Cada año, la Corporación Latinobarómetro aplica más de 20,000 entrevistas en 18 países de nuestra región para medir el ánimo y la percepción de sus habitantes en asuntos tan importantes como la democracia, la economía y el progreso. Alejandro Moreno, una de las voces más autorizadas en el tema, analiza para Este País una porción —preocupante— de la información que toca a México.
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Descontento, insatisfacción, frustración. Éstas son algunas de las palabras que configuran el retrato hablado de la sociedad mexicana delineado por el estudio Latinobarómetro 2010. El descontento refleja los efectos de una crisis económica que aún se vive en la mayoría de los hogares mexicanos. Refleja también el temor y la amplia sensación de inseguridad que afecta la vida cotidiana de la gente, así como la creciente ola de violencia cuyos efectos psicológicos en la ciudadanía deben aún ser descifrados. La insatisfacción también se muestra en las malas evaluaciones de las instituciones, el gobierno y, más generalmente hablando, la democracia. Impera el sentimiento de que las cosas no están funcionando bien en el país, no importa cuántas ganas y esfuerzo ponga en su trabajo el empleado, el empresario, el policía, el maestro, o el propio Presidente de la República. La frustración se deja ver en la creencia dominante de que México está estancado, de que si bien no hay un retroceso notable, tampoco hay avances. El progreso, el desarrollo, el bienestar, simplemente no llegan. Pareciera que el país está detenido, sin combustible, con ganas pero sin fuerza.
La encuesta Latinobarómetro 2010 muestra a México como el país de América Latina donde se registran los niveles más bajos de satisfacción con el funcionamiento de la democracia y de la economía. De acuerdo con la encuesta, el 27% de los entrevistados en nuestro país dijo estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia, nivel que se sitúa 17 puntos porcentuales por debajo de un promedio regional de 44%, considerando a los 18 países que cubre el estudio. El país donde se registra el mayor nivel de satisfacción con la democracia es Uruguay, con 78%. Comparando (y redondeando) las cifras, el sentimiento de satisfacción con la democracia lo manifiestan cuatro de cada cinco uruguayos, pero apenas uno de cada cuatro mexicanos. Otros referentes más cercanos a México en esta medición son Guatemala y Perú, en donde también predomina la insatisfacción con la democracia, aunque ligeramente menos que en nuestro país.
En lo relativo a la economía, solamente el 17% de las personas entrevistadas en México se dijo satisfecha con su funcionamiento, 13 puntos menos que el promedio regional, que en este caso es de 30%, y lejos nuevamente del nivel más alto de satisfacción, de 54%, también registrado en Uruguay. La alta insatisfacción económica refleja el hecho de que la economía mexicana fue una de las más afectadas de toda la región latinoamericana por la crisis financiera internacional. México experimentó una fuerte caída en su Producto Interno Bruto, hasta niveles no observados desde mediados de los noventa, aunque sin la inflación de esos años, pero sí con creciente desempleo. Dados estos hechos, sería raro no ver signos de descontento e insatisfacción económica en el país.
Pero, ¿y la democracia? ¿Cuál es la principal falla que ven los ciudadanos mexicanos en su democracia? Y, más aun, ¿cuáles indicadores debemos emplear para saber si la democracia está siendo efectiva o no? Ésta, que no es una pregunta de menor importancia, ha llevado a un numeroso grupo de académicos de varios países a ocuparse de un tema central de la agenda de investigación en la ciencia política durante los últimos años: la calidad de la democracia. Este tema, como muchos otros, ha generado diversas perspectivas de análisis que, para propósitos de simplificación, podemos agrupar en dos enfoques. Uno de ellos está constituido por los partidarios de evaluar la calidad de la democracia en un sentido amplio, no solamente en función de los derechos y libertades y de las instituciones y reglas propias de esa forma de gobierno, sino también de los resultados que las políticas públicas tienen en el bienestar social y económico de la gente. En ese grupo se piensa que la democracia no solamente debe garantizar los derechos y libertades políticas, sino también generar prosperidad y reducir las desigualdades socioeconómicas. En los últimos años, politólogos de la talla de Larry Diamond y Leonardo Morlino, así como un buen número de sus seguidores, han escrito extensamente bajo esta perspectiva.
Por otro lado se encuentran quienes definen la calidad de la democracia exclusivamente en función de las características procedimentales de ésta (por ejemplo, los derechos y las libertades políticas, la limpieza electoral, los mecanismos de rendición de cuentas), argumentando que, si bien los buenos resultados económicos son deseables, la calidad de una democracia no puede (y no debe) centrarse en los resultados de las políticas instrumentadas por los gobiernos. En un libro de próxima aparición, The Quality of Democracy in Latin America, Daniel H. Levine y José E. Molina se apegan a esta perspectiva procedimental, proponiendo que los estudios sobre la calidad de la democracia deben analizar y, hasta donde sea posible, medir, los procesos por medio de los cuales los ciudadanos eligen y controlan a sus gobernantes y ejercen influencia sobre las políticas públicas (y no necesariamente los resultados de éstas). El libro plantea una pregunta que amerita una profunda reflexión: ¿acaso los malos resultados económicos que pudiera tener un régimen democrático lo hacen menos democrático? Para esos autores la respuesta es “no”.
