A cuatro años de que se implementara la actual estrategia de combate al crimen organizado, el autor realiza un corte de caja, hace un balance que echa por tierra no sólo los resultados sino la naturaleza misma de la táctica gubernamental, fundada en su opinión en una concepción punitiva de la justicia.
De escultores y no de sastres es la tarea.
Miguel de Unamuno
Apuntes para la memoria
Después de cuatro años del actual gobierno y en pleno vía crucis nacional, es sensato afirmar que Felipe Calderón arribó a Los Pinos sin la menor idea de lo que son los fundamentos básicos para construir políticas públicas.
Su polémico ascenso a la presidencia lo hizo con por lo menos dos agravantes imperdonables: (1) la falta de un diagnóstico serio para encarar los desafíos de la compleja agenda nacional y (2) una descomunal insensibilidad política y un desplante de soberbia que le impidieron impulsar la construcción de puentes de diálogo que ayudaran a desactivar la polarización política y social creciente.
Estos “traspiés” llevaron al país a un tobogán en donde la crispación, el rencor y el duelo de afrentas se convirtieron en los únicos instrumentos de comunicación entre el calderonismo y la oposición de izquierda, encarnada en su candidato Andrés Manuel López Obrador.
Así, en lugar de transitar por la ruta de los acuerdos, pactar zonas de consenso con el Congreso de la Unión y abrir relaciones con organizaciones sociales diversas, Calderón decidió dedicarse solamente a distribuir carteras entre sus amigos y a saldar algunas deudas con sus compañeros de viaje. Es decir, mientras el país requería señales conciliatorias inequívocas, el nuevo presidente estaba en una frecuencia muy lejana.
El aislamiento causado por la confusión de prioridades y el desgaste poselectoral provocó que Calderón decidiera dar un paso altamente riesgoso e irresponsable: intentar legitimarse mediante una declaración de guerra a la delincuencia organizada, en especial al narcotráfico, quizá suponiendo que con ello se posicionaría como un presidente “valiente” y “arrojado”, atributos sin duda emocionales, probablemente estimulantes, pero divorciados de la implementación de políticas públicas planificadas, integrales y profesionales.
Si en su momento se calificó como error de diseño, ahora, cuatro años después, hay evidencias estadísticas y políticas que confirman los errores que cometió el presidente en su desesperada lanzada. No porque sea incorrecto enfrentar a la criminalidad, claro está, sino por la debilidad, por decir lo menos, de la táctica y la estrategia oficiales. Además, polarizó al país —dejando en medio a una sociedad desorganizada y ahora temerosa— y no estableció alianzas con ningún segmento político o social significativo. En síntesis, armó su “guerra” políticamente sectaria y sin los instrumentos metodológicos básicos que demanda la puesta en marcha de políticas públicas responsables.
El resultado neto de este periplo punitivo presidencial está a la vista. Lo mostraremos en las próximas páginas. En lo que se refiere a otras políticas públicas, el panorama no es nada alentador.
Las críticas al modelo dominante se han filtrado recientemente, gracias al iniciativa de WikiLeaks. Las percepciones del personal consular norteamericano ratifican algunas observaciones realizadas desde espacios académicos y de la sociedad civil mexicanos. A los ojos de los funcionarios estadounidenses, el gabinete de seguridad federal actúa sin coordinación. Las partes que lo componen se ocultan información con mezquindad y hay celos entre sus jefes máximos.
De igual manera, la difusión de una perla diplomática confidencial evidenció el colapso prematuro de la estrategia oficial. Nos referimos a la filtración donde Calderón admitió que había cometido un error de cálculo sobre la profundidad y amplitud de la corrupción y también sobre la penetrante influencia del narcotráfico en México, la cual estaba más allá de toda comprensión.1
Esta infidencia del ex presidente Aznar devela el doble discurso oficial, ya que el titular del Ejecutivo Federal, a tres años de la confesión, sigue manteniendo el mismo discurso guerrerista, sin plantear ningún cambio sustancial a su política de seguridad.
Se clarifica entonces que estamos en presencia del empecinamiento de una lógica que, a pesar de sus magros resultados y de sus costos sociales, económicos y humanos, se mantiene, como en otros penosos casos, sólo por la añeja vena despótica y autoritaria que se incuba en la mayoría de los inquilinos de la casa presidencial.
No obstante las anteriores deficiencias en la orientación política de Calderón, sería incorrecto no corresponsabilizar de esta crisis a otros actores políticos, sociales y económicos, quienes por complicidad, conveniencia o incapacidad, le han permitido conducir al país en una ruta suicida, dejando amplias franjas del país como zonas minadas.
