La política educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado en el caldero de la opinión pública desde antes de que él tomara posesión del cargo. Es un objeto de análisis en movimiento, sujeto a cambios y vaivenes políticos y donde intervienen innumerables actores. Centraré mi análisis en el papel de la institución presidencial, en su manejo de los símbolos y en el actor antagónico de este trance —la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación— y su ocupación del espacio público material.1 CO
Espacio público
Jürgen Habermas abordó el asunto del espacio público en los regímenes democráticos como una de las piezas que explica el proceso de legitimación del Estado, el cual busca asegurar la lealtad de las masas pero al mismo tiempo evita su participación.2 Gustavo Fondevila señala: “No se debe pensar que el espacio público tiene un carácter democrático per se porque, precisamente, dicho espacio puede estar vacío de contenido y ser llenado por un discurso democrático o por uno antidemocrático del mismo modo”.3
En un artículo del blog “La audacia de Aquiles”, el autor reseña una pieza de Habermas: “El espacio público se presenta como el lugar de surgimiento de la opinión pública, que puede ser manipulada y deformada pero que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción y legitimación (o deslegitimación) política”.4 Esta es una concepción de sociología política, que pone la atención en ideas abstractas. La noción de espacio público como un asunto material se refiere a zonas concretas: calles, plazas, jardines, carreteras y edificios que, en principio, pertenecen a todos los ciudadanos.
De acuerdo con el autor del blog citado, en uno de sus primeros escritos, Habermas delimita el concepto: “Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo así como opinión pública”. No que el espacio público se reduzca a esa noción o tan siquiera a la demoscopía; la opinión pública cubre un amplio espectro de la sociedad civil donde confluyen y se rechazan proyectos políticos e ideológicos.
El espacio simbólico es un recurso que enmarca los actos políticos y le dan significado a la lucha por mantener o conquistar el poder. “Los rituales y las ceremonias se definen como decoración de escaparate para los procesos políticos reales o como instrumentos mediante los cuales el listo y el fuerte explotan al crédulo y al débil […]. El control de los símbolos es una de las bases del poder, tanto como el control de los demás recursos”.5
La contienda
En la disputa por la educación, las fuerzas en pugna buscan apoderarse de la opinión pública, o de segmentos de ella, pero con métodos distintos. El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) pone el énfasis en el Estado de derecho y en el manejo consecuente del poder simbólico que adquiere por el hecho de ser el jefe del Estado mexicano. En su lenguaje es recurrente la noción de que su mandato es constitucional y que promueve reformas que son benéficas para la nación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) recurre al lenguaje antiestatal, de rechazo absoluto a las reformas que promueve el Gobierno, y levanta las consignas de que este quiere privatizar la educación pública, despedir a los maestros y violentar las condiciones generales de trabajo. El presidente busca el favor de los segmentos sociales que rechazan las prácticas dominantes en la educación, que algunos autores califican de clientelares y patrimonialistas. La CNTE demanda el apoyo de los inconformes con el Gobierno. Su propósito principal, insinúo, es debilitar a la camarilla todavía dominante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el fin de hacerse de la dirección nacional.
Antecedentes
En su discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, EPN anunció cambios en la política educativa. Advirtió que propondría al Congreso reformas a la Constitución y a la Ley General de Educación; dijo que con ellas se establecerían las bases del servicio profesional docente: “Habrá reglas claras y precisas, para que todo aquel que aspira a ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor, lo haga con base en su trabajo y sus méritos, garantizándoles plena estabilidad laboral” (Excélsior, 2 de diciembre de 2012).
Cuando el presidente habló de reglas claras y cambios en las leyes, se refería a que había que terminar con la herencia y venta de las plazas, un asunto que había alcanzado niveles de escándalo y que el presidente Felipe Calderón trató de erradicar mediante la Alianza por la Calidad de la Educación que signó con Elba Esther Gordillo. Calderón fracasó; el snte lo engatusó y él se dejó engañar.6 Mas no era solamente un asunto de corrupción sindical: era (y es) también una cuestión cultural. Los maestros afiliados al Sindicato se convencieron de que la plaza era de “su propiedad” y vitalicia. Debido a que el sistema dejó de crecer y el número de titulados de la escuelas normales superaba el número de plazas vacantes y de puestos de nueva creación, comenzó la herencia de plazas y luego su compraventa.
