En un medio donde se acostumbra poner mayor énfasis en el conflicto que en el consenso, y en un proceso de democratización que ha dado origen a Gobiernos divididos, no dejó de sorprender la firma del Pacto por México, cinco acuerdos que dieron lugar a 95 compromisos asumidos por las principales fuerzas políticas del país. Algunos de estos compromisos ya se concretaron, pero otros –sumamente importantes– siguen pendientes. Para realizarlos, los firmantes deberán remontar diversos obstáculos políticos, enfrentar atavismos y asumir un compromiso cívico. Al respecto, Este País conversó con Miguel Limón Rojas. Exsecretario de Educación Pública, Limón Rojas es presidente de la Fundación para las Letras Mexicanas y director del despacho de consultoría Valora. ARM
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: ¿Qué es para usted un pacto en términos políticos?
MIGUEL LIMÓN ROJAS: Un pacto se celebra desde posiciones ideológicas diversas, desde enfoques que, pudiendo ser opuestos en el origen, llegan a ser coincidentes en determinadas materias y circunstancias. Se trata de un compromiso que se construye a partir de diversos componentes: principios, valores, intereses y conveniencias de índole variada (estas últimas suelen no explicitarse y menos aún explicarse). El compromiso surge de acuerdos que se elaboran en torno a asuntos de interés común. Cuando el número de acuerdos es mayor y más variado, la discusión se hace más compleja pero también se da una base más amplia para formular el pacto ya que existe una mayor variedad de piezas para realizar el intercambio. Se cede en algo pero se gana en algún otro punto. Pactar implica la construcción de posiciones que se sostienen en común, no obstante que las fuerzas que intervienen en la elaboración mantengan sus visiones de origen sobre los proyectos que cada una se ha planteado para el largo plazo.
Ahora bien, las dificultades inherentes a un pacto son de diversa índole. Algunas tienen que ver con la necesidad de que quienes concurren en él, dotados de jerarquía y legitimidad, obtengan en sus filas las aprobaciones y los apoyos que requieren. La asociación de una parte de las voluntades necesarias se logra con anterioridad al compromiso, pero la mayor parte del esfuerzo ha de continuar con posterioridad. El concierto con adversarios que habrían podido llegar a ser vistos como enemigos políticos puede despertar inconformidades de intensidad variable entre los correligionarios. Acusaciones severas o el llamado “fuego amigo” pueden provenir de un interés que resulta afectado o de una militancia ideológica que se siente traicionada.
Es el trabajo interno que cada liderazgo lleva a cabo lo que permite procesar y justificar la adquisición de un compromiso con otras fuerzas con las que, en otros momentos, la conciliación habría parecido imposible.
En esa capacidad de las dirigencias para persuadir y no para imponer reside en gran medida la posibilidad de hacer eficaces los pactos.
¿Cómo se logra la confluencia política para establecer un pacto?
Al terreno de los pactos políticos se ingresa en momentos peculiares, caracterizados por la necesidad de superar un ambiente de oposiciones improductivas y por el imperativo de construir respuestas urgidas por el peso de la realidad. Las situaciones críticas imponen el deber de llegar a acuerdos entre fuerzas que pugnan por la obtención del poder.
La manera como un pacto se construye tiene consecuencias sobre su eficacia y durabilidad. Como decíamos arriba, las voluntades que concurren en el Pacto están hechas de distinta materia. Entre más se compartan los principios mayor será la garantía de fortaleza y eficacia para llegar a resultados. Las conveniencias de circunstancia pueden facilitar otras adhesiones, pero estas tienen menor consistencia y en consecuencia mayor volatilidad. En política lo que se compra es barato pero siempre dura poco.
También es importante que en los pactos exista proporcionalidad, simetría entre lo que cada quien aporta, lo que cada quien sacrifica y lo que cada uno y todos obtienen. Es importante que esa simetría exista desde el origen y continúe alimentándose durante la realización de los acuerdos. Si, en lugar de que se fortalezcan las bases, se imponen actitudes y conductas contradictorias con lo acordado —las que surgen en ese día a día de la pugna por el poder— lo que ocurre es que los pactos se debilitan y es más difícil que tengan los alcances que en su origen se propusieron.
¿Cuál es la relevancia del Pacto por México?
En el caso del Pacto por México, celebrado por las fuerzas políticas de mayor peso en el escenario nacional, hay algo de un gran valor y posibilidad de trascendencia. Fue muy sorprendente el anuncio de su celebración; representa una novedad en la vida política de México porque ocurre poco tiempo después de la alternancia en el poder, y después de que los dos Gobiernos anteriores no tuvieran la capacidad ya no para hacer funcionar un pacto sino ni siquiera para plantearlo o intentar construirlo. En ese sentido, el Pacto significa un avance notable toda vez que existen necesidades muy relevantes que solo pueden ser satisfechas si las fuerzas políticas en pugna electoral tienen la capacidad de llegar a acuerdos, poniendo por encima de sus intereses de partido y de grupo las grandes necesidades del país.
