Ríos Montt no fue a la cárcel, pero Guatemala y, en particular, las comunidades mayas que sufrieron sus abusos lo llevaron a juicio. Aunque insuficiente, este fue su castigo, y en aquel país la vía para defenderse del poder quedó abierta.
En un hecho histórico, Guatemala se ha sumado al grupo de países de América Latina —Argentina, Uruguay y Chile, entre otros— que han juzgado a militares que encabezaron procesos dictatoriales. La simple posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados al general retirado José Efraín Ríos Montt, presidente guatemalteco de facto entre 1982 y 1983, y quien coordinó el Operativo Tierra Arrasada, le ha dado al país centroamericano la posibilidad de buscar una reconciliación nacional.
El 10 de mayo pasado, la jueza Yassmin Barrios lo encontró culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad, y lo condenó a 80 años de cárcel, en un suceso sin precedentes. El veredicto llegó 30 años después de los crímenes y 13 años más tarde de que los supervivientes presentaran la denuncia ante el Ministerio Público. Si bien el juicio fue anulado, días más tarde, por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala —con el argumento de que el Tribunal de Sentencia no cumplió con lo ordenado por la Corte para darle trámite a una recusación planteada por el abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, el 19 de abril de 2013—, para Guatemala, el avance en materia de defensa de los derechos humanos ha sido fundamental.
En entrevista con Este País, el abogado Edgar Pérez, integrante del bufete Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que montó el caso contra Ríos Montt, explica cada una de las razones políticas y jurídicas del proceso contra el ex dictador.
EMILIANO BALERINI CASAL: ¿Qué significa para Guatemala haber enjuiciado a Efraín Ríos Montt?
EDGAR PÉREZ: Haber logrado llevar a juicio al exjefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt —cuyo periodo se considera uno de los más terribles contra las comunidades indígenas— es un avance importante, primero, en la lucha contra la impunidad, que todavía sigue vigente, y segundo, hacia la consolidación del Estado de derecho. El juicio ha mostrado a Guatemala y al mundo la historia del pueblo maya ixil, y cómo los ixiles tuvieron la oportunidad de trasladarse desde su región a una Sala de Debates en Guatemala, para poder contar su historia; una historia llena de dolor, tristeza, barbarie, salvajismo y actos inhumanos indescriptibles, puesto que resulta difícil pensar cómo un ser humano puede cometer ese tipo de actos en contra de otro. Además, representa un logro y un reconocimiento de la valentía y el heroísmo del pueblo ixil que, como muchos otros grupos étnicos del país, ha soportado durante décadas todo tipo de prejuicios racistas, ha tenido que mostrar resistencia a someterse a las imposiciones de otros grupos, y ha tenido que ceder incluso parte de su cultura.
¿Este juicio abona a la memoria histórica del pueblo guatemalteco y de Latinoamérica?
Por supuesto que sí. Tal vez Guatemala está tardando un poco más que los países del sur del continente americano en construir su memoria histórica y consolidar el proceso de justicia transicional, pero es importante recordar que ello se debe a lo ya mencionado sobre los pueblos indígenas, que además de haber sido el sector de la población que más sufrió los embates del conflicto armado interno durante el periodo de José Efraín Ríos Montt, han tenido que enfrentar un rechazo y una discriminación sistemática por parte de la sociedad, que ha cuestionado muchas veces su historia y su verdad. A pesar de lo anterior, han ido construyendo su propia memoria histórica y, por décadas, han luchado por el acceso a la justicia, lo que ha demostrado que en los procesos de justicia transicional no basta con la creación de comisiones de la verdad, sino que hace falta que esa verdad histórica sea refrendada por la justicia, para que pueblos como los de Latinoamérica comprendan la gran tragedia vivida en nuestro continente durante las décadas de los setenta y ochenta, provocadas por los temores de la Guerra Fría y la intolerancia.
¿Qué significado tiene para Latinoamérica este juicio?
Es un avance en la reconstrucción del tejido social guatemalteco, especialmente del tejido social de la población ixil, tan fracturado después de los trágicos hechos vividos durante el conflicto armado interno. Es del conocimiento popular que, durante determinado periodo de la historia latinoamericana, muchos países del continente tuvieron gobiernos militares, todos de mano dura, de intolerancia y represión, que nos llevaron a una triste historia de violaciones graves a los derechos humanos mediante hechos tales como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tribunales de fuero especial, leyes especiales, amnistías y punto final, para proteger supuestamente a la población del enemigo.