Como ha sido reseñado en infinidad de trabajos, el SNTE o, con mayor precisión, las camarillas que lo han gobernado, alcanzaron un poder gigantesco gracias a las canonjías que diversos Gobiernos les otorgaban con el fin de mantener el control político del magisterio.7 El diagnóstico del equipo de EPN acerca de los problemas de la educación parecía claro. Las reformas pactadas entre el Sindicato y el Gobierno habían fracasado. “La SEP, hay que decirlo claramente, es un archipiélago. Hay que revisarla críticamente para que vuelva a ser la dependencia del Ejecutivo Federal que ejerza la rectoría del Estado en la materia, que diagnostique los problemas, establezca las metas y los objetivos, elija la pertinencia de las estrategias”, expresó el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet (Excélsior, 11 de diciembre de 2012). En consecuencia, había que promover un cambio en las reglas del juego desde arriba, no con el Sindicato sino en contra de él. Para ello, el Gobierno encontró aliados en los dos grandes partidos de la oposición, el pan y el PRD. Además, con esos mensajes simbólicos, atrajo porciones de la opinión pública, entre ellas la de organizaciones civiles como Mexicanos Primero y la Coalición Ciudadana por la Educación, aunque su apoyo es crítico, no servil.8
El Pacto por México
Muy pocos esperaban el anuncio de que los tres grandes partidos políticos y el Gobierno de la República habían negociado el Pacto por México, que contiene reformas que se pregonaron con bombo el segundo día del Gobierno de EPN. El Pacto se presentó en un acto protocolario, utilizando un escaparate de valor simbólico e histórico: el Castillo de Chapultepec. Tanto el presidente como sus nuevos aliados se lanzaron a la conquista de la opinión pública; buscaban, como diría Habermas, incrementar su legitimidad mediante un proceso político real que presentaba al presidente y a sus aliados como reformistas.
El Pacto por México es un documento sobrio; contiene cinco acuerdos que se desglosan en 95 “compromisos”. El Pacto propone ocho puntos con el ánimo de reformar y fortalecer la educación pública. Estos incluyen propósitos del modelo internacional de reforma educativa: evaluación universal centralizada y autonomía de la administración escolar, uso de tecnologías de la información y sistemas de información centrales como formas de administración moderna.9 Además, el Pacto introdujo otras ofertas, como escuelas de tiempo completo, programas de becas y la propuesta central: que el Estado retome la rectoría de la educación pública manteniendo el principio de laicidad.
El mensaje es claro. Hay un propósito político condensado que reafirma el principio fundamental del ejercicio del poder. Cuando se dice “recuperar la rectoría”, se implica que los contratantes del Pacto son conscientes de que, para avanzar en la educación, hay que “descolonizar” su gobierno y afirmar ciertos confines de gobernación burocrática. Para ello habría que cambiar la correlación de fuerzas en el sector educativo. En consecuencia, dos de las propuestas parecían fundamentales.
Primera: “Consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa” (compromiso 8). Segunda: “Crear el Servicio Profesional Docente. Se establecerá un sistema de concursos con base en méritos profesionales y laborales para ocupar las plazas de maestros nuevas o las que queden libres. Se construirán reglas para obtener una plaza definitiva, se promoverá que el progreso económico de los maestros sea consecuente con su evaluación y desempeño, y se establecerá el concurso de plazas para directores y supervisores” (compromiso 12). Además, el Gobierno anunció que se levantaría un censo de maestros, alumnos y escuelas. Para alcanzar esos propósitos, el presidente habló de enmendar la Constitución. Después vendrían las leyes secundarias para detallar las reformas.
El espacio subjetivo: la opinión pública
El 10 de diciembre de 2012, EPN montó un acto de valor expresivo considerable para anunciar que mandaría al Congreso iniciativas de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la propuesta presidencial sufrió ciertas modificaciones y adiciones, mas se aprobó en un tiempo récord. Pronto pasó por el tamiz de las legislaturas estatales y el 25 de febrero de 2013, en el Palacio Nacional, el presidente firmó el Decreto correspondiente. El simbolismo de los dos actos era patente: en ambos estaba reunida la República, no fueron actos protocolarios comunes. Fueron diseñados para enviar un mensaje claro al SNTE y a sus camarillas de que seguiría adelante la reforma a las normas que rigen en la educación básica.
