El 31 de marzo se cumplirá un sexenio exacto en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declarara que los Estados Unidos violaron la ley internacional y deben “revisar y reconsiderar” los casos de los 51 mexicanos condenados a muerte detenidos en ese país. Amnistía Internacional expresa su preocupación de que los Estados Unidos ignoren el fallo. Tal y como sucedió, pues recordemos que el gobernador y La corte de Texas llegaron a argumentar que el estado de Texas no había firmado acuerdo ninguno con la Corte de La Haya y por tanto no estaban obligados a seguir sus fallos. Varios de los reos “amparados” por ese fallo ya han sido ejecutados o continúan en la “antesala de la muerte”, no por piedad cristiana sino por las distintas apelaciones o recursos jurídico-políticos que se han interpuesto. Todavía falta saber la suerte de los millares de migrantes que permanecen presos esclavizados por una banda organizada en granjas o que han sido asesinados en ese país y nadie tiene información sobre ellos. Pero eso sí, no bajen las remesas porque hasta se les reclama su falta de “solidaridad” con el país.
Marzo hace un sexenio
Para aquellos que todavía creen que la corrupción, la deshonestidad o la falta de vergüenza de la clase política y policiaca de este país, comenzó con el sexenio (como cada nuevo sexenio), les recordaremos que en marzo de 2004, México se cimbraba hasta sus cimientos más profundos cuando se dieron a conocer los videos del tesorero del gobierno del D.F., Gustavo Ponce Meléndez, jugando plácidamente en Las Vegas, Nevada. Asimismo Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Carlos Ímaz comparecen ante el PRD, para tratar de aclarar sus vínculos con el empresario argentino Carlos Ahumada, quien poco después sería aprehendido por elementos de PGR, y los delegados de Tlalpan, Carlos Ímaz y de Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán se separan de sus cargos acusados de “supuestos” actos de corrupción, René Bejarano, en su calidad de diputado, se dice intocable por su fuero y ser víctima de otro “compló”. Días después sería formalmente acusado de: promoción de conductas ilícitas, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos electorales.
Pero el asunto no sólo involucró a los perredistas del D.F. y a López Obrador, sino que el senador Diego Fernández de Cevallos aceptó conocer con anticipación los videos que incriminan a René Bejarano y Carlos Ímaz antes que fuesen hechos públicos y haber acompañado a Carlos Ahumada a “una diligencia ministerial”. Por su parte el secretario general del PAN, Manuel Espino, solicitó “revisar el desempeño de Fernández Cevallos desde una dimensión ética” más que política o jurídica.
Por si no fuese suficiente con la corrupción televisada, los mexicanos también nos enteraríamos por el mismo conducto que la Secretaría de la Defensa Nacional oficialmente reconoce que más de mil 382 efectivos de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), entrenados en el manejo de todo tipo de armas y en equipos sofisticados de comunicaciones, han desertado de sus filas y que varios de ellos han pasado a formar parte del Cártel del Golfo así como la integración de la banda de sicarios conocida como los Zetas.
Ricardo Iglesias
