En un país caracterizado por los contrastes –geográficos, demográficos, económicos, sociales, culturales–, la mera idea de un sistema educativo homogéneo, sobre todo en lo que toca a los métodos de enseñanza y los contenidos, preocupa. Tal ha sido, sin embargo, la constante desde hace más de un siglo, y no hay signos claros de un verdadero cambio.
El Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889
Transcurridos siete años de paz porfiriana, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, con el propósito de unificar los sistemas educativos en la República y mientras se ponía en vigor una nueva ley de educación, convocó a un magno congreso nacional para discutir las soluciones más adecuadas. La reunión tuvo tal importancia que el propio Baranda la llamó “Congreso Constituyente de la Enseñanza”. Se pidió a los gobiernos de los estados que enviaran a sus más connotados maestros y además se invitó a los directores de las escuelas llamadas entonces nacionales. Quedó así conformado un grupo de élite para discutir, con calma y bajo reglas parlamentarias, la educación nacional. Salvo la continuación de este Congreso que se dio en 1890, la experiencia no se ha repetido, por desgracia, en los últimos ¡122 años!
Imagínense: asistieron representantes de las entidades federativas de entonces (24) y los directores de las escuelas nacionales más importantes: primarias, municipales, de artes y oficios, del conservatorio, de jurisprudencia, de minas, de bellas artes, la preparatoria y la de sordomudos. Entre los asistentes estaban personajes como Justo Sierra (electo presidente del Congreso), Enrique Rébsamen (electo vicepresidente), Porfirio Parra, Francisco Bulnes y muchos otros.
El Ministerio distribuyó previamente un cuestionario con los temas fundamentales que debían discutirse. El primer tema a debate, y el más importante, fue: “¿Es posible y conveniente uniformar en toda la República la enseñanza elemental obligatoria?”.
Después de extensas discusiones, la comisión que se estableció para resumir el tema, formada por Enrique Rébsamen (Veracruz), Miguel T. Martínez (Nuevo León) y Manuel Zayas (Distrito Federal) concluyó:
La Comisión opina, por lo tanto, que la uniformidad que en la primera enseñanza exige el sistema de educación de que se trata, es posible y conveniente siempre que no se llegue a un extremo que exija iguales medios pecuniarios para su realización en los diversos Estados, que no haga ilusoria la acción de los respectivos Gobiernos, en un ramo tan importante de su administración: que no se introduzca hasta en los detalles de la enseñanza, ni obligue a los maestros a seguir en los pormenores determinado camino. En una palabra, la Comisión cree posible y conveniente la uniformidad de la enseñanza en lo general, como se comprende por la forma de la proposición que tiene la honra de someter a la deliberación del H. Congreso de Instrucción, y es la siguiente:
Es posible y conveniente establecer en todo el país un sistema nacional de educación popular, bajo los principios ya conquistados para la instrucción primaria, de laica, obligatoria y gratuita.
De aquí muchos concluyeron que uniforme quería decir igual. Si se examina con cuidado la conclusión de la comisión se verá que esto no fue así. Que todos estaban muy conscientes de las diferencias entre entidades. Es claro que pensaron que los profesores y las profesoras debían ser personas libres para seguir su propio camino. Es más: discutieron y aprobaron una manera distinta de ofrecer educación en zonas rurales, que prefiguró lo que después hizo Vasconcelos.
El Congreso estableció una primaria elemental de cuatro grados y una primaria superior de dos grados; si estos se aprobaban, servirían a los estudiantes para ingresar a la preparatoria, que resultó de cinco grados.
Se estableció que la educación en la República debía ser uniforme, pero no igual, para todos sus niveles escolares, de la primaria a la preparatoria.
El siglo XX
Durante los años de la Revolución poco pasó en el sistema educativo básico. Venustiano Carranza quiso que la educación primaria fuera responsabilidad de los municipios, idea que tuvo consecuencias desastrosas porque estos estaban en la miseria y no tenían experiencia alguna en administración escolar.
