Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el contexto de la administración pública mexicana significan un gran desafío, toda vez que nos permiten percatarnos de nuestras actuales condiciones y vislumbrar los obstáculos que habremos de enfrentar.
Tanto el mundo como México han venido sorteando dificultades de identidad provenientes de la llamada “nueva gerencia pública” cuyas condiciones, entre otras, han sido críticas: reducción del tamaño del gobierno y del gasto público, aplicación de criterios de mercado en las políticas sociales, la certificación de la profesionalización de los servidores públicos, la competencia entre colegas y entidades, entre muchos otros factores. No obstante los cambios inducidos, los resultados han sido patéticos: el desempleo ha aumentado, la pobreza se ha profundizado, la violencia se ha incrementado, continúa el deterioro del medio ambiente y se ha reducido la solidaridad entre naciones, pueblos y personas.
Ante esta realidad, se reconoce que es ineludible la recuperación del Estado como actor central del desarrollo. El gobierno, como representante del Estado, es la institución que establece las reglas mediante las cuales los actores deben operar en la sociedad, incluido el propio gobierno. Si bien es cierto que los ODMson referentes importantes, deben adaptarse a los de cada nación; su implementación ha de ser congruente y pertinente a las condiciones objetivas de su propio desarrollo.
Retos de la administración pública frente a los objetivos de la Declaración del Milenio
La Declaración del Milenio, aprobada en septiembre de 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas, destaca la responsabilidad colectiva para defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad para todos los habitantes del planeta (Naciones Unidas, 2000). Ello implica recuperar los valores predominantes en un gobierno democrático: igualdad, libertad, tolerancia, solidaridad y responsabilidad compartida.
Son ocho los objetivos (desagregados en 18 metas y 48 indicadores): 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre;2) lograr la enseñanza primaria universal; 3) promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 4) reducir la mortalidad infantil; 5) mejorar la salud materna; 6) combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8 ) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
El secretario general de la ONUdescribe el papel de la administración pública como coadyuvante a la consecución de tales objetivos. Sus puntos relevantes son: mejorar la capacidad de los servidores públicos; desarrollar una eficaz y eficiente administración financiera; promover la innovación permanente, e impulsar las tecnologías de la información y comunicación (Naciones Unidas, 2002).
El Grupo de Expertos en administración pública de la ONU, propone:
Afianzar las instituciones de gobierno en la democracia, con base en la eficacia, eficiencia y transparencia
La promoción de la democracia y el buen gobierno son básicos para alcanzar los ODM, pues las instituciones democráticas fuertes posibilitan la coexistencia de la diversidad de fuerzas políticas y sociales, previenen los conflictos, permiten encausarlos adecuadamente y mantener una paz duradera. Asimismo, el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza dependen de un buen gobierno con instituciones sólidas y balanceadas, esto es, la existencia de órganos legislativos efectivos y transparentes, un poder Judicial confiable, un control y supervisión real sobre el poder Ejecutivo.
Fomentar la capacidad de los recursos humanos del sector público
La capacitación de los recursos humanos es esencial para alcanzar los ODM y los objetivos nacionales, protegidos por la cultura de la legalidad. Por ello debe incidirse en la preparación en cuanto a conocimientos, cualificaciones, motivaciones, vocación de servicio y dominio de las nuevas tecnologías. Los desafíos y oportunidades del entorno turbulento demandan una cultura de aprendizaje continuo, un liderazgo institucional, un servicio público estable, meritorio, certero y confiable.
Aumentar la capacidad financiera reforzando el papel equilibrador del Estado
Sin los recursos necesarios no se pueden aplicar reformas ni ejecutar programas de desarrollo. Es indispensable el mejoramiento de la gestión de los recursos públicos y gastar eficientemente en proyectos con fines socialmente útiles. El problema básico de los países en desarrollo no descansa únicamente en la preocupación de cómo generar más recursos, sino aplicarlos con eficiencia, de manera que puedan regenerarse productivamente al considerar que cada peso del sector público constituye una inversión más que un gasto. El enfoque técnico debe descansar en una voluntad política que tome en consideración a todas las fuerzas sociales, pues de otra forma no puede aumentar la participación, la rendición de cuentas se puede convertir en una simulación y la transparencia en un simple discurso.
