La historia antigua, la literatura y algunos estudios académicos confirman que desde hace miles de años las personas —a pesar de los múltiples obstáculos que han tenido que enfrentar— han migrado a otras tierras por una serie de razones, entre las que prevalece la búsqueda de una “nueva o mejor vida”. En la actualidad, con mayor información estadística disponible, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) considera que uno de los problemas mundiales más importantes de abordar es el de la migración. Nunca antes en la historia de la humanidad se había presentado una dinámica de migración como la que actualmente se registra. La organización calcula que hay cerca de 192 millones de personas que viven fuera de su país de origen, es decir, alrededor de 3% de la población mundial, y que la tasa de crecimiento actual de estos flujos es de casi 2.9% anual.
El aumento no solamente se da en el número de migrantes sino también en la diversidad de los flujos; estimulados en gran medida por la globalización, los patrones de la migración tradicional que existía antes de los años ochenta han cambiado sustancialmente. Los que migran son más, pero ya no son los mismos, ni tampoco se siguen los mismos esquemas: el sexo, la edad, el nivel de educación, los motivos, los tiempos y el tipo de residencia, etcétera, son particularidades que conforman un nuevo desafío de política pública que concierne conjuntamente a los países expulsores y receptores de la población. El propio Secretario General de las Naciones Unidas relaciona esta nueva dimensión del fenómeno con los cambios en el medio ambiente: “Reconocemos que la migración continúa incrementándose a causa del antiguo impulso de buscar una vida mejor, así como por el fenómeno cada vez más evidente del cambio climático”.
Es ampliamente reconocido que la migración es un fenómeno multifactorial y multidimensional que se ha convertido en algo esencial e inevitable en la vida de los países. Su abordaje ha requerido de un enfoque integral y de cooperación internacional que abarque políticas y programas que vinculen la migración con los diversos aspectos del desarrollo, programas y políticas que, dada la complejidad del fenómeno, no tendrían resultados si se abordaran unilateralmente.
Las dimensiones crecientes y la complejidad del fenómeno, aunadas a la existencia de información nueva y más completa, han impulsado la realización de análisis desde muy diversas perspectivas teóricas y metodológicas que vienen a llenar ese vacío —que prevaleció hasta hace unas décadas— entre la importancia de la migración como un fenómeno económico y social, su análisis empírico riguroso y su vinculación con la política pública. A medida que el conocimiento del fenómeno migratorio se enriqueció, se generaron estudios macroeconómicos que comparan la migración entre países con datos agregados; análisis micro que generalmente se enfocan en uno o dos países, con base principalmente en la información de las encuestas de empleo, y estudios descriptivos que abordan principalmente cuestiones de política pública. En su conjunto, los análisis destacan la relevancia de la relación de la migración laboral con el desarrollo, pero también los aspectos de la reunificación familiar, la seguridad, la migración forzada, la migración y el comercio, el medio ambiente, etcétera, así como un enfoque promovido desde los organismos internacionales que ubica todas estas perspectivas en el marco de los derechos humanos.
Estos mismos análisis consideran diferentes factores globales que están detrás de la movilidad de la población en el mundo, entre los que sobresalen la dinámica demográfica, la disparidad económica entre países en desarrollo y países desarrollados, la fuerza de trabajo requerida por la liberalización del comercio y la masificación de las comunicaciones. En este contexto de globalización, se considera que la migración y el desarrollo son dos procesos interdependientes que se influyen mutuamente; sus relaciones son complejas y dinámicas y tienen —según los estudios— dimensiones económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales, raciales, étnicas, de género, geográficas y poblacionales.
Como resultado de los hallazgos de la investigación empírica, en 1990 la Asamblea General de la onu reconoció que los migrantes, a diferencia de otros grupos sociales, viven una situación más vulnerable, que el desempleo los afecta más que a otros grupos y que enfrentan problemas de xenofobia y discriminación. Es especialmente crítico el caso de las personas indocumentadas, sobre todo las que se ocupan en actividades como el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, cuyos empleos están sujetos a acuerdos verbales y no ofrecen protección alguna. Otro caso especialmente crítico es el de los trabajadores agrícolas en general. Condiciones como éstas contribuyen además al agravamiento de uno de los aspectos más oscuros de la migración: el tráfico de personas.
En 1990 se adopta la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias. Sin embargo, esta convención entró en efecto hasta 2003, después de que 20 estados miembros la ratificaran —periodo que revela la complejidad de llegar a un consenso sobre las recomendaciones implícitas en el acuerdo. Entre las agencias de la onu que participan en la promoción de esta convención están por supuesto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Cada una desde su ámbito de competencia, impulsan acciones, programas, investigación y políticas públicas directamente relacionadas con el fenómeno migratorio.
Particularmente relevantes para el tema que se aborda en estas páginas resultan las recomendaciones de la OIT, que ha desplegado importantes esfuerzos para proteger a los trabajadores migrantes a partir de un enfoque basado en los derechos. La investigación que promueve la oit ha revelado nuevos puntos de vista sobre los factores que motivan a las personas a buscar trabajo fuera de su país de origen y sobre los efectos en el desarrollo del país de origen y del país de destino. Reconoce que el número de migrantes que cruzan las fronteras en busca de trabajo y seguridad se incrementará en las próximas décadas —incluyendo tanto a trabajadores agrícolas como a técnicos altamente calificados—, debido a que la globalización no ha producido los trabajos esperados ni las oportunidades económicas prometidas.
En este contexto se han buscado acuerdos para que gobiernos, organizaciones y sociedad civil promuevan políticas públicas que sustenten una práctica migratoria legítima que, complementada con otras políticas sociales, beneficie tanto a los países de origen como a los de destino, así como a los trabajadores migrantes y no migrantes. Encarar este reto puede también detonar políticas que contribuyan positivamente al crecimiento tanto de los países expulsores como de los receptores. En el caso de México, esta recomendación adquiere relevancia ya que las estimaciones del Banco Mundial colocan al país como el más importante contribuyente —en términos absolutos— de migrantes hacia el extranjero, especialmente hacia Estados Unidos.
Los artículos que se presentan en este número buscan explorar algunos aspectos de la relación entre trabajo y migración y aportar reflexiones para el diseño de políticas que contribuyan a mejorar las condiciones en este ámbito.
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GUADALUPE ESPINOSA es consultora independiente. Trabajó en el Área de Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la División de Estadística del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York y como Directora Regional del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
