Si el partido en el Gobierno español está tomando medidas cuando menos preocupantes con tal de cumplir a pie juntillas las condiciones de un plan foráneo, el Partido Socialista no ha sabido asumir la responsabilidad que le toca como oposición. La crisis económica se acompaña de una grave crisis política.
Ha transcurrido poco más de un año desde que el Partido Socialista Obrero Español (psoe) perdiera las elecciones. La agonía del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, era ya insoportable. Había sido incapaz de gestionar los efectos de una crisis internacional a la que se unía la propia de España, como consecuencia de la ruptura de una burbuja inmobiliaria que se creó en el mandato de José María Aznar y que el socialista no supo pinchar, cegado quizá por el espejismo de un país que crecía, pero sobre pies de barro. El sistema financiero no era tan fuerte como parecía. El Banco de España desatendió sus funciones en la supervisión de las operaciones de los bancos, que prefirieron especular con el mercado inmobiliario, animados por la liberalización del suelo y un crédito que fluía a bajas tasas de interés, concediendo hipotecas a ciudadanos que no podrían hacer frente a ellas. Las cajas de ahorro, extraordinariamente politizadas y dependientes de los gobiernos regionales, dieron también la espalda a su marcada filosofía social para participar de un juego perverso de intercambio de favores entre las diferentes administraciones y facilitar operaciones financieras de alto riesgo.
Durante los siete años socialistas el consumo había crecido pero sin criterio; no se fomentó el ahorro y las inversiones no fueron las más acertadas. Hoy en España existen aeropuertos sin aviones, tranvías que jamás han echado a andar y tramos de una red ferroviaria de alta velocidad con paradas donde ni suben ni bajan viajeros. El estallido de la burbuja inmobiliaria hizo saltar por los aires una estructura laboral sustentada en la construcción. El paro empezó a crecer y, como consecuencia, la actividad económica comenzó a caer. Para frenar esa tendencia, Zapatero aprobó un programa (Plan E) para fomentar el empleo, que se convirtió en una sangría del poco dinero que quedaba, invertido en no pocos casos en obras sin sentido —muchas de ellas inacabadas— y que ahora necesitan un mantenimiento para el que tampoco hay recursos. Estas y otras medidas y circunstancias estructurales (que por espacio no es posible detallar) aumentaron el paro, frenaron la actividad económica, obligaron al Estado a un mayor endeudamiento, hicieron crecer el déficit e incrementaron la desconfianza de los mercados internacionales, que se traduce en una prima de riesgo inaguantable con unas tasas de interés inasumibles.
El psoe no ganó las elecciones, como la mayoría de los partidos en Europa que han optado por la reelección en medio de la crisis. Pero en el caso español el castigo fue demoledor: los socialistas se dejaron en el camino 4 millones 300 mil votos de los más de 11 millones que habían obtenido en 2008. La debacle forzó a los dirigentes a comprometerse en el ejercicio de una necesaria autocrítica. Habían perdido el control del Gobierno y de la mayoría de las comunidades autónomas. Pero los comicios en Andalucía y en Asturias del pasado mes de marzo parece que centraron todos sus esfuerzos, más interesados en mantener dos bastiones tradicionales de la izquierda que en revisar una organización y un programa que les había alejado de sus electores. La victoria en ambas comunidades retrasó el imprescindible examen de conciencia.
Mientras, Mariano Rajoy inició una política de recortes y de subida de impuestos sin precedentes. Aprobó presupuestos de espaldas a la idea de igualdad y de justicia social, con la crisis como excusa o como coartada. Reducción del presupuesto para las políticas de dependencia; subida de cuotas universitarias, del iva, del impuesto sobre la renta de personas físicas; eliminación de ayudas para la compra de libros escolares, de becas para el comedor en la enseñanza primaria; una amnistía fiscal para los defraudadores; pago por los medicamentos según el nivel de renta; una reforma laboral que, de momento, solo ha servido para facilitar el despido… Exactamente lo contrario de lo que había prometido en la campaña electoral. El pretexto: Zapatero había “ocultado” 25 mil millones de déficit.
Y ante este escenario, el psoe no ha ejercido las funciones de supervisión y crítica que se esperan del principal partido de la oposición. El pasado mes de octubre perdió también las elecciones en Galicia y en el País Vasco, en las que se había concentrado para interpretar una hipotética pérdida del Partido Popular (pp) como un signo de reprobación a las políticas de Rajoy. Pero no ocurrió. Los gallegos y los vascos votaron en clave regional.