Este juicio se une a los que se han realizado en países como Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Uruguay, demostrando que Latinoamérica avanza en su lucha por la consolidación de Estados de derecho, donde la ley se debe cumplir sin importar si es un jefe de Estado o la persona más humilde y desprovista de poder quien la infrinja, pues esta debe ser aplicada de forma igual.
El referente más cercano que existe en la actualidad en materia de enjuiciamientos a militares se ha dado en Argentina. ¿Se puede comparar el caso de Efraín Ríos Montt con los de militares argentinos?
Hay muchas comparaciones que se pueden hacer, desde la forma sistemática y generalizada de la ejecución de los hechos hasta la crueldad desplegada —que prácticamente repite patrones—, pero lo más importante en este caso es ver cómo se asemejan las estrategias de los acusados en su defensa: en Argentina, el exdictador Jorge Rafael Videla y sus mandos militares inicialmente negaron los hechos y se atrevieron a decir que cumplieron con defender a la patria del comunismo. En Guatemala, igualmente, los acusados han negado los hechos, por contundentes que parezcan; incluso han planteado una estrategia de desinformación y censura sobre la historia, y al contrario de lo sucedido en Argentina —donde algunos militares han hablado sobre las atrocidades, como es el caso Adolfo Scilingo—, en Guatemala los militares mantienen un fiel compromiso de silencio sobre las atrocidades cometidas.
¿Cómo se montó jurídicamente el caso contra Ríos Montt?
El caso se empezó a trabajar desde 1998, con ideas vagas. Antes de que se presentara el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala, se tenían muchas denuncias de la existencia de cementerios clandestinos; nos percatamos de que ciertos elementos se repetían en la descripción de los hechos denunciados, como las violaciones sexuales —particularmente de menores— y la tortura; eran actos humillantes que van en contra de la dignidad del ser humano —desnudarlos, orinarles en la cara, llamarlos con nombres de animales. En algunas regiones no bastó la matanza o masacre de la aldea, de la comunidad, sino que siguió la destrucción plena de esta, y a la gente que por alguna razón se salvó, se la persiguió y reprimió de manera totalmente desproporcional. En la montaña, donde se fueron a refugiar, estaban sin vestido, sin comida, sin medicinas, sin abrigo. Ahí se les bombardeó por aire y por tierra, se les cercó; se prendió fuego a las montañas. Finalmente vimos que el patrón en algunas regiones era terminar con ellos.
El desafío siempre ha sido encontrar la mejor manera de ilustrar a un tribunal sobre qué es un genocidio, cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es el tipo de dolo que debemos demostrar. Otro reto fue tener fiscales capaces de conocer la doctrina y la jurisprudencia internacional relacionadas con el tema de genocidio y crímenes de guerra. Conforme el tiempo avanzó en la construcción de este gran rompecabezas, surgieron nuevos elementos y piezas sobre la triste historia vivida por los grupos étnicos guatemaltecos durante el conflicto armado interno, particularmente en el periodo comprendido entre 1982 y 1983. Es así como en el año 2000, aproximadamente, se presentaron las primeras denuncias por genocidio. Antes de esto ya había una gran cantidad de denuncias sobre cementerios clandestinos que fueron improvisados como consecuencia de las masacres indiscriminadas que el ejército hizo en contra de civiles no beligerantes. En 2005 ya se tenían bases sólidas e información privilegiada sobre los planes militares de campaña, con lo cual se podía ir apuntalando un caso donde claramente se verían las políticas de Estado dirigidas al ataque y destrucción de la población maya ixil.
En los años siguientes se consolidó la información sobre la planificación militar, la responsabilidad de la cadena de mando. En 2009 se contó con una orden judicial para que pudiéramos acceder a los planes que se hicieron en las campañas de represión de 1982 y 1983, luego de pasar un tormentoso proceso de oposición por parte del ejército de Guatemala y Ríos Montt.