Es posible decir que el Pacto por México representa un avance importantísimo e indispensable para construir políticas de Estado impostergables en la atención de los grandes problemas sociales, políticos y económicos del país. Estos solo pueden ser enfrentados mediante un compromiso de todos.
¿En los cinco grandes acuerdos del Pacto por México, con sus 95 compromisos originales, están bien representados los problemas del país?
A mí me parece que sí, que los puntos de acuerdo expresados en el Pacto se refieren a los grandes temas. No son los únicos, pero los que están sí son de una gran relevancia.
Creo que ningún pacto es perfecto ni necesariamente suficiente, pero lo que sí hay es un principio que refleja acuerdos de voluntades, compromisos y disposición a avanzar.
¿Qué tan problemático es que al interior de los partidos se escuchen expresiones de desacuerdo con lo que establecieron algunos de sus dirigentes?
Cada una de las corrientes políticas que participaron en el Pacto corre el riesgo de vivir conflictos en su interior cuando parte de su membresía se sienta vulnerada. Sobre todo en relación a algunos de los acuerdos, como los que se refieren a las reformas educativa, energética y financiera, la militancia puede discrepar fácilmente y entrar conflicto con la dirigencia. Puede llegar a considerar que el Pacto traiciona los compromisos originales en los que se basa su propuesta política. En estos casos, el quehacer político debe ser mayor.
¿Cómo puede contribuir el Pacto por México a la construcción de políticas de Estado?
Justamente las políticas de Estado implican decisiones que pasan por la expresión de una voluntad ciudadana desde la cual se construyen normas jurídicas. Las normas dan fundamento a derechos y obligaciones que se imponen al Estado y la sociedad para el logro de los fines que dichas políticas se trazan. En este sentido, el Pacto conlleva un método de trabajo político para el logro de propósitos que no podrían ser alcanzados de otra manera.
Pese a la lucha por el poder y el juego electoral, los Gobiernos deben asumir el compromiso de impulsar y mantener políticas de Estado que son necesariamente concebidas con una visión de largo plazo y van más allá de las coyunturas y las circunstancias a las que se reducen en nuestro país las pugnas por el poder. No debe descartarse, por otra parte, que esta lucha por el poder puede suponer también visiones distintas de país. El Pacto incluye temas que forman parte del interés de todos y en ello reside la posibilidad de que en diversos aspectos fundamentales alcance resultados.
Como bien se ha dicho, la visión de Estado implica la necesidad de pensar en las siguientes generaciones por encima de la siguiente elección.
En consecuencia, se requiere de una gran congruencia de parte de los actores en relación al cumplimiento de los compromisos políticos que adquieren. Los intereses inmediatistas de las fuerzas que representan estarán pugnando por aprovechar las oportunidades que nacen en el día a día para en cambio dar la espalda a lo trascendente. Los compromisos clientelares, los pequeños intereses, representan la amenaza permanente contra un Pacto fincado en torno a los intereses nacionales.
Por ello es que el sostenimiento de pactos políticos como el que estamos atestiguando plantea también cambios relevantes para nuestra cultura política; es decir, el Pacto supone un ejercicio de madurez y responsabilidad que está por encima de muchos usos y costumbres que derivan del oportunismo, el inmediatismo y la capacidad para vulnerar en lo cotidiano el acuerdo y la norma.
El Pacto aborda ese reto, el de estar a la altura del compromiso y sostener los acuerdos frente a los embates que surgen dentro y fuera de las corrientes políticas. A mí me gusta pensar en este reto de construir los grandes acuerdos y llevarlos a cabo, porque requiere de un ejercicio político que se apega a los principios y a la capacidad de observar reglas que nos imponen obligaciones y que son fundamentales para lograr propósitos valiosos. Es cuando el ejercicio de las habilidades tiene un destino que vale la pena.
