En esta octava entrega de la serie que dedica a la revisión del papel del Estado en regímenes capitalistas, el autor se refiere a los absurdos que en ocasiones entraña el endeudamiento por parte de los gobiernos.
I.
El séptimo mandamiento del Decálogo es este: “Aceptarás como falta peligrosa el déficit presupuestario y, por ello, el endeudamiento, motivo por el cual, por ninguna causa y en ningún monto, te endeudarás: financiarás todo tu gasto, única y exclusivamente, con impuestos”.
Lo que hay que considerar para entender este mandamiento es que al final de cuentas, o por principio de ellas, ayer, hoy o mañana, de una u otra manera, todo el gasto del Gobierno se financia con impuestos, por lo que, por prudencia, conviene que desde el principio se financie con impuestos y no con alguna de las fuentes alternativas de ingresos gubernamentales, como la deuda o la emisión primaria de dinero, lo cual puede evitar cierto tipo de descalabros en las finanzas gubernamentales y las consecuencias que esos descalabros tienen sobre las actividades económicas de los particulares.
II.
El déficit presupuestario es aquella parte del gasto gubernamental que no se financia con impuestos: o se financia con deuda o con emisión primaria de dinero. ¿Cuál es la razón de ser del déficit presupuestario? El inconveniente que, para cualquier político, supone gastar más, supuestamente en beneficio del pueblo, y tener que financiar ese mayor gasto con impuestos, lo que supone que antes de dar, el político debe quitar, sin pasar por alto que, dado que cobra por quitar y dar, nunca puede dar la misma cantidad que quitó. ¿Cómo darle la vuelta a este inconveniente? Una posibilidad es financiando ese mayor gasto no con más impuestos, sino con deuda, lo cual aparentemente beneficia doblemente a los ciudadanos: en primer lugar porque el Gobierno les pide dinero prestado que les devolverá con los respectivos intereses y, en segundo término, porque ese dinero se gastará en beneficio de los ciudadanos (por ejemplo: se construirá la nueva escuela gubernamental, o la nueva clínica gubernamental, o la nueva biblioteca gubernamental, o cualquier otra obra del Gobierno). Todo indica que, con el déficit presupuestario, todos ganan; el político en popularidad (gasta más en beneficio del pueblo, y lo hace sin tener que cobrar más impuestos) y los ciudadanos en bienestar (invierten financieramente y, además, cuentan con más bienes y servicios gubernamentales). Entonces, si todos ganan, ¿cuál es el problema con el déficit presupuestario?
III.
Tengamos en cuenta que una vez que el Gobierno se ha endeudado le quedan, para empezar, las siguientes opciones: (1) declarar la moratoria [debo, no niego; pago, no tengo]; (2) renegociar la deuda, lo cual supone: (a) quita de capital [si la deuda era de 10 pesos, ahora queda en 9], (b) ampliación del plazo para pagar [si la deuda se contrajo a 10 años, ahora se pagará en 11], (c) reducción de la tasa de interés [si era de 5%, ahora queda en 4.5); (3) contracción de deuda nueva para pagar deuda vieja [lo cual supone destapar un hoyo para tapar otro: al final de cuentas se sigue teniendo un hoyo]. Ninguna de estas opciones supone liquidar pasivos, sino, en el mejor de los casos, “administrarlos”, algo muy distinto.
Supongamos que el Gobierno decide no seguir “administrando” sus pasivos, sino liquidarlos: decide desendeudarse, entendiendo por tal (1) no contraer más deuda y (2) pagar la que debe. ¿Qué opciones tiene para lograrlo? Solamente tres: (1) vender activos (lo cual supone que los tiene y que los puede vender) y, con los ingresos generados por la venta, pagar hasta donde le alcance sus deudas; (2) aumentar impuestos y, con la diferencia entre lo que cobraba y lo que cobra, pagar lo que debe; (3) eliminar o reducir gastos y, con la diferencia entre lo que gastaba y lo que gasta, liquidar sus pasivos. Salvo en el caso de la primera opción —venta de activos— cualquiera de las opciones supone, directa o indirectamente, un aumento de impuestos: directamente en la segunda (el contribuyente paga más impuestos y no recibe a cambio más bienes y servicios gubernamentales), indirectamente en le tercera (el contribuyente paga los mismos impuestos pero recibe menos bienes y servicios gubernamentales).
Ya se ve que la afirmación “al final de cuentas, o por principio de ellas, ayer, hoy o mañana, de una u otra manera, todo el gasto del Gobierno se financia con impuestos” es cierta, salvo en el caso de que el Gobierno cuente con activos y los pueda vender, lo que, más que la regla, es la excepción, y no porque no cuente con activos, sino porque no los puede vender, de tal manera que quien acaba pagando lo que el Gobierno debe es el contribuyente, ya sea pagando más impuestos sin recibir más bienes y servicios gubernamentales a cambio, o pagando los mismos impuestos y recibiendo menos bienes y servicios gubernamentales.
