Con este artículo, la revista inaugura una sección especial dedicada al tema de políticas públicas. Coordinada por Edna Jaime, esta columna mensual convocará a expertos en la materia para articular una reflexión de diversos signos en torno a un tema de especial importancia. A continuación, la autora explica los motivos, el espíritu y los fines de este nuevo espacio.
En México necesitamos elevar la calidad y los resultados de las políticas gubernamentales. Desde los grandes proyectos que involucran millones de pesos de presupuesto, hasta los programas de menor perfil que sin embargo pueden tener un impacto mayúsculo sobre las condiciones de vida de sus destinatarios. En realidad, en el país no conocemos mucho sobre la efectividad de las políticas públicas. Hasta hace muy poco no conocíamos nada: el tema no se debatía, estaba fuera del foco de la atención gubernamental. Así las cosas, en el pasado tuvimos políticas públicas que sin duda cambiaron las condiciones de vida de muchos mexicanos y otras tantas que siguieron una lógica clientelista y patrimonial. Ni ciudadanos ni gobiernos contábamos con el instrumental para medir el impacto de las políticas y programas gubernamentales. En consecuencia, no existía evidencia para hacer un juicio sobre su idoneidad, y menos aún para plantear mejoras.
México, como muchos otros países del orbe, está realizando esfuerzos serios por crear mecanismos de monitoreo y evaluación de sus políticas con base en resultados. Medir y evaluar está en la agenda de las administraciones, por lo menos de la federal, pero también de los organismos internacionales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. “Si no medimos, no avanzamos” parece la nueva consigna, y tiene mucho de realidad. Pero, ¿qué debemos medir?, ¿cuáles son las métricas que realmente importan?, ¿cómo se construyen?; ¿cómo estamos en materia de resultados en los principales temas que impactan nuestro desarrollo?
Con esta primera entrega, la revista Este País y México Evalúa inauguran un espacio de reflexión y análisis en el que se buscará dar respuesta a estas preguntas. El eje de estudio son las políticas públicas. El enfoque estará en la medición y evaluación de sus resultados. Nos mueve la convicción de que el país no podrá resolver sus grandes desafíos mientras no tenga la capacidad de plantear políticas eficaces. Y para ello necesitamos volcarnos al monitoreo y la evaluación como método para mejorar la formulación e implementación de políticas, pero también como mecanismos de rendición de cuentas hacia la sociedad.
Los tiempos son propicios para este ejercicio. Primero, porque el arranque de una nueva administración siempre se acompaña del establecimiento de metas y la renovación de expectativas. Segundo, porque justo en este inicio es importante que nos planteemos métricas e indicadores con qué medir nuestros progresos en los años por venir. No podemos dejar pasar otros seis años sin tener resultados más contundentes en algunas arenas que resultan críticas para nuestro bienestar y convivencia democrática.
Para el desarrollo de esta sección convocaremos a expertos en el tema. En primer término para que nos expliquen conceptos: uno clave es el de monitoreo y evaluación, que se conoce internacionalmente por su abreviatura M&E. Será útil conocer la evolución de estos sistemas en el mundo así como los casos exitosos, y mirar el propio desde esa perspectiva.
Sabemos que México ha hecho esfuerzos importantes por implantar sistemas de monitoreo y evaluación en la administración pública, sobre todo la federal. Estos esfuerzos inician de manera decidida cuando en la segunda mitad de los noventa se realiza un evaluación de impacto profunda y extensa al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa, hoy convertido en Oportunidades), dirigido a mexicanos en condición de pobreza, a los pocos años del arranque de su implementación. Nunca antes un programa público había sido evaluado con tanta profundidad; nunca antes habíamos tenido en la mano resultados tangibles de una iniciativa gubernamental.
Desde entonces hemos registrado avances importantes: en la administración del presidente Fox se promulgó la Ley General de Desarrollo Social, que dio vida al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El mandato del Coneval es evaluar los programas vinculados con el desarrollo social. Más tarde se reformó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006), que incorpora en sus contenidos el concepto de gestión por resultados, del que se desprenden el Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (pbr-sed). Un análisis de estos esquemas dentro de la administración pública federal será el preámbulo obligado para abordar de lleno ámbitos específicos de la política pública, aquellos que más impacto tienen sobre el crecimiento económico y nuestro bienestar.
Habremos de tener artículos dedicados a la educación, la salud, la infraestructura y el gasto social, ámbitos de política pública que resultan centrales para el desarrollo de capacidades en los mexicanos y para ampliar sus oportunidades. Alrededor de estos ámbitos se han desarrollado buenas prácticas de monitoreo y evaluación. En gran medida, porque han sido el foco de atención de organismos internacionales e iniciativas multilaterales. Pero también porque la Ley General de Desarrollo Social convirtió en obligatoria la práctica de la evaluación en las políticas del ramo. A más de un lustro de su creación, el Coneval ha desarrollado capacidades cada vez más amplias para dar seguimiento a la política social y evaluarla.
