México atraviesa una crisis económica grave, un trance como no se había visto desde hace varias décadas. A esto se suman las desigualdades históricas que, según datos oficiales, se han hecho mayores en los últimos años. Por ello es pertinente insistir en la necesidad de hacer un alto en la ruta por la que se ha conducido al país durante los últimos lustros, para reflexionar sobre aquello que ya no está funcionando y proponer los cambios y ajustes necesarios.
México necesita corregir el rumbo porque, más allá de los graves efectos de la crisis, es evidente que el modelo de desarrollo seguido ya no resulta adecuado. No lo es en el terreno productivo, pero menos en el social. Ni crecemos lo que se requiere, ni la gente vive mejor. Ni avanzamos lo que se debiera, ni saldamos las deudas del pasado.
Por ello se debe abrir el debate. No sería correcto resignarnos a que todo siga igual, a que de esta crisis salgamos peor o sólo dispuestos a esperar la siguiente, que sin duda será más fuerte. Debemos convencernos, hay que cambiar muchas de las políticas vigentes en virtud de que no resuelven los problemas nacionales, en razón de que no nos conducen a tener un mejor país.
Como responsable de una gran institución de educación superior, no dejaré de insistir en que en México requerimos más, muchas más oportunidades para los jóvenes. No debemos permitir que se agote la oportunidad que nos ofrece la transición demográfica. Hoy todavía tenemos la posibilidad de aprovecharla, pero en nueve años la situación empezará a cambiar y en tres lustros se habrá agotado. Tenemos que lograr que en todas las instancias del poder nacional se comprenda que sin educación no hay futuro, y que esa comprensión se traduzca en decisiones y en acciones específicas.
La educación en general, pero particularmente la del nivel superior, es fundamental para el desarrollo de México, es el piso sobre el cual debe cimentarse una nueva etapa del desarrollo nacional, sobre todo, en su inserción en la sociedad y en la economía del conocimiento.
Algunos indicadores de la situación actual
Los indicadores económicos y sociales reflejan situaciones muy difíciles para nuestro país. La realidad que muestran los datos no deja ningún margen para la autocomplacencia. Aunque no es la intención alimentar el desaliento que parece campear en el ánimo nacional, no es con la negación de los problemas como éstos se van a resolver. Los siguientes datos, todos ellos tomados de fuentes oficiales, muestran claramente la necesidad y la urgencia de revisar el rumbo nacional.
México es uno de los países más afectados por la crisis económica mundial, mucho más que cualquiera de las otras economías latinoamericanas. Según diversas estimaciones, la caída del PIB en 2009 será de, al menos, 7 por ciento.
Para atenuar los efectos de la crisis, las autoridades del país consideran que el presupuesto del próximo año incluirá, como no se hacía desde hace varios años, un porcentaje de déficit fiscal para contender con la baja de los ingresos de la Federación, ocasionada, en buena parte, por el decremento de la producción y de los precios del petróleo, así como por la disminución de la recaudación. Esto parece adecuado para lo inmediato, pero hay que tener en cuenta que atrás de la coyuntura, en el fondo de nuestra situación, hay causas estructurales, que no necesariamente tienen que ver con la crisis que nos llegó de fuera, y que van más allá de condiciones transitorias.
El Informe de Competitividad Global, que publicó recientemente el Foro Económico Mundial, señala que a pesar de que la nuestra es, por su tamaño, la economía número once del mundo, en cuanto a la competitividad México ocupa el lugar 60 entre los 134 países considerados. Aquí hay un problema grave que, entre otras cosas, está relacionado con la baja inversión en ciencia y tecnología y con la heterogeneidad de la calidad de nuestro sistema educativo.
