Consolidación de una institución en el sistema de división de poderes
POR MUCHO TIEMPO se discutió en México sobre la necesidad de realizar una profunda reforma a la estructura del Poder Judicial Federal que fuera acorde con las necesidades y problemas que esta nación enfrentaba, estableciendo con ello las condiciones necesarias para garantizar una eficiente impartición de justicia y fortalecer la autonomía e independencia de dicho órgano dentro del sistema de división de poderes.
A lo largo de la última década el Poder Judicial Federal fue objeto de múltiples cambios de enorme significado. Las modificaciones que éste experimentó en su estructura y organización; los nuevos mecanismos de control constitucional adicionados con efectos generales; la creación de un órgano con independencia administrativa que ha contribuido al mejoramiento de las funciones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la prófesionalización y selección de los integrantes del Poder Judicial Federal; la salida del Ejecutivo Federal en la designación directa de los ministros de la Suprema Corte; la incorporación del Tribunal Electoral a la estructura del Poder Judicial de la Federación, así como la facultad de defensa de los derechos políticos que hasta hace poco no era reconocida para los particulares, evidencian claramente el fortalecimiento del Poder Judicial Federal.
Nos dice Héctor Fix-Zamudio,1 distinguido jurista mexicano, que la función judicial en nuestra época «ha asumido una creciente complejidad, en virtud de que lo que se había concebido de manera tradicional como una actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos, se ha transformado en uno de los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo, en el cual ha penetrado un conjunto de factores sociales, económicos y culturales que deben combinarse en una función que puede calificarse de política, en el sentido de la participación en la toma de decisiones esenciales de los órganos del poder, la que anteriormente estaba excluida para los Tribunales».
Es decir, el Poder Judicial, en esta etapa histórica del país, ha asumido su carácter de poder y ha comenzado a influir de manera importante en el desarrollo nacional a raíz de ello. De manera que ha ganado espacios nunca antes ocupados en los asuntos nacionales y ha logrado consolidarse como lo que es: un verdadero poder político.
Su papel primordial lo constituye el ser interprete final de los principios y valores contenidos en la carta federal y, en este sentido, controlar la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las autoridades. Por estas razones, el Poder Judicial Federal representa el guardián indiscutible de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el arbitro que dirime las controversias tanto entre particulares como entre poderes, generando entre ellos un equilibrio que es necesario para el sano desarrollo de la vida nacional.
Este control de los actos de las autoridades, y de la regularidad constitucional de las disposiciones por ellas emitidas, contribuye a definir el papel que cada una de las instituciones políticas tiene y, por tanto, a definir las relaciones generales del derecho con la política.
En los Estados modernos, que aspiran al nuevo ideal de Estado social y democrático de derecho, la naturaleza política de los tribunales se ve acentuada, pues las funciones de los otros dos poderes requieren un contrapeso y un control que sólo el Poder Judicial puede proporcionar. Es fácil comprender que en el desarrollo de las múltiples relaciones entre los órganos constitucionales surjan conflictos que requieren evidentemente de un procedimiento y de un órgano especializado para dirimirlos. Esta necesidad, que representa al mismo tiempo una exigencia, constituye una de las tareas que el Poder Judicial Federal ha sabido cumplimentar debidamente al emitir, con estricto apego a la Constitución y a las leyes ordinarias, cada una de sus resoluciones.
Hoy en día podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el Poder Judicial de la Federación ha jugado un papel primordial en la etapa histórica que vive nuestro país y que, gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, ha sabido consolidarse como un verdadero poder político, cada vez más fuerte e independiente.
Sin embargo, esta tarea no ha sido sencilla y la transición en la justicia constitucional, al igual que otras transiciones en las que nos encontramos inmersos, está todavía por cumplirse del todo. Muchos obstáculos han sido superados, pero los retos inmediatos que prevalecen para el desarrollo futuro del Poder Judicial son más numerosos y ya los tenemos por delante.
Estos nuevos retos, que considero pueden englobarse en el fortalecimiento y consolidación del Poder Judicial Federal como poder político, se traducen, a su vez, en diversas obligaciones concretas para lograrlo, como son: velar por la independencia de los jueces, mejorar la calidad en sus funciones y sus relaciones con la sociedad, acercar la justicia a los más necesitados y abatir el rezago. En suma, el reto mayor al que se enfrenta el Poder Judicial consiste en dar cabal cumplimiento a la garantía constitucional que prevé la impartición de justicia en México de una manera pronta, completa e imparcial.
Vivimos tiempos nuevos y falta mucho por hacer; pero precisamente por ello debemos encontrar nuevos caminos de interacción. El Poder Judicial Federal es ahora más visible, más abierto a la opinión pública y la profesional, precisamente porque busca construir caminos de diálogo por la significación y trascendencia que tiene su función social.
El camino ya está trazado, pero nos falta transitarlo juntos. Porque en este camino de construcción de una nueva justicia en México, no vamos sólo los jueces y los responsables de las funciones públicas, sino todas las instituciones: las universidades, los profesores y alumnos que se encuentran vinculados a ellas y aun los que no lo están. Si bien el buen funcionamiento de la justicia depende, primordialmente, del buen funcionamiento de las instancias de impartición de justicia, también depende del resto de las instituciones y de la sociedad en general, de la participación activa de los profesionales del derecho y de todos los que queremos un país con nuevos horizontes de cambio. Lo que incluye, evidentemente, el respeto debido a los tribunales federales y a la exigencia moral y legal de cumplir con cada una de sus resoluciones.
Referencia
1 Los problemas contemporáneos del Poder Judicial. Grandes tendencias políticas contemporáneas, UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1986, p. 3.
La autora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
