El caso ha sido recogido por los principales diarios del mundo y ha puesto en alerta a la comunidad científica internacional. El autor de este artículo repasa puntualmente los hechos que derivaron en la condena de un grupo de especialistas y funcionarios italianos tras el terremoto que azotó a L’Aquila en 2009.
Galileo y Giordano Bruno. El juicio de la Inquisición en contra de estos dos pensadores italianos por sus ideas científicas, consideradas entonces como heréticas por la Iglesia católica, ha sido utilizado por la prensa internacional como un parangón de la condena de siete especialistas italianos que no “alertaron” a la población de L’Aquila en Italia que un sismo destructor estaba por ocurrir.
Este caso, sin embargo, es muy distinto y un tanto más complejo. Los siete especialistas no fueron condenados por sus ideas científicas o por atentar contra un dogma religioso. El cargo contra ellos, de acuerdo a las palabras del fiscal, es haber dado información “inexacta, incompleta y contradictoria” a la población de la localidad sobre el peligro sísmico inminente. La sentencia acusa a estos siete miembros de la Comisión Italiana de Grandes Riesgos del crimen de homicidio culposo. El juez los condenó a seis años de cárcel, el pago de 7.8 millones de euros para reparar los daños de las 32 víctimas que promovieron el juicio y la inhabilitación de por vida como funcionarios. El juicio y la condena son el triste epílogo de una trágica comedia de errores iniciada varios meses antes de que ocurriera el sismo destructor que causó más de 300 muertes y mil 500 heridos y que dejó a 65 mil personas sin techo en esta ciudad del centro de Italia, en las montañas de la región de los Abruzos.
En octubre de 2008, aproximadamente seis meses antes de que ocurriera el terremoto del 6 de abril de 2009, con una magnitud de 6.3 grados Richter, la población empezó a sentir decenas de sismos de magnitud relativamente baja. A lo largo de este periodo, el número de sismos sentidos llegó a ser de casi 10 por día; pocos días antes del terremoto se sintieron casi 40 sismos en 24 horas. Los pobladores de L’Aquila sabían que su zona había sufrido temblores destructores en el pasado y que está catalogada como una de las más peligrosas en el mapa sísmico italiano, por lo que empezaron a mostrar preocupación y a presionar a las autoridades locales para obtener respuestas sobre la amenaza que parecía cernirse sobre ellos.
Esta preocupación natural de los residentes de L’Aquila por este enjambre de sismos (como se le conoce técnicamente), que se prolongaba ya por varios meses, fue exacerbada por las fantasiosos vaticinios de un laboratorista jubilado. Con cuatro instrumentos que él mismo fabricó para detectar las emisiones de gas radón del subsuelo, Giampaolo Giuliani hizo predicciones extraoficiales de grandes sismos que según sus cálculos ocurrirían en la región. Las emisiones de radón antes de grandes temblores ha sido uno de los muchos fenómenos precursores de corto plazo que han sido estudiados por años para predecir los movimientos telúricos. Los resultados de numerosos grupos de investigadores en todo el mundo han sido contradictorios y desalentadores. La presencia del radón como un precursor de terremotos nunca ha sido científicamente aceptada. Giuliani, por su parte, se rehusó a someter sus resultados a una evaluación rigurosa en revistas especializadas o por otros científicos.
A pesar de que Giuliani había hecho al menos dos “predicciones” equivocadas, la publicidad que recibían sus declaraciones aterrorizó aún más a la población. Con el fin de evaluar la situación, la Comisión Italiana de Grandes Riesgos fue convocada y se reunió en L’Aquila el 31 de marzo de 2009. En un ambiente calificado de “histeria” por Enzo Boschi, en ese momento el influyente y poderoso presidente del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología y uno de los condenados, la Comisión sesionó públicamente. Como parte de su dictamen, la Comisión afirmó que “no existe un peligro concreto” sobre la ciudad de L’Aquila. Seis días después ocurrió el terremoto.
