El escándalo en torno a la figura de Bárcenas, otrora tesorero del PP, y que alcanza a las figuras más encumbradas del Gobierno español, llama la atención sobre el problema de corrupción en España, especialmente indignante en tiempos de una crisis económica avasalladora.
La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de España del pasado mes de enero arrojaba algunos datos verdaderamente inquietantes. Los políticos (la política en general y los partidos) ocupaban el tercer puesto —30.3%— entre las principales preocupaciones de los españoles, después de los problemas económicos —38.9%— (lógicos en un país que atraviesa una dura crisis y una insoportable política de recortes) y el paro —81.1%— (que en el mes de enero se situó en 26.2%, casi seis millones de personas). El año pasado, la sanidad se situaba en el cuatro lugar. Pero la corrupción y el fraude —17.7%— la han desplazado al quinto.
No es, sin duda, una buena noticia que los políticos, responsables de encontrar las soluciones a los innumerables problemas que aquejan al país, sean percibidos por la opinión pública como una de las principales causas. Previsiblemente, en la encuesta que se conocerá en los próximos días o se mantendrán en el tercer puesto o, quizá, subirán alguno. Más de 300 políticos de diferentes niveles se encuentran inmersos en procesos judiciales, imputados por corrupción. Si no tenemos en cuenta los asesores, cargos de confianza y altos cargos de la Administración del Estado, en España hay 71,668 puestos electos, lo que supone que apenas un 0.5% de los políticos tienen causas pendientes con la justicia por este delito. No parece por tanto que exista una proporcionalidad entre los casos detectados y la percepción de la sociedad española.
La razón de la desproporción hay que encontrarla en la notoriedad de algunos de los implicados, que copan durante días y semanas (algunos, incluso, meses) una buena parte de los informativos. En el ámbito político, son los casos del expresidente del Gobierno de las Islas Baleares, Jaume Matas, o del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Alcaldes, presidentes de diputaciones, consejeros de autonomía y concejales se suman a la lista de casos de financiación ilegal, malversación de fondos, evasión de capitales o fraude fiscal. En otros ámbitos, la corrupción también ha sido noticia: el expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, o el duque de Palma, Iñaki Urdangarín (marido de una de las hijas del rey), cuyos oscuros negocios al frente de una fundación han erosionado, por su proximidad al rey, la imagen de la monarquía —entre otras razones. Según el diario ABC, los 15 escándalos más notorios de los últimos 12 años han supuesto a las arcas del Estado una fuga de más de 6 mil 800 millones de euros.
Por otra parte, se constata una paulatina pérdida de confianza en las instituciones, que se explica por una serie de prácticas de difícil justificación para la mayor parte de la población. Tres ejemplos. El Gobierno sigue aplicando el indulto, una ley de 1870 por la que, graciosamente, deja sin aplicación algunas sentencias. Esta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial violenta la necesaria separación de poderes y contribuye a que cale en la opinión pública la idea de que la justicia no es igual para todos. El actual presidente aprobó hace unos meses una amnistía fiscal (los gobiernos socialistas lo hicieron dos veces) por la que las grandes fortunas que evadieron impuestos podían “regularizar” su situación pagando tan solo 10%, sin multas, sin intereses, sin la obligación de traer esos capitales a España y sin declarar el origen del dinero. (Los ciudadanos que cumplen con la ley deben contribuir con un impuesto sobre la renta que oscila, según sus ganancias, entre 24 y 52%.) El Tribunal de Cuentas lleva un retraso de cinco años en la auditoría de los números que le remiten las instituciones públicas, por lo que, si se detecta la comisión de algún delito, quizá ya haya prescrito.
La sociedad española necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Sobre todo en los partidos políticos, que son los que deben garantizar que aquellas funcionen correctamente. Pero no lo podrán hacer hasta que ellos sean un ejemplo de honestidad. Eso ocurrirá cuando el Gobierno, los sindicatos, las asociaciones y los partidos se comprometan de verdad en la lucha contra la corrupción garantizando la independencia de los órganos de vigilancia y reforzando las sanciones —tal y como recomienda la ONG Transparencia Internacional— con una Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno que sea algo más que una declaración de buenas intenciones y recomendaciones no vinculantes.
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JULIO CÉSAR HERRERO es profesor universitario. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, combina su actividad docente e investigadora con el ejercicio del periodismo. Escribe una columna semanal, conduce un programa en ABC Punto Radio y es analista en TVE. Especialista en marketing político, ha asesorado a numerosos políticos latinoamericanos. Twitter: <@jcherrero>.