La coronación de la reforma constitucional fue con pompa. El secretario Chuayffet dio un discurso contundente. No hacía falta mencionar por su nombre a los opositores. La señora Gordillo ya había dado muestras de repudio a la iniciativa y había desafiado al presidente. Pero el mensaje también iba dirigido a la CNTE, que advertía que se opondría a cualquier cambio. Al día siguiente, la Procuraduría General de la República apresó a la señora Gordillo y la acusó de la desviación de más de 2 mil 600 millones de pesos, evasión fiscal y otros delitos (Excélsior, 27 de febrero de 2013). Apenas 20 días antes, la señora Gordillo había expresado en una pieza oratoria incendiaria que se iría del SNTE cuando los maestros se lo pidieran. Y para rematar sentenció: “Para morir nací y quiero morir con un epitafio: ‘Aquí yace una guerrera y como guerrera murió’”. Fue un reto que Peña Nieto no toleró. La puso en la cárcel y su imagen de Presidente creció ante la opinión pública.
De acuerdo con notas periodísticas y comentarios en los medios, la captura de la señora Gordillo elevó los bonos de epn y de los firmantes del Pacto. El aplauso por el apresamiento de Elba Esther Gordillo les llegó a caudales. El espacio público virtual respondió con entusiasmo a un hecho inesperado. El presidente navegó en una ola de popularidad y consenso que permitió que hasta algunos críticos le vieran talla de estadista.10
El Gobierno apuntalaba a Juan Díaz de la Torre como cabecilla sustituto del SNTE, a sabiendas de que actuaría conforme se le indicara y disciplinaría a los otros miembros de la camarilla hegemónica; sobre ellos también penden averiguaciones enfocadas en los usos de los dineros del Sindicato. La porción mayoritaria del SNTE estaba controlada y su actitud era sumisa; ya no tenía pujanza para enfrentar al Estado. Pero cuando se crea un vacío de poder siempre hay fuerzas dispuestas a llenarlo. La CNTE estaba preparada de tiempo atrás.
El espacio público físico
La cnte tomó la batuta de la oposición a las reformas y dio continuidad, con más arrestos, a una campaña que había iniciado desde antes de que se anunciaran las iniciativas de leyes secundarias. La campaña fue bien orquestada. A partir de febrero los periódicos registran marchas a lo largo del país; protestas frente a las legislaturas locales y en algunos estados, como Oaxaca, Michoacán y Guerrero; paros en las escuelas. El propósito era claro: preparar el ambiente para llegar a una huelga nacional o, al menos, a plantear su posibilidad.
La cnte tiene experiencia en usar la protesta de masas como mecanismo de negociación y para la obtención de beneficios para sus agremiados y canonjías para sus dirigentes. Con base en manifestaciones, tomas de edificios públicos y negocios privados, los disidentes encontraron oportunidades magníficas en la “doble negociación” que se instauró con el Acuerdo de 1992. Cada sección obtuvo ganancias sustantivas, pero más las beligerantes. En Oaxaca, los dirigentes sindicales colonizaron por completo el gobierno de la educación pública. Hoy como nunca antes, tienen de rodillas al gobernador quien, sin saber para dónde hacerse, concede cuanto puede a la S-22. Hasta pidió “tropicalizar” la evaluación de los maestros.11
Las acciones de los maestros disidentes en Guerrero fueron virulentas: incluyeron la toma de la Autopista del Sol en dos ocasiones. Pero los maestros fueron retirados por la Policía Federal y, en represalia, se dedicaron a dañar y saquear edificios públicos y de los partidos que no apoyaron sus demandas, bloquear comercios particulares y destruir bienes públicos.12 Los manifestantes se retiraron de la autopista hasta que los Gobiernos local y federal garantizaron su impunidad. Anunciaron que no cejarían en su escalada contra las reformas educativa y laboral. Su logro principal: el gobernador pagó el sueldo que había retenido a los docentes de 450 escuelas que se pusieron en huelga desde el 25 de febrero, no hubo órdenes de aprehensión contra quienes se presume que cometieron delitos y se suspendieron todas las averiguaciones previas.
En Michoacán, los maestros disidentes se fueron a huelga en alrededor de 20% de los planteles de educación básica y los estudiantes de las ocho escuelas normales del estado secuestraron autobuses y camiones de empresas privadas y causaron destrozos en varias ciudades. La demanda de los estudiantes normalistas era que se asignaran mil 200 plazas de manera automática a los egresados de esas escuelas.
El pináculo de la protesta de la CNTE se dio en el Distrito Federal. Desde mayo, un grupo de maestros de la S-22 se plantó en el Zócalo de la Ciudad de México, como la vanguardia de lo que se avecinaba. El 19 de agosto, cuando dio comienzo el calendario escolar de 2013, contingentes numerosos de la CNTE comenzaron una huelga y se dirigieron a la capital de la República. Además de apoderarse del Zócalo, hicieron marchas, cerraron los edificios del Congreso, cercaron edificios de la SEP y causaron innumerables daños al comercio y a la ciudadanía. El 6 de septiembre bloquearon vías de acceso al aeropuerto de la Ciudad de México por ocho horas y en los días subsecuentes continuaron con sus marchas y plantones. Y así fue durante 26 días.