Promover la creatividad e innovación permanentes
La calidad de los servicios públicos depende de un mejor desempeño y capacidad de los gobiernos. En este caso, la eficacia demanda creatividad. La gobernanza permite contar con el apoyo de la sociedad civil y del sector privado. En este escenario, la administración pública debe orientarse al ciudadano.
La creatividad e innovación permanentes propician la democratización de las instituciones gubernamentales. Ello desencadena procesos de transformación de gran alcance en el conjunto del Estado (Naciones Unidas, 2005), al fomentar el reforzamiento de valores públicos, y contribuir a recuperar la confianza en los gobiernos y dar sustento a la legitimidad. Se trata de lograr una identificación entre el servidor público y la comunidad.
Impulsar las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público
El gobierno electrónico y las tecnologías de la información y la comunicación pueden aumentar la capacidad de la administración pública para satisfacer las necesidades y expectativas ciudadanas en cuanto a la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, la interacción y participación. Las tecnologías sirven para aumentar la colaboración Estado-sociedad, formar consciencia y propiciar la capacitación. El triángulo de los sistemas de conocimientos, innovación y las tecnologías se constituye en medio para cumplir los ODM. Sin duda, son instrumentos idóneos para el cumplimiento de la función pública.
Retos de la administración pública mexicana
En México se han reconocido diferentes retos para lograr un adecuado desarrollo social, lo cual ha dado lugar a la definición de programas gubernamentales sexenales hasta planes de mayor aliento. Ello no significa haber transitado con éxito en todos los casos.
La proclividad a evaluar parcialmente la realidad nacional ha impedido que se formulen diagnósticos y pronósticos precisos e integrales, lo cual dificulta notablemente el instrumentar un esfuerzo homogéneo y hacia un fin específico (cada sexenio significa volver a empezar).
Comparemos la decisión de “reformar” a la administración pública o de “reestructurarla”. Mientras la reforma administrativa, en teoría, reconstruye al gobierno integralmente y es aplicable a sus tres poderes y órdenes, la reestructuración se refiere a sectores focalizados de la administración pública. La reforma implica cambios de fondo, la reestructuración principalmente de forma.
Mientras en una reforma se trata de cambios sustantivos y cualitativos orientados a reforzar los grandes objetivos del Estado, en una reestructuración los cambios son menores, funcionales para el mantenimiento del sistema actual, al tratarse de transformaciones adjetivas. Así, la reforma administrativa se guía por una visión de Estado, y la reestructuración respondería a una necesidad coyuntural, sin importar que se concentre en aspectos económicos, sociales o meramente administrativos.
Una reforma se realiza con la participación de la sociedad y es resultado de negociaciones políticas; tiende a armonizar los cambios y funciones. Una reforma administrativa, bien fundada, genera certeza y confianza de la sociedad en el gobierno, sobre todo a largo plazo, y, por supuesto, requiere modificar la Constitución al ir vinculada a una reforma política. Una reestructuración llama la atención sólo de momento y eventualmente requerirá cambios legales o reglamentarios menores.
Las reformas administrativas integrales en México han sido sólo tres: la reforma en pos de la soberanía (Juárez), la reforma de la Revolución (Carranza) y la reforma adaptativa (López Portillo y tres primeros años de De la Madrid).
Las dos primeras fueron visionarias al afianzar el liberalismo, y el Estado social de derecho, respectivamente. La tercera fue de corta duración, puesto que estaba orientada a dotar de mayor eficiencia y eficacia al Estado de bienestar, pero en el momento en que se impulsó, el neoliberalismo tocaba la puerta con tal vigor que casi la derriba.
En otras palabras, la reforma atiende un problema “estructural-funcional”, mientras que la reestructuración, “funcionalista”, se limita a la operatividad.