Otros espacios, sin embargo, permanecen inexpugnables. Es el caso de las políticas de seguridad y de nuestro sistema de justicia. Se han abierto algunas vertientes para la evaluación de resultados en estos ámbitos, sobre todo provenientes de la sociedad civil y la academia. Pero resulta evidente que no existe un sistema de evaluación en forma y tampoco se vislumbra su creación en el corto plazo. Ello a pesar de que la seguridad y la justicia son temas particularmente sensibles para el ciudadano, temas en los que el Estado construye su autoridad y legitimidad frente al ciudadano.
Convocaremos a quienes han abierto brecha en la medición de resultados en estas áreas y los invitaremos a generar propuestas para establecer las métricas y los esquemas de evaluación que ameritan. Porque lo que está de por medio es muy delicado y también porque los recursos que se destinan son cuantiosos y crecientes y aún no conocemos su grado de efectividad.
No solo entre sectores, sino también entre distintos ámbitos de gobierno, se observan capacidades asimétricas en materia de monitoreo y evaluación. El esquema de m&e que se ha construido a nivel federal no tiene paralelo en los estados o gobiernos locales, a pesar de que en estos ámbitos cada vez recaen más responsabilidades y atribuciones de gasto. La federación sigue siendo dueña de programas de gran envergadura, como lo es el propio Oportunidades, y de fondos con que financia políticas y programas en las áreas que son de nuestro interés, pero cada vez más los recursos se descentralizan y se ejercen desde lo local. El diagnóstico de los esquemas de m&e en otros niveles de gobierno resulta fundamental si queremos construir esquemas más completos y si, como he reiterado, el propósito es elevar la efectividad de las políticas públicas. Si los esfuerzos de m&e no se emprenden de manera paralela en todo el país, los avances de la federación, aunque notables, serán claramente insuficientes.
Finalmente, aunque no por ello sean menos importantes, están las iniciativas de la sociedad civil encaminadas a construir sistemas de m&e independientes. En algunos casos son complemento de los que se estructuran desde la esfera gubernamental, en otros casos son vanguardia que debe ser emulada. Cada vez más numerosas, las organizaciones civiles e instituciones académicas que realizan estas tareas han detonado mejoras en el sistema oficial de m&e. También se han convertido en una fuente de información y evidencia alternativas a la oficial, para mejorar los diseños y la implementación de las políticas.
La observación ciudadana cierra el círculo del monitoreo y la evaluación. El ciudadano debe ser el destinatario de la política pública y su beneficiario. Esta consideración tiene que estar presente al momento de diseñar programas pero también al evaluarlos. Sin ese enfoque los sistemas de m&e pierden su razón de ser.
Estos son algunos trazos de lo que se ofrecerá en esta nueva sección de la revista, que seguirá el ciclo del año. En 12 números esperamos ofrecer una perspectiva general del estado que guardan el monitoreo y la evaluación en el país, pero también métricas y referentes muy precisos que nos permitirán medir nuestros avances en los temas mencionados.
El objetivo, lo reitero, es fomentar una discusión que incida en la efectividad de las políticas públicas y en la calidad de los bienes y servicios que recibe el ciudadano, pero también proponer una serie de parámetros y métricas para que pueda evaluar el desempeño gubernamental. Nos interesa socializar estos conceptos y mediciones y contribuir a fomentar una cultura del monitoreo y la evaluación. Debemos convertirnos en una sociedad que mide y evalúa al Gobierno de manera sistemática. No puede haber rendición de cuentas sin este componente, pero tampoco pueden mejorarse las políticas públicas si no se alimentan de la evaluación. Esperamos que al final de este ciclo hayamos aportado un grano de arena en estas grandes asignaturas. De lograrlo, habremos dado un paso adelante.
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EDNA JAIME es directora de México Evalúa.
Me es grato encontrar este articulo y propuesta. Coincido es necesario se involucre la ciudadanía en el ejercicio del monitoreo financiero del país. Considero que es necesario despertar la el interés del ciudadano común. Hace meses publique un ensayo donde analizo, empíricamente, esta necesidad desde aspectos elementales y su uso en la vida cotidiana, espero sirva a su noble proyecto y le felicito por su iniciativa.
http://dimensionpolitica.net/la-importancia-del-pensamiento-matematico
Interesante que retomen el tema de la ciudadanización en los procesos de monitoreo y evaluación. Finalmente las políticas públicas, deben ser eso, públicas, contruidas y evaluadas en conjunto con la ciudadanía para conocer los impactos. Para cambiar esa arraigada práctica de los tomadores de decisiones, de aplicar lo que buenamente se les ocurre que la ciudadanía podemos “necesitar”. Bienvenido que generen este espacio sobre estos temas. Felicitaciones.