El 13 de septiembre, la Policía Federal desalojó a los grupos que no abandonaron el Zócalo, a pesar de que sus dirigentes habían negociado en la Segob que lo dejarían libre para ese día. El Gobierno recuperó el espacio físico con el fin de realizar actos simbólicos de tradición, rituales con arraigo y trascendencia: el grito de Independencia del día 15 y el desfile militar del 16. La prensa y los medios aplaudieron la decisión gubernamental, aunque enojó a los segmentos inconformes que desean mantener el statu quo. La imagen del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se levantó, después de haber recibido críticas severas por la tolerancia que tuvo con la CNTE.
La ocupación del espacio público material por los grupos radicales de la CNTE, si bien les restaba puntos ante la opinión pública, les permitía forzar negociaciones en la Segob y con los gobernadores de los estados, en especial con el de Oaxaca, Gabino Cué. Las acciones de los disidentes radicales enfurecieron a la ciudadanía. Aunque pocas voces pedían al Gobierno “mano dura”, padres de familia, empresarios afectados, paseantes y ciudadanos comunes mostraban su irritación en los medios a su alcance y con insultos a los manifestantes.
La toma del espacio físico reditúa ganancias a la CNTE en la parte simbólica. A juzgar por las movilizaciones de miles de maestros en estados donde esa agrupación apenas tenía presencia, parece que las consignas de la CNTE de que la reforma de Peña Nieto busca privatizar la educación y despedir a los docentes que no aprueben las evaluaciones les causan temor. Quieren defender su parcela; en primerísimo lugar, la posibilidad de heredar o vender sus plazas cuando llegue la hora de la jubilación. Es lo que algunos autores institucionalistas llaman la persistencia cultural.13
La corriente institucional del SNTE trató de terciar en la lucha por ganar la merced de la opinión pública mediante spots de radio y televisión, al tiempo que trataba de levantar la imagen de su dirigente. Los mensajes llevaban un tono edificante acerca de los “maestros que sí trabajan”. La campaña comenzó en la segunda semana de septiembre. Es difícil predecir cuánto efecto tenga tanto entre los maestros como en la ciudadanía, tras meses de escasa participación.
Retomar la rectoría
La fortuna, como diría Maquiavelo, ha sido generosa con los disidentes. Sus tácticas de apremio mediante la ocupación de la plaza pública y la movilización constante les ha permitido crear trincheras casi inexpugnables; siempre han ganado. No pienso que quieran cambiar de estrategia. Acaso hasta sientan algo de desprecio por la opinión pública o en verdad crean que la ciudadanía se molesta con ellos no por sus acciones sino por la propaganda de las televisoras. En las Cartas a Tito Livio, Maquiavelo analiza la sabiduría de las masas cuando luchan por una causa justa o se sublevan contra un príncipe sátrapa. Pero cuando gobiernan las leyes y no los príncipes, los movimientos de masas “no reguladas” tienden a cometer errores o a defender banderas ilegítimas.14
Hoy, la CNTE y otras corrientes inconformes amenazan con una huelga nacional, paralizan a las escuelas en sus territorios y se movilizan contra las reformas laboral y educativa. Pero esa resistencia ya no es para defender una causa justa. Sus apetencias son transparentes: “Los maestros se oponen a la reforma educativa porque acaba con sus privilegios, como la herencia de plazas, la nula evaluación docente y la asignación automática de nuevas plazas a estudiantes normalistas y a familiares de profesores en funciones” (Reforma, 16 de marzo de 2013).
Con la promulgación de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente, así como las modificaciones a la Ley General de Educación, el 11 de septiembre de 2013, el Gobierno dio un paso más en la conquista de la opinión pública. Además, con el desalojo del Zócalo el día 13, refuerza la visión de que es un Gobierno que busca resultados, que en realidad quiere retomar la rectoría de la educación.
Pero sus mensajes son contradictorios. Por una parte lanza advertencias de que la reforma no se detendrá, de que se llegará a las últimas consecuencias y que se descontarán los días no laborados a los maestros huelguistas, una vez que las leyes entren en vigor. Pero por otra parte, mediante los entendimientos en la Segob, se da satisfacción a las demandas de los disidentes y se les dice que si regresan a clases se les pagara por los días en huelga y hasta los bonos.