Es evidente que la ausencia de una franca oposición a las ocurrencias presidenciales ha descansado principalmente en los trueques políticos que entablaron el <span style=”font-variant: small-caps;”>pri</span> y el gobierno. Por ello, lo que está en el centro del debate, más allá de los vaivenes en los ámbitos policiales y penales, es el modelo de dominación política que ha permanecido intacto.
Por eso, ni el foxismo ni el calderonismo tocaron los dos pilares legitimadores del viejo régimen: el corporativismo sindical —con todas sus expresiones nauseabundas— y el aparato circulatorio de la acumulación capitalista —privilegios fiscales, crediticios y de inversión, férreo control salarial, etcétera— que ahora beneficia notablemente a algunos segmentos de la burguesía, especialmente las fracciones representativas de enclaves financieros y comerciales de otras metrópolis.
Una vez descrito el contexto en el que se ha movido el gobierno, en las siguientes notas presentaremos las acciones que ha realizado para intentar legitimarse.
Aunque formalmente restan dos años a la actual administración, hay elementos suficientes para realizar una especie de corte de caja. Dado que es casi imposible que en los próximos meses pueda haber cambios de fondo en la política oficial, el balance puede resultar productivo.
Minisalarios y desempleo: un viaje al mundo terrenal
La administración actual se ha dedicado, con indudable ahínco, a convertir la comunicación con la población en simples proclamas monotemáticas y notoriamente circulares. El tema de la seguridad pública ocupa la mayoría del tiempo de la agenda presidencial.
Esta estrategia no es nueva. Aunque quizá no lo sepa a cabalidad el titular del ejecutivo, obedece a una especie de amasijo ideológico entre el positivismo criminológico, en sus coordenadas deterministas, y el virus del derecho penal autoritario. En ambas corrientes lo que menos importa es el enfoque de los derechos sociales y humanos.
Sin embargo, el país requiere verse desde una meseta multidimensional. El tema económico es uno de los vectores cruciales para entender las profundidades humanas del México real. Cualquier análisis serio que busque explicar los orígenes de la violencia y el delito tiene que asomarse al mundo del trabajo. En este caso al poder adquisitivo de los asalariados, especialmente de los agrupados en los deciles empobrecidos.
El poder de compra de los mexicanos se desplomó 45% en los últimos diez años. Hace una década, con 270 pesos un consumidor podía adquirir galletas, pan de caja, tortillas, arroz, frijol, jitomate, pollo, carne de cerdo y de res, aceite, azúcar, café soluble, huevo, leche en polvo, leche pasteurizada, sal, sardinas, detergente, escobas y pasta dental. En septiembre de 2010, el costo de esos mismos productos representaba ya 552 pesos, lo que nos habla del enorme deterioro que este gobierno ha ocasionado a la calidad de vida de los trabajadores.2
Actualmente, un trabajador con ingresos equivalentes a un salario mínimo necesitaría casi diez jornadas laborales para comprar ese paquete de veinte productos de la canasta básica, cuando en 2000 necesitaba 7.6 días de trabajo para hacer la misma adquisición.
En lo que toca al empleo, cabe recordar que el titular del Ejecutivo se autoerigió en su campaña electoral como el “presidente del empleo”. Seguramente hoy es molesto y quizá penoso para el inquilino de Los Pinos hablar de sus “logros” en esa materia.
Sin embargo, la realidad es más compleja —y necia— que los discursos autocomplacientes. El panorama es severo, la precariedad de los salarios nos indica el deterioro en los niveles de vida de amplias capas de la población. Nueve de cada diez personas que se han sumado al mercado laboral perciben menos de dos salarios mínimos.3 A finales de 2006, cuando empezó el actual gobierno, la población que declaró contar con alguna ocupación o empleo había ascendido a 42 millones 846 mil personas. Para el tercer trimestre de 2010, sumaban 44 millones 480 mil 500. La diferencia es de sólo 1.6 millones de personas, la mayoría de las cuales gana menos de 3 mil 447 pesos al mes. 185 mil 900 mexicanos que consiguieron trabajo lo hicieron a cambio de un salario mínimo (1,723 pesos al mes) o menos.
Otras 112 mil 500 personas lograron ocuparse con una paga de más de dos salarios mínimos y hasta tres, lo que implica que como máximo perciben 5 mil 171 pesos mensuales. Quienes hace cuatro años habían logrado romper la barrera de los tres salarios mínimos sumaban 12.8 millones. Ahora, 1.3 millones dejaron de pertenecer a este grupo.
