Hasta ahora, el Obama idealista no ha alcanzado a los inmigrantes indocumentados. El Obama pragmático, el del cálculo político y electoral, sí. ¿Sería distinto en un segundo periodo?
Un antiguo principio establece que para no desilusionarse conviene, de entrada, no ilusionarse demasiado. Las promesas y posiciones que Barack Obama planteó durante su campaña en 2008 se han ido adecuando a las realidades de la política estadounidense, a las que los presidentes, sean de uno u otro partido, deben ajustarse.
El candidato Obama ofreció, esencialmente, cambiar la forma como se hacían las cosas en Washington. Su lema fue: “Un cambio en el que puedas creer”.1 Entre otras promesas, Obama ofreció presentar una iniciativa para la reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos en su primer año de gobierno, a fin de regularizar la estancia en el país de más de 11 millones 400 mil inmigrantes indocumentados.2
En su discurso de campaña, criticó duramente las redadas en sitios de trabajo y la separación forzada de las familias derivada de las deportaciones, así como, en general, la política en materia de inmigración aplicada por la administración del presidente George W. Bush, que incluía los acuerdos de Comunidades Seguras con los departamentos de policía locales para referir a los indocumentados detenidos a las autoridades de inmigración.
A dos años de iniciado el mandato, la promesa de presentar una reforma migratoria integral no se ha cumplido y, por el contrario, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha endurecido las medidas en contra de la inmigración ilegal.
Las deportaciones de inmigrantes indocumentados aumentaron 55% entre 2008, todavía en la administración de Bush, y 2009, ya con Obama. Se registraron 387 mil 790 deportaciones en 2009 y 392 mil en 2010. En total, ha habido 948 mil 90 deportaciones en el periodo.
La declaración de la secretaria Janet Napolitano en el sentido de que el Programa de Comunidades Seguras tiene como propósito “identificar y deportar inmigrantes que hayan sido convictos de ofensas criminales serias” ha resultado falsa, pues más de la tercera parte de los inmigrantes indocumentados deportados no contaba con ningún antecedente criminal, y del resto, un número importante fue deportado con base en expedientes policiacos relativos a faltas menores no criminales.
Por otra parte, se ha incrementado notablemente el presupuesto destinado a la seguridad en la frontera con México, el número de agentes de aduanas y de la Patrulla Fronteriza, y el uso de aeronaves no tripuladas para la vigilancia fronteriza y de barreras para impedir el paso de vehículos y personas.
En lugar de las redadas de la época de Bush, concentradas en sitios de trabajo que emplean a indocumentados, la administración actual ha enfocado sus esfuerzos en presentar cargos criminales contra empresarios que contratan a inmigrantes ilegales. En 2010 se efectuaron 2 mil 746 investigaciones en lugares de trabajo, más del doble que las realizadas en 2008 con Bush.
Una política adicional ha sido la de presionar a las empresas para que usen el sistema e-Verify, que coteja los datos personales de los empleados con la base de datos oficiales del Seguro Social a fin de encontrar discrepancias y proceder en contra de aquellos trabajadores que hayan presentado documentación falsa.
Los líderes de las organizaciones de inmigrantes y congresistas demócratas hispanos, particularmente el representante de Illinois, Luis Gutiérrez, han reprochado al presidente Obama el que no actuara a fin de alcanzar una reforma migratoria integral en sus primeros dos años de gobierno, cuando contaba con la mayoría demócrata en ambas cámaras, y el haber antepuesto otras iniciativas, como la sanitaria y la del rescate financiero.
Ante estos reproches, el presidente Obama ha dicho que no tiene los votos necesarios para impulsar la reforma al sistema de inmigración actual, a lo que sus críticos responden que cuenta con una serie de poderes ejecutivos que permitirían detener los procesos de deportación de un sinnúmero de inmigrantes sin antecedentes criminales,3 así como de los casi 800 mil estudiantes destacados que, de la mano de sus padres, entraron a Estados Unidos como menores de edad y en forma ilegal, y que prácticamente han vivido siempre en ese país. Estos estudiantes de nivel superior han sido sujetos en diversas ocasiones de la iniciativa de ley de regularización migratoria conocida como Dream Act,4 que el Senado estadounidense rechazó una vez más en diciembre de 2010.
No es casual que coincidieran en el tiempo una serie de hechos: el anuncio que hizo Obama de su candidatura para un segundo periodo; la convocatoria en abril y mayo para reunirse a platicar en Washington con congresistas hispanos, líderes empresariales y comunitarios, y figuras prominentes del mundo latino; el discurso en El Paso, y el lanzamiento de la página en internet “El presidente Obama y la Comunidad Hispana”.5 La población de origen hispano es el mayor grupo étnico minoritario y el de mayor crecimiento en Estados Unidos; esta población participó con 10 millones de votos en la elección de 2008, y se espera que ese número se eleve a 12 millones de votantes en 2012.
Sin embargo, no debemos sorprendernos. El presidente Obama ha seguido un plan perfectamente estudiado en el que sus acciones obedecen a las urgencias de la situación en la Unión Americana, por una parte, y a los segmentos clientelares que le produzcan el mayor número de votos en la elección presidencial de 2012, por otra.
De esta manera, cautivó a Wall Street y a las grandes corporaciones con el rescate financiero de los bancos y las empresas automotrices, y a un número considerable de votantes con la reforma a los sistemas de salud —votantes a quienes los republicanos difícilmente podrán retirar los beneficios derivados de esta legislación. La salida de las fuerzas armadas estadounidenses de Iraq y Afganistán en 2011 y la oportuna eliminación de Osama bin Laden se alinean adecuadamente en los tiempos electorales de Estados Unidos.