Con esa base y la gran cantidad de información testimonial, se empezaron a proponer los peritajes, como parte técnica de la explicación de los elementos subyacentes del genocidio; después, se pensó en la mejor forma de definir al grupo maya ixil, para lo cual se necesitó hacer un peritaje cultural. De igual manera, se evidenció la necesidad de peritajes militares —que eran necesarios para explicar técnicamente a los jueces cómo el ataque a la población maya ixil formó parte de un plan preconcebido—, de peritajes para mostrar las secuelas psicológicas que dejaron en la región las masacres de principios de la década de los ochenta y el desplazamiento en la montaña, y otros más que tuvieron por objeto confirmar de manera técnica la intención de destruir al grupo étnico ixil.
Todos estos peritajes tenían por objetivo probar técnicamente los hechos narrados por los propios testigos, quienes relataron cómo llegó el Ejército y destruyó su aldea.
¿Por qué primero se encontró culpable a José Efraín Ríos Montt y después se anuló el juicio?
Al exjefe de Estado José Efraín Ríos Montt se le encontró culpable porque se siguió un juicio en su contra en el que, con los diferentes medios de prueba, se pudo demostrar que sí se consumaron los hechos que constituyen el genocidio —crimen regulado bajo el nombre de “delitos contra los deberes de humanidad” en la legislación guatemalteca— y porque, con esas pruebas, se demostró que Ríos Montt tenía responsabilidad en la decisión de planificar la destrucción del grupo maya ixil (en la concepción de este como enemigo interno y en la definición de las estrategias y el control militar); recordemos que el exjefe de Estado concentraba el poder absoluto en su persona.
La sentencia dictada por el tribunal se anuló por medio de una acción constitucional de amparo cuyo objeto es prevenir que se violen derechos fundamentales o, en su caso, restituir cuando sea posible los derechos que hayan sido violados. Esto se dio por las presiones que debió haber recibido la Corte de Constitucionalidad de parte de los sectores que abiertamente se manifestaron en contra del juicio por genocidio. Fue evidente que, como el sector empresarial guatemalteco se declaró públicamente en contra de la sentencia y pidió anular el juicio, la Corte de Constitucionalidad, en una decisión totalmente arbitraria, resolvió en forma fraudulenta anular la sentencia, regresando el proceso hasta lo actuado el 19 de abril, a sabiendas de que el tribunal que emitió la sentencia anulada no podría volver a retomar el caso, puesto que ya había emitido una opinión a través de una sentencia (causal para excusarse de conocer, de acuerdo a la legislación guatemalteca). Con ello, se anuló la totalidad del juicio.
Sin embargo, es de reconocer que dentro de la jurisdicción constitucional todavía quedan algunos magistrados honestos que salvan el buen nombre de la Corte de Constitucionalidad al razonar sus votos disidentes en esta resolución divida (tres a dos). Dejan claro, en primer lugar, que la acción constitucional de amparo no era la vía para revisar lo actuado por el Tribunal de Sentencia y, en segundo lugar, que se dan por ciertos actos que no ocurrieron y, fundamentalmente, que los derechos del postulante (Ríos Montt) no estaban siendo violados.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos de los que se valieron para anular el juicio?
Los tres magistrados que anularon la sentencia —Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, este último ponente de la decisión— fundamentaron su decisión en el argumento de que el Tribunal de Sentencia no cumplió con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad para darle trámite a una recusación planteada por el abogado defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, el 19 de abril de 2013. Cabe resaltar que este hecho no existió nunca como acto reclamado en la acción constitucional de amparo que dio origen a la anulación de la sentencia. Lo anterior tuvo como efecto que se anulara la sentencia y todo lo actuado después del 19 de abril de 2013, violentando con ello el principio que señala que la justicia constitucional no se puede convertir en una instancia revisora de lo actuado por los jueces ordinarios (artículos 203, 204 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala).
También es importante decir que la recusación se da como una estrategia dilatoria de la defensa ya que, de último momento, el abogado García Gudiel remplazó a los antiguos abogados de Ríos Montt con el solo fin de entorpecer el proceso a través de las recusaciones de los jueces.
¿En estos momentos cómo sigue el proceso judicial contra Ríos Montt?
Está paralizado, con un nuevo Tribunal de Sentencia designado para conocer de nuevo el juicio oral y público en contra de José Efraín Ríos Montt. Sin embargo, este tribunal no tiene espacios en su agenda sino hasta 2014.