Por otra parte, somos una sociedad en la que el diálogo se conoce poco. Estamos acostumbrados a que las supuestas grandes verdades se impongan dogmáticamente de arriba para abajo. El hábito de saber escuchar y, en consecuencia, de dialogar, no ha formado parte de nuestra cultura política. Si tenemos memoria, debemos recordar que la gran demanda en el movimiento del 68 se refirió al diálogo. Pero después, cuando accedemos al poder, se nos olvida y es fácil asumir la actitud de que ahora soy yo quien puede imponer y son los demás quienes tienen que acatar lo que yo juzgo como verdad, como principio y como propósito a seguir. Y la política no puede ser eso, la imposición, ni desde la autoridad ni en nombre de las llamadas bases. Lo que hay que seguir practicando, aunque la titularidad del poder cambie de rostro, de nombre, de color, es esa cultura que nos permita escuchar al otro. El dialogar parte de la capacidad de respetar; el respeto es un principio que reina en la buena política: no hay política sin capacidad de respetar, no hay acuerdos sin la certeza de que el otro va a honrar el compromiso que juntos estamos construyendo.
Para los pactos, también es fundamental una suerte de ética que deben asumir los actores políticos. En general, ¿qué opina del comportamiento de los actores políticos?
El pacto, los acuerdos políticos, los compromisos demandan un comportamiento ético, y nos recuerdan que la ética es inherente a la política; esta es un proyecto ético y exige de comportamientos que sean congruentes con principios. Para nosotros los mexicanos esto representa un reto, porque la política que hemos practicado se ha alejado con frecuencia de los principios que forman parte de la ética. Pero hoy eso es lo que la realidad nacional más nos está exigiendo: subordinación de apetitos que serán siempre pequeños al lado de lo que la política, cuando es respetable, requiere de nosotros.
¿Cuáles son los grandes obstáculos para la realización del Pacto? Por ejemplo, en mayo se le agregaron 11 puntos que tienen que ver con la equidad y la limpieza electoral.
Allí está el veneno de los pactos, de los acuerdos, que puede impedir cumplir los compromisos, porque lo electoral está asociado al interés inmediatista y allí es donde más brincan los usos, las costumbres, las concesiones indebidas y las conductas asociadas a las conveniencias y los intereses que son contrarios a los principios, a las normas y a la capacidad de sustentar y dar curso a los acuerdos desde los que se mira a las futuras generaciones.
Estamos llegando al noveno mes del Pacto. ¿Qué le ha parecido su evolución?
Ya se alcanzó en el terreno de la educación una reforma constitucional que era indispensable, y hemos visto también que en las calles hay expresiones contrarias —en forma de amenazas de inobservancia de la ley— a los compromisos expresados en la reforma constitucional. De ese tamaño es el reto que se ha abordado, y así debe ser medida la importancia de haber alcanzado ciertos acuerdos a través del Pacto. Es el momento de sostenerlos.
Esa reforma no se habría logrado sin el Pacto. Ha habido, posteriormente, discusiones y polémicas referidas al comportamiento de los actores políticos, al señalamiento de inobservancias de las reglas no escritas del Pacto, y por eso es que hubo posteriormente una adenda, en la cual se expresan algunas de las normas que se suponía que debían ser observadas pero que no estaban escritas, y que así pasaron a ser reglas formalizadas en un acuerdo de voluntades políticas. Ahora vamos a entrar a territorios como el de la reforma energética, en el que los puntos de vista, los enfoques, las diferencias son más difíciles de reducir, y los acuerdos concretos que deberán expresarse en normas son más difíciles de concertar. Tenemos un gran desafío por despejar.
¿Cómo se puede ir midiendo el éxito real del Pacto?
Por sus resultados, por la posibilidad de avanzar, por el hecho de que las fuerzas políticas mantengan su capacidad de compromiso y demuestren su capacidad de observancia de los acuerdos, de procesar a su interior lo que a la luz de la sociedad han aceptado cumplir. La supervivencia y el curso que el Pacto pueda tener dependen en mucho de eso.
Como hemos visto, el Pacto no deja de enfrentar el riesgo de que, fuera de los cauces institucionales, tengan lugar expresiones que pretendan imponerse sobre el Congreso, sobre las voluntades que han construido los acuerdos. Es decir, que las expresiones que tienen lugar por vías no institucionales tengan mayor fuerza y eficacia que aquello que se expresa en el ámbito de las instituciones indispensables para que transcurra la vida democrática.
Allí tenemos un gran reto para el Estado, el Gobierno y la sociedad, porque si bien el Estado detenta el monopolio de la fuerza legítima para ejercer la coacción propia del derecho, también es cierto que esa capacidad de coacción hoy tiene límites por el avance que en la sociedad internacional se ha reconocido a los derechos humanos y a los derechos de la sociedad. Es decir, el Estado está en posibilidades de imponer la norma, siempre y cuando la imposición no rebase su capacidad de persuasión. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos.
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ARIEL RUIZ MONDRAGÓN es editor. Estudió historia en la UNAM. Ha colaborado en revistas como M Semanal, Metapolítica y Replicante.