Si sólo se toma en cuenta a quienes ganaban más de cinco salarios mínimos, es decir de 8 mil 600 pesos en adelante, la reducción ha sido más drástica: en 2006 sumaban 5 millones pero cuatro años después quedan 3.9 millones, es decir 29% menos en lo que va del sexenio.4
Y por si esto no bastara, el promedio de la tasa de desempleo entre latinos, en Estados Unidos, subió de 12.1% en 2009 a 12.5% en los primeros once meses de 2010, lo que tendrá un efecto significativo en los envíos de dinero a México y en la situación de los hogares más pobres, ya que para 10% de éstos la remesas representan la principal fuente de ingresos totales.5
La educación despreciada: cifras graves y agudas
Otro elemento tangencial tanto en el discurso como en el trabajo presidencial es el relativo a la amplia galaxia de la educación. Aquí habría que advertir que el presidente está maniatado. Su alianza electoral y política con la lideresa del snte limita su capacidad de tomar iniciativas que no pasen por el escritorio de la poderosa burócrata.
Sin embargo, más allá de estos acuerdos coyunturales, que seguramente podrán romperse a partir de julio de 2011, cuando se dé el banderazo a las campañas electorales y la pragmática líder magisterial migre de nuevo al regazo priísta, la educación seguirá siendo manejada como un jugoso botín comicial y no como la actividad que definirá la viabilidad de México.
En este marco de ausencias de políticas transgeneracionales, México es una de las naciones que más destina al gasto corriente en educación. Sin embargo, de acuerdo con la clasificación por destino del gasto realizada por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (ocde), del total de los recursos ejercidos en el sector durante 2006, 97.5% correspondió al pago de nómina y sólo 2.5 a inversiones físicas, lo que coloca al país al fondo de la lista de la ocde en este rubro. En el mismo año, Brasil invirtió 6.1% de su presupuesto en infraestructura educativa, Alemania 6.7% y Japón casi diez.
Algunos datos nos señalan que en 2007 la cobertura de educación superior era de 27%, inferior a la de Estados Unidos (82%), España (69%) y Canadá (72%).6
Un elemento definitorio del presente educativo en México, y motivo de encendidos debates en distintos foros, es la situación de los jóvenes de 15 a 19 años que están fuera del sistema educativo. Cerca de 45% estaba desempleado en 2008 o no formaba parte de la fuerza laboral.7
Según mediciones del Consejo Nacional de Población (conapo), en 2008 había 10 millones 482 mil 533 personas entre 15 y 29 años, por lo que los datos de la ocde revelan que el número de “ni-nis” en el año referido fue de 4 millones 717 mil 139. Se indica además que el desempleo en ese grupo aumentó 5% entre 2008 y 2009.8
Paradójicamente, después de Finlandia, México fue el país donde más incremento real tuvieron los salarios de los profesores de educación primaria en el periodo de 1996 a 2007.9
La encrucijada de caminar en círculos
Como justificación, la administración actual atribuye la crisis social y laboral que vivimos a la coyuntura internacional de 2008-2009. Sin embargo, nuestra debacle tiene que ver con el modelo vernáculo de la acumulación.
El panorama social mexicano y latinoamericano se complicó en los últimos dos años por la crisis económica internacional. En México, la pobreza creció más que en otros países de la región. También se detuvo la mejora que se había observado en los años previos en la distribución del ingreso, la cual empeoró con la crisis de 2009, al contrario de lo que ocurrió en términos generales en América Latina. En 2009, la contracción de 6.5% de la economía nacional llevó a 4.4 millones de mexicanos de regreso a la pobreza.10
Mientras el drama humano de una porción significativa de asalariados crece, una minoría privilegiada se dedica a transferir sus ganancias al exterior, ya que por cada dólar de inversión extranjera directa que ingresó al país entre enero y septiembre de 2010, empresarios y particulares mexicanos transfirieron al exterior dos dólares, para ser abonados a cuentas bancarias o para realizar negocios. Desde que comenzó la administración de Felipe Calderón y hasta septiembre de 2010, esta transferencia de recursos al exterior llegó a 55 mil 503 millones de dólares, según los datos del banco central. Ello equivale a poco más de la mitad de las reservas internacionales de divisas al cierre de septiembre, cuando éstas se ubicaron en 108 mil 29 millones de dólares.11
La debilidad —incapacidad— en el combate al crimen
Es común que los discursos oficiales y oficiosos usen términos que pretenden transmitir dureza, firmeza o valentía. Más aun, el estilo verbal de Felipe Calderón confirma que estamos en presencia de un gobierno que funda su estrategia en frases efectistas.
