Colaboraron en este número: Teresa Bracho, Alejandro Canales, Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Marco Antonio Delgado, Pedro Flores Crespo, Antonio Gómez Nashiki, Mery Hamui, Felipe Martínez Rizo, Alejandro Márquez Jiménez, Aldo Muñoz Armenta, Carlos Muñoz Izquierdo, Maira Pavón Tadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Roberto Rodríguez Gómez, Marisol Silva Laya, Sylvia Schmelkes y Lorenza Villa Lever.
El pasado 6 de abril, el politólogo Alonso Lujambio Irazábal fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hecho que constituye un momento sustantivo para reflexionar en torno a la prioridad que el actual gobierno otorga a la educación nacional y conlleva, además, la demanda de que se haga frente a los grandes problemas del sector, así como la urgencia para que se dé una orientación clara a sus políticas y se reconozca, particularmente, que el acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad es un derecho social fundamental que el Estado debe garantizar y salvaguardar como una de sus políticas prioritarias.
La agenda de trabajo del nuevo titular de la SEP será, en esencia, la trazada por Josefina Vázquez Mota, lo que abre interrogantes de cara al futuro y la necesidad, por tanto, de evaluar el desempeño de la ex secretaria al frente de la dependencia, y enfatizar los retos y obstáculos que habrán de enfrentarse si se quiere volver a la normalidad democrática que demanda la separación entre el interés público del Estado y los intereses particulares del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Durante la gestión de Josefina Vázquez Mota al frente de la SEP, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) quedó, en los hechos, consagrada como la única política con la cual el gobierno pretende cumplir sus compromisos con la educación básica del país, mientras que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) fue rebasado ante las implicaciones políticas de este pacto cupular entre el gobierno federal y el SNTE. La ACE es una intervención del SNTE, que toma el lugar de la política educativa y apunta desafortunadamente a ser definitiva para la educación en este sexenio: ¿Dónde quedó el programa sectorial? ¿La SEP podrá construir una agenda propia en materia de educación que permita garantizar el derecho a la educación para todos? ¿Hasta cuándo la exigibilidad y cumplimiento del derecho a una educación pública de calidad para todos? Ha transcurrido más de un tercio del sexenio y poco se ha visto en lo realizado para remediar la abismal inequidad en la distribución de ese bien social.
Imposible ignorar que sin equidad la calidad es retórica. Balance de dos años Durante la gestión de Josefina Vázquez Mota no se tuvo una visión razonablemente integrada y coherente del sistema educativo mexicano. En su momento, cuando apenas cumplía sus primeros diez meses en el cargo, el Observatorio Ciudadano de la Educación destacó que la agenda de la titular de la SEP estaba cubierta sobre todo por actos de índole político-administrativa, que la secretaría estaba siendo objeto de disputa política, que no se contaba con un equipo de trabajo consolidado, además de que no había un proyecto consensuado en el interior de la dependencia.1 En este periodo, la titular mostró también interés particular en llevar a cabo la aplicación de la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), pese a que no se tomaron en consideración los limitados resultados obtenidos anteriormente. La titular concentró, además, su apoyo en los programas de escuela segura y de tiempo completo, de mejoramiento de la infraestructura escolar y de atención al rezago, programas a los que el nuevo responsable de la educación del país se comprometió a dar continuidad; pero, particularmente, empezó a dar prioridad a la atención de la educación media superior, pues se anunció la creación de una red nacional del nivel, su replanteamiento curricular, el otorgamiento de un título único y la movilidad de estudiantes entre subsistemas e instituciones, así como la aplicación de la prueba ENLACE.