Considerando estas ideas, y partiendo de una máxima muy sencilla: el “Estado es la expresión de la sociedad organizada” (Bobbio), recientemente, el Instituto Nacional de Administración Pública convocó a los “Diálogos sobre el Estado, los problemas y necesidades del México actual”, en donde se abordaron cinco ejes fundamentales: el Estado y la administración pública, la sociedad, la política, el desarrollo sustentable y la economía. De ellos se derivaron las siguientes premisas:
[Desarrollar un] Estado con capacidad de respuesta en la democracia. Se refiere a lograr resultados eficaces en el largo plazo, con visión estratégica, requiere conducir un proceso incremental de equilibrio social y económico, otorgando una importancia del mismo peso a los tres elementos del Estado: gobierno, sociedad y territorio.
[Propiciar un] País sustentable en la globalidad. Sin fortaleza interior México no podrá participar con éxito en la globalidad. Los controles socio-gubernamentales efectivos serán capaces de incentivar el mercado interno a fin de fortalecer nuestra inserción en los mercados garantizando, en el tiempo, la viabilidad del país.
[Promover una] Política para la sociedad con la ciudadanía. Resulta fundamental el empoderamiento social en una relación balanceada entre poderes y órdenes de gobierno, lo cual genera certeza jurídica y confianza institucional para el procesamiento de los conflictos sociales: entender que sin una ciudadanía más consciente y activa respecto de sus derechos y obligaciones, no hay posibilidad de fortalecer constantemente al gobierno.
[Impulsar una] Reforma administrativa integral, federalista e innovadora. Se trata de garantizar el largo plazo en todo el territorio nacional. Ello exige una atención constante a la coyuntura, sin perder de vista sus efectos sobre la estructura. México precisa remover los obstáculos burocráticos y centralistas que impiden la integración nacional, para responder al desafío de una mejora continua en la función gubernamental.
[Alcanzar una] Estabilidad corresponsable en la gobernanza. Es muy importante promover la solidaridad positiva. Al ejercicio del poder administrativo convergen tanto el conocimiento de las normas como la responsabilidad y la vocación de servicio, ello sería nugatorio si la sociedad no se involucra. La estabilidad se logra mediante la educación y la satisfacción de los mínimos de bienestar considerando que vivimos en una sociedad desigual. La estabilidad es indispensable para el desarrollo; sin el concurso de la gente, sólo es una quimera.
¿Cómo se comparan los ODMfrente a los desafíos de la administración pública mexicana?
Como se puede advertir, hay muchas similitudes en los planteamientos, pero hay que concatenarlos, a través de una Reforma administrativa integral, federalista e innovadora, como sugerimos líneas arriba.
Sostenemos que esta reforma es integral porque compete a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), federalista al involucrar a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), e innovadora al plantear la necesidad de hacer las cosas de modo diferente y creativo, por ejemplo, recurriendo a la imaginación sociológica (Mills), a la inteligencia colectiva y a la gestión del conocimiento, es decir, despertando a la sociedad, pues de lo contrario seguiría siendo una observadora.
Al hablar de federalismo es indispensable mencionar el debate histórico sobre el centralismo versus la descentralización, en relación con las facultades exclusivas y concurrentes en los tres ámbitos de gobierno. El centralismo favoreció, por un lado, la integración del país, aunque por otro lo dispersó. En el balance, somos efectivamente una república, pero socialmente estamos desarticulados. El centralismo, que en distintos momentos de nuestro devenir histórico ayudó a cohesionar, hoy es un obstáculo en muchos sentidos.
¿Cómo llegamos a esta situación? Fundamentalmente por dos caminos: primero al reconocer la necesidad de democratizar el sistema, y segundo, al darnos cuenta de la necesidad de abrir nuestra economía al mundo.
En cuanto a la reforma política nos quedamos a medio camino al confundir la creación de órganos electorales como mecanismo de participación social y al incluir a las minorías en las decisiones camerales confiando únicamente en el juicio de los partidos (Michels). El resultado, después de casi 35 años, es la creación de una partidocracia, una mediocracia y ciudadanos desconcertados y, en buena medida, indiferentes.