En la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, nuestro país ocupa la posición 52 de un total de 177 naciones, lo cual lo coloca por debajo, no sólo de países como Islandia, Canadá o Estados Unidos como es de esperarse, sino también de naciones como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica o Cuba.1
Nuestras diferencias internas son tan extremas que entre los municipios de la República las desigualdades en desarrollo humano varían desde las cifras correspondientes a Estados Unidos hasta las de Zambia. Si se considera a las delegaciones del Distrito Federal como equivalentes a municipios, en el extremo alto aparece la delegación Benito Juárez con un índice de desarrollo humano de 0.951. Esta cifra se coloca al nivel de la de Estados Unidos y por encima de la correspondiente a países de ingresos altos de la OCDE. Por otra parte, cuatro municipios del país están por debajo del promedio de África subsahariana. Cochoapa El Grande, en Guerrero, muestra el índice de menor desarrollo con 0.435.
En el estudio de la OCDE sobre el crecimiento desigual, la distribución del ingreso y la pobreza en los países de esa organización, publicado en 2008, se señala que los indicadores de desigualdad y de pobreza en México continúan siendo los más altos: 1.5 veces los de una nación promedio de la OCDE y dos veces las cifras de aquellos de baja desigualdad como Dinamarca o Suecia. La distancia entre el ingreso de la clase media y el sector más rico es mayor que la de cualquier otro país, en tanto que la distribución de los beneficios públicos es la menos progresiva de todas las naciones de esa organización. 2
En el ámbito social la situación en general ha empeorado, tanto por el aumento de la pobreza como por la mayor concentración del ingreso. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2008, en ese año el ingreso corriente promedio trimestral de los hogares disminuyó 1.6% en términos reales respecto de la encuesta anterior. Sin embargo, esta disminución afectó más a los hogares ubicados en los deciles de menor ingreso: en menos 8%, 7 y menos 5%, en el primero, segundo y tercer decil, respectivamente; mientras en los deciles de mayores ingresos (noveno y décimo) se mantuvo constante.
El nivel de la pobreza también resultó mayor y las diferencias en el ingreso familiar mensual abismales: poco más de 44 mil pesos en el decil más favorecido y apenas arriba de dos mil pesos en el decil con menor ingreso.
De acuerdo con las estimaciones más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 50.6 millones de mexicanos, es decir, el 47.4% del total de los habitantes del país, viven en niveles de pobreza. El porcentaje de personas en pobreza extrema aumentó de 13.8 a 18.2%, entre 2006 y 2008. Esto significa que en el país existen cerca de 19.5 millones de personas –cinco millones de personas más que en 2006– que tienen problemas incluso para alimentarse. De forma general puede afirmarse, entonces, que uno de cada cinco mexicanos subsiste en estas condiciones tan lamentables.
La distribución del ingreso es más desigual que en 2006 y los pobres son ahora todavía más pobres. La caída en el ingreso ha afectado principalmente a los grupos rurales más marginados, ubicados en las comunidades de menos de 2 500 habitantes. El crecimiento de la desigualdad es evidente también a través del Índice de Gini, cuyo valor aumentó entre 2006 y 2008, al pasar de 0.446 a 0.457, la cifra más alta desde el año 2000.
El 10% de la población más favorecida concentra ahora 36% del ingreso nacional, mientras que el 60% menos agraciado sólo reúne menos de 27%. La concentración del ingreso en el decil más alto es aún mayor en las zonas urbanas, en las que alcanza hasta 40%. El ingreso del 1% de la población más favorecida es 136 veces mayor que el ingreso del 1% más pobre. El ingreso familiar mensual es, en el primer caso, de casi 125 000 pesos, mientras que en el otro es de 915 pesos. Lo anterior indica, entre muchas otras cosas que, a pesar de los cuantiosos recursos destinados a reducir la pobreza durante las últimas dos décadas, la brecha entre el México acaudalado y el México marginado no se ha logrado disminuir.
La situación laboral tampoco es estimulante. La contracción de la actividad productiva ha ocasionado una disminución del número de trabajadores asegurados en el imss. Según datos de esta dependencia, entre junio de 2008 y junio de 2009 se perdieron más de 600 mil empleos.