No obstante estos desplantes, la actividad gubernamental no tiene un puerto seguro: no sabe a dónde ir. La vocación “triunfadora” contra la delincuencia tiene que ver más con el campo espiritual y motivacional que con la eficacia y la profundidad de políticas públicas consistentes.
Contra las ideas vendidas y expuestas reiteradamente por el presidente Calderón, se oponen los números. El desglose presupuestal arroja luz sobre una realidad penosa: se están usando recursos del contribuyente para engordar una estructura que no cumple con los propósitos anunciados. Demostrémoslo.
Una mirada retrospectiva nos permite colocar en su dimensión real el llamado “combate frontal a la delincuencia”. Si bien de 2001 a 2008 el presupuesto acumulado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue de 73 mil 232 millones de pesos, ¡42 mil 557 millones se destinaron a servicios personales!12
Para 2010, se anunciaron recursos destinados a la seguridad en estados y municipios por 13 mil 827 millones de pesos, los más altos en la historia del país según se alardeó.
Por un lado, se aprobaron 2 mil 400 millones de pesos para la puesta en marcha del mando único policial en las entidades federativas. Por el otro, se asignaron 76 mil 124 millones al Fondo de Aportación a la Seguridad Pública y 4 mil 303 millones al Subsidio de Seguridad Pública Municipal, lo que representa un incremento total de 373 millones.13
La mala noticia de estos anuncios ostentosos es que se siguen dando recursos sin mediciones ni candados de eficacia. Por ejemplo, en 2010 las entidades federativas sólo ejercieron 45% de los recursos canalizados por el Gobierno Federal para enfrentar al crimen y fortalecer sus instituciones de seguridad. El financiamiento asciende a 8 mil 861 millones de pesos, de los cuales sólo se han gastado 4 mil 4 millones.
De los recursos restantes, 4 mil 857 millones se reportan como “comprometidos”, es decir, su inversión ya está planificada o contratada. Pero aun con la erogación de esta cantidad, queda pendiente el ejercicio de 2 mil 681 millones.
La irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos no es privativa de los estados y municipios. También se extiende al gobierno federal, como lo documenta el hecho de que tanto la Procuraduría General de la República (pgr) como la Secretaría de Seguridad Pública (ssp), al tercer trimestre de 2010, registraron en conjunto subejercicios de 7 mil 938.8 millones de pesos.14
Como se puede observar, la publicitada prioridad no es tal. Tener subejercicios en esta materia o en cualquier rubro en un país con tantas carencias sólo corrobora el perfil de una burocracia voraz y poco profesional.
Una observación ineludible: los recursos para los municipios son canalizados mediante la aplicación de una fórmula basada principalmente en los indicadores delictivos. Al proceder de esa manera se confirma el paradigma reduccionista y meramente penalista. Se olvida la naturaleza del delito como manifestación social multifactorial.
Más seguridad, más presupuesto, más policías, más penas… y la delincuencia no cede
Como una religión, el dogmatismo llegó para quedarse en el grupo gobernante. Pese a que los resultados son exiguos, en el transcurso del actual sexenio los recursos asignados a las instancias de seguridad se han incrementado exponencialmente: la Secretaría de la Defensa Nacional ha “acaparado” cerca de 40% del total del presupuesto destinado anualmente a seguridad: de los 112 mil millones de pesos autorizados para ese renglón en 2010, los militares concentraron 38.9%. Desde el inicio del sexenio de Calderón, los recursos han registrado un incremento del 61% (43 mil millones de pesos).
El gasto de la ssp ha ido ganando terreno. El presupuesto de la dependencia ha pasado de 12% a casi 30% del total del dinero público asignado a las tareas de seguridad. En 2010, la dependencia contó con un presupuesto autorizado de 32 mil 437 millones de pesos. Para este año es esencialmente el mismo.
