Un vagabundo campea frente a lo que fuera la casa de Hernán Cortés en Coyoacán. Como el Quijote, pelea contra molinos de viento erigiéndose en profeta contra el mal observado en nuestros rostros. Somos culpables de nuestro olvido a los símbolos patrios, fondo contra el cual será posible nuestra unidad. Sus ropas negras y manchadas como la piel de sus brazos y piernas cuando exclama ¡rota como sus conciencias, olvidada y sucia… invoco a la potencia de su nombre, la nombro contra sus conciencias!
Y resulta cierto a quien levanta la vista: percudida como los pies del bautista patrio, la bandera apenas ondea. La gente escucha sólo lo necesario para cerciorarse de la locura del declamante, y de su carga de verdad.
Hace seis años, la mayoría de miembros de la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con excepciones honrosas), negaron el amparo de la justicia al poeta Sergio Witz. Witz alegaba la inconstitucionalidad del tipo penal “ultrajes a los símbolos nacionales”, y la del proceso penal desencadenado por la publicación de su poema La patria entre mierda. Sánchez Cordero, Valls y Gudiño no solamente condenaron al escritor. Se dieron el lujo de hacer crítica literaria y afirmar la baja calidad de su soneto. ¿Qué nos podrán enseñar sobre literatura estos ministros?
Georges Bataille defendía la enseñanza trágica de las letras: la literatura es solamente literatura… Por eso está menos obligada que la enseñanza pagana o la de la Iglesia, a pactar con la necesidad social, en muchos casos representada por convenciones (abusos), pero también por la razón… La literatura no puede asumir la tarea de ordenar la necesidad colectiva. No le interesa concluir: lo dicho por mí nos compromete al respeto fundamental de las leyes de la ciudad; o como hace el cristianismo: lo que yo he dicho (la tragedia del Evangelio) nos compromete en el camino del Bien (es decir, de hecho, en el de la razón). La literatura representa incluso, lo mismo que la transgresión de la ley moral, un peligro. Al ser inorgánica, es irresponsable. Nada pesa sobre ella. Puede decirlo todo.
O, más bien, supondría un peligro si no fuera (en conjunto, y en la medida en que es auténtica) la expresión de aquellos en quienes los valores éticos están más profundamente anclados. Si esto no salta a la vista, es porque el aspecto de revuelta suele ser el que destaca, pero la tarea literaria auténtica no se puede concebir más que en el deseo de comunicación fundamental con el lector.
Algo anda mal con nuestras instituciones cuando sus operadores juzgan sobre la forma sin internarse en las entrañas, cloacas del México corrupto. Por eso son tan importantes trabajos como el de Layda Negrete y Roberto Hernández, artífices de Presunto Culpable. Hace meses, Hernández publicó una carta en que se lee: Nuestro objetivo es cortar de raíz un sistema judicial clasista y corrupto. Creemos que el Poder Judicial usa métodos tan precarios para juzgar a la gente, que lo que vimos en Presunto Culpable se puede ver (si te dejan filmarlo) en miles de juicios en todo el país. En México, en general, a la gente se le juzga sin juez presente, enjaulada como perro, se le detiene sin orden de aprehensión y se le acusa sin pruebas confiables, sometida a maltratos impensables en una democracia.
Tales violaciones graves y sistemáticas al interior de los poderes judiciales del Distrito Federal y de las restantes entidades de la federación, tendrían que haber sido conocidas por la Suprema Corte mientras contaba con su facultad investigadora. Pero en vez de ello se erigió en censora de conciencias. Los criterios de seguridad nacional usados por Olga Sánchez Cordero para condenar a un poeta que en su opinión injurió nuestro lábaro patrio, recuerdan por su arcaísmo el proceso que la inquisición siguió contra Fray Servando Teresa de Mier por pregonar que el culto guadalupano era prehispánico, ya existente en la veneración del pueblo a la diosa Tonantzin, y que por tanto nada tenía que agradecerse a España; o bien los argumentos aducidos por el fiscal que acusó a Flaubert por la inmoralidad de su Madame Bovary.
En su discurso de conmemoración de la independencia, Felipe Calderón afirma que para que México alcance la democracia, la libertad y justicia, es necesario pactar cierta agenda mínima: “Hemos de ponernos de acuerdo en los temas esenciales y tener la generosidad, la madurez y la altura de miras para definir una agenda mínima de temas en los que simplemente no estemos divididos”. ¿Cuáles serían esos temas?
La respuesta la brinda el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su discurso en el monumento del Ángel de la Independencia: “Todas las autoridades del país están obligadas a ajustarse al régimen de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, que son propios de cualquier democracia. Los mexicanos tienen derechos, no meras prerrogativas otorgadas por los gobernantes”.
No existen símbolos patrios capaces de unir a todos los mexicanos en un acuerdo común. La única solución a la actual situación de guerra es el respeto a los derechos humanos, violentados por criminales, autoridades y por la misma Corte cuyas jurisprudencias permitieron la presencia del ejército en las calles, negaron la protección de la justicia a Lydia Cacho, y condenaron a Sergio Witz. (Por cierto: hay que estar muy atentos a la carrera por ocupar lugares en la Suprema Corte de Justicia. Nuestras libertades, la lucha contra los monopolios y poderes fácticos, la justicia y la dignidad de los derechos humanos dependen en gran medida de que juristas sin tacha ocupen las ministraturas vacantes).
La moraleja de estos seis años de guerra será la de que no puede enfrentarse al crimen sino en el marco de la ley, haciendo cumplimiento ejemplar de la misma. Si en vez de mirar de frente a los grandes problemas de la administración de justicia, se cuidan las formas de un régimen que en su guerra vulnera nuestros derechos, única base firme para la democracia, sus encargados seguirán recordando los ademanes del loco vagabundo que confunde al símbolo con lo simbolizado: nuestras garantías y libertades.