Guatemala ha sido un país con un profundo racismo hacia los indígenas. ¿Qué se debe hacer para que este juicio no confronte a la sociedad guatemalteca, ya de por sí dividida históricamente?
Guatemala tiene un arraigado racismo hacia los pueblos étnicos del país desde la Colonia, visible no solo en el despojo de las tierras, sino también en los prejuicios racistas y elitistas que han existido y que no han permitido tener un diálogo realmente franco de construcción de una nación. Guatemala parece un feudo en el que los indígenas no valen como seres humanos, tal y como lo dijo Nicolás Corio, dirigente y sobreviviente de una comunidad de la región ixil: “Queremos ser respetados como pueblos indígenas en Guatemala, porque como que nos miran como salvajes, como que nos toman como que no tenemos razón, como que piensan que no tenemos dignidad, pero somos seres humanos iguales que las personas en el mundo entero”.
[Hay en muchas personas una] incapacidad de tolerar, de respetar la diversidad cultural que tenemos, de entender que, aun cuando se han apropiado de las riquezas naturales y ancestrales de los pueblos indígenas, estos han resistido los cambios, las imposiciones; tienen la suficiente conciencia para seguir resistiendo, y han afirmado que su identidad no se vende, no se cambia, que debemos aprender a respetar sus formas de organización social, sus vínculos con la cosmovisión, con la tierra y los elementos.
En Guatemala existe una cultura de exclusión que se ha impuesto y heredado a través de los años, de generación en generación. Los criterios de la inclusión de los pueblos indígenas, su cultura ancestral y sus formas sociales se vean limitados por los prejuicios que tienen tan dividido al país. Esta división obedece a una falta de conciencia sobre la construcción de una sociedad incluyente; los últimos gobiernos han divulgado el orgullo de nuestra cultura maya cuando son estos pueblos los que sufren de manera más grave y directa la desnutrición, el analfabetismo y la falta de acceso a condiciones mínimas de vida digna. El juicio contra Ríos Montt abrió esa ventana de discusión, no solo sobre las atrocidades cometidas en contra del grupo ixil, sino también sobre la indiferencia que muchos tenemos ante los hermanos que sufrieron estas atrocidades. Pero más que eso, el mestizaje que por siglos se ha tenido lo llevamos muchos en la sangre, y no somos capaces de someter a discusión nacional temas como ese. No solo el reconocimiento de los pueblos, sino también el derecho que estos tienen a que se les restituya por los despojos de los que han sido víctimas durante el conflicto armado interno, pero también desde su colonización; fundamentalmente, el reconocimiento de sus formas ancestrales de convivencia y organización social.
¿Cuál ha sido la reacción del ejército guatemalteco y del Gobierno?
Sin el propósito de exacerbar los ánimos ni provocar confrontaciones, la reacción del ejército como institución ha sido bastante moderada en cuanto al juicio. Sin embargo, no todos los militares ni todo el ejército han jugado un papel protagónico en el desarrollo del juicio; es más, los peritos militares que llegaron a defender sus peritajes al juicio fueron bastante objetivos, y prevaleció su honor militar de no mentir; así, digamos que la prueba pericial que presentó Ríos Montt contribuyó a establecer su responsabilidad en la planificación y orden de las estrategias militares que conllevaron el genocidio. Pero la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala sí se ha pronunciado reiteradamente sobre el desarrollo del caso, en forma un poco intimidante. El problema es que hoy tenemos un sistema judicial y, particularmente, constitucional al servicio de ellos.
En cuanto al Gobierno, desde el inicio de su mandato el actual presidente, Otto Pérez Molina, en su mensaje de toma de posesión, dejó claro que lucharía contra los grupos de la sociedad civil que, según él, viven del conflicto armado interno sin haberlo vivido, y solicitó a los grupos internacionales que ya no los apoyen. Pero más que eso, las posiciones que han sostenido, de manera pública y en reiteradas ocasiones, tanto el presidente de la República como el secretario de la Paz en el sentido de que “en Guatemala no hubo genocidio”, no se pueden ver sino como evidentes injerencias en el sistema de justicia. En cambio, jamás se pronunciaron sobre la estrategia de intimidaciones a los operadores que estuvieron en el juicio, lo que evidencia su posición contraria al derecho de las víctimas de que se reconozca la verdad y accedan a la justicia.