Entre 1910 y 1940 se crearon o recrearon instituciones de educación superior a partir de conjuntos de escuelas ya existentes. Los casos más conspicuos fueron los de la Universidad Nacional (1910), la Michoacana (1918) y el Instituto Politécnico Nacional (1938).
José Vasconcelos convenció al presidente Obregón y se estableció en 1921 una Secretaría de Educación Pública (sep), institución federal con autoridad en toda la República. Se concentraron en la sep todas las decisiones educativas. Entonces el sistema porfiriano empezó a transformarse y a crecer.
En 1923 Moisés Sáenz creó la secundaria tomando tres grados de la preparatoria, con la idea que sería más fácil que el sistema educativo evolucionara hacia los nueve grados y no hacia los doce.
En 1943 se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por impulso del secretario Torres Bodet, para mejor gobernar un sistema que tenía muchos grupos activos de maestros (cristianos, comunistas, católicos, socialistas). En 1944 se celebró un acuerdo de colaboración entre la sep y el snte, que sigue hasta el día de hoy vigente y que ha sido la base para la extraordinaria influencia que el Sindicato ejerce sobre la educación nacional. Se le considera el único representante de los maestros y participa desde entonces en el nombramiento de por lo menos el 50% de las plazas docentes y administrativas. La autoridad siempre ha sido débil frente al snte y le ha ido concediendo más y más prebendas.
En 1959 se empezaron a imprimir libros de texto gratuitos para todos los alumnos de primaria y actualmente se compran a las editoriales libros de secundaria (cuyo contenido es aprobado previamente por la SEP) para entregar a los alumnos. Al mismo tiempo, se han hecho numerosos libros para los maestros.
Los libros fueron muy útiles en sus primeros años, pero con el tiempo se han vuelto perversos. En la línea del menor esfuerzo, los maestros se preparan con los libros de los niños, que son por demás excesivos. Los libros son ahora el factor que más quita libertad e iniciativa a los maestros.
Entre 1970 y 1982 se dio el periodo de mayor crecimiento y diversificación de la educación federal, bajo los secretarios Víctor Bravo Ahuja y Fernando Solana. Cincuenta por ciento de todos los niños de primaria se incorporó al sistema educativo en esos 12 años; la matrícula de primaria pasó de 7 a 15 millones de alumnos. A partir de 1983 descendió ligeramente y actualmente es de 14.9 millones de alumnos.
En los años ochenta la sep era ya muy pesada y, con mucho esfuerzo, se hizo un intento incompleto de descentralización, que se llamó “federalización”. En 1982 el manejo administrativo y presupuestal de las escuelas primarias, secundarias y normales se pasó a las entidades federativas, pero la federación mantuvo un control rígido y feroz sobre los estados: manda el dinero, pero minuciosamente etiquetado, y elabora los contenidos de primaria y secundaria para toda la Republica. Un niño de una ranchería recibe el mismo libro de texto que uno de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Lo que en 1889 era uniforme ahora es igual. Los estados no tienen libertad plena para organizar la educación como crean conveniente, ni los maestros tienen libertad para enseñar. Están atrapados entre el Sindicato y la sep, que regulan sus más mínimas acciones dentro y fuera del salón de clase.
Poco a poco, la federalización se ha ido asentando. Existe ahora en cada entidad federativa un secretario de educación e incluso desde hace 10 años se estableció un Consejo Nacional de Autoridades Educativas, formado por todos los secretarios de educación de los estados y presidido por el secretario federal. A pesar de esto, continúan numerosos problemas, especialmente en relación con el dinero que la federación debe enviar a cada estado. No hay una regla pareja para hacerlo. Hay estados, como Nuevo León y el de México, que dedican una parte de su presupuesto a la educación. Existen otros, como Oaxaca, donde todo el financiamiento educativo es de origen federal. No existe ninguna regla que explique por qué unos estados reciben más dinero que otros. Los fondos federales no son proporcionales a los habitantes o a la población escolar, por ejemplo.