Un año después de haber salido de La Moncloa, no ha podido convertirse en el partido hegemónico de la izquierda que necesita un país a cuyo frente está un Gobierno que hace valer su mayoría absoluta para desarrollar las políticas que impone Alemania y no las que necesitan los españoles, que se pliega a los plazos y exigencias de la canciller Merkel, inmersa en un proceso electoral y fuertemente cuestionada en su país.
Pero el psoe tiene demasiados problemas por solventar. Su alejamiento de la sociedad no solo lo paga el partido sino el sistema, al no haber una oposición fuerte que vigile al Ejecutivo y al dejar sin referentes a los descontentos.
Orgánicamente, no está próximo a la sociedad; ideológicamente, no está denunciando con contundencia las políticas que minan algunos derechos que, históricamente, han sido bandera de la izquierda, ni se pronuncia con claridad sobre el modelo de Estado. Mientras se siguen lamiendo las heridas y abriendo debates internos sobre la autoridad del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, movimientos sociales de mayor o menor intensidad exigen al Gobierno que no se pliegue a las presiones germanas y que además de ayudar a los bancos también lo haga con sus ciudadanos; el paro sigue aumentando; España cuenta ya con 350 mil familias desahuciadas; algunos jueces piden transferir a los hipotecados las ayudas a la banca… La propia sociedad está ofreciendo a los progresistas las pautas sobre cómo estructurar un proyecto alternativo y social, económica y territorialmente integrador.
El psoe ha andado con demasiado cuidado para evitar que nadie le recrimine que utiliza la crisis con fines políticos. Y la crisis, la forma de entenderla y, sobre todo, las soluciones para hacerle frente, son esencialmente un asunto político, y electoralista, como supo ver el pp. Sufre un déficit de credibilidad porque, además, no ha podido neutralizar la falta de legitimidad que le atribuye la formación conservadora cuando cuestiona las políticas gubernamentales. No se sostiene la desautorización constante a la que el partido de gobierno y los medios afines someten a los socialistas cuando desempeñan —con demasiada timidez— su labor de vigilancia y denuncia con la excusa de que no hicieron nada por arreglar los asuntos cuando ocupaban el poder. Esa supuesta ilegitimidad no viene dada por no haber encontrado entonces soluciones sino por haber concurrido a las elecciones. Cuestión distinta (y que deberán valorar los electores) es si su actitud es coherente. El pp ha tenido la habilidad de convertir una supuesta falta de coherencia en una falta de legitimidad. Y el psoe no ha sabido evidenciar esa jugada dialéctica que encierra una visión preocupante del sistema y que invalida a los socialistas —al menos en el plano discursivo— para el ejercicio de sus funciones. Que los españoles hayan situado al psoe en la oposición legitima a ese partido —y al resto— para la crítica. En eso consiste la democracia. Pretender que el partido que no está en el Ejecutivo debe callar y dejar hacer supone una nociva y muy estrecha visión del funcionamiento de un Estado democrático.
El partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba se acobarda incomprensiblemente cuando el pp le echa en cara que “pretende ganar en la calle lo que no ha ganado en las urnas”. La frase es redonda, contundente, suena bien y, aparentemente, zanja cualquier discusión. Sin embargo, como en el caso de la legitimidad comentado más arriba, no resiste la reflexión. Todas las elecciones se ganan en la calle y se refrendan en las urnas. La expresión busca lo mismo: desautorizar a la oposición y favorecer el silencio. Resulta además especialmente llamativo que los progresistas no hayan neutralizado ese ataque cuando el pp está desarrollando un programa que no se ha impuesto ni en la calle ni en las urnas. Eso sí sería una falta de legitimidad —y de coherencia, toda vez que está imponiendo medidas que el propio presidente ha reconocido que no forman parte del ideario conservador— pero el psoe parece que tampoco se ha dado cuenta.
El pasado 14 de noviembre se celebró la segunda huelga general en un mismo año. El pp cuestionó la oportunidad de la movilización y afirmó que no ayudaba a resolver los problemas. Pero el psoe tampoco respondió lo evidente: quienes convocan una huelga no pretenden resolver sino protestar por problemas no resueltos; y el ejercicio de un derecho no se mide en términos de oportunidad.
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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal, conduce un programa en ABC Punto Radio y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos y ha publicado varios libros y artículos científicos sobre la materia.