Entiendo que se están formando policías de élite que empiezan a operar en zonas rurales de Guatemala. ¿Es verdad?
No sé hasta dónde estén operando en las zonas rurales, pero es totalmente cierto que han formado cuerpos de policías de élite. La propuesta es que estos cuerpos especializados combatan al crimen organizado y el narcotráfico, pero lamentablemente la experiencia en Guatemala es que en la ejecución de esas proyecciones, en la práctica, se convierten en operaciones represivas no de las estructuras criminales, sino más bien de la población vulnerable.
¿Cuál ha sido la reacción de los kaibiles?
No tengo información de que el grupo de élite del ejército (kaibil) tenga alguna posición sobre el juicio. Es importante mencionar que, si bien es cierto que alguna patrulla de kaibiles pudo haber participado en más de una operación, los kaibiles eran más bien gente que llegaba a las operaciones de grandes combates. En la región ixil, durante el período de Ríos Montt, la presencia de la insurgencia era mínima y, en consecuencia, la patrulla de élite de los kaibiles tuvo poca participación, lo que no significa que algunos miembros del ejército que tuvieron parte en las operaciones planificadas durante el periodo de Ríos Montt no fueran soldados con preparación o adiestramiento kaibil.
¿Cómo se va a proteger a las personas que han declarado en el juicio?
Es una pregunta bastante difícil de contestar. Basta imaginarse que el Gobierno actual intentó, a principios de año, desconocer la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de no cumplir con las sentencias dictadas contra Guatemala. Entonces, si el Gobierno o las personas que dirigen el Gobierno dicen públicamente que no hubo genocidio y pretenden desconocer a un alto tribunal internacional en derechos humanos, ¿qué pueden esperar las víctimas o testigos y peritos que han declarado en el juicio del Estado? La verdad, es complicado; son víctimas que viven en regiones bastante lejanas, y el Estado no llega muchas veces ni para prestar los servicios básicos, mucho menos para prestar seguridad. Lo único que queda es la defensa propia de las comunidades y el acompañamiento internacional, para visibilizar cualquier anomalía que se dé en contra de las personas que están en riesgo.
¿Se tiene planeado seguir juzgando a más militares guatemaltecos?
Planeado, no lo creo. Realmente, desde hace muchos años las víctimas de diferentes regiones afectadas severamente por las políticas de represión de los años ochenta han presentado sus denuncias; muchas han avanzado poco o nada y unas pocas han logrado algún acceso a la justicia. Así, no es que se tenga planeado seguir con otros casos; los casos ya están planteados y será el sistema de justicia el que deba responder a estas peticiones. Tan solo ante el Programa Nacional de Resarcimiento se denunciaron más de tres mil casos, de los cuales deben seleccionarse seguramente los que tengan mejor futuro jurídico. Pero que existen casos denunciados y que se deben investigar y juzgar, es un hecho.
¿Cree que el juicio a Ríos Montt abona a la reconciliación del pueblo guatemalteco?
Sin ninguna duda. Es posible que algunos planteen que este juicio trae polarización, pero la verdad es que está contribuyendo a dar un paso más hacia la reconciliación. No podemos aspirar a que, mediante un solo juicio y con las resoluciones fraudulentas que dictaron la anulación de la sentencia, tengamos una reconciliación. Las reconciliaciones son procesos y, por supuesto, cuando estamos en procesos de memoria, verdad y justicia, debemos ver estos juicios como pasos firmes hacia esa reconciliación. En una sociedad que tiene siglos de exclusión y racismo, esto es mucho más lento. Aquí es importante que el mundo voltee su mirada y aporte sus experiencias. Todas las naciones, por pequeñas que sean, han tenido experiencias nefastas por las cuales han tenido que buscar reconciliarse. A algunas les ha costado mucho tiempo y a otras menos pero, sin duda alguna, todas han ido reconciliándose a través de procesos, y quién sabe si un cuarto de siglo, medio siglo o un siglo más tarde, no repitan su historia. Pero la idea es que estos procesos lleven implícito el objetivo de garantizar la no repetición.
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EMILIANO BALERINI CASAL estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela Carlos Septién y la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha colaborado para las revistas Cambio, Fernanda y Playboy. Actualmente es reportero de la sección cultural de Milenio.
