Tras cuatro siglos de Ley, jurisprudencia y República, Roma se derrumbó en la guerra y su pueblo, creador y garante de los derechos, se transformó bajo el gobierno de Sila en uno de vándalos con la creación del sistema de las proscripciones: en las tablas públicas se inscribía la identidad del ciudadano a quien, en ese momento, le eran arrebatados sus derechos y sus propiedades rematadas en subasta pública y adquiridas casi siempre por el delator.
En razón de la pobreza, Roma conoció en pocos años las revoluciones agrícolas de los hermanos Graco, el levantamiento de los esclavos liderados por Espartaco, y la guerra de los piratas a los que vencería Pompeyo. Entre los episodios agrícolas y la derrota de los piratas, Sila asumió la dictadura de Roma cuando el 1 de noviembre del año 82 a.c., después de una victoria sobre los samnitas, entró a la ciudad dirigiendo al ejército contra su pueblo –fue el primero en hacerlo– y a los pocos días mandó asesinar a seiscientos prisioneros en presencia del Senado. Nadie podía acudir ante los jueces; los encubridores sufrían la misma suerte que los proscritos y muchos ricos fueron asesinados porque un amigo del dictador quería apoderarse de lo que aquellos poseían. El número de proscritos fue de cuatro mil.
Cuando las proscripciones fueron iniciadas, el poder judicial había venido sufriendo un profundo deterioro. Los bandos políticos en pugna (patricios contra plebeyos) habían socavado la legitimidad judicial levantando acusaciones unos contra otros, las más de las veces infundadas, y comprando y corrompiendo a los jueces, con lo que la procuración de justicia se había convertido en una temible arma política. Cuando Sila abolió el sistema judicial no hizo sino finalizar el proceso mediante el cual el derecho había devenido en puro hecho de fuerza.
Aunque nuestro país quede lejos de la Roma de la República en decadencia, el aumento significativo de la pobreza en este sexenio, así como de las violaciones de los derechos humanos debe alertarnos del grado en que el gobierno del Presidente socavó nuestra organización y tejido sociales.
Calderón no solamente siguió el ejemplo romano al utilizar a la PGR como arma política –uso evidente cuando el Michoacanazo o la captura sin éxito de Hank Rhon. Promovió además la violación sistemática de los derechos humanos a partir de la cual los casos de tortura se elevaron 500%. La CNDH recibió casi 9 mil quejas por detenciones arbitrarias durante el sexenio, y las 34 mil recibidas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal dan cuenta de la práctica recurrente de su administración. Así, nuestro Ombudsman ha señalado que las víctimas de dichas violaciones son detenidas por servidores públicos por haber recibido denuncias anónimas, y que en razón de la falta de pruebas, generalmente fueron liberadas. Algunas procuradurías locales siguieron este ejemplo, evidente en casos como el de Salazar Mendiguchía en Chiapas, o el del Presunto Culpable en el Distrito Federal –donde se vislumbran los intereses de judiciales y policías encubridores.
De acuerdo a las mediciones realizadas por México Evalúa, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se incrementó 20.6% entre 2009 y 2010 y 5.6% entre 2010 y 2011. La cifra de impunidad de este delito es de 80.6%: se esclarecen solamente 2 de cada 10 asesinatos. Y si a río revuelto ganancia de pescadores, el ambiente en estos años es más propicio para asesinar.
La autonomía a la procuración de justicia es urgente. Existen esquemas en los que el Procurador responde no sólo al Presidente, sino a un Comité técnico formado por los restantes poderes de la Unión. Calderón no tuvo el valor de desprenderse de la PGR para convertirla en una institución al servicio de todos los mexicanos. ¿Qué importa si no encierra sino a 3 de cada 100 delincuentes?
La revisión de los indicadores de bienestar social permite evaluar el resultado de este gobierno: hay más pobres, hay más Ninis, hay más muertos, hay mayor consumo de estupefacientes, y existe más violencia sin resolver. Pero al igual que en la Roma decadente, el circo permite que algunos mexicanos crean que la estrategia contra la delincuencia rinde sus frutos.
Para fortuna nuestra, la democracia en México permitió castigar el gobierno de Calderón, y la democracia norteamericana se acerca, con la legalización del uso de la mariguana con fines recreativos, a eliminar toda legitimidad a la guerra fundamentalista del Presidente saliente.
