Notables desde varios puntos de vista, los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas han sido, sin embargo, disparejos. Varían drásticamente entre órdenes de gobierno, entre poderes, entre entidades. ¿Qué hacer para remediar este problema?
Preguntas ciudadanas sin resolver
Hace 12 años, cuando contar con una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública era solo un proyecto en discusión, el presidente del Consejo de Administración del periódico Reforma propuso un ejercicio que consistía en plantear 10 preguntas relacionadas con los temas de transparencia y rendición de cuentas y cuya respuesta pudiera darse con base en la información que estuviera disponible en la opinión pública. Se ofreció un millón de pesos al ciudadano que pudiera contestarlas. Transparencia Mexicana —el capítulo en México de Transparencia Internacional— integró un jurado que revisaría las propuestas.
Se trataba de preguntas relativamente simples, por ejemplo, ¿cuánto paga de predial el Gobierno federal en México?, ¿cuánto cuesta la seguridad de los funcionarios del Estado mexicano y de algunas secretarías?
Para construir las respuestas tipo, Transparencia Mexicana solicitó la colaboración del Centro de Investigación y Docencia Económica (cide), específicamente de Juan Pablo Guerrero, entonces responsable del Programa de Presupuesto y Gasto Público. Aunque el premio fue efectivamente entregado a las personas cuyas respuestas se acercaron más a las respuestas tipo, el gran hallazgo del ejercicio fue darnos cuenta de que, a pesar de la existencia de información pública, no había respuesta para esas preguntas desde la perspectiva ciudadana. Y esto por una razón: el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público no era parte de la lógica institucional que articulaba la administración pública federal. Es decir, el diseño institucional no se había planteado la posibilidad —para no decir la necesidad— de establecer mecanismos de articulación con la ciudadanía y con sus demandas mediante la información, entre otras vías. Los resultados de este ejercicio y las reflexiones en que derivó quedaron expresados en el libro Transparencia limitada: 10 preguntas ciudadanas sin resolver, editado por el cide.
De entonces a la fecha, en el país ha tenido lugar una serie de reformas legales e institucionales relacionadas con la transparencia y un conjunto de discusiones teóricas que han abarcado desde su medición hasta el desarrollo de metodologías en la materia. Es innegable el avance institucional en el país en materia de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno. La historia la encabeza el ifai, pero sería injusto olvidar los esfuerzos iniciales de Sinaloa y Jalisco, la reforma constitucional al artículo 6º, la armonización contable, la instalación de los sistemas de compras electrónicas gubernamentales, la aprobación de una nueva ley de adquisiciones y obra pública y la creación de una política de compras en el Gobierno federal. Estas reformas y estos instrumentos generaron cambios importantes en la concepción de la administración pública y en la relación del Gobierno con la ciudanía.
Reducir la fragmentación en las reformas
Pese a los avances recientes, muchos de ellos indiscutibles, sigue siendo necesaria una política nacional en la materia que haga que esas 10 preguntas —y muchas otras en el mismo tenor— dejen de ser preguntas sin respuesta. En otras palabras, para que tengan mayor impacto en el corto, mediano y largo plazos, es necesario que las reformas legales cuenten con un marco conceptual e institucional más amplio que las cohesione y las articule, y ponga fin a la fragmentación imperante en lo institucional, lo político y lo administrativo. La Red por la Rendición de Cuentas lo ha dicho con palabras prístinas: en la medida en que las reformas se suceden y no se articulan sus objetivos declarados, el país podrá seguir avanzando en materia de transparencia y acceso a la información, pero no tendremos una auténtica rendición de cuentas gubernamental.
Hoy estamos ante una serie de cambios en las instituciones; podríamos hablar incluso de que estamos atravesando una etapa de innovación institucional. Ha quedado claro que es posible crear nuevas instituciones y/o hacer reformas para mejorar su funcionamiento. Las reformas propuestas para ampliar la autonomía del ifai y mejorar el ejercicio del derecho a la información pública así lo muestran. A ello pueden sumarse las reformas en materia de contabilidad gubernamental y la posible creación de una Comisión Nacional Anticorrupción que, de acuerdo con lo expresado en medios, reemplazaría a la actual Secretaría de la Función Pública.
¿Por qué un Consejo Nacional por la Probidad y la Ética Pública?
