Escuché decir a gente tan privilegiada como aquellos que hemos podido estudiar una carrera, que sólo pagaría más impuestos cuando pudiera confiar en el seguro social o cuando las grandes empresas pusieran su parte.
Tal como dije en mi anterior entrada, me parece que detrás de esta “protesta” se esconde el mecanismo primitivo y teísta de los chivos expiatorios: algunos pocos culpables de los males en los que participamos todos; un automático rechazo a nuestra responsabilidad. Pero esta afirmación contra quienes, pudiendo hacerlo, no quieren pagar más impuestos debe explicarse un poco más.
No creo que exista justificación ninguna bajo el supuesto de que las grandes corporaciones no pagan los suyos, dando por hecho que los evaden, o los reciben de vuelta mediante devoluciones, o los ahorran vía los donativos que la ciudadanía brinda. Tampoco creo que exista justificación al presumir que los políticos se roban nuestros recursos o los dispendian en gasto corriente. Aunque estos problemas son serios y deben combatirse –y la reforma fiscal aprobada por la Cámara de diputados avanza en este sentido, además de contemplar un ISR que grava más a quienes más ganan–, lo cierto es que al día de hoy, el gobierno de México apenas cobra impuestos debido a una legislación que en la práctica ha sido muy difícil modificar.
Muchos de nosotros nos hemos molestado por la gran cantidad de recursos que se devuelven a los grandes corporativos. La Auditoría Superior de la Federación señalaba hace un par de años que, en 2005, 4,132 grandes contribuyentes recibieron devoluciones por 106,520 millones de pesos; que de estos grandes contribuyentes, 398 concentraron el 77% del monto devuelto, y que adicionalmente, en ese año, 50 grandes contribuyentes pagaron 74 pesos de ISR ó 67 pesos de IVA en promedio.
Se trata de un problema legal y técnico ocasionado por la aplicación de diversos regímenes especiales como lo son la tasa del 0% a un amplio número de bienes y servicios: “Estas tasas –señala el Ejecutivo–, además de erosionar la base gravable dificultan su administración, ya que dan lugar a un gran número de solicitudes de devolución, las cuales demandan de parte de la administración tributaria importantes recursos, tanto materiales como humanos, para revisar la veracidad de la información, documentación y operaciones reportadas en dichas solicitudes”.
Así que, para evitar estas devoluciones, tendrían que eliminarse los privilegios fiscales que se concentran en empresas dedicadas a comercializar bienes y servicios con tasa cero de IVA como alimentos, medicinas, maquinaria, equipo agrícola y embarcaciones para pesca comercial, entre otros. Al estar sujetas a tasa cero, estas empresas pueden solicitar que se les regrese el IVA que no cobraron al vender su servicio, pero que sí pagaron para comprar los insumos con los que elaboraron sus productos.
Como es imposible eliminar tales privilegios en el caso de los alimentos y medicinas (políticamente y humanamente imposible), se ha propuesto la eliminación de algunos privilegios en las fronteras (donde se paga un menor IVA), en los servicios de transporte terrestre (excepto para la movilidad de personas en zonas urbanas o suburbanas, movilidad necesaria para ir a trabajar), en los alimentos chatarra y en la comida de mascotas, o en los espectáculos. Claro que las refresqueras, las empresas que producen estos “alimentos” y hasta defensores de las mascotas están enfadados, pero o bien se decide mantener privilegios con las consecuencias desastrosas para la recaudación –y a favor de quienes pueden solicitar devoluciones–, o bien se aceptan impuestos que gravan a quienes más tienen.
En todo caso, hay que pagar impuestos siempre que podamos comprobar que se destinan de una u otra forma a quienes más los necesitan. ¿Podemos decir eso? Puede responderse afirmativamente cuando se analiza el gasto del Estado, cuyo 58% se va a desarrollo social, 33% a desarrollo económico y sólo 9% a gasto de gobierno. Descontando el pago de la burocracia –el costo de maestros y de médicos es enorme pero necesario y por eso es importante evaluar su trabajo– 13% del gasto programable se va directo a programas sociales como Oportunidades, que pese a sus defectos ha sacado de la desnutrición y ha permitido estudiar a millones de personas. Gracias a instituciones como el CONEVAL, sabemos que hay programas que han probado su efectividad como Oportunidades, pero también que Procampo debiera desaparecer porque es regresivo.
Es cierto que en la repartición algunos se hacen ricos como Elba Esther o Deschamps. También es cierto que en muchos casos se gasta mal. Y si bien se trata de problemas que hay que resolver, no creo que podamos dejar de cumplir con nuestra responsabilidad –con los más necesitados– sólo porque algunos oportunistas que, en teoría tendrían que poner el ejemplo, se quedan con parte del dinero o no pagan todo lo que deben.
Más bien, habría que seguir trabajando para fortalecer a instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, o a las procuradurías federal y estatales. Pero para eso se necesitan gobernantes, partidos políticos y ciudadanos que sepan pactar y negociar a fin de crear un Estado más robusto y responsable para enfrentar los intereses de los poco solidarios.
Si lo pensamos en el esquema de pesos y contrapesos necesarios para que un poder nunca se desborde, sólo tenemos una solución: contar con un gobierno fuerte que pueda regular esos poderes, y contar con una sociedad civil muy organizada que supervise y ponga frenos. No tenemos ni lo uno ni lo otro. Tenemos un Estado débil y una sociedad que busca cualquier pretexto para no hacerse cargo de sus responsabilidades.