Un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, muestra claramente que la política social seguida en México no tiene un efecto redistributivo importante. A diferencia de la mayoría de los países europeos, donde la desigualdad se reduce después de las transferencias aparejadas con la política social, en México y otros países latinoamericanos, dichas transferencias no contribuyen a esa disminución.3
Lo peor del caso es que en la mayor parte de los datos presentados todavía no se registra el impacto de la crisis, y menos el de los recortes presupuestales y sus consecuencias. De seguir por esta vía, seguramente en el futuro cercano el panorama será aún más desalentador.
La educación superior
Sin negar los avances que hemos tenido en educación superior, ciencia y tecnología, se debe decir con toda claridad que éstos son absolutamente insuficientes para responder a las necesidades del país o para mejorar nuestra posición en el contexto internacional. La educación superior en nuestro medio se caracteriza por su diversificación, heterogeneidad y segmentación. Sin embargo, otros problemas relevantes son la baja cobertura y la falta de financiamiento adecuados.
El apoyo gubernamental a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, a las ciencias sociales, a las artes y a las humanidades ha sido limitado. Es tiempo que nuestras autoridades acepten que México lo que requiere es más inversión pública en educación superior y no ajustes presupuestales al sector.
En el Informe de Competitividad Mundial, mencionado anteriormente, nuestro país ocupa, entre 134 naciones, el lugar 74 en cobertura de la educación superior, el 84 en colaboración universidad-industria, el 109 en calidad del sistema educativo y el 127 en calidad de la educación en matemáticas y ciencias. Todas estas cifras son contundentes.
De conformidad con los datos de una publicación reciente de la OCDE,4 México tenía en 2004 un gasto anual por estudiante de educación superior equivalente a 5 778 dólares. Esta cifra es muy inferior a la de países como Estados Unidos, pero también bastante menor a lo que invierten naciones como España o Brasil que destinan más de nueve mil dólares por alumno.
En cuanto a la cobertura, en México casi tres de cada cuatro jóvenes en edad de cursar estudios superiores no pueden hacerlo. Según datos de la UNESCO, en 2007 la cobertura de educación superior era de 27%. En cambio, dicha tasa en Estados Unidos ascendió a 82%, en España a 69 y en Canadá a 62%. Países con nivel de desarrollo similar o menor al nuestro, también tienen una cobertura mayor a partir de su sistema de educación superior. Éste es el caso de Argentina con 67%, de Uruguay con 64 y también el de Perú y Colombia con 35 y 32%, por sólo citar algunos casos.5
La tasa bruta de cobertura de la educación superior en las entidades federativas de la República representa un indicador significativo de las desigualdades sociales entre los jóvenes mexicanos. En el estudio sobre este tema, recientemente publicado por la ANUIES, 6 se consigna que el promedio nacional en el periodo 2006-07 era de 24.1% de los jóvenes. En tanto que 15 entidades estaban por arriba de ese promedio y alcanzaba en el Distrito Federal 47.4 y en Nuevo León 33.3%, las otras 17 se encontraban por debajo de la media nacional, con estados como Chiapas y Quintana Roo con coberturas de 13.0 y 13.5 por ciento.
Si mantenemos el promedio de crecimiento anual de la matrícula del periodo 2001 a 2008, que fue de 3.6%, alcanzaremos el nivel de cobertura de Chile alrededor de 2024 y el de Argentina cerca de 2030.
Hay que ampliar la cobertura para dar acceso a los jóvenes a un bien público apreciado, importante y socialmente necesario. La ampliación de la cobertura, más allá de mejorar una estadística, resulta en un proceso de inclusión e integración social que significa dar acceso al saber superior y a la cultura, a la posibilidad de reflexión y crítica fundada. Implica, necesariamente, dar un paso en la mejoría de la productividad y aumentar el acceso a ocupaciones profesionales y a especialidades socialmente necesarias, a condiciones de vida más decorosas y dignas, así como a la participación ciudadana y política responsable.
