de bala, como ocurrió también con los chavos que mataron en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, Sinaloa. Y son solo los casos que en este momento recuerdo, pero pueden ser infinitos.
Es terrible, y no es que se haya modificado. Lo que cambió fue la difusión de los casos: ahora que volvió, el PRI cree que el cambio de percepción es cambio de realidad: percepción mata realidad. Quiere generar una idea colectiva de que las cosas ya mejoraron, pero no lo han hecho en absoluto: sigue habiendo el mismo número de muertos, de ejecutados, de desaparecidos y quizás haya más desplazados en este momento en Sinaloa y Guerrero.
La situación, entonces, no varía sino en el discurso, en la manera de presentar las cosas ante la gente.
Usted también afirma en el libro que la estrategia de comunicación del Gobierno en estos temas fue litigar en los medios. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios frente a esa política?
Se inculca todo eso en la sociedad a través de los medios, que son los culpables de repetir la versión oficial. Primero, yo creo que el papel inicial de un periodista es dudar de esa versión, y no solo eso sino investigar la información alternativa. Segundo, a veces adquirimos también el lenguaje policial: repetimos con una gran facilidad las palabras criminalizadoras, le quitamos el “presunto” y le ponemos “secuestrador”, pero también hablamos de “levantones”, “narcofosas”, etcétera, porque es el lenguaje que nos enseña la autoridad y hacemos uso de él de una manera totalmente acrítica.
Cuando no se cuestiona la verdad oficial, la gente recibe más propaganda que información, y ese es el gran problema. Cuando se deja pasar un asunto como el caso de Florence o cualquier otro sin mayor cuestionamiento, le estás dando el aval. Además, no tenemos memoria y no damos seguimiento a los casos.
Del caso de Florence Cassez, hay una conclusión: la justicia fue una de las principales víctimas. ¿Qué pendientes hay al respecto?
Hice un artículo sobre Florence a las dos o tres semanas de la liberación, y me dijeron: “No, eso ya pasó” (no voy a decir quién porque me da pena), y yo le respondí: “No, el caso Florence, para mí, apenas empieza”. No acabó; ¿qué falta? Que la autoridad haga honor a una decisión de la SCJN y castigue a los culpables: falta investigar a las presuntas víctimas, falta que la CNDH se ponga en el papel que le corresponde de defensor de las verdaderas víctimas y no de quienes cometieron las tropelías. La Comisión señaló a autoridades que dizque cometieron errores, pero se tomó el trabajo de dar pelos y señas de la prescripción de los delitos, y la conclusión es que todos terminaron en diciembre de 2012; o sea, no va a haber nada. Está diciendo: “Son terriblemente abusivos pero ya tienen total impunidad”.
Eso es lo que dijo la CNDH, y es una mentirosa porque hay tres maneras de que eso pueda ser castigado: una, el asunto de la prescripción no cuenta cuando eres secretario de Estado (fue el caso de Echeverría cuando era presidente de la República, que creo que también se puede aplicar); dos, existe una denuncia sobre el montaje, y tres, no limitarte al caso Cassez sino a la actuación global de las autoridades de seguridad pública que hicieron de este país un reino de la injusticia.
Así, hay por lo menos tres elementos con los cuales juzgar a esa gente. Agrego una cuarta: la conveniencia política. Si quieres un caso de verdad no te vayas con Elba Esther Gordillo; no, vete a lo serio, a castigar a estos señores. Estamos hablando de un manejo criminal de la justicia.
En este y otros libros, usted ha denunciado el comportamiento de delincuentes y de autoridades que presumiblemente estarían ligadas con ellos. ¿Se ha sentido en riesgo al realizar su trabajo?
La verdad, tengo que decir que no. Yo me cuido en la medida de que lo que digo puede ser sustentado en cualquier momento con documentos y con declaraciones. Incluso he sido llamado a un juzgado por una afirmación que hice: que los que lanzaron las granadas en Morelia no son los que están presos. Me llamaron al juzgado, fui y ratifiqué que eso es lo que yo creo, y lo creo por testimonios, por manuscritos, etcétera. Tengo en mi poder, escritos a mano de presos, como 40; tengo acceso a los expedientes, y la gente confía en mí y me busca. Entonces, tengo el aval que me da el hecho de que estoy diciendo la verdad, y suelo cuidarme mucho de no ir más allá de lo que se puede decir con pruebas. En ese sentido, sí he sido objeto de alguna denuncia civil en el pasado, pero las dos que tuve (en tiempos de Alejandro Gertz Manero) ya pasaron hace muchos años.
No tengo miedo de andar por la calle ni mucho menos. Tomo mis precauciones, los teléfonos me los intervienen, pero como actúo públicamente, no pasa nada. Te dicen cosas pero no he llegado a tener amenazas.
Desgraciadamente, otros compañeros sí han sido víctimas, y yo los quiero; algunos eran mis amigos, como Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y Jesús Lemus Barajas, quien estuvo tres años en la cárcel. Yo me cuido de no caer en eso tampoco: no hay que dar la oportunidad de que te agredan.
No ando con guaruras ni nada. Ando en mi carrito, vivo con mi familia y no pasa nada.
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN es editor. Estudió Historia en la UNAM. Ha colaborado en revistas como Metapolítica, Replicante y Etcétera.
