Se me ha pedido participar con algunas ideas en la consideración de los efectos de la muy grave crisis económica por la que atraviesan todas las naciones. Ello requiere considerar las características e intensidad de la crisis y sus probables efectos sobre la economía nacional; las fuerzas y debilidades institucionales que tenemos y las medidas económicas y financieras que se podrían adoptar, en la medida de lo posible, para disminuir los efectos sobre nuestro país. Éstos son temas de complejo tratamiento. Todos los campos de la actividad nacional son partícipes del problema. No hay confusión sobre el origen del mismo, pero sí la hay, tanto a nivel oficial como privado en México, sobre la forma más adecuada de hacerle frente. Debemos apuntar que en las últimas décadas, la economía mexicana y sus instituciones han cambiado mucho. Hemos avanzado en el campo de la industrialización, tenemos empresas y actividades muy importantes que emplean a millares de trabajadores; que hacen exportaciones sustanciales de productos finales o partes de ellos y que tienen inversiones empresariales y dinerarias en el exterior. Muchas compañías extranjeras, a su vez, tienen subsidiarias en México y producen, ensamblan o compran productos o componentes industriales producidos en nuestro país. Sin embargo, en el campo financiero, las instituciones bancarias mexicanas son propiedad, en su inmensa mayoría, de algunas de las entidades bancarias del exterior más afectadas por la crisis inmobiliaria y financiera. En el campo de las actividades industriales y de negocios diversos, es de conocimiento general en la comunidad privada de negocios y en el sector público en México que nuestro país sufrirá, directa e indirectamente, los efectos de la crisis internacional en toda su actividad económica, incluyendo el turismo. Tampoco podemos ignorar que las organizaciones de trabajadores de Estados Unidos están presionando a las empresas para que el recorte de empleos que deban hacer, lo hagan en las empresas subsidiarias o filiales ubicadas en el extranjero. En el caso del turismo, es necesario comentar que si bien nuestra industria turística se beneficia del ya importante flujo de turistas nacionales, principalmente en las playas y en las antiguas ciudades coloniales, la mayor parte del turismo que utiliza los servicios hoteleros mexicanos es de origen extranjero y será afectado en no pequeña medida por el desempleo o reducción en los ingresos de los residentes de los países de origen, especialmente en Estados Unidos. Cierto es que tenemos la importante ventaja de ser un país fronterizo con nuestros vecinos del norte, pero no podemos ignorar que el turismo extranjero de medio y alto nivel se reducirá, con la resultante baja de ingresos en las zonas turísticas de México más visitadas. Debemos reconocer que los costos salariales en México son menores que en los países industriales y ello puede considerarse como una buena posibilidad para que las empresas internacionales no reduzcan sustancialmente la actividad productiva y el empleo de las plantas que tienen establecidas en nuestro país. En el aspecto financiero, y especialmente en lo que se refiere al apoyo crediticio que reciben de la banca extranjera las empresas ubicadas en México, sí podemos afirmar que son preocupantes los problemas de capacidad y riesgo de crédito que representa para la banca internacional su falta de liquidez. Ésta ha afectado y está afectando seriamente las actividades crediticias de la banca internacional. Tampoco es favorable la evaluación que hace la banca internacional de la capacidad de pago de las empresas mexicanas solicitantes de créditos. Todo lo anterior nos obliga a tener dudas válidas sobre la capacidad que tendrá la actual banca mexicana, hoy propiedad casi total de bancos extranjeros, para colaborar significativamente con su crédito en la defensa de las actividades económicas y del nivel de ocupación laboral en nuestro país. Debe considerarse que la orientación del crédito de la banca mexicana, controlada por instituciones del exterior, ha sido mayoritariamente en el campo de las tarjetas de crédito aplicando tasas de interés muy altas. Ello limita mucho, en estos momentos de alto endeudamiento de los usuarios, su capacidad de compra. La modificación a corto plazo por parte de la autoridad de estas políticas en época de crisis para apoyar el sostenimiento del empleo es obviamente un reto, tanto para las autoridades financieras mexicanas como para las instituciones bancarias de referencia. Por ello, es muy importante para nuestro país lograr que las instituciones bancarias privadas, que reciben el grueso de los ahorros de la comunidad nacional, los reorienten hacia la producción y a la inversión a tasas razonables de interés, así como evitar que la banca privada oriente mayoritariamente sus recursos al crédito al consumo mediante tarjetas de crédito. Destaca también como medida estratégica impulsar el crédito a la construcción e inversión productiva, a la inmobiliaria y al crédito hipotecario para venta de las casas. En una época de crisis sería imperdonable que la autoridad no aprovechara esta oportunidad para establecer reglas de orientación preferente y selectiva del crédito a aquellas actividades más generadoras de empleo. En momentos en que