Debemos hacer un esfuerzo extraordinario para ampliar la cobertura de la educación, para que ningún joven en edad de hacerlo, con la preparación previa requerida y con la actitud necesaria, deje de estudiar por falta de cupo de nuestro sistema educativo. Para lograrlo se requiere de la responsabilidad y el esfuerzo conjunto de todos los poderes públicos y del resto de las estructuras de nuestra sociedad. Éste debe ser un compromiso del Estado nacional, de la sociedad y los gobiernos.
Un aspecto que debe preocuparnos, que de hecho ha sido descrito en numerosos artículos y libros, es el crecimiento de las instituciones privadas de educación superior que no tienen la calidad adecuada en los estudios que ofrecen. Son las llamadas universidades o escuelas “patito”. Según datos de la SEP, 7 de las 2 314 instituciones de educación superior, en el ciclo escolar 2007-08, 1 508 eran privadas, lo que representa 65% de las instituciones.
De ese universo de instituciones particulares, muy pocas han sido sometidas a un verdadero proceso de evaluación y acreditación, por lo menos en lo que respecta a su incorporación en organizaciones con requisitos explícitos que se deben cumplir para el ingreso y que aseguran ciertos niveles de calidad. Para no ir más lejos, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), sólo tiene afiliadas a 109 instituciones. En tanto que en la ANUIES, son sólo 24 las universidades privadas las que participan.
Por otra parte, en la relación de programas de licenciatura evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), publicada en julio de 2008, únicamente había siete instituciones privadas con programas calificados con el nivel 1, equivalente a acreditación. Asimismo, en la lista de instituciones particulares con programas acreditados por las agencias reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), hasta el 31 de mayo de 2009 sólo aparecían 44 instituciones privadas.
La consecuencia más lamentable de esta situación, es que los jóvenes no reciben la educación necesaria para insertarse en el mercado laboral y tampoco para desarrollarse como personas y ciudadanos. Educación por la que, además, tienen que pagar en ocasiones cantidades nada despreciables.
Según la Encuesta Nacional de Juventud de 2005, cerca de 7.5 millones de jóvenes, equivalente al 22% de la población total entre doce y 29 años de edad, ni estudia ni trabaja. De éstos, más de seis millones son mujeres.
Los jóvenes mexicanos requieren no perder expectativas. Por el contrario, deben crecer con esperanza de un futuro mejor. No es aceptable que no puedan insertarse productivamente en la sociedad. La educación es un derecho de los ciudadanos que el Estado no debe escatimar.8 Ningún joven debiera quedarse sin la oportunidad de estudiar.
A lo anterior hay que sumar el terrible panorama del rezago en educación que afecta a 33 millones de mexicanos mayores de 15 años. Rezago que está encabezado por la vergüenza del analfabetismo que padecen casi seis millones de personas. Ésta es una situación que ya no podemos tolerar. Urge que efectuemos una gran cruzada para combatir un mal de siempre, que por otra parte es perfectamente atendible.
Ciencia y tecnología
La situación de la ciencia y la tecnología en el país es parecida a lo manifestado en cuanto a la educación superior. Se han logrado avances significativos y sin embargo todavía es mucho lo que queda por hacer.
En cuanto a graduados de doctorado, por ejemplo, de acuerdo con la encuesta realizada en 2007 por el Conacyt, (9) la cifra se incrementó más de diez veces en el periodo que va de 1990 a 2006, al pasar de 201 graduados en el primer año, a 2 085 en el último. Sin embargo, esta cifra es verdaderamente menor cuando vemos que países como Brasil, España o Corea graduaban entre ocho mil y nueve mil doctores al año, para no citar el caso de los Estados Unidos, en donde se doctoran 44 mil estudiantes. Por otro lado, en México la relación de doctores por cada 10 mil personas de la población económicamente activa es de 0.5%, en tanto que en Brasil es del doble, en Estados Unidos de 3%, en Corea de 4 y en España de 4.2 por ciento.