Otro problema mayúsculo es el de los salarios, porque el snte no se desconcentró. Así, hay una negociación anual con la federación que se aplica en todo el país y una con cada gobierno estatal para los “extras” y las prestaciones locales, como días adicionales de aguinaldo. El resultado es que maestros de mismo nivel y antigüedad no ganan lo mismo en toda la República –sin tomar en cuenta que hay zonas de “vida cara” tradicionales, como las fronteras, donde existe un sobresueldo.
La educación obligatoria
Desde 1890 se estableció que la educación primaria fuera obligatoria. Esto significó siempre que el Estado se comprometía a ofrecer la primaria a todos los habitantes que la necesitaban, es decir la población entre los 6 y los 12 años de edad. Y también se indicaba la obligación que tenían los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Este compromiso tardó unos 90 años en cumplirse, cuando en 1981 pudo decirse que se ofrecía la primaria a todos los niños.
En 1992 se firmó el Acuerdo Nacional de Federalización de la Educación Básica y al mismo tiempo se declaró obligatoria la educación secundaria, cuando ya existía una gran oferta de escuelas.
La primaria y la secundaria, y ahora también la educación preescolar, están atadas a la burocracia federal a través del Artículo tercero constitucional, cuya fracción iii dice a la letra: “[…] el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República”.
Esto ha dado como resultado que, cada sexenio, un pequeño grupo de burócratas de la sep fije los planes y programas de estudio para todo el país y también mande hacer los libros de texto gratuitos, idénticos para toda la República. Esto es una desgracia porque no se reconoce la diversidad de los estados ni la de la población, excepto en los libros en lenguas indígenas. Esta no es la educación uniforme que quisieron nuestros próceres, es la educación igual o idéntica –con resultados extraordinariamente disímbolos según el estudiante o la región. A pesar de que se han hecho muchas propuestas de diversificación de los contenidos, algunas muy sensatas y factibles, nunca ha sido posible realizarlas.
La educación media superior
Y ahora los diputados, desde luego con el apoyo entusiasta del snte, salen con la declaración de obligatoriedad para la educación media superior o bachillerato. Esto se podría ver como una broma si no tuviera consecuencias tan nefastas. La reforma consiste en añadir los términos media superior a las enumeraciones del Artículo tercero. El texto citado antes quedaría así: “[…] el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior –con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía de acuerdo con la fracción vii del presente Artículo– y normal para toda la República”. Por lo menos los diputados salvaguardaron la libertad de las universidades autónomas.
Pero, ¿qué pasará con los demás bachilleratos? Si la historia sirve de guía, vamos hacia la homogeneización, bajo la égida conjunta de SEP y SNTE.
El nivel medio superior (preparatoria o bachillerato), que tiene hoy enormes problemas y del cual deserta la mitad de las personas que ingresan, perdería las pocas posibilidades de innovación y cambio que ahora tiene. Seguiríamos obsesionados con Gabino Barreda, con bachilleratos llenos de asignaturas sin salidas para el trabajo.
Cuando la propuesta aprobada por los diputados pasó al Senado, recibió ciertos cambios antes de ser aprobada. El principal, en la minuta, es una discusión histórica acertada y la necesidad de respetar la diversidad. La propuesta mejora ligeramente la de los diputados. La obligatoriedad de la educación media superior está todavía a discusión. Ojalá se debata más a fondo antes de que la reforma sea aprobada por los congresos estatales.
De aprobarse como está tendríamos, ahora sí, la dictadura completa de los contenidos para toda nuestra sufrida República, bajo los codictadores SEP y SNTE.
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ROGER DÍAZ DE COSSÍO es coordinador de Ingeniería de Sistemas del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