En 2007 se recibieron las propuestas de la sociedad civil para definir el programa del sector. Éste se dio a conocer a finales de noviembre con un formato bastante esquemático y general, orientado a los resultados y carente de una visión diagnóstica y conceptual que permitiera contextualizar las propuestas hechas.2 Se evidenciaba que las nuevas autoridades no habían puesto atención realmente a la riqueza de recomendaciones hechas por diferentes grupos interesados en la educación, tales como el Consejo de Especialistas, el Observatorio y la ANUIES, entre otros; y se dejaba en claro una visión que resultaba sumamente limitada, además de poco viable y funcional. Pero el problema central fue la firma, en mayo de 2008, de la ACE, que no fue resultado de una propuesta de diálogo con otros actores sino producto de un acuerdo cupular, que incluso posicionó a la Alianza por encima del PSE.3 Este último, aún con sus limitaciones, es formalmente el instrumento que permite definir las políticas, estrategias, líneas de acción y metas que el gobierno propone llevar adelante en este sector. Pero la SEP optó por articular la política de educación básica mediante un acuerdo de naturaleza política y sindical, y parece inminente que ése será el tablero en el cual se atenderá dicho nivel educativo durante todo el sexenio calderonista.
Resultaría lamentable que con la renovación del titular de la SEP no se propusiera ningún cambio; un mínimo cuestionamiento al contenido de la Alianza y a la manera como está siendo experimentada por muchos maestros del país. Es importante distinguir en la Alianza los rubros que indican una prioridad en las responsabilidades educativas que, según la ley, deben redistribuirse entre los distintos órdenes de gobierno, como pueden ser la infraestructura escolar o la evaluación, de aquellos eminentemente laborales y en los que tiene efectivamente participación e interés el SNTE, como pueden ser los aspectos laborales de las decisiones sobre el ingreso, la promoción y la evaluación de los maestros (por ejemplo la delimitación laboral y los ingresos de las categorías laborales); y distinguir finalmente aquellos en los que el SNTE no tiene facultades para intervenir, como puede ser el contenido de los concursos de oposición o el contenido curricular.
En lo que concierne a la educación media superior y superior, las definiciones de cambio se desprendieron de proyectos, acciones y negociaciones conducidas por los subsecretarios respectivos, quienes al ser ratificados en su cargo, además del titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas (UPEPE), anticiparon una ruta de continuidad que no necesariamente constituye un signo positivo para el desarrollo educativo. Un balance preliminar de la gestión en el nivel de educación media superior muestra que se han llevado a cabo algunos cambios razonables, como la designación de directores por concurso, la formación y actualización de profesores, la búsqueda de integración de sistemas de información, y la intención de dar coherencia a los planes y programas de estudio. Pero también se encuentra la omisión de las humanidades de los campos disciplinares que establece el acuerdo SEP 444 para la Reforma Integral de la Educación Media Superior, que comienza en agosto próximo, frente a lo cual es muy probable que se tome la alternativa de agrupar a las humanidades en el campo de las ciencias sociales.
Lo importante es que se dé reconocimiento a las humanidades –y a todas las disciplinas que las integran– como un campo curricular autónomo y que este asunto sea resuelto a la brevedad, dada la gravedad de sus implicaciones para la renovación de planes y programas del bachillerato nacional en todas sus modalidades. Mientras que un balance en educación superior muestra cierta falta de claridad, dada la presentación de propuestas sin consenso, y probablemente sin futuro, como la de establecer un Consejo Nacional o la de establecer créditos educativos, así como proyectos cuestionables, como el de echar a andar una universidad nacional abierta sin tomar en cuenta la experiencia acumulada en el país. También, salvo la creación de las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales, de las cuales no se conocen resultados actuales de su trabajo, se ha propuesto que los institutos tecnológicos dejen de impartir carreras administrativas para centrarse en las ingenierías (debe destacarse que actualmente en los tecnológicos superiores universitarios la concentración en ingenierías alcanza cerca del 80% de la matrícula).
Pendientes y retos
El cambio de titular de la SEP abre la posibilidad de reflexionar y rectificar el camino de la educación mexicana sobre algunos de los programas puestos en marcha y acciones emprendidas. Un asunto que permaneció cerrado durante la administración de Vázquez Mota, y que es necesario que el nuevo titular realice, fue el establecimiento del diálogo con los maestros lejanos a la cúpula de SNTE, lo que requiere claridad respecto de quién o quiénes los representan efectivamente, así como la urgencia de transparentar y publicar la plantilla de plazas docentes y de directivos. Es un hecho que la SEP organiza diálogos, foros, mesas de trabajo con algunos maestros, pero al final las decisiones pasan por la cúpula sindical.