Con todo, en el terreno institucional el Gobierno de EPN avanza: planteó recentralizar los pagos a los maestros con el fin de tener más control y que la recuperación de la rectoría de la educación tenga asideros. En la iniciativa de reforma fiscal, el presidente “propuso un mecanismo para hacer más eficiente y transparente el pago de la nómina, al lograr que los pagos correspondan exclusivamente al personal que ocupe plazas registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa” (Excélsior, 9 de septiembre de 2013). Con ciertas medidas —como descuentos por días no laborados, sanciones por incumplimiento de tareas y eliminando a los “aviadores”—, es posible que los cambios institucionales avancen, siempre y cuando los gobernadores de los estados se comprometan con las reformas y aporten capital político. Esto parece difícil pues cuando pierden el espacio público material entran en pánico y no tienen recursos para pelear por el espacio público virtual.
La lucha por la conquista del espacio público continúa. Los maestros desplazados del Zócalo tomaron la Plaza de la República y, de nuevo, abrieron negociaciones en la Segob.
En un asunto tenía razón Habermas, pienso: los Gobiernos buscan legitimarse ante las masas, pero les niegan su participación. El de Peña Nieto no es la excepción, por más que demuestre competencia en el control de los símbolos y tenga de su parte a una buena porción de la opinión pública. Sin embargo, si sigue enviando mensajes contrapuestos y señales de que se puede negociar con disidentes que actúan al margen de la ley, incluso en su contra, perderá credibilidad social. Lo que hoy gana en legitimidad (que es un espacio público subjetivo), mañana lo puede perder.
1 El análisis cubre del 1 de diciembre de 2012 al 15 de septiembre de 2013.
2 Jürgen Habermas, “Problems of Legitimation in Late Capitalism”, en Paul Connerton (comp.), Critical Sociology, Penguin Books, Nueva York, 1976, pp. 363-387.
3 Gustavo Fondevilla, “Reseña de Razón y espacio público. Arendt, Habermas y Rawls de Alejandro Sahui”, en Signos Filosóficos, 10, 2003, pp. 319-321.
4 Aquileana, Jünger Habermas / Hannah Arendt: El concepto de opinión pública <http://bit.ly/150zbBp>, 2013. Consultado el 14 de septiembre de 2013.
5 Varios autores citados por James March y Johan P. Olsen, El redescubrimiento de las instituciones: La base organizativa de la política, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.
6 En un libro reciente, hago el análisis de la ACE. Cf. Carlos Ornelas, Educación, colonización y rebeldía: La herencia del pacto Calderón-Gordillo, Siglo XXI Editores, México, 2012.
7 Véase, entre otros autores, a: Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Declaración de Cuernavaca, Comie, México, 2008; Gilberto Guevara Niebla, La catástofe silenciosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1992; Pablo Latapí Sarre, La SEP por dentro: Las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus secretarios, Fondo de Cultura Económica, México, 2004; Carlos Ornelas, Política, poder y pupitres: Crítica al nuevo federalismo educativo, Siglo XXI Editores, México, 2010.
8 Mexicanos Primero es una asociación civil que se constituyó en 2005 con el ánimo de influir en la política educativa. En su Consejo participan grandes empresarios y se financia con donaciones. La Coalición Ciudadana por la Educación es una asociación civil formada en 2010 por intelectuales y activistas políticos y sociales (la mayoría de tendencia socialdemócrata) con intereses en la educación.
9 Jason Beech, “The Institutionalization of Education in Latin America: Loci of Attraction and Mechanisms of Diffusion”, en David P. Baker y Alexander Wiseman (comp.), The Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory, Wagon Lane, Emerald, 2008, pp. 281-303.
10 Un seguimiento de notas y editoriales de los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 2013 me permiten hacer esta afirmación.
11 Carlos Pallán Figueroa, “Los gobernadores ante la reforma constitucional”, en Campus Milenio, 11 de abril de 2013.
12 Durante marzo y abril de 2013 los periódicos mostraron fotos impresionantes y la televisión, tomas dramáticas.
13 Lynne G. Zucker, “El papel de la institucionalización en la persistencia cultural”, en Walter W. Powel y Paul J. DiMaggio (comp.), El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, pp. 126-153.
14 Niccolò Machiavelli, “Excerpts from Discourses on the First Ten Books of Titus Livy”, en Wayne A. Rebbon (comp.), Niccolò Machiavelli: The Prince and Other Writings, Barnes and Noble, New York, 2003 (original de 1513), pp. 155-206.
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CARLOS ORNELAS es profesor de Educación y Comunicación y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco.
