La estrategia de comunicación del gobierno en la lucha contra el narcotráfico ha sido cuando menos contraproducente. Al magnificar el poder de los grupos criminales para enaltecer el valor de quienes los combaten, el Ejecutivo alimenta la percepción de una guerra perdida. Éste y otros errores de comunicación debilitan la posición del Estado ante el narcotráfico.
Aunque el presidente Calderón reculó en el uso de la metáfora de la guerra al promover su estrategia contra el crimen organizado, lo cierto es que son varios los indicadores —como el número de muertos— que acreditan que estamos ante una anomalía más parecida a una guerra que a una situación de normalidad y paz.
En este escenario, las fuerzas del gobierno y las bandas criminales chocan no sólo en los campos de batalla de ciudades, pueblos y carreteras, sino también en ese otro campo de batalla en que según Bourdieu se convirtieron los medios de comunicación. Esto, en términos generales. Pero además, específicamente, no hay guerra hoy en día cuyo desenlace no se determine en gran medida (incluso, a veces, previamente, como en las dos guerras del Golfo) en los frentes de guerra de la comunicación.
Por eso, independientemente de lo que realmente esté ocurriendo en estos frentes mexicanos de acción bélica contra el crimen, la percepción de que el Estado no acierta a controlar las acciones criminales tiene buena parte de su origen en sus descalabros en la zona de guerra de la comunicación. Por eso se extiende también dentro y fuera del país la percepción o la franca convicción de que está perdida la guerra entre las fuerzas criminales y las del Estado.
Viejos y nuevos achaques
Es en este marco en el que podrían discutirse los problemas de la cobertura de la violencia criminal a través de los medios, así como las vías y fórmulas para enfrentar esos problemas con un sentido de satisfacción real de las necesidades de información y esclarecimiento de audiencias y lectores.
Y lo primero que tendría que asumirse es que prevalece en nuestro país una tradición mediática en que el poder de las fuentes de información se ha impuesto sobre las iniciativas de las empresas informativas y de sus operadores. Cierto que hoy no son sólo las fuentes del poder político dominante las que ejercen esa primacía, sino que ahora concurren otras fuentes a competir en los campos de batalla de los medios por la definición de la agenda pública.
Pero aquí hay tres problemas. Primero: permanece el hábito de los medios de reproducir —sin mayor procesamiento y sin el matiz de las investigaciones propias— los mensajes de las fuentes, así estén ahora en competencia. Segundo: la actividad criminal se ha erigido en una nueva y poderosa fuente de mensajes que los medios reproducen con la misma falta de procesamiento profesional. Y tercero: las estrategias de comunicación y los mensajes de las fuentes criminales suelen producir mayores valores noticiosos, o estar mejor enfocados a los efectos que buscan, que los mensajes elaborados por las estrategias gubernamentales.
A ello hay que agregar los casos extremos de varios estados del país bajo control criminal, en los que, por el terror o el soborno, las bandas reproducen en su escala las condiciones de opresión de las libertades informativas de las dictaduras o los cacicazgos más arcaicos.
Ignorar los efectos
De aquí podríamos anticipar dos propuestas.
Por un lado, donde el hampa no impone sus condiciones informativas por la fuerza del dinero o de las armas, las fuentes gubernamentales y los medios parecen desconocer los efectos de comunicación que generan sus mensajes y narrativas, mientras que las fuentes criminales parecerían tener un toque más estratégico en relación con los efectos de comunicación que colocan y se proponen seguir colocando en los medios que están libres de sus condicionamientos directos.
Si a ello agregamos que son ya significativas las zonas del país donde las bandas imponen brutalmente los contenidos de los medios para reforzar las percepciones de control social por parte del crimen, el marcador de estos juegos de guerra de la comunicación parece deplorable, si nos atenemos a los indicadores de los efectos de la comunicación.
El primero de los efectos a evaluar en todo proceso de comunicación es el cognitivo, que en este caso permite establecer cómo está siendo conocida, dentro y fuera de México, la realidad de la violencia de nuestro país: números abrumadores de caídos, superiores a los de varias guerras, e imágenes de crueldad desconocidas en México por varias generaciones. Además, imágenes de debilidad y eficacia del Estado, en un extremo, o en el otro extremo, de excesos del Estado, incluyendo la violación de los derechos humanos.
El segundo efecto se refiere a las actitudes derivadas de la forma en que está siendo conocida la violencia. Y aquí las encuestas nos dan cada vez más actitudes de temor o de derrota, de pasmo ante los golpes criminales sin respuesta de la autoridad, o incluso de admiración por el poder económico y la capacidad de fuego de los delincuentes.
Mientras que el tercer efecto de estos procesos de comunicación se da en los comportamientos. Y aquí tenemos un número creciente de mexicanos que se encierran en sus casas, que dejan pueblos, ciudades, carreteras y caminos desiertos, o que emprenden la huída de sus comunidades o incluso del país. A ello hay que agregar los efectos en el extranjero, con turistas que buscan otros destinos e inversiones que procuran seguridad en otros horizontes.
Propuestas integrales
En estas condiciones, parece evidente que no puede haber soluciones simples ni enfocadas únicamente a uno solo de los actores y de los factores de la trama. Una mejor estrategia de comunicación del Estado, por ejemplo, no resolverá el problema sin la contraparte de una mejor preparación de los medios para procesar los mensajes de las fuerzas públicas y las fuerzas criminales.
De allí que, con independencia de la sensatez de las propuestas hasta ahora ventiladas en Este País para mejorar la cobertura mediática de la violencia, es preciso incorporarlas a un enfoque integrado, que tiene que partir de los problemas de estrategia de comunicación del gobierno como definidor primario y principal de la agenda.
Si se quiere recuperar terreno en el campo de batalla de los medios, el gobierno está obligado a corregir la politización de sus mensajes; revisar su magnificación del poder de las bandas con fines de enaltecer el valor de quien las combate, así como la frecuente referencia al crecimiento del hampa y a su infiltración de autoridades (en los estados no gobernados por el partido del Presidente). Todas ellas son acciones comunicativas que han contribuido a extender las percepciones de que el crimen desborda al Estado y controla territorios, autoridades y medios de comunicación, con lo cual ejerce también un poder concentrado de control social.
El problema es que este saldo seguramente no deseado de la comunicación gubernamental viene a potenciar el efecto sí deseado y buscado por los mensajes de alta crueldad de las bandas: el de reproducir las percepciones de que son precisamente ellas las que mantienen el control, por el terror, de vastas zonas de la sociedad.
Y en cuanto a los medios, parece obligado que la independencia ganada respecto del poder presidencial se corresponda con el desarrollo de un rigor profesional que incida en la construcción de una narrativa propia, capaz de satisfacer el derecho de la gente a saber lo que está pasando en los campos de batalla criminales, a fin de informar sus actitudes y sus comportamientos, con base en información de calidad e independiente de las estrategias de control social del hampa, o de las estrategias comunicativas del gobierno.
*Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, es Profesor de Derecho de la Información de la unam y Coordinador de Periodismo en la uia.
Muy buen articulo el de este mes, me parece josé Carreño Carlón acerto mucho en el tema de los medios y su calidad de la infomación, pues han pasado a ser solo reproductores de palabras, sin un fondo y propuestas para el cambio, sin un verdadero análisis en donde se presente el transfondo de los hechos