Un dato llamativo y que provoca a la reflexión es que una sola universidad de Brasil, la Universidad de Sao Paulo, graduó el año pasado a 2 266 doctores, cifra superior a la alcanzada por todas las instituciones de nuestro país en 2006.
Con respecto a la investigación, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2007-08, que considera el dato comparable más reciente, mientras que en México hay 268 investigadores laborando en investigación y desarrollo por cada millón de habitantes, en Brasil hay 344, en Chile 444 y en Argentina 720. Ello, sin menosprecio de países más desarrollados como Canadá con 3 597, Estados Unidos con 4 605 o Japón con 5 287.
A pesar de que el pib de México se encuentra entre las primeras economías del mundo, es el país de la ocde con la menor inversión en investigación y desarrollo: tan sólo 0.4%. El promedio en esa organización es de 2.26%. En Japón es superior a 3.3 y en Estados Unidos la cifra alcanza 2.6%. Más aún, si vemos a los países del bloque conformado por Brasil, Rusia, India y China, aunque todos están por debajo de nuestro país en el Índice de Desarrollo Humano, tienen un gasto mayor en investigación y desarrollo como proporción del pib: Rusia, en el lugar 67 del Índice de Desarrollo Humano, invierte 1.2%; Brasil, lugar 70, 1; China, lugar 81, 1.4, y la India, en el sitio 128, el 0.8% de su producto interno bruto.
Para lograr el mandato legal de que el gasto público en ciencia y tecnología sea equivalente a 1% del pib, en un escenario con un crecimiento promedio anual del producto interno bruto de 2.9%, equivalente al registrado en el periodo 2000-08, y un aumento promedio anual del gasto público en esta rama de 6.1%, similar al observado en el periodo 2006-08, nos va a tomar más de 30 años alcanzar el objetivo.
Conclusiones
Es necesario reconocer que en México existen instituciones de educación superior del sector privado que aportan y contribuyen al desarrollo del país, tanto en el ámbito de la formación de profesionales como de la investigación. Sin embargo, es principalmente en las universidades públicas donde se cultivan todas las disciplinas científicas y humanísticas; donde se efectúa la mayor parte de la investigación del país, en todas las áreas, desde las ingenierías y las ciencias hasta la filosofía, las letras y la música. Por otra parte, hay que señalar que las labores de difusión cultural y de extensión que llevan a cabo nuestras universidades públicas son invaluables para México.
No obstante, son a estas instituciones a las que más afectan los prejuicios del modelo donde imperan el mercado y los valores pragmáticos. Un modelo en el que se pretende equiparar el valor de las personas con el éxito alcanzado en término de bienes poseídos y dinero acumulado. La lógica del mercado ha llevado a limitar el crecimiento de las universidades públicas mientras proliferan instituciones con afanes de lucro y sin la calidad necesaria. A esto se suma la frecuente descalificación de disciplinas académicas consideradas indebidamente como inútiles o improductivas, sobre todo en el campo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, pero también en el caso de la investigación básica. Es evidente que ninguna universidad pública debe hacerlas a un lado, y que son necesarias para el desarrollo integral del país, para el avance del conocimiento mismo y para el cultivo de las expresiones más propias del ser humano.
Las instituciones públicas de educación superior han desempeñado y deben seguir desempeñando un papel de gran importancia para el futuro de la nación. Están comprometidas, en la medida de sus posibilidades y dentro de sus competencias, con el combate a los graves males que afectan a nuestra población como la pobreza y la desigualdad.
Las universidades públicas son el espacio construido por la sociedad para el cultivo del saber, para el ejercicio de la vida intelectual y el conocimiento. Hay que preservar y fortalecer estos espacios porque los servicios que prestan a la sociedad no pueden ser desarrollados por otras instituciones.