El tercer lugar lo ocupa la Secretaría de Marina. En 2001 su presupuesto representaba 19.3% de la partida para la seguridad. Durante el sexenio de Calderón dicho presupuesto ha registrado un incremento de 60%, al pasar de casi 10 mil millones a 16 mil millones de pesos.15
La superstición punitiva plantea que el aumento en el número de policías mejora la seguridad. En 2008 existían 466 policías por cada 100 mil habitantes, lo que significó un incremento anual de 8% en promedio respecto del índice de 1999, que fue de 218. En Colombia la proporción es de 217 y en Francia de cien.16
El dogma sin embargo se derrumba: a pesar de la voluminosa inyección de recursos y del engrosamiento de las filas policiales, los índices delictivos no bajan; peor aun, se incrementan. En 2009 se registraron 1 millón 805 mil presuntos hechos delictivos: 131 mil del fuero federal y el resto del fuero común. De esta forma, los delitos del ámbito federal se incrementaron casi 20% en relación con lo reportado en diciembre de 2006, y los del orden común 14 por ciento.17 Sólo dos ejemplos notables de la profunda crisis del modelo represivo.
1. Hace cuatro años el presidente Calderón dio el banderazo de su “guerra” en Michoacán. El estado termina el 2010 incendiado por los enfrentamientos entre las fuerzas federales y el grupo autodenominado la “Familia Michoacana”. Hay muertos, la población está aterrorizada, el saldo “a favor” del gobierno consiste solamente en la eliminación de un líder del grupo delictivo.
2. En Ciudad Juárez la tasa de homicidios se incrementa. Del 27 de marzo de 2008 a marzo de 2010 murieron 5 mil 24 personas, en cifras desagregadas. En 2008 murieron mil 668; en 2009, 2 mil 754. Un promedio de siete homicidios diarios. A más presencia policiaca-militar, mayor violencia.18
Otro elemento que exhibe la ineficacia de las medidas es el referente al contraste entre detenidos y presos: Calderón recibió las cárceles con 210 mil 800 reclusos; ahora se dice que hay cerca de 231 mil, es decir, una diferencia de 21 mil. Sin embargo, de acuerdo con información de las fuerzas federales, se ha detenido a 102 mil hombres y mujeres relacionados con la delincuencia organizada. ¿Dónde quedaron los 81 mil que no fueron recluidos?19
Un ejercicio que remata el derrumbe del fetichismo punitivo. Si comparamos el monto de los recursos públicos destinados a la lucha contra el crimen con las ganancias (calculadas) de la delincuencia organizada, se hace evidente el fracaso de la vía militar: el presupuesto que se asignó este año al rubro de la seguridad pública fue de 112 mil millones, mientras que el dinero ilegal que anualmente ingresa a México es entre 25 mil y 36 mil millones de dólares.20 No hay ninguna posibilidad de competir en ese terreno con la delincuencia organizada. Para ilustrar al lector: se necesitarían entre 300 y 400 mil millones de pesos –casi el doble de lo que se destinara este año a educación– para igualar los recursos de la criminalidad organizada.
Después de este recuento, ¿hay alguien (sensato, claro está) que dude que el modelo antigarantista y policiaco-militar es un fracaso?
El discreto encanto de la ineptitud
A estas alturas del texto está muy claro que el presidente inició su mandato solo, y solo lo está terminando. Los aliados de las políticas de Calderón brillan por su ausencia. Quizá las élites de la burguesía sean las más satisfechas con la conducción del país, gracias al paraíso fiscal en el que se encuentran y a los privilegios que ejercen.
Sin embargo, en materia de seguridad pública, pocos segmentos sociales son los que avalan las líneas seguidas por el gobierno —mas allá de las amplias capas de la población que sufren una inseguridad subjetiva y son susceptibles de aceptar las propuestas del populismo punitivo. Los que se acercan al oficialismo lo hacen por distintas razones, en algunos casos de buena fe; están desesperados y han sido víctimas de algún delito, destacadamente de secuestro. Lo hacen también ongs variopintas, desde algunas oportunistas que sólo buscan financiamiento hasta las simpatizantes panistas.
Aunque también existen organismos serios y comprometidos, como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (icesi), punto de referencia obligado para medir las percepciones y sensaciones ciudadanas. Esta organización, como muestra de la incompetencia del gobierno federal y de las prácticas de la simulación, ha sido víctima de una agresión inaceptable. Se ha pretendido utilizar el modelo y el prestigio de este organismo para maquillar lo que piensan los ciudadanos de las acciones gubernamentales y de su reacción contextual. Mediante el inegi, rector este año de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, el gobierno llegó al absurdo de hacer decir a los encuestados que en Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Sonora y Coahuila disminuyó la inseguridad en 2009, ¡cuando lo que se mide es la percepción!
Es decir, desplazaron al icesi para agradar al poder. Sí: realizaron encuestas a la carta con el propósito evidente e inútil de legitimar a gobernadores y al propio gobierno federal. Seguramente olvidan que las encuestas victimológicas son espejos. La solución fue romperlos, aunque no pueden hacer lo mismo con lo que piensan los ciudadanos. Ocultar lo que piensan y sienten los ciudadanos es propio de regímenes totalitarios. Cuidado.
