En opinión de nuestra autora, la estrategia vigente de combate al crimen es reduccionista y desincentiva la implementación del nuevo sistema de justicia. En lugar de enfrentar a la delincuencia con los instrumentos de la investigación y el derecho, se los confronta con armas, aparentemente sin resultados. ¿Qué hacer?
Es prácticamente imposible y casi contradictorio pretender reformar el sistema de procuración e impartición de justicia con una política de seguridad diseñada a modo de guerra. Es decir, una política cuyo eje central es utilizar la fuerza coactiva del Estado para disuadir a quienes cometen delitos. Se trata del enfrentamiento entre dos grupos armados: las fuerzas armadas y policías vs. los grupos criminales. Presupone, además, que los dos bandos están completamente definidos a priori: los buenos contra los malos, los uniformados contra los delincuentes, el Estado contra los malhechores. En ese mundo maniqueo, no es necesario un sistema de justicia que defina quién es responsable de un delito y quién es inocente, tampoco se requiere un ministerio público (MP) que recabe pruebas y construya una acusación, mucho menos que al acusado se le presuma inocente y tenga derecho a ser escuchado en juicio y a contar con una defensa adecuada. Todo esto parece un mero trámite innecesario pues la guerra presupone que a priori ya se sabe quién es quién.
De este modo, a lo largo del sexenio de Calderón, la forma de definir quién es un “delincuente” ante la colectividad es a través de las cámaras de televisión y los comunicados de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de la Defensa Nacional, no por medio del sistema de justicia. Una y otra vez hemos visto las imágenes de un grupo de detenidos, algunos confesando sus culpas ante las cámaras, junto con policías federales o soldados con pasamontañas y bien equipados, mostrando las armas, dinero y cartuchos incautados a los “criminales”. Todo ello acompañado de una narrativa, por parte de las autoridades, de que todas esas personas detenidas son prácticamente la encarnación del mal, se trata de seres perversos, inhumanos y crueles.
Después de esas imágenes, poco importa si el MP logra armar la acusación con pruebas y argumentos o si el juez es un árbitro imparcial o no. Nada de ello es relevante. La culpabilidad de los detenidos ya está definida desde la captura. Lo que cuenta no es que se les aplique la ley a través de un juicio justo, sino demostrar a todos los ciudadanos y, sobre todo, a los que delinquen, que el Estado mexicano está determinado a utilizar todo su poder coactivo contra esos seres perversos e inhumanos. Ello con la esperanza de disuadir a los que pertenecen o quieren pertenecer a las filas del “enemigo”.
Existe suficiente evidencia empírica de que esta estrategia de guerra ha sido incapaz de disuadir al “enemigo” como se lo propuso. Todo lo contrario, cada vez se comenten más delitos violentos. Según el Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, estudio de México Evalúa, las tasas de homicidio, secuestro y extorsión han aumentado significativamente durante el sexenio de Calderón. Así, según dicho centro, el promedio mensual de homicidios aumentó 25.4% del sexenio de Fox al de Calderón. En el caso de las denuncias por secuestro, el aumento del promedio mensual ha sido de 82.9%. Finalmente, tratándose de las denuncias por extorsión, del sexenio de Zedillo al de Calderón ha habido un aumento de 208.6% en promedio mensual.1
Hay quienes sostienen que ello es un fenómeno normal y que solo indica el tamaño de la “densidad criminal” que estaba escondida dada la falta de decisión política de los gobiernos anteriores para “combatir” a los criminales (véase Joaquín Villalobos, “Nuevos mitos de la guerra contra el narco”, Nexos, enero de 2012). No estoy de acuerdo. Yo creo que hay algo profundamente equivocado en esta estrategia: el fenómeno delictivo no se enfrenta con una estrategia de guerra, sino con la ley y las instituciones de procuración e impartición de justicia. Es la ley, y no la coacción, lo que diferencia al Estado de los delincuentes.
Si nos tomamos en serio lo que significa un Estado de derecho, es a través de un juicio, con determinadas características, que se puede conocer y definir quién cometió un delito y quién es inocente. En una estrategia de guerra, en cambio, como ya señalé, los culpables están definidos no por la ley, sino por un discurso maniqueo de buenos contra malos en los que ya se sabe a priori quien es quien.
Existen al menos tres funciones básicas que debería desempeñar nuestro sistema de procuración e impartición de justicia en un contexto como el que estamos viviendo, y que no desempeña:
1. Ser la fuente de legitimidad de la acción de policías y militares, pues son los jueces quienes pueden garantizar que dichas acciones se hagan de acuerdo a la ley y no por razones de venganza o miedo.
2. Aplicar la ley a quienes cometieron un delito, pues solo a través de la acción de ministerios públicos y jueces se puede terminar con este discurso maniqueo de buenos vs. malos y juzgar y meter a la cárcel a quien es responsable de la comisión de un delito.
3. Controlar el abuso de poder, pues son los jueces y los MP los encargados de perseguir y castigar las arbitrariedades que policías y militares puedan cometer contra los ciudadanos, incluidos, obviamente, los presuntos responsables.
Sin estos tres ingredientes en una estrategia de seguridad no hay forma de reestablecer la paz y ni la autoridad del Estado.
Tal como funciona hoy, es imposible que el sistema de procuración e impartición de justicia pueda desempeñar estas tres funciones. Es un sistema colapsado, corrupto, manipulable y extremadamente arbitrario. Nuestra justicia penal es una justicia de caricatura. Para tener un sistema de justicia que pueda desempeñar el papel que le toca, necesitamos un mp que en vez de anexar diligencias a un expediente como lo hace actualmente, se dedique a construir una historia y a proponer una tesis del caso que haga sentido. También necesitamos que la defensa pueda proponer una tesis alternativa o resaltar las inconsistencias de la historia propuesta por el MP. La trama de estas historias se debe urdir con las pruebas que cada parte aporte y confronte con su adversario, de forma oral y en una audiencia pública frente al juez, la víctima, el acusado, sus abogados, la opinión pública y a la ciudadanía. Los jueces deben conducir el juicio con imparcialidad, como verdaderos árbitros, y sin miedo a no someterse, como ahora, a los mandatos del MP. Un juicio oral de estas características, y no las pilas de papel que hoy tenemos, permite construir referentes colectivos sobre los que significa la justicia y como esta se teje de la mano con el derecho.
Ha llegado el momento de tomarnos en serio la implementación de reforma constitucional de 2008 y transformar de raíz nuestro obsoleto sistema de procuración e impartición de justicia. Esta reforma debería ser el eje central de la redefinición de la estrategia de seguridad del gobierno federal. La reforma penal significa una apuesta a que la justicia de calidad incentiva confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Significa, también, una apuesta a que la principal fuente de autoridad del Estado proviene de la razón, la justicia y la ley, no de la fuerza. Es dejar atrás la política del miedo y sustituirla por la política de la persuasión, de las razones y de los valores compartidos. Se trata, lisa y llanamente, de crear las condiciones para que las instituciones de procuración e impartición de justicia apliquen de forma creíble la ley a quien la viole, hagan justicia a las víctimas y destierren, de una vez por todas, el discurso maniqueo de buenos contra malos. Apostarle a la reforma penal es, a fin de cuentas, apostarle a colocar los cimientos reales y duraderos de un Estado de derecho, los cuales solo pueden provenir de la ley, no de las bayonetas.
1 México Evalúa, Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves, agosto de 2011, pág. 6 y 7.
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ANA LAURA MAGALONI es directora de la División de Estudios Jurídicos del cide.