El siguiente paso en la hoja de ruta de la reelección ha sido la reconquista del voto latino con vistas a 2012. Al mismo tiempo, sin embargo, la administración de Obama se protege de la crítica del partido republicano al aplicar severamente las leyes de inmigración y aumentar los recursos para la seguridad en la frontera con México, si bien se hace de la vista gorda en el caso de las sanciones a los empresarios que contratan a trabajadores inmigrantes indocumentados. Las 2 mil 746 investigaciones y auditorías anunciadas resultan, a final de cuentas, ridículas en comparación con el número de empresas que emplean a los más de 8 millones de trabajadores ilegales.
En sentido inverso, se dio gran difusión en abril pasado a la causa penal en contra de los propietarios de la cadena de 14 restaurantes mexicanos Chuy’s Mesquite Broiler, motivada por la detención ahí de 42 inmigrantes indocumentados.
Hábilmente, Obama presentará al partido republicano como el causante de la crisis económica y como opositor sistemático a las reformas necesarias para superar los graves problemas que enfrenta Estados Unidos. La torpe oposición a las reformas del sistema de salud y la falta de una contrapropuesta efectiva por parte de los republicanos, así como las posiciones antiinmigrantes radicales, les restarán un gran número de votantes.
Las políticas del miedo que tantas veces ha empleado el partido republicano con éxito, y el cálculo de que el sentimiento antiinmigrante de la población estadounidense les producirá más votos que los que pudiesen perder entre la población latina, podrían resultar contraproducentes en esta ocasión.
Obra en contra de la reelección de Obama la situación económica y el elevado desempleo, si bien falta todavía un año y medio para la fecha de la votación. Sin embargo, no se observa en el partido republicano un candidato de gran peso popular ni una plataforma electoral sólida, por lo que, de no ocurrir algo extraordinario, el presidente en funciones tendrá una clara ventaja sobre sus oponentes. Las posibilidades de Obama de reelegirse son bastante altas.
Sería muy probable entonces que en su segundo periodo Obama, ya más consolidado, intente apoyar una iniciativa de ley para la reforma migratoria integral, aunque el resultado dependerá en buena parte de la composición partidista de las dos cámaras.
Cuenta a favor de una reforma el hecho de que las medidas tomadas primeramente en Arizona, y posteriormente en otros entidades, han tenido un efecto económico adverso. Estas medidas han generado un desplazamiento de la población inmigrante a estados distintos, lo que ha tenido un efecto negativo en las actividades que dependen grandemente de esa mano de obra, tales como las agrícolas, las de la construcción, las de los servicios de hospitalidad y las de intendencia.
Es indudable la necesidad que tiene Estados Unidos de cambiar su sistema de inmigración. Gran parte de la productividad estadounidense en varios sectores depende del trabajo de la población inmigrante. Importantes sectores económicos han estado presionando para que se establezca un sistema nacional que permita importar legalmente mano de obra del extranjero y contar con trabajadores inmigrantes en áreas en las que no existe oferta de trabajadores locales. Por mucho tiempo privó en Estados Unidos un manejo doble que parecía tener lo mejor de ambos mundos: una oferta constante de mano de obra barata que atendía las carencias laborales al interior, y la posibilidad —teórica— de deshacerse de estos trabajadores inmigrantes en cuanto las fluctuaciones del mercado lo requirieran.
Todo esto cambió con los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la eliminación de la circularidad de la mano de obra inmigrante, lo que motivó que muchos de los trabajadores extranjeros enviaran por sus familias y permanecieran en Estados Unidos.
Ante la imposibilidad de deportar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados y la necesidad ineludible de contar con mano de obra en sectores productivos básicos, las perspectivas a mediano plazo de una reforma migratoria integral parecen viables.
Es cierto que Obama incumplió su promesa de presentar un proyecto de reforma a las leyes de inmigración en el primer año de su mandato. Diversas circunstancias ajenas a su control se lo impidieron, y la realidad de la política se impuso.
Posiblemente prometió más de lo que era factible cumplir. No cabe duda de que se trazó un plan de acción sistemático para ir alcanzando lo que consideró que eran las prioridades de su gestión. Tal vez la reforma migratoria sea uno de sus objetivos en un segundo mandato. De ser así, es posible que lo logre y que contemos con esta reforma antes de 2014.
Obama ofreció cambiar Washington. Sin embargo, quizá Washington lo cambio a él. Veremos qué sucede.
1 “A change you can believe in.”
2 Barack Obama: “No puedo garantizar que [la reforma migratoria integral] sucederá en los primeros 100 días. Pero lo que sí puedo garantizar es que tendremos en el primer año un proyecto de ley de inmigración que yo apoyo fuertemente y que estoy promoviendo”, 28 de mayo de 2008.
3 Habría que distinguir entre aquellos inmigrantes que registran infracciones legales menores y aquellos que han sido convictos de ofensas criminales serias. La entrada o la permanencia ilegal en Estados Unidos es una falta administrativa y no un acto criminal.
4 dream Act: Development, Relief and Education for Alien Minors Act.
5 “President Obama and the Hispanic Community.”
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FERNANDO SEPÚLVEDA AMOR es Director del Observatorio de la Migración México-Estados Unidos.