Viejos y nuevos debates. Añejos argumentos del autoritarismo
Todo indica que los tiempos que vivimos son similares a otras épocas de la historia. Antes como comedia, hoy como tragedia, decía Marx. La tozudez de ignorar otras opciones y reproducir esquemas represivos nos tiene en la frontera de la ingobernabilidad.
De nueva cuenta, como antes, se insiste en imponer dos concepciones diferentes del hombre: el “normal” y el “anormal”. Al primero, como aceptaba el “orden”, se le vinculaba con el libre albedrío. El segundo estaba sujeto al determinismo. Es decir, el “anormal” se resistía al “orden” y delinquía porque era constitucional y psíquicamente inferior por razones ajenas a su “voluntad”.21 Así, la única salida que ofrece la política de la guerra contra los “enemigos” es la cárcel, entendida como aparato de control social y como estructura disciplinaria. En sus albores, el capitalismo cumplía una función precisa: educar a las masas de excampesinos y convertirlas en proletariado a través del aprendizaje coactivo de la disciplina del salario.22
Ahora, la disciplina de la fábrica invade a la sociedad; si es la sociedad la que se va haciendo fábrica, entonces también podemos decir que es la sociedad entera la que se hace cárcel. La cárcel sobrevive como instrumento terrorista, tiende a persistir como única respuesta a las formas de desviación que socialmente son vistas cada vez más como políticas, y/o para aquellos sujetos respecto de los cuales se ha experimentado el completo fracaso de un control social no experimental.23
La coyuntura mexicana tiende a ser más proclive a los dispositivos de “emergencia”. La “alarma social” se convierte en la convocatoria al linchamiento de “los otros”, que son los que señala la clase dominante y que pueden ser cualquiera.
En nuestros días se reproduce la persecución de los otros, de los distintos. La mayoría de los que pueblan las cárceles son jóvenes o son pobres. John Lea nos recuerda que el encarcelamiento a gran escala de los pobres también ayuda a desestabilizar a la familia y fomenta la delincuencia. El Estado termina complementando la gobernancia delictiva organizada como mecanismo clave de la integración perversa. En la práctica, el Estado ya no actúa como unificador social y guardián de los derechos de la ciudadanía, sino como entidad para la reproducción de la fragmentación social.24
Frente a la incapacidad para dotar de “tranquilidad” a los mexicanos “normales”, el grupo en el poder ha llegado al extremo de atropellar la esencia del estado social y democrático de derecho. Con el apoyo de otros partidos se constitucionalizó el símbolo de un régimen autoritario: el arraigo, cuya aplicación viola el debido proceso y su núcleo procesal que es la presunción de inocencia.
El gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la onu que llaman a eliminar tal dispositivo. Hasta la Suprema Corte de Justicia lo ha cuestionado.
De igual manera, como muestra del desprecio a las garantías procesales y pese a los reiterados cuestionamientos de expertos de la onu, la administración actual ha mantenido la práctica de exhibir a los detenidos ante los medios de comunicación, y elementos de la ssp, sin ser autoridad ministerial, incluso los interrogan y videograban y difunden sus declaraciones. Esto significa un trato cruel y degradante.25
Estas muestras de violaciones a los derechos humanos son, como nos recuerda Roberto Bergalli, el verdadero sentido de la violencia penal contemporánea, tanto a nivel de la teoría jurídico-penal como en el ámbito del conocimiento criminológico.26
El camino de las visiones punitivas en México es obvio. Bauman las retrata plásticamente. Siempre que se detecta y se hace pública una falla del orden habitual, los pobres pasan a ser los “sospechosos de siempre”, destinados a apaciguar el clamor popular. De esa manera se deja claro que el tema de la pobreza es, en primer lugar y ante todo, tal vez exclusivamente, un tema que atañe a la ley y el orden.27 La tentación es eliminar un manchón del paisaje, borrar la suciedad del lienzo impoluto de un mundo ordenado y una sociedad normal. 28
La ecuación ausente: desigualdad social, inseguridad pública y cohesión social
El panorama no puede ser más desalentador. Por un lado, el gobierno panista insiste en construir un sistema procesal autoritario, monopolizando los verbos castigar y eliminar, con sus evidentes consecuencias en una audiencia social sedienta de “orden a cualquier costo”. Por otro lado está el pri flotando y disparando discursos “moderados”, presentándose como la expresión madura y experimentada, aunque apoyando las iniciativas represivas del gobierno. Y por su parte el prd, planteando críticas meramente testimoniales al curso antigarantista y antipopular del bloque legislativo pan-pri pero sin ninguna alternativa sistemática.