Cualquiera que sea la perspectiva dominante para evaluar el funcionamiento y la calidad de la democracia, la tendencia generalizada es tratar de medir empíricamente dicho funcionamiento, lo cual ha generado una serie de indicadores acerca de la “salud” democrática de los países. Uno de los más empleados en las investigaciones (y también de los más longevos) es la serie de valoraciones que hace la organización Freedom House en sus informes anuales sobre la libertad en el mundo (Freedom in the World). Sus indicadores se basan en evaluaciones, por medio de encuestas a expertos, acerca de los derechos políticos y las libertades civiles en cada país. Esa organización, con sede en Washington, D.C., dio a conocer en enero pasado sus indicadores 2011, los cuales registran un cambio que es de suma importancia para la evaluación del estado de la democracia mexicana en estos momentos. En principio, parece que los recientes indicadores de Freedom House traen malas noticias para la democracia en México. Según anunciaba su boletín de prensa, luego de varios años de catalogarse como un “país libre”, México pasó este año a la categoría de “parcialmente libre”. La otra categoría utilizada por Freedom House es la de países “no libres”. En otras palabras, el estatus democrático de Mexico se devaluó.
Este cambio en la posición de México es consecuencia, según el reporte de Freedom House, de la incapacidad del gobierno para detener la ola de violencia vinculada con el tráfico de drogas. Si bien puede haber una discusión más amplia acerca de la validez de los indicadores de Freedom House, ciertamente tanto sus mediciones como los datos derivados de otras encuestas apuntan a que algo está pasando con la democracia en México, una especie de devaluación que se da tan sólo a una década de la alternancia en el poder ejecutivo (hace exactamente diez años la recién inaugurada presidencia de Vicente Fox gozaba del llamado bono democrático derivado de su victoria electoral y del fin de siete décadas ininterrumpidas de gobiernos priístas) y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2012.
Al emplear el concepto “devaluación de la democracia”, valdría la pena preguntarse si dicha devaluación implica también una desvalorización, es decir, si la democracia se valora menos. La mayoría de los mexicanos expresa en la encuesta Latinobarómetro 2010 un punto de vista crítico hacia el funcionamiento de la democracia pero, ¿acaso la mayoría ha dejado de valorar a la democracia? La respuesta inmediata es no; la democracia, de hecho, tiene un apoyo mayoritario en México. Según los datos del Latinobarómetro 2010, el 67% de los mexicanos está de acuerdo con la frase “la democracia puede tener problemas, pero es la mejor forma de gobierno”. Esto es, dos de cada tres mexicanos manifiestan apoyo a la democracia según esta pregunta. Sin embargo, debe señalarse que, si bien mayoritario, éste es un nivel de apoyo comparativamente bajo en la región. Este punto de vista de la democracia como un sistema deseable que no está exento de problemas —la democracia churchilleana, como suele llamársele— tiene un promedio de aceptación de 77% en los 18 países de América Latina donde se aplicó la encuesta, alcanza hasta el 91% en Uruguay, y más de 80% en países como Chile, Costa Rica, Argentina y Brasil. También se registran niveles más altos de apoyo a la democracia en países donde ésta ha estado en juego, como Ecuador y Honduras, así como en Venezuela.
A pesar de que el apoyo a la democracia es comparativamente bajo en México, ciertamente es más alto que el nivel de satisfacción con esa forma de gobierno. Algunos politólogos, como Michael Bratton y Robert Mattes en sus estudios sobre África, han utilizado los términos de “demanda” y “oferta” de la democracia con base en estos indicadores, en donde el apoyo popular a la democracia representa la demanda y la satisfacción con la democracia, la oferta. Si tomamos prestados esos términos, a reserva de que se discuta más si son apropiados o no, podemos decir que en el país hay una amplia demanda y una oferta baja de democracia.
Siguiendo con esta metáfora económica, la encuesta Latinobarómetro 2010 ofrece otro indicador que puede sumarse al lado de la oferta: la percepción de cuán democrático es el país. Quizá siguiendo la idea de Robert Dahl de que la democracia no puede calificarse de forma dicotómica, como negro o blanco, presente o ausente, sino como un continuo con varios niveles, el estudio pregunta a los entrevistados cuán democrático consideran que es su país, en una escala de 1 a 10 donde 1 significa que el país “no es democrático” y 10 que es “total-mente democrático”. Como toda escala de 10 puntos, ésta nos genera algunos problemas de interpretación, como decidir a partir de qué punto podemos clasificar a un país como democrático. Para simplificar, en este caso se consideraron aprobatorias las calificaciones de 6 a 10 puntos, las cuales corresponden a las notas aprobatorias en nuestro sistema escolar. Encontramos que el 47% calificó a México en ese rango aprobatorio (12% ubicó al país en los puntos 9 y 10, y la misma proporción en el punto 6, lo que solemos denominar como una aprobación “de panzazo”). Así pues, los mexicanos que califican al país como democrático representan poco menos de la mitad, es decir, la percepción de democracia no constituye una mayoría. Por otro lado, aquellos que califican a México con números reprobatorios representan el 48% (el cinco por ciento restante dijo no saber o no dio una opinión). Esto es, casi la mitad de los ciudadanos cree que México sí es democrático y la otra mitad cree que no lo es. La oferta democrática está dividida por partes iguales.