Llevar esto a cabo es importante, sobre todo ante unas reformas en educación primaria y secundaria con visos de improvisación, a la falta de apoyo a los docentes en ejercicio a través de una supervisión escolar fortalecida, así como ante el estancamiento de la formación de maestros y la inercia de cursos sin relación con las necesidades pedagógicas para atender la diversidad cultural y lingüística del país. El problema educativo es centralmente un problema pedagógico, que necesita el fortalecimiento de las escuelas y de la formación de docentes. Corresponde al nuevo secretario “concretar” una mejor articulación de los tres niveles de educación básica y no aprobar mediante un acuerdo cupular “una reforma curricular integral” mal planteada desde su inicio, que implica serios retrocesos en cuanto a los contenidos y métodos pedagógicos que se habían venido consolidando, y que se presenta demasiado frágil al no haber un diagnóstico de los problemas o rubros en donde falla dicha articulación. Al respecto, es necesaria una mayor fundamentación y deliberación para determinar los propósitos, niveles y modalidades de la nueva educación básica que mejor convenga al país.
La prueba piloto de la reforma estuvo mal diseñada y mal implementada: muchos maestros no se enteraron de que estaban en una prueba de esta naturaleza o los materiales llegaron ya que había concluido el periodo destinado al bloque que estaban enseñando, entre otros problemas. Los efectos se observan en la larga lista de errores conceptuales y pedagógicos que se han detectado ya en los materiales educativos que se entregarán a los maestros para orientarlos hacia el cambio propuesto. No se dieron acuerdos al respecto ni siquiera entre los consejos interinstitucionales de asignatura, ni entre los expertos internacionales consultados. A pesar de todo, se ha tomado ya la decisión de que la reforma dé comienzo en septiembre, con cambios para primero y sexto de primaria.
Se presenta la oportunidad para el nuevo secretario de que el tema de “equidad” sea finalmente abordado sin confusión, porque hasta ahora los gobiernos lo han entendido como un asunto de “compensación”. Se debe revolucionar esta concepción. La equidad consiste en dar a cada quien lo que necesita para lograr objetivos que son comunes y propios de grupos específicos, lo que necesariamente pasa por una verdadera profesionalización del magisterio; así como por la diversificación de los contenidos curriculares –y de los métodos de enseñanza– para responder adecuadamente a las distintas necesidades y condiciones culturales de los alumnos. Además, la educación no puede estar sustentada en el acceso a estándares mínimos centrados en la asistencia escolar, sino en la provisión de las condiciones que aseguren similares posibilidades de acceso, permanencia, culminación y aprendizaje en los diferentes niveles educativos, a todos los miembros de la sociedad.
Lo anterior, implica la necesidad de estructurar políticas más integrales que den respuesta no sólo a las amplias deficiencias que presentan los servicios educativos a los que acceden los sectores más pobres del país, sino también políticas de empleo y de desarrollo comunitario que permitan afrontar otros factores estructurales, que más allá de los espacios propiamente educativos, influyen en la permanencia de las desigualdades educativas que muestran los diferentes grupos sociales. Sólo bajo estas premisas es posible pensar en romper la cadena que mantiene unidas las amplias desigualdades sociales, con las desigualdades que persisten en el sistema educativo mexicano. Otro de los retos que habrá de enfrentar el nuevo titular proviene del enfoque hacia el sistema de evaluación de la educación básica, asunto que ha sido central en las mesas de discusión (SEP/SNTE) sobre la ACE. Este tema incluye, cuando menos, la cuestión del ajuste (menor o mayor) del papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado con la idea de ofrecer evaluaciones independientes de la SEP, al funcionar como agencia central de evaluación frente a la intervención de la Dirección General de Evaluación dependiente de la SEP; así como el asunto de la medición de los resultados de la acción educativa, ya que el gobierno ha aceptado que los resultados de pruebas como ENLACE o la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes representan la mejor manera de medir el avance de calidad, cuando lo que debería hacerse es concebir a la evaluación como una tarea de mayor aliento, más allá de esperar que las puntuaciones en estas pruebas mejoren y muestren que, en efecto, se están consiguiendo avances.