Las limitaciones propositivas de la izquierda parlamentaria reflejan el adn del pensamiento que marcó a los grupos de las viejas izquierdas, que con diversos matices promovían el misticismo del futuro luminoso, con la promesa de que con el advenimiento de una sociedad “superior” se resolverían todos los problemas estructurales. Poco ofrecen para la dramática situación de hoy.
La falta de preparación y la improvisación se presentan en todos los partidos. Sus plataformas electorales y sus programas de acción sólo son una sumatoria de puntos abstractos y proclamas huecas. No hay ninguna propuesta coherente para enfrentar, por ejemplo, los desafíos de la criminalidad globalizada.
Es tiempo —desde hace mucho lo es— de deconstruir el modelo de dominación vigente. La coyuntura electoral presidencial que se avecina brinda una magnífica oportunidad para mirar de otra manera la crisis sistémica que nos envuelve.
El fenómeno del narcotráfico seguirá siendo tema toral de la agenda pública, ahora y después de 2012. Lo que exigimos es que se aborde de manera distinta a la del gobierno actual, a menos que se pretenda seguir atrapados en la pesadilla reactiva.
La crisis del país ya está sobrediagnosticada, los puntos en conflicto se hallan en la cabina del piloto. En efecto, implica rumbo y una nueva correlación de fuerzas. Es tiempo de plantear claramente alternativas más allá del binomio persecución-encierro.
Una propuesta para romper con la rutina reactiva
Empecemos a correr el lápiz. Una primera vía para contrarrestar el sórdido ambiente de la sociedad delatora, perezosa y apática que se empieza a coagular en la vida de las principales ciudades del país, es plantear e instrumentar otro modelo para la interpretación de los hechos delictivos y violentos.
Necesitamos proponer, sin ambages, que el punto de partida para dar un salto cualitativo en la comprensión de la conflictiva social sea contar con instituciones que tengan funciones articuladoras, y que no sean solamente vigilantes de estancos aislados. Sí, un nuevo andamiaje del Estado que tenga objetivos explícitos prospectivos y no puramente sexenales.
Esto implica darle a cada disciplina su valor específico. Por ejemplo, aceptar que la presencia del sistema penal es esencialmente simbólica —como siempre lo ha sido—, y en consecuencia el encierro y el castigo no pueden seguir siendo los elementos que midan el éxito o el fracaso de las políticas públicas.
Para poder empezar a salir de los sótanos conceptuales en que nos metieron los beneficiarios de la vulnerabilidad ciudadana y los administradores del miedo, se requiere poner a funcionar un paradigma distinto que supere el simple ataque a los síntomas de la descomposición social.
Requerimos generar propuestas específicas de estructuras que tracen un camino opuesto al que sigue hoy el aparato institucional. Una propuesta puntual que sería el primer eslabón de una nueva arquitectura estatal es la creación del Sistema Nacional de Prevención Social del Delito,29 que coordinaría a todas las áreas gubernamentales involucradas en temas sociales, con el propósito de planificar el destino de los recursos públicos y evitar duplicidades en las acciones preventivas, protectoras y rehabilitadoras. Estaría constituido por instancias gubernamentales y sociales; participarían las universidades y agrupamientos especializados que contribuyan a perfeccionar los análisis criminológicos, económicos, culturales, de salud pública y educativa, entre otros, para garantizar y perfeccionar la intervención en los segmentos sociales que estén en condiciones de inequidad y vulnerabilidad sociales.
Desde ahí se abordarán sistemáticamente y con una visión caleidoscópica los comportamientos, tendencias y reacciones de estamentos sociales que antes sólo eran “atendidos” por el sistema penal.
El punto nodal que le da sentido al sistema que proponemos es que sea el Estado el que correlacione desigualdad social, inseguridad pública y cohesión social, un trinomio que permita entender y abordar a los distintos perfiles poblacionales, para definir a partir de ahí y sólo de ahí las políticas específicas, incluidas las presupuestales. Pero sobre todo, se socializarían y transmitirían, como brújulas comunitarias, dos pistas: el sentido de pertenencia y la cohesión social, para dejar de pensar en “los otros” y aceptar que la diversidad no es un estorbo sino una riqueza.