la crisis internacional, ya establecida en México, tiende a afectar más al país, se hace no sólo necesario sino vital, disminuir el peso sobre el gasto anticíclico que debe hacer el gobierno para propiciar una recuperación de las actividades económicas nacionales con mayor rapidez. Debe reconocerse en esta materia, que sólo la banca privada tiene el acceso directo, el contacto y la información necesaria de las empresas para lograr, con relativa rapidez, la movilización del crédito nacional hacia empresas industriales y a la construcción de la vivienda. La reorientación y utilización de la capacidad de crédito bancario hacia ese destino es uno de los esfuerzos más necesarios ante la crisis actual. El fracaso, hasta el momento, por la forma poco articulada en que ha sido aplicado el programa anticíclico estadounidense, ha dado lugar a perspectivas económicas muy desfavorables en el sector empresarial, bancario y de inversionistas de nuestro país. Es importante por ello, reconocer que los objetivos de un plan de aliento a la economía no se lograrán en la medida necesaria si dichas medidas no son consideradas, por los sectores privados más relevantes de la población, tanto adecuadas como suficientemente vigorosas, para el cumplimiento oportuno de un plan programado de apoyo a la actividad nacional. Si esta necesaria credibilidad no se logra, no se podrá alcanzar, en un plazo relativamente breve, una reacción positiva y general en todos los sectores indispensable para menguar la crisis y alcanzar la recuperación general de la economía. Podría contribuir a lograr la credibilidad necesaria, que el plan de rescate tenga características necesarias de proyecto bien estructurado y programado, que peque más por exceso y no por defecto. Si el plan es considerado insuficiente, tardará mucho más tiempo la recuperación nacional; en cambio, si el plan, durante su ejecución, se considera suficiente será menos difícil ajustarlo a las realidades económicas que se vayan presentando. No debemos olvidar que con todos sus recursos posibles, el plan estadounidense de defensa de la banca y de esa economía fracasó estrepitosamente en su etapa inicial, precisamente por insuficiente y mal orientado. Las autoridades bancarias y financieras de México han manejado correctamente, hasta antes de esta crisis, el gasto deficitario del gobierno y el tipo de cambio. El nivel de precios en México se había logrado manejar dentro de límites bastante cercanos respecto a la tendencia de los precios mundiales pues los déficit del gobierno federal se mantuvieron dentro de márgenes prudentes, considerando los equilibrios logrados en nuestra economía. En épocas anteriores las crisis cambiarias y económicas de México eran causadas casi exclusivamente por la falta de control del gasto público resultando en niveles excesivos de déficit del sector público. Por su parte, el tipo de cambio, con la aplicación adecuada de políticas del Banco de México y de esfuerzos por frenar, dentro de un sistema de cambio flotante, los ataques especulativos contra el peso, se movió en forma absolutamente aceptable con un deslizamiento que contribuyó a proteger la competitividad de los productos nacionales en el exterior. En cambio, en época reciente, una vez aparecida la crisis económica, el aumento en los precios en el país no se debió, de ninguna manera, a un déficit excesivo del sector público. Este déficit, que ha sido sostenido alrededor de un 3% más o menos de los ingresos corrientes del gobierno federal, no ha sido el causante de las recientes devaluaciones del peso mexicano. Los aumentos ocurridos en los precios en los últimos años han sido causados, principalmente, por el aumento del valor del dólar respecto a todas las monedas del mundo en semestres recientes y también respecto al peso mexicano y no por déficit mayores del sector público en nuestro país. Cabe la pregunta de cuál será el efecto sobre el nivel de ocupación y la defensa de la actividad económica, de crecimiento necesario de la economía y del empleo ante una tendencia al aumento mayor al 5% en los precios internos, para que el déficit planeado entre ingresos y gastos del sector público se mantenga para el año 2009 sólo a un nivel del 2 por ciento. Sin disponer de los datos fundamentales para opinar con certidumbre sobre esta materia, cabe la pregunta de si el objetivo más importante en un futuro de desempleo generalizado en el país, consiste en mantener a toda costa una política de restricción financiera y monetaria, que puede resultar en disminución en las oportunidades de inversión y de trabajo frente a la circunstancia actual de un escenario mundial de depresión, o debe ser el manejo del déficit del sector público, en estos momentos de crisis, uno orientado a proteger los niveles de empleo en el país. En ausencia de información suficiente (que sólo tienen las autoridades financieras), no es fácil opinar sobre esta cuestión, pero sí es pertinente comentar que en épocas difíciles de producción y desempleo es absolutamente indispensable como objetivo, en un país con problemas de población de muy bajos ingresos y de desocupación generalizada, no tener una política que, en las circunstancias actuales, parece tener más bien posibilidad de crear un desempleo adicional al que la propia crisis