Es difícil, a partir de este indicador, decir si la percepción de democracia se ha ampliado o si, por el contrario, se ha reducido. Más bien ha sido oscilatoria. La primera vez que el estudio planteó esta pregunta fue en 1997, año electoral en el que el pri perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese año, el 60% de los entrevistados calificaron al país como democrático (ubicándolo en los puntos 6 a 10 de la escala). Lamentablemente, el reactivo no se volvió a incluir sino hasta 2005, año en el que la percepción de democracia bajó a 38%, ya en la recta final del sexenio de Vicente Fox. En 2006, otro año electoral, la percepción de democracia recuperó terreno, subiendo a 48%, y se sostuvo en 47% al siguiente año. Sin embargo, nuevamente bajó a 38% en 2008, en el marco de la crisis financiera, y, como se reportó en el párrafo anterior, nuevamente se ubicó en 47% en 2010. En ninguno de los años en los que se incluyó la pregunta se ve reflejado un sentimiento mayoritario de que el país es democrático, pero es válida la idea de que en los primeros años del gobierno de Fox, en medio del entusiasmo por el cambio, así haya sido.1
Según los datos de la serie de encuestas Latinobarómetro realizadas en México, el país se percibe como menos democrático hoy que en 1997, pero un poco más democrático que en 2008 (lo cual va en contra de las tendencias recientemente reportadas por Freedom House). No obstante, lo que realmente importa es determinar una serie de indicadores que nos permitan evaluar el estado de nuestra democracia con la mayor confianza y validez posibles y centrándonos en su naturaleza procedimental. Si acaso, como ha sugerido el informe de Freedom House, México tiene hoy una democracia devaluada como resultado de la violencia desatada por la guerra contra las drogas, la labor de un estudioso de la calidad de la democracia debería centrarse no en calificar la efectividad de las políticas del presidente Calderón en el combate al narcotráfico, sino en cómo dicha violencia (y el control territorial de los grupos criminales) afecta hoy en día lo que Levine y Molina llaman los procesos por los cuales los ciudadanos eligen y controlan a los gobernantes e influyen en las políticas públicas. Siguiendo esta línea de pensamiento, vale la pena preguntarse cómo la violencia, y la guerra contra el narcotráfico más ampliamente dicha, están afectando (o no) los procesos electorales, las libertades de los ciudadanos y de la prensa, los mecanismos por los cuales se monitorea, controla e influye en el quehacer gubernamental y, en general, la responsabilidad democrática de los gobernantes (accountability, como se denomina en inglés).
En resumen, el funcionamiento de la democracia en México sale mal evaluado al inicio de una nueva década. La crisis económica, la inseguridad, la violencia, así como otros factores que no mencionamos aquí por falta de espacio, pero que pueden consultarse en el estudio Latinobarómetro, como la cultura de la ilegalidad y la corrupción, abonan a las percepciones predominantes de la ciudadanía en ese respecto. No obstante, el apoyo a la democracia como forma de gobierno continúa siendo mayoritario en el país. Habrá que estar al pendiente de cómo evoluciona esta percepción en el último tercio del gobierno de Calderón y con las elecciones presidenciales prácticamente a la vuelta de la esquina. Seguramente habrá motivos para que los mexicanos reevalúen y revalorizen. Por lo pronto, diversos datos e indicadores sugieren que la democracia mexicana está devaluada.
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1 A este respecto, ver mi artículo “La sociedad mexicana y el cambio”, Este País, 133, abril de 2002, en donde se reporta un aumento en la percepción de democracia en varias encuestas nacionales como producto de la alternancia.
** Fuente: Encuesta Latinobarómetro 2010, realizada a 20 mil 204 personas en 18 países de América Latina y el Caribe. Se hicieron entre mil y mil 204 entrevistas en cada país de manera personal, cara a cara, entre el 4 de septiembre y el 6 de octubre de 2010. El margen de error estimado para cada país es de +/-3%. La encuesta está patrocinada por distintos organismos internacionales y fue coordinada por la Corporación Latinobarómetro en Santiago de Chile que preside Marta Lagos. El informe completo de la encuesta se puede consultar en www.latinobarometro.org
*Director operativo del estudio Latinobarómetro 2010. Actualmente es investigador visitante en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, en Washington, D.C.
Por que no toman en cuenta las estadísticas de la facultad de Economia y Ciencias Políticas de la U.N.A.M.