En el marco de los cambios legislativos propuestos en materia de transparencia, rendición de cuentas y política anticorrupción, Transparencia Mexicana hizo pública su propuesta para crear un Consejo Nacional por la Probidad y la Ética Pública.
El Consejo estaría encabezado por el presidente de la República e integrado por la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública federal, el Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), el Poder Legislativo federal, el Poder Judicial federal, los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como organizaciones civiles, empresariales y académicas. El objetivo de este consejo es dar coherencia y seguimiento a una política nacional para prevenir y reducir la corrupción en el país y establecer metas y acciones específicas concertadas entre los integrantes.
Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, hizo pública esta propuesta al presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, durante una reunión con 300 líderes sociales del país.
Durante el evento, Reyes Heroles señaló la importancia de que la política anticorrupción sea una política nacional, donde todos los actores comprometidos con el tema puedan reportar las acciones en esta materia: “Si conseguimos que las acciones anticorrupción de las entidades federativas marchen a la par de las políticas federales, podremos dar resultados tangibles para la población en el corto plazo”, señaló Reyes Heroles a los 300 líderes y al presidente electo.
La integración de un Consejo Nacional por la Probidad y la Ética Pública permitiría articular los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y poderes de la unión para dar seguimiento puntual a la implementación de políticas de prevención y control en materia de corrupción y para establecer metas y acciones concertadas que modernicen la administración pública en el territorio nacional.
Transparencia Mexicana propuso que este órgano de representación gubernamental y de la sociedad civil organizada sesione al menos tres veces al año de manera pública y abierta a la ciudadanía. Con lo cual, el Consejo Nacional por la Probidad y la Ética Pública permitiría que cada una de las instituciones y organismos involucrados rindiera cuentas puntuales sobre los avances y retos en la materia.
La lógica de proponer un Consejo Nacional por la Ética y la Probidad es sencilla. Se requiere de un espacio institucional que articule una política de Estado y atestigüe los avances de la federación, las entidades federativas y, eventualmente, los municipios en este tema. De acuerdo con la información disponible a finales de octubre, la Comisión Nacional Anticorrupción no cumpliría una función de articulación, sino que sería un órgano autónomo con capacidad de investigación y análisis que debiera dar resultados en casos concretos. Su eficacia dependería de las investigaciones que realice y los resultados que brinde. Para cumplir con su vocación de contar con una auténtica política de Estado en este tema, la Comisión tendría que apoyarse en un Consejo Nacional que alinee las prioridades de los distintos actores institucionales del país.
El Consejo Nacional alinea intereses y agendas, pero su objetivo central tendría que ser el de contribuir a restaurar un debilitado pacto social y de coadyuvar a la construcción de una mejor relación entre Gobierno y sociedad.
Mucha gente se pregunta por qué Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelanda se ubican mejor en los índices de percepción de la corrupción. Hay quienes creen que en esos países existe una comisión anticorrupción exitosa o alguna institución avocada exclusivamente a combatir la corrupción.
Lo cierto es que estos países no cuentan con instituciones especializadas en la materia. Habrá quien diga que la baja corrupción se deba entonces a la “naturaleza” de los escandinavos. Nada estaría más alejado de la verdad. La baja percepción de la corrupción en esos países ha sido producto de un importante trabajo —que, por cierto, ha tomado mucho tiempo— para construir una política nacional que incorpore los temas de transparencia y rendición de cuentas de manera implícita y no explícita. En otras palabras, en Nueva Zelanda se ha logrado que la rendición de cuentas sea una parte intrínseca de la normalidad democrática y del actuar de las instituciones de gobierno, no una exigencia y una lucha constante entre la ciudadanía y el Gobierno.
En México tendríamos que aspirar a que haya una política de Estado en esta materia que permita romper la asociación de la transparencia con la nota escandalosa de la primera plana de la prensa que muestra a algún funcionario público siendo acusado de corrupción; una política de Estado que construya las bases para mejorar las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía. Es momento de reducir la fragmentación de las acciones y articular una política nacional, auténticamente nacional porque involucra a la federación y a entidades y municipios en el tema.
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TRANSPARENCIA MEXICANA es el capítulo en México de Transparencia Internacional, la coalición global contra la corrupción.