En cuanto a la reforma económica nos amarramos a una sola región (TLCAN) y descuidamos nuestro desarrollo tecnológico y el mercado interno, lo cual se advierte en las distorsiones estructurales de distinta envergadura entre la producción, distribución y el trabajo. Después de casi 30 años se creó una nueva elite económica, cuyo poder parece ser incontestable por las deficiencias y omisiones de una regulación efectiva que garantice equidad y competitividad.
El centralismo en México está en una grave crisis, porque las reformas política y económica no solamente no se compadecen una de otra, sino que se encuentran truncas. El eficaz sistema presidencial que conocíamos, el cual descansaba en un partido hegemónico ya no existe, pero aún no tenemos al modelo que lo sustituya.
La alternancia dividió al gobierno en islas y los gobiernos de los estados han sustituido al otrora poder central; en consecuencia, el país se ha fragmentado. Antes los hilos estaban concentrados en un puño, hoy hay muchos puños que tratan de jalar los mismos hilos.
A pesar de los pesares, todavía estamos a tiempo de retomar el rumbo porque la sociedad ha cobrado cada vez más consciencia de su fuerza. ¿Pero cómo abordar el planteamiento de una reforma administrativa federalista, integral, e innovadora?
Como punto de partida recordemos los objetivos del Estado y del gobierno en tanto representante del mismo (Fraga): a) seguridad, estabilidad y paz social; b) capacidad económica para el bienestar integral; c) desarrollo sustentable para garantizar el futuro, y d) relaciones exteriores que privilegien el derecho internacional.
Esta enunciación simple nos permite enfocar nuestras prioridades de desarrollo.
Tal centralidad no es sinónimo de centralismo, sino que representa un catálogo de acciones que deben desarrollarse en los tres órdenes de gobierno, por los tres poderes y por la sociedad misma, al ser todos corresponsables del país. En este marco, sería más racional adaptarse con toda la fuerza del Estado y de la sociedad conjunta a la legalidad indispensable que le dé consistencia, congruencia y pertinencia a la función pública.
Si los objetivos del milenio no pueden ser más que recomendaciones, los que nosotros nos plan teemos, al convertirse en ordenamientos jurídicos serán obligatorios.
En pocas palabras, una reforma administrativa integral, federalista e innovadora significaría una redistribución del poder.
Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad, México, FCE, 2008.
Castelazo, José R., Administración pública: una visión de Estado, México, INAP, 2007.
Fraga, Gabino, Derecho administrativo, México, Porrúa, 1997.
INAP, Seminario “Diálogos sobre el Estado, los problemas y las necesidades del México actual. Conclusiones”, México, D. F., Instituto Nacional de Administración Pública, 23 de septiembre de 2009. Mimeo.
Michels, Robert, Los partidos políticos, Buenos Aires, Amorrortu, 1983.
Mills, Wrigth, La imaginación sociológica, México, FCE, 2000.
ONU, Declaración del Milenio, Asamblea General, 13 de septiembre de 2000, A/RES/55/2.
ONU, “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Informe al Secretario General”, Asamblea General, 6 de septiembre de 2001, A/56/326.
ONU, El papel de la administración pública en la aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, Asamblea General. Consejo Económico y Social, 16 de agosto de 2002, A/57/262-E/2002/82.
ONU, Innovaciones en la gobernanza y la administración pública para el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nota de la Secretaría”, Consejo Económico y Social, 29 de diciembre de 2005, E/C.16/2006/2.
JOSÉ R. CASTELAZO
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.
Descargar pdf
Muy interesante el tema de las tecnologías de la información en la administración pública. Debiera reorientarse los programas educativos considerándolo en sus programas de estudios.
Articulo de gran valia, para quien quiera saber sobre la administracion publica. Felicidades
Felicidades ya que esa forma de informacion nos ayuda a elaborar nuestras tareas
Me parece un gran apoyo para Elaborar las tareas a quienes llevamos la carrera los fines de semana. Felicidades.