En lugar de la lógica de “participación ciudadana” por decreto, esta alternativa sería una opción tangible para lograr el resarcimiento del tejido social. El cemento sólo puede provenir de la asociación entre el Estado y la voluntad libre de las comunidades, las cuales empezarán a apropiarse ideológica y culturalmente del concepto de seguridad no sólo como sinónimo de delitos y violencia, sino también, y sobre todo, como andamiaje de la convivencia entre distintos, convivencia que se expande transversalmente al construir valores comunes.
Ahora sí, desde esta meseta institucional, el Estado dejaría de obsesionarse con el encarcelamiento y la disciplina, y los recursos públicos tendrían como destino central garantizar la convivencia mediante la permanente y sistemática lucha contra la desigualdad social y a favor de la inclusión. Se dejaría de hablar de la seguridad como único elemento unificador, y empezaríamos a hablar de las otras seguridades —la social, la educativa, la laboral, etcétera.
Para concluir contrariando las reiteradas descalificaciones del licenciado Calderón, sí existen rutas alternativas para garantizar la convivencia civilizada y pacífica en nuestro país, sin necesidad de convertirlo en una jungla —maniquea— de buenos y malos.
Se puede y debe garantizar el respeto a las normas jurídicas y, al mismo tiempo, colocar en el corazón de las políticas públicas la lucha contra la desigualdad y la pobreza, para no perpetuar al México fracturado.
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Notas:
- Conversación entre José María Aznar y Felipe Calderón, distribuida por WikiLeaks el 7 de diciembre 2010.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en Milenio, 6 de diciembre de 2010, p. 11.
- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
- La Jornada, 6 de diciembre de 2010, p. 30.
- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2008.
- José Narro Robles, con base en datos de la unesco, en La Jornada, 18 de mayo de 2010, p. 33.
- Informe “Panorama de la Educación 2010”.
- Reforma, 8 de septiembre de 2010, p. 3.
- Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, La Jornada, 4 de abril de 2010, p. 26.
- Alicia Bárcena, La Jornada, 1 de diciembre de 2010, p. 30.
- Banco de México, en La Jornada, 26 de noviembre de 2010, p. 30.
- Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 y El Presupuesto de Seguridad Pública 2008. Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, p. 14.
- Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, El Universal, 17 de noviembre de 2010.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en Milenio, 12 de diciembre de 2010, p. 11.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en Reforma, 15 de agosto de 2010, p. 4.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Tercer Informe de Ejecución 2009 del Plan Nacional de Desarrollo, elaborado por el Gobierno Federal, en Milenio, 16 de mayo de 2010, p. 22.
- La Jornada, 28 de marzo de 2010, p. 7.
- El Universal, 8 de mayo de 2010, p. A10.
- Milenio, 29 de noviembre de 2010, p. 46.
- Rosa del Olmo, América Latina y su criminología, Siglo xxi, México, 1991. p., 31.
- Massimo Pavarini, Control y dominación, Siglo xxi, México, 1980. p. 86.
- Ibidem.
- John Lea, editor, Delito y modernidad, Coyoacán, México, 2006. p. 341.
- El Universal, 8 de mayo de 2010, p. A10.
- Roberto Bergalli, editor, La humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social. Violencia y sistema penal, Bellaterra, España, 2009, p. 89.
- Zygmunt Bauman, editor, Vida de consumo, Fondo de Cultura Económica, México, 2007, p. 172.
- Idem.
- Para conocer a fondo la propuesta de un sistema como éste, véase Pedro José Peñaloza, ¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública en México, Porrúa, México, 2008.
[…] tiene otra hipótesis y en un artículo publicado en la revista Este país que se titula “Apuntes para la memoria” asegura que el Presidente de la República, en lugar de tender puentes con sus adversarios, […]
Definitivamente en este sexenio ya se perdio la oportunidad de mejorar la situacion economica y de seguridad y con una distribucion polarizada del ingreso las oportunidades de desarrollo son muy mediocres.
El proximo sexenio parece que sera muy parecido porque regresaran las practicas autoritarias que nunca se fueron, simplememente cambiaron de partido.
Que podemos hacer?
Tendriamos que organizar una cruzada similar a la del 88 y volver a esar en contra del autoritarismo y la corrupcion de todos los partidos politicos
Han secuestrado nuestra vida y solo ofrecen mediocres planes de autoridad.
Excelente articulo. Frio y objetivo. La sociedad mexicana necesita saber la realidad para que tomemos mejores decisiones y exigamos rendición de cuentas si queremos aspirar a que las futuras generaciones de mexicanos tengas igualdad y desarrollo
Felicidades a los Sres Peñaloza y Gallo Tello