El nuevo responsable de la SEP debe dar atención a la aceptación o no de la iniciativa del SNTE sobre la norma oficial mexicana del servicio de calidad en la educación, que busca definir operativamente la calidad educativa, sus indicadores y estándares, así como las instancias encargadas de supervisar, comprobar y certificar su cumplimiento en los centros escolares; no obstante, el sistema educativo cuenta ya con el instrumental necesario, aunque perfectible, para evaluarse y mejorar. Dicha norma afectaría la organización del sistema educativo, sobre todo al pretender que sea el SNTE quien actúe como verificador de los servicios educativos, tarea que debe ser atribución exclusiva de la SEP.
Algunos otros retos que habrá de enfrentar el nuevo titular tienen que ver con la integración de nuevos actores en un posible sistema nacional de educación básica (con el SNTE dentro, pero también las ONG, los padres de familia e investigadores, entre otros sujetos); con la eventual reforma a la Ley General de Educación para que relativice la exclusividad de la SEP como instancia de evaluación; con el diseño curricular “por competencias”, que está sujeto todavía a un intenso debate internacional e implica desafíos, pedagógicos y didácticos, que deben ser resueltos para que no se presenten procesos desarticulados una vez que se realice su aplicación; y en el ámbito de la educación superior, con la atención al problema de que las instituciones del nivel no logren cubrir la demanda de cobertura, que proliferen las universidades privadas conocidas con el apelativo de “patito”, que no se satisfaga con todas las demandas de calidad y, en cambio, que se esté facilitando una nueva dinámica de educación transnacional, de la que se desprenden alianzas que pueden ser riesgosas en la oferta de carreras y posgrados que no siempre son de calidad. Comentarios finales El nuevo secretario Alonso Lujambio tendrá que poner todo su empeño y capacidad para enfrentar los retos y desafíos para avanzar en la mejora de la calidad educativa, así como para lograr conciliar las diversas posturas que pueden tener incidencia en las decisiones del gobierno para el sector.
Para ello es necesario ejercer la capacidad de diálogo y la interlocución franca con los maestros, el sindicato, los padres de familia, los investigadores y organismos de la sociedad civil; aprovechar el conocimiento especializado disponible acerca de la dinámica del cambio educativo en México, para que en él apoyen las propuestas; cuidar que éstas no sean una imposición de la SEP ni del SNTE por encima de los sujetos de la educación; que éstas guarden congruencia y sean consistentes con el programa sectorial, y que estén basadas en acuerdos con los estados y municipios de manera que el consenso sostenga las acciones y se dejen fuera intereses ajenos a la educación. El cambio de titular en la SEP ejemplifica con bastante claridad la práctica política tradicional del presidente, muy común en México, de interrumpir la labor de un funcionario para inscribirlo en la coyuntura de las elecciones legislativas, lo que puede ser interpretado desde distintos ángulos y ser objeto de crítica o no. Entre las implicaciones posibles de la llegada de la ex secretaria Vázquez Mota al Congreso de la Unión, se encuentra la posibilidad de que impulse una nueva ley de educación. Un tema que tendría que abordarse con mayor cuidado para evitar riesgos para la educación pública.
1 OCE, “La reforma educativa en el laberinto”, Este País, núm. 200, noviembre de 2007.
2 OCE, “El Programa Sectorial de Educación 2007-2012: continuidad sin novedades”, Este País, núm. 203, febrero de 2008.
3 OCE, “Alianza por la Calidad de la Educación: entre la crítica y la apariencia”, Este País, núm. 217, abril de 2009.
Descargar pdf