A ese dictamen se añaden las declaraciones posteriores de Bernardo de Bernardinis, el único miembro de la Comisión que no era especialista en ingeniería sísmica o en sismología. Formaba parte de aquella en su carácter de subdirector del Sistema de Protección Civil de Italia. En una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Comisión, De Bernardinis comete dos errores lamentables. Por un lado, dice que los “especialistas” opinaban que los frecuentes temblores de baja magnitud eran buenas noticias pues estos liberan la energía sísmica acumulada, sin causar daños. Esto es totalmente falso y no es creíble que especialistas de la talla de los otros seis miembros de la Comisión hayan hecho esa afirmación. En segundo lugar, presionado por los periodistas locales sobre el peligro sísmico que acechaba, De Bernardinis propone mejor beber una copa de Montepulciano, el afamado tinto de la región.
En descargo de la Comisión, cuando un periodista preguntó si un sismo similar a los ocurridos en L’Aquila en 1461 y 1703 pudiese presentarse como corolario del enjambre sísmico, Boschi respondió que era poco probable que un sismo de gran magnitud ocurriera en el corto plazo, pero que esta posibilidad no podía ser descartada. De acuerdo a Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos, en Roma, y miembro también de la Comisión, el mensaje de los especialistas transmitido a las autoridades locales fue todo menos que tranquilizador. Vale la pena mencionar que un enjambre sísmico no necesariamente culmina en un terremoto de gran magnitud.
Hoy es claro que las autoridades italianas de protección civil convocaron a la Comisión con el único fin de tranquilizar a la población. La situación de histeria colectiva a la que se había llegado preocupaba a las autoridades y, al parecer, veían como su misión principal tranquilizar a la ciudadanía. Lamentablemente, durante la breve sesión de la Comisión no se discutieron medidas de protección civil que podían haberse implementado, ni cómo la ciudadanía debía prepararse ante un posible temblor destructivo. Tampoco se hizo un esfuerzo por evaluar las construcciones de la ciudad más vulnerables. L’Aquila es o —tal vez habrá que decir— era una ciudad medieval donde muchos edificios no fueron construidos con criterios de diseño antisísmico, y era por ello altamente vulnerable.
El resultado de esta política de tranquilizar a la población y desacreditar las locuaces e irresponsables predicciones de Giuliani llevó a los habitantes de L’Aquila a interpretar el ambiguo fallo de la Comisión como una confirmación de que nada pasaría. En boca de un médico cirujano que perdió a su hija y a su esposa al derrumbarse un edificio sobre ellos, y que formó parte del grupo de 32 personas que promovió el juicio, las declaraciones de la Comisión les “robaron el miedo a los temblores”. Según él y algunos otros supervivientes, eso les dio un falso sentimiento de seguridad que inhibió el instinto natural de la población de evacuar sus viviendas al sentir las remecidas de la tierra. La demanda jurídica es simplemente el reflejo de la ira y la frustración de mujeres y hombres de L’Aquila que se sienten engañados y defraudados por la ciencia y por su Gobierno, y ventilan su frustración contra la figura más visible de esta trágica comedia: la Comisión.
En reacción, la comunidad científica internacional ha reprobado casi de forma unánime el juicio y la correspondiente condena a estos científicos. Si bien se reprueba la sorprendente severidad de la sentencia del juez, muchos científicos reconocen que la situación no fue manejada de la mejor manera posible y que el mensaje dado por la Comisión a la población de L’Aquila no fue ni claro ni útil. Más allá de la simpatía colectiva que puede generar la condena a prisión de reconocidos científicos, la sentencia de los miembros de la Comisión sienta un peligroso precedente para todos aquellos especialistas que tienen que enfrentar a autoridades deseosas de calmar a la población a toda costa o a una prensa voraz y ávida de noticias espectaculares.
Pese a numerosos esfuerzos de investigación realizados durante los últimos 40 años, no se han identificado precursores confiables que permitan predecir temblores en el corto plazo; igualmente, las erupciones volcánicas son fenómenos extraordinariamente complejos y con características particulares en cada caso, lo que impide hacer siempre predicciones con exactitud y confianza. La incertidumbre es la compañera de viaje, indeseable tal vez pero tristemente inevitable, de todos aquellos que estudian estos fenómenos naturales.