internacional está causando. Es decir, en los momentos actuales, un financiamiento deficitario del gobierno federal que no esté relacionado con un aumento anual ya ocurrido en el nivel de precios y costos de alrededor del 5% debe ser considerado más bien contraccionista, cuando la necesidad del país requiere la protección a toda costa de niveles adecuados de empleo. No encaja en la necesidad de un manejo adecuado de los problemas de inversión y de empleo el proyecto de un presupuesto del sector público casi equilibrado para el año 2009. No existe posibilidad alguna de que la banca mexicana y la banca extranjera, por su falta de recursos, tomen a su cargo un volumen de financiamiento que sustente la actividad económica en el país, dado el aumento en los precios. Ante este panorama y posibles salidas aún moderadas de capital y menor capacidad de crédito de la banca nacional y extranjera, sólo es aceptable tener como objetivo principal, en la mayor medida posible, sostener el nivel del empleo y evitar la desocupación generalizada. Este objetivo sólo puede lograrse si, dentro de esfuerzos de diverso orden y considerando el aumento inevitable de los precios, se eleva con firmeza el gasto público en inversiones generadoras de empleos y a la vez, se procura, con medidas efectivas y directas, orientar el crédito bancario a las actividades productivas utilizando, si fuera necesario, financiamientos del Banco de México o del exterior. Sólo así se podrá generar la indispensable confianza en el éxito del programa; sólo así se logrará que los actores en los diversos campos de la economía contribuyan positivamente con sus acciones de gasto e inversión a que el programa de defensa de la economía impulse la recuperación de la demanda y el sostenimiento de los niveles de empleo. Si no se logra esta credibilidad en forma real y no sólo declarativa, se corre el grave riesgo de que las medidas anticíclicas resulten insuficientes y con ello, se alejen, en vez de alcanzarse, los objetivos para los que fueran diseñadas. Ello requiere un programa de acciones complementario en materia cambiaria que disminuya el posible impacto sobre la confianza en la moneda. Los inversionistas, las empresas y aun los depositantes en la banca observarán cuidadosamente si existe la voluntad y la capacidad de manejar, con efectividad y prudencia, la economía y el tipo de cambio. También estarán muy pendientes, como siempre lo han hecho, de la decisión y firmeza que adopte la autoridad para hacer frente a los movimientos intempestivos o especulativos sobre el tipo de cambio. El Banco de México ya ha probado su capacidad para jugar un papel fundamental en esta materia, ha hecho frente y manejado con éxito salidas fuertes y especulativas de recursos utilizando sus muy importantes reservas de divisas o apoyos internacionales disponibles; ha propiciado con habilidad y prudencia, ajustes moderados del tipo de cambio del peso mexicano resultantes de modificaciones entre los precios y mercados de México y el exterior. El Banco de México tiene los recursos y el conocimiento necesarios para manejar los cambios externos de forma que reflejen o defiendan adecuadamente nuestra competitividad internacional y propicien el desarrollo económico; ha demostrado también capacidad y decisión para enfrentar los ataques especulativos que son comunes durante crisis mundiales económicas de la magnitud de la que estamos enfrentando. Es necesario adoptar en estos momentos una política de defensa de la actividad económica y del nivel de ocupación, apoyada en un manejo del ingreso y gasto públicos que no acentúe las fuerzas contraccionistas de la economía mundial. Usar los recursos que capta la banca mexicana para atender las necesidades crediticias de un sector productivo afectado seriamente por la crisis internacional es, a mi juicio, una decisión fundamental que debe prevalecer para que el país salga lo mejor librado posible de una crisis mundialo que ha sido calificada como la más grave en décadas recientes por afectar gravemente al sistema financiero internacional que constituye, en el mundo moderno, un apoyo vital para las actividades productivas generadores de empleo. Finalmente, es de gran importancia destacar no sólo la necesidad de estrategias generales como las antes mencionadas, sino también de decisiones específicas en materia de defensa de las empresas y de defensa del poder adquisitivo del salario y de la moneda. En el caso de las empresas, será conveniente prever la necesidad de que la banca oficial pueda adquirir nuevas acciones preferentes de empresas clave de nuestra economía a fin de reforzar el capital de las más importantes y evitar su desaparición. Estas acciones preferentes no darían derecho a voto, los vendedores o el grupo de control tendrían derecho a recomprarlas una vez pasado el riesgo de quiebra de la empresa. En el caso específico de la defensa directa del poder adquisitivo del salario no podría concebirse la aprobación de un plan de defensa que no incluya una política expresa de defender el poder adquisitivo de los salarios medios y bajos de los trabajadores, considerando ya sea los aumentos en el costo de la vida como los aumentos de precios de los artículos más bajos de consumo popular.
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