El ejercicio responsable de la crítica y la pluralidad son rasgos distintivos que deberían ser emulados por otras entidades de la sociedad. El dogma no tiene sentido en una comunidad universitaria. Para los universitarios no hay una verdad única o definitiva, ni un solo camino para acercarse a ella. La pluralidad incluye, en pocas palabras, el reconocimiento de que el mundo de la ciencia y la cultura es un mundo abierto, hecho de consensos pero también de disensos. En consecuencia, vivo y en movimiento y por eso, crítico. Es en las universidades, sobre todo en las públicas, donde pueden interactuar, recrearse y transmitirse los valores que caracterizan a las sociedades democráticas.
A pesar de todo lo anterior, en las universidades públicas tenemos que emplear, año tras año, una gran cantidad de tiempo y energía para negociar un presupuesto apenas suficiente para cumplir con las tareas a las que estamos obligados. En un país donde casi la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, la educación pública es la vía para que los jóvenes tengan acceso al conocimiento y a la superación como personas y como ciudadanos. Debemos llegar a un punto en el que, por ley, se nos asigne un presupuesto básico, suficiente para asegurar el funcionamiento adecuado, definido para un periodo de varios años, y por tanto no sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre. Sin contar con certeza en torno a los recursos económicos disponibles, la autonomía que tutela el artículo tercero de la Constitución está incompleta.
Parecería que en México se ha perdido el interés por el futuro. Lo inmediato y lo urgente se imponen con frecuencia y no parece existir un proyecto claro de nación. Ante una situación de crisis como la que actualmente experimentamos, con facilidad se pierden de vista los grandes problemas, los grandes retos que tenemos que afrontar, los grandes proyectos que debemos emprender.
Comparto lo que otros piensan en el sentido de que las universidades públicas deben hacer más de lo que ya realizan, sobre todo en cuanto a su participación en el desarrollo del país. Las universidades deben destinar tiempo y recursos a plantear el futuro, lo mismo el de ellas que el del país. El futuro de México depende mucho de las universidades, de la formación de nuevos profesionales de calidad y con compromiso social, de la investigación y del desarrollo tecnológico, de la lucha en favor de los derechos humanos y de los valores laicos que deben prevalecer entre nosotros.
En las universidades públicas tenemos el deber de convocar a la sociedad, a los intelectuales del país, a los líderes en los diversos sectores, para que tomen parte activa en la construcción del futuro de México.
Hace apenas unas semanas sostuve y aquí reitero que “la definición de un futuro deseado debe tener un claro anclaje en nuestra realidad social y no en modelos teóricos inaplicables. Un elemento que debe incluir la nueva formulación, además de otorgar prioridad a la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, es garantizar que los esquemas de seguridad social tengan cobertura universal. Tenemos que volver a discutir cuáles deben ser nuestras prioridades como nación soberana. La verdad es que no hemos mostrado hasta ahora la capacidad para acordar las que nos permitan determinar un cambio efectivo en el largo plazo. Muchos nos preguntamos para qué formar parte de los grupos dominantes del mundo. Pensamos que lo importante no es que necesariamente nuestra economía sea una de las primeras. Ya no deseamos ser de las elites del orbe.” Eso sí, queremos tener, en palabras de Albert Cohen: “ese aplomo que es atributo de los pueblos seguros del futuro y habituados a la felicidad”.
1 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008.
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico “¿Growing Unequal?: Income distribution and poverty in OECDcountries”, París, 2008.
3 CEPAL, El papel de la política tributaria frente a la crisis global: consecuencias y perspectivas, 2009.
4 OCDE, Factbook 2008.
5 UNESCO, Institute of Statistics, Global Education Digest 2009.
6 Gil Antón, Manuel et al,, Cobertura de la educación superior en México. Tendencias, retos y perspectivas, ANUIES, 2009.
7 SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras, ciclo escolar 2007-2008, 2008.
8 Latapí, Pablo, “El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, núm. 40, 2009.
9 Conacyt, Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, México, 2007.