Si al final todo el gasto del Gobierno termina financiándose con impuestos, ¿no conviene, por prudencia, que desde el principio se financie con los mismos, de tal manera que los contribuyentes sepan, desde el principio, cuánto les van a costar los bienes y servicios gubernamentales, cuánto les va a costar un mayor gasto del Gobierno?
IV.
Al margen de las consideraciones anteriores, hay que tener en cuenta los incentivos perversos que motivan a los gobernantes no a endeudarse —¡ellos nunca se endeudan!— sino a endeudar a otros: de manera inmediata, a los gobiernos que estarán en el poder cuando las deudas contraídas por gobiernos anteriores tengan que ser pagadas; de manera mediata, a los contribuyentes, a quienes se obligará —ya sea cobrándoles más impuestos sin que reciban más bienes y servicios gubernamentales a cambio, ya sea pagando los mismos impuestos y recibiendo menos de esos bienes y servicios— a pagar deudas que no contrajeron.
El gobernante X que contrae deuda no la contrae él, ya que la contrae a nombre del Gobierno, y no de su Gobierno, sino del Gobierno al que, en su momento, le tocará liquidar esos pasivos (¿qué gobernante contra deuda que deberá ser pagada en algún momento de su Gobierno?), lo cual genera incentivos perversos para contraerla. Pero además hay que tener presente que el gobernante Y, a cuyo Gobierno le tocará pagar la deuda contraída por el gobernante X, lo único que tiene que hacer para liquidar esos pasivos es obligar, por la vía del cobro de más impuestos y/o la reducción del gasto gubernamental, a los contribuyentes a pagar una deuda que ellos no contrajeron, lo cual ocasiona reacciones de rechazo, ya sea por el cobro de más impuestos (reaccionan los contribuyentes), ya sea por los recortes en el gasto gubernamental (reaccionan las clientelas presupuestarias, formadas por todos los que se benefician de alguna partida de gasto gubernamental), o por el cobro de más impuestos y los recortes en el gasto gubernamental (reacciona todo el mundo).
V.
¿Por qué se endeudan los gobiernos? En primer lugar porque les conviene y, en segundo término, porque pueden, es decir, porque las leyes se lo permiten. Este permiso debe eliminarse, salvo cuando los pasivos contraídos se inviertan de manera productiva, de tal manera que generen ingresos con los cuales liquidarlos, inversiones productivas que suponen la generación de algún bien o servicio por el cual cobrarle a los consumidores, inversiones productivas que no son, ¡y no deben ser!, la regla cuando del gasto gubernamental se trata.
A final de cuentas, y salvo en el caso de la venta de activos (que, más que la regla, es la excepción), la deuda del Gobierno, y por lo tanto el déficit presupuestario, se transforman en más impuestos, ya sea porque el Gobierno quite más y dé lo mismo, ya porque quite lo mismo y dé menos, o porque quite más y dé menos. Así, es momento de preguntar, de nueva cuenta, si no conviene que, desde el principio, todo el gasto gubernamental se financie con impuestos, lo cual tiene de entrada tres ventajas: (1) ceteris paribus, limitaría el gasto del Gobierno a lo que el Gobierno pudiera recaudar sin que los contribuyentes reclamen y, por ello, aumentaría el gasto de los particulares, que siempre resulta mucho más eficaz que el gubernamental; (2) ceteris paribus, al dejar de ser el Gobierno demandante de crédito, se reduciría la demanda por este, y la tasa de interés bajaría, lo cual podría traducirse en más inversiones productivas del sector privado, que son la clave del progreso económico; (3) ceteris paribus, se evitarían las crisis financieras del Gobierno, efecto de los incentivos perversos que motivan el endeudamiento gubernamental, crisis por las que acaban pagando justos (contribuyentes, en particular; ciudadanos, en general) por pecadores (gobernantes irresponsables) y que bajo ciertas circunstancias generan presiones recesivas sobre la actividad económica: menor producción de mercancías, menor generación de ingreso, mayor desempleo, tal y como lo hemos visto una y otra vez. ¿No es tiempo ya de ponerle un alto a tanta irresponsabilidad financiera? ¿No es tiempo ya de hacer valer el séptimo mandamiento del Decálogo para el buen comportamiento económico del Gobierno?
En este, como en muchos otros temas, hay que ir más allá de la frontera.
_________
ARTURO DAMM ARNAL es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.
([email protected]; Twitter: @ArturoDammArnal)
