Es la marginación social la causa de la vulnerabilidad de las lenguas indígenas. ¿Es posible, desde la política cultural, una contribución para encararla? Si la limitamos a la preservación, conservación y difusión, no es mucho lo que puede esperarse a largo plazo. Se levantarían censos lingüísticos; se rescatarían las lenguas a través de una ardua faena documental, se preservarían en distintos acervos, en libros y discos; algunos especialistas se ocuparían de su estudio y divulgación, en distintos ámbitos. Esta labor es meritoria y esencial pues construye una memoria y un legado. Pero la lengua que no es vínculo de comunicación cotidiana y que no gesta obra literaria se vuelve reliquia lingüística.
Las lenguas se extinguirían, volviéndose asunto de investigadores, y no de sus principales depositarios y custodios: las comunidades indias de México. La lengua vive sólo si la comunidad logra preservarse como tal, se comunica en su idioma y alcanza el desarrollo suficiente para, a fuerza de empeños generacionales, dar a luz a escritores que alcancen la máxima aspiración: el estilo. Es en el momento que cualquier lengua es propietaria de su singularidad que dialoga con el resto de las lenguas vivas del mundo.
La lengua que se habla mayoritariamente en México, el español, ha construido su estatus actual a lo largo de cinco siglos. Es ahora incluso una de las afluentes que, en conjunción con el inglés, ha comenzado a evolucionar en una nueva lengua, el espanglés. En la etapa actual, las lenguas indígenas enfrentan el desafío de la supervivencia de sus comunidades. El reto debe afrontarse entonces con una perspectiva de largo plazo. Junto a su rescate, conservación y difusión, deben empezar a construirse las nuevas circunstancias sociales.
Y desde la política cultural, desde las industrias culturales, puede apostarse por el desarrollo económico de sus integrantes. Así, referirnos al Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI), que impulsa la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), nos dirige al corazón del tema, en tanto que dicho programa ayudaría a constituir las condiciones para que las comunidades permanezcan en sus lugares de origen y así sigan cultivando sus hablas originarias.
El PTAZI apoya proyectos de ecoturismo y el turismo rural para el aprovechamiento de atractivos naturales y patrimonio cultural y está dirigido directamente a las comunidades indígenas: núcleos agrarios (ejidos o comunidades), organizaciones y grupos de trabajo en general. Según el tipo de proyecto, la CDI aporta una cierta cantidad. Las cifras tope, de acuerdo con la propuesta, son las siguientes:
La propuesta del PTAZI resulta verosímil y es integral. Los apoyos van desde el nivel básico, la elaboración de estudios y la preparación del proyecto como tal, hasta la capacitación, la construcción de infraestructura y la difusión, lo cual facilita a las comunidades la solicitud de apoyo según la situación en la que se encuentren en la actualidad.
Veamos algunos detalles. Junto a la presentación puntual del proyecto para el cual se solicita el apoyo, los solicitantes deben sustentar su personalidad jurídica. Este requisito no es una mera cuestión legal, pues ayuda a construir una relación institucional entre el Estado y las comunidades. Pero sus alcances potenciales no se limitan a esto.
Por una parte, la personalidad jurídica reduce el riesgo de que los recursos se utilicen de manera inadecuada o se desvíen hacia destinatarios asociados a actividades ilícitas. Por otra, impulsa a las comunidades a organizarse por su cuenta, impone la exigencia de un acuerdo entre sus miembros, y propicia el crecimiento de la sociedad indígena civil, lo que aminora, aunque sea en parte, los riesgos del corporativismo y fomenta la cohesión social. Para los “núcleos agrarios”, así, se requiere la resolución presidencial, publicada en el Diario Oficial de la Federación, o la constancia de Registro Agrario Nacional (RAN).
Para las “organizaciones indígenas”, el acta constitutiva y los estatutos, o la clave única de registro (CLUNI) si están sujetas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. En tanto, los “grupos de trabajo indígenas” no requieren documentar su personalidad jurídica si cuentan con un documento suscrito por sus integrantes y avalado por la asamblea comunitaria o las autoridades comunales.
Es decir, el apoyo requiere desde un nivel básico de organización por parte de los solicitantes y el aval comunal, hasta su constitución por decreto presidencial o el certificado del RAN o la clave única. Asimismo, los solicitantes necesitan acreditar la propiedad o posesión legal del predio o los predios para los cuales se solicita el apoyo, así como su temporalidad, y el padrón de beneficiarios, el cual incluye la Cédula Única de Registro de Población (CURP).
Los candidatos se obligan, además, a que el predio no será enajenado, dado en arrendamiento, usufructo o comodato a un tercero durante el tiempo de vigencia del proyecto, lo cual ayuda a garantizar que los recursos se ocupen, durante el tiempo de su aplicación, exclusivamente en el proyecto central. En la actualidad, el PTAZI está dirigido a los 871 municipios indígenas del país, clasificados con base en los Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México (2002), preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y el extinto Instituto Nacional Indigenista (INI).
Según reporta la CDI, los centros o sitios ecoturísticos que apoya el programa se encuentran en Michoacán, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Quintana Roo y Oaxaca, y hay ya iniciativas relevantes en Yucatán, Veracruz, Jalisco, Nayarit, el Estado de México, Morelos, Tabasco y el área metropolitana del Distrito Federal. Las comunidades indígenas cuentan con dos documentos de utilidad. Uno es la Guía de normatividad ambiental aplicable al ecoturismo comunitario, coordinada por Luis Felipe Carrillo Neri y Gabriela Mercado González (SEMARNAT, México, sin fecha, 109 pp.), que puntualiza con claridad aspectos asociados a la reglamentación.
El otro es la Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas, de Ana L. Báez y Alejandrina Acuña (CDI, México, 2003, 159 pp.), una herramienta esencial para la capacitación de los candidatos a los apoyos. Las autoras han escrito un libro relevante dentro de la bibliografía de la gestión cultural de México y como tal ameritaría una reflexión aparte; por su solvencia académica, su orientación social y su capacidad para acotar diferentes problemáticas y ofrecer metodologías prácticas que involucren a las instituciones públicas y a las comunidades indígenas.
Señalemos, como remate, la llamada de atención que formulan Ana L. Báez y Alejandrina Acuña: “Muchas comunidades indígenas viven en regiones con amplia biodiversidad —preservada gracias a prácticas culturales de manejo desde tiempos anteriores a la Conquista— y que hoy forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Hoy se encuentran en la encrucijada del aprovechamiento-conservación, ante una enorme presión por los valiosos recursos que aún contienen, incluidos los naturales y los culturales”. El futuro de las comunidades y las lenguas indígenas es de ellas, si nos lo proponemos. ~
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