Frecuentemente se argumenta que la población debería ser evacuada ante la posibilidad de un desastre. Se ha sugerido que esto es lo que la Comisión debía haber propuesto. Sin embargo, las evacuaciones no son siempre la medida más recomendable. La evacuación debe darse únicamente cuando la probabilidad de que ocurra un desastre es muy alta e inminente. Las tormentas y huracanes, por ejemplo, son fenómenos que pueden ser observados por satélites e instrumentos en tierra que permiten un seguimiento continuo de su trayectoria y evolución. En estos casos resulta menos incierto ordenar una evacuación que en el caso de sismos o volcanes que normalmente no dan aviso o, cuando lo dan, no lo hacen clara e inequívocamente.
Baste recordar un ejemplo en nuestro país. Como resultado de la actividad del Popocatépetl, en diciembre de 1994 se evacuó a decenas de miles de personas de las faldas del volcán. La decisión fue apresurada y no tomó en cuenta la opinión de los científicos. El Gobierno Federal enfrentaba una crisis financiera y política cuando se incrementó la actividad en el volcán. Como en Italia, el objetivo de las autoridades fue tranquilizar a la población, en este caso ordenando una evacuación masiva, sin considerar los efectos de la decisión. Las pérdidas económicas para una población esencialmente rural que fue alejada de sus cultivos y animales por casi una semana fueron muy grandes y la credibilidad del Gobierno y la ciencia quedó dañada entre los pobladores por muchos años.
El juicio de L’Aquila puede resultar un parteaguas en las relaciones de los científicos con las tomadores de decisiones y con la prensa. La incertidumbre y zozobra que esta sentencia ha provocado en la comunidad científica podría provocar una reacción negativa entre los especialistas en estos temas, que se sentirán amenazados si sus recomendaciones no resultan ciertas o si no son escuchadas por las autoridades. Es probable que algunos investigadores opten por no participar ya en actividades que tengan que ver con acciones de protección civil. Otros seguramente pensarán que la forma de protegerse legalmente es proponer siempre el escenario más pesimista. Ninguna de estas dos avenidas es recomendable o útil para la sociedad.
El precedente que podría sentar este juicio no alerta solamente a estudiosos de las ciencias de la Tierra. Aquellos científicos que asesoran a autoridades e instancias gubernamentales en temas de epidemiología, contaminación o riesgos químicos e industriales, por mencionar solo algunos, podrían llegar a ser medidos con el mismo rasero. No faltarán litigantes imaginativos que vean en este episodio una rica veta a explotar.
Evadir las responsabilidades sociales que son inherentes a las tareas de investigación no es una solución a esta encrucijada. Al igual que en otros casos, muchos de los edificios y casas que cayeron durante el temblor no estaban construidos para resistir las violentas oscilaciones provocadas por un temblor. La responsabilidad de esto tiene muchas aristas y corresponde tanto a constructores deshonestos como a autoridades coludidas que pudieron haber encubierto estas deficiencias. En L’Aquila, el juicio contra algunas empresas constructoras está en proceso.
Una de las lecciones más claras y evidentes de todo este lamentable suceso es que los científicos tienen la responsabilidad de hablar con claridad y franqueza a la sociedad. Deben aceptar y reconocer las incertidumbres e incógnitas propias de los temas que cultivan y presentar los hechos tal como son a las autoridades y la ciudadanía. Ofrecer una visión optimista con el fin de calmar los ánimos de la gente o prestar un supuesto servicio a autoridades que no asumen sus responsabilidades frente a la sociedad conducirá a situaciones parecidas a la de L’Aquila. En suma, la responsabilidad es tratar a la sociedad como adulta, con transparencia y honestidad.
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GERARDO SUÁREZ labora en el Instituto de Geofísica de la UNAM.
I tried twice to write a comment. They have been not accepted. Why?
Mai parlato di isteria. Mai rassicurato cittadini. Mostrato chiaramente pericolosità sismica abruzzese. Meglio parlare di cose che si conoscono. Non esprimer giudizi per sentito dire
Hole Gerardo,
felicitaciones y muchas gracias, muy claro!
Te invio la direccion de un blog sobra el proceso que publicamos (en italiano) desde unas semanas
[email